Los movimientos telúricos que sacudieron a Venezuela hace un mes provocaron la muerte de más de 5000 personas, ocasionaron el desplazamiento de miles de familias y profundizaron la crisis humanitaria. Las ondas sísmicas derrumbaron estructuras de concreto en La Guaira, Caracas y otros 5 estados. Al mismo tiempo, sobre una infraestructura mucho menos visible —la del acceso a la información— empezaron a abrirse nuevas grietas. El silencio oficial, la censura y la intimidación contra periodistas se convirtieron en otra de las réplicas de la tragedia.
Los terremotos encontraron a Venezuela con una libertad de información ya colapsada. Desde agosto de 2024 la red social X permanecía bloqueada en el país y más de 90 portales informativos seguían enfrentando restricciones de acceso, lo que limitaba ya el flujo de información independiente precisamente cuando la población más la necesitaba.
Durante las horas posteriores al desastre, miles de ciudadanos reclamaron el levantamiento inmediato de esos bloqueos. Bajo la etiqueta #ConatelDesbloqueaYA, usuarios exigieron recuperar el acceso a X y a los medios digitales para compartir reportes sobre personas desaparecidas, edificios comprometidos, vías obstruidas y necesidades urgentes en las zonas afectadas.
Algunos usuarios reportaron que las principales operadoras comenzaron a retirar las restricciones para acceder a X, pero el levantamiento del bloqueo ha presentado fallas, interrupciones y un comportamiento inestable según la región y el proveedor de internet, por lo que múltiples usuarios continúan quejándose de dificultades de acceso.
Mientras rescatistas, bomberos y voluntarios removían escombros para buscar sobrevivientes, las restricciones a la cobertura periodística también empezaban a multiplicarse. Las primeras horas de la emergencia dejaron claro que informar también se convertiría en un terreno de disputa.
El mismo 24 de junio, mientras transmitía en vivo desde una de las zonas afectadas por el colapso de edificaciones en Caracas, el locutor Gabriel Tinoco fue amenazado por un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Según documentó el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), el funcionario, quien se identificó como el comisario Robinson Navarro, le exigió abandonar el lugar y lo amenazó con trasladarlo a la sede del organismo. Además, intentó interrumpir la transmisión lanzando un manotazo contra el teléfono celular con el que realizaba el reporte.
Al día siguiente, el 25 de junio, las restricciones dejaron de ser un hecho aislado. Durante la cobertura del colapso del edificio Moisés, en San Bernardino, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) obstaculizaron el trabajo del equipo de Runrun.es. Los efectivos obligaron a los periodistas a apagar las cámaras e intentaron borrar el material registrado. En el lugar también fueron censurados otros medios independientes. Mientras tanto, el único equipo autorizado para realizar tomas aéreas fue un dron perteneciente al canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
El pasado 28 de junio de 2026 una reportera de Runrun.es acudió a las inmediaciones del edificio Don Pepe, en la urbanización Bello Campo (Caracas), para documentar el estatus de los daños de esa infraestructura parcialmente colapsada. Dos funcionarios la abordaron.
“Uno de ellos vestía uniforme militar (diría que era de la Guardia Nacional Bolivariana) y estaba acompañado por otro ciudadano, cuyo cuerpo de seguridad no puedo precisar. El primer funcionario exigió que borrara un material audiovisual que yo había grabado previamente, argumentando que en el video algunos efectivos aparecían sentados y que esto ‘daba una mala imagen a la institución’. Ante mi negativa de eliminar el material, los funcionarios me pidieron que les suministrara mi nombre completo y el nombre del medio de comunicación para el cual trabajo”, relató la afectada.
Ese mismo día, el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez centralizó el acceso de la prensa a las zonas de desastre de La Guaira. La cobertura comenzó a depender de un sistema de acreditación instalado en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota. Periodistas, reporteros gráficos e incluso los conductores de los vehículos que los trasladaban debían registrarse antes de trasladarse al estado en emergencia. El procedimiento incluía la entrega de datos personales, la identificación del medio para el que trabajaban y el registro fotográfico de la cédula de identidad.
Paralelamente, el Ejecutivo dispuso unidades de transporte para trasladar exclusivamente a corresponsales internacionales durante al menos tres días. El mecanismo fue suspendido posteriormente. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) cuestionó la medida al considerar que el Estado utilizaba argumentos “sanitarios” para limitar el ejercicio independiente del periodismo y restringir la circulación de información sobre la emergencia.
El 29 de junio, el Colegio Nacional de Periodistas advirtió públicamente sobre las trabas operativas y los actos de hostigamiento registrados durante la cobertura de los terremotos. Un día después, el balance elaborado por IPYS Venezuela confirmó que los incidentes ya respondían a un patrón.
