El Centro Miranda para la Democracia (Miranda Center for Democracy), una organización de análisis e investigación enfocada en democracia, instituciones, derechos humanos y gobernabilidad en Venezuela, considera que el gobierno encargado en Venezuela no está en capacidad de reconstruir lo dañado por los terremotos. El centro presentó sus observaciones en un informe el pasado 23 de julio en el que revisa la respuesta estatal ante el doble terremoto ocurrido el 24 de junio.
El documento, titulado “Un régimen que falló a sus ciudadanos no puede liderar su reconstrucción“, reconstruye las acciones posteriores al desastre a partir de testimonios de especialistas en gestión de riesgos, rescatistas, funcionarios, documentos técnicos y datos de organismos internacionales.
Primeras horas marcadas por la falta de coordinación
Uno de los principales señalamientos del informe se concentra en las primeras 72 horas posteriores al terremoto, consideradas determinantes para las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria.
Según el análisis, durante ese período no se habría consolidado una estructura efectiva de coordinación entre los organismos responsables de la emergencia. El documento sostiene que el Estado debía activar los mecanismos del Sistema Nacional de Protección Civil, realizar una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y establecer una conducción operativa para organizar la respuesta.
Aunque las autoridades anunciaron la creación de un Estado Mayor de Emergencia la noche del 24 de junio, el Miranda Center afirma que esta instancia no logró traducirse en una operación articulada en las zonas afectadas. Ante esas limitaciones, el informe destaca el papel de equipos internacionales de rescate y grupos civiles. De acuerdo con el documento, participaron 51 equipos extranjeros de búsqueda y rescate provenientes de 28 países.
Instituciones con capacidades reducidas
El estudio también aborda las condiciones en las que operaron los organismos venezolanos encargados de atender la emergencia. A partir de testimonios recogidos entre rescatistas, señala que existían limitaciones en equipos especializados, vehículos y herramientas necesarias para intervenir en estructuras colapsadas. Además, cuestiona la ausencia de un sistema oficial consolidado para registrar personas desaparecidas durante los primeros días, periodo en el que familiares, voluntarios y organizaciones ciudadanas comenzaron a recopilar información.
El documento también menciona obstáculos para el acceso de organizaciones humanitarias y medios de comunicación a algunas zonas afectadas, así como restricciones que, según el centro de estudios, dificultaron la supervisión independiente de la emergencia. Compara la situación actual con la tragedia de Vargas de 1999 y plantea que, aunque después de aquel evento se impulsaron reformas para fortalecer la gestión de riesgos, con el tiempo las instituciones perdieron capacidades técnicas y operativas.
El Miranda Center concluye que las consecuencias del terremoto no estuvieron determinadas únicamente por la magnitud del fenómeno natural, sino también por el nivel de preparación institucional disponible para enfrentar una crisis de esta escala.
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