Entre el 24 y el 30 de junio de 2026, la organización documentó al menos doce restricciones al ejercicio periodístico relacionadas con la cobertura de la emergencia. El registro incluyó cuatro impedimentos de cobertura, tres casos de hostigamiento e intimidación, el decomiso de una credencial de prensa y una medida institucional orientada a imponer censura previa sobre la tragedia.
La mayoría de los casos ocurrió en Caracas, donde funcionarios de seguridad y personal de custodia impidieron registrar los daños en edificaciones colapsadas y las labores de ayuda humanitaria en sectores como San Bernardino, Altamira y Pinto Salinas, así como en centros asistenciales como el Hospital J. M. de los Ríos y el Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño. Las restricciones también se extendieron a La Guaira, Bolívar, Falcón y Sucre.
Aunque cada episodio presentaba particularidades, las conductas se repetían: bloqueos físicos a los equipos de prensa, intentos de interrumpir grabaciones mediante el uso de la fuerza, amenazas de detención y hostigamiento verbal por parte de funcionarios del Sebin, la GNB, la PNB y personal de custodia.
La emergencia evolucionaba; la censura, también
Lejos de disiparse con el paso de los días, las restricciones al ejercicio periodístico continuaron expandiéndose durante julio. Si la primera semana después de los terremotos estuvo marcada por episodios de intimidación dispersos, las siguientes evidenciaron un patrón de control sobre quién podía acceder a las zonas devastadas, qué podía registrar y bajo qué condiciones.
El 3 de julio de 2026, la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, convocó a corresponsales internacionales para presentar un balance oficial de la emergencia. Hasta ese momento el Gobierno contabilizaba más de 2500 fallecidos. El encuentro estuvo marcado por la confrontación de los corresponsales, quienes desmintieron la narrativa oficial de un “despliegue inmediato” y denunciaron que los sobrevivientes estuvieron abandonados sin maquinarias apropiadas para el rescate durante las primeras 72 horas.
Durante su intervención, Rodríguez defendió la actuación del Estado, sostuvo que se movilizaron miles de funcionarios y desvió la responsabilidad de los derrumbes, al asegurar que el 80 % de los edificios colapsados eran de desarrollos privados. Además, culpó a “laboratorios mediáticos” por las denuncias. Las descalificaciones continuaron poco después. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, calificó a los periodistas extranjeros como “miserables”, “malvivientes” y los acusó de recibir financiamiento externo.
Las diferencias entre el relato oficial y el trabajo de la prensa no se limitaban a la interpretación de los hechos. Comenzaban a traducirse nuevamente en obstáculos sobre el terreno. Un día después de la rueda de prensa, mientras un equipo de Runrun.es documentaba las labores de rescate en las ruinas del edificio Coral Bella, en Los Corales, la autoridad militar intentó obstaculizarla labor periodística.
Aunque funcionarios del Ministerio de Obras Públicas habían autorizado previamente el ingreso de la periodista, un militar identificado como el coronel Expósito le exigió que debía solicitar permiso y notificar formalmente a los coordinadores antes de comenzar a grabar. La reportera respondió que el acceso ya había sido autorizado y recordó que en el país no regía un estado de excepción que limitara la libre circulación o el ejercicio periodístico.
El oficial intentó presentar sus exigencias como simples “recomendaciones de coordinación”. Sin embargo, el episodio reflejó cómo, incluso allí donde trabajaban conjuntamente bomberos, Protección Civil y voluntarios, la autoridad militar terminaba condicionando el flujo de información: luego del incidente, los familiares que esperaban el rescate de las víctimas del terremoto, y que habían manifestado intención inicial de declarar, se negaron a hacerlo.
Refugios bajo control
Ese mismo día, el equipo visitó el refugio instalado en el Polideportivo José María Vargas, uno de los principales centros temporales para damnificados en La Guaira.
El coordinador del campamento aceptó facilitar entrevistas únicamente después de que periodistas y fotógrafos registraran sus nombres en un cuaderno custodiado por militares.
La lógica del control volvió a repetirse dos días más tarde. El 5 de julio, una periodista de Runrun.es intentó ingresar al refugio habilitado por el Ejecutivo en el Coliseo de La Urbina, conocido también como Coliseo de Petare, para documentar la situación de las personas damnificadas.
“A pesar de presentar debidamente mi acreditación oficial emitida por el ministerio competente para la cobertura de esta contingencia, el acceso me fue negado. Un funcionario que se identificó como parte de la Alcaldía de Sucre impidió mi entrada argumentando que, ‘por dignidad de las personas’, la prensa tenía prohibido el ingreso. Alegó que se trataba de una orden superior”, detalló la afectada.
Las restricciones siguieron acumulándose. El 6 de julio, el Colegio Nacional de Periodistas denunció que dos reporteros de Efecto Cocuyo y TalCual fueron amenazados con ser denunciados ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas mientras cubrían la situación en el edificio Tahití en La Guaira.
El 8 de julio de 2026, mientras varios equipos de prensa se mantenían en expectativa frente a la OPPE 33 en Caraballeda ante un presunto hallazgo de personas con vida, una corresponsal extranjera narró que había sido amenazada a través de su cuenta en Instagram el día previo, luego de una cobertura inmersiva en una zona de escombros de La Guaira.
“Me escribían ‘vamos por ti, sabemos quién eres, estás mintiendo’. La mayoría de las cuentas parecían bots. Yo nunca hablé mal del Gobierno, solo hice un reportaje. Tengo miedo de que me prohíban salir del país, o de que no me permitan la entrada de nuevo”, confesó, razón por la que pidió que su identidad fuese omitida en este trabajo.
Al recuento se suma lo ocurrido el pasado 22 de julio, cuando el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en su programa televisivo semanal, señaló a una periodista independiente de intentar manipular con sus preguntas a las personas refugiadas en un campamento transitorio dispuesto en el colegio Leonardo Infante, parroquia Petare, del estado Miranda. Cabello también vinculó a la periodista con Runrun.es, pese a que no forma parte del equipo de este medio.
En esa misma edición de su programa, Cabello arremetió contra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP). Opinó que está “más desprestigiado que la OEA”, los llamó “recontramiserables” y los acusó de imponer una narrativa de noticias falsas
Las crecientes restricciones, hostigamientos e impedimentos que han enfrentado los reporteros al cubrir la emergencia por los recientes sismos en Venezuela no han pasado desapercibidas. Hace una semana, ocho organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión —entre ellas el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF) e IPYS Venezuela— manifestaron su profunda preocupación por estos hechos y recordaron que el acceso a información oportuna e independiente es un derecho humano fundamental durante contingencias humanitarias, indispensable tanto para proteger a las poblaciones vulnerables como para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas oficiales.
Las organizaciones exhortaron al Estado venezolano a garantizar el acceso libre y seguro a las zonas de desastre para la prensa nacional e internacional, proveer soporte operativo para asegurar las telecomunicaciones de los comunicadores y levantar de inmediato el bloqueo que pesa sobre al menos 65 portales de noticias en el país.
“Facilitar el trabajo de la prensa durante una emergencia fortalece la respuesta institucional, promueve la confianza pública y protege el derecho de todas las personas a recibir información esencial para su seguridad y bienestar”, concluyeron.
El silencio obligado crea otra emergencia
En una catástrofe sísmica, la información deja de ser únicamente un componente del debate público: se convierte en un mecanismo de resguardo para la población, en una herramienta para proteger otros derechos fundamentales, en un recurso para sobrevivir. Conocer qué vías permanecen transitables, dónde funcionan los centros de salud, cuáles edificios continúan siendo inseguros o dónde se concentra la ayuda humanitaria puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Por eso, indicó Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz, restringir la cobertura periodística durante una emergencia no afecta únicamente a los medios de comunicación, también limita la capacidad de la población para protegerse. Sostuvo que la “transparencia y la libertad de informar no son un lujo que se pueda suspender durante una catástrofe como esta”, sino más bien “parte integral de una respuesta de emergencia”.
“Cuando las autoridades toman la decisión de restringir este flujo de información, y además intimidar a periodistas o dificultar la cobertura independiente, no solamente están afectando el trabajo de la prensa, sino limitando también la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su propia seguridad y la de su familia”, insistió.
Desde la perspectiva jurídica, Uzcátegui señaló que la imposición de trabas al trabajo informativo contraviene los artículos 57 y 58 de la Constitución de Venezuela, al igual que el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estas limitaciones contradicen además las pautas del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, el cual sostiene que el acceso a información confiable es un componente esencial de una respuesta eficaz.
El impacto del silencio trasciende el ámbito legal. Cuando desaparecen los reportes independientes, explicó, proliferan los rumores, aumenta la incertidumbre y se dificulta coordinar la asistencia humanitaria: “Las personas no saben adónde acudir, qué servicios funcionan, qué zonas son seguras, o dónde recibir ayuda. Entonces, la incertidumbre termina convirtiéndose en una segunda emergencia”.
La cobertura periodística, añadió Uzcátegui, también permite identificar necesidades, orientar la solidaridad ciudadana y facilitar que la cooperación nacional e internacional llegue a quienes más la necesitan. Obstaculizar ese trabajo, alertó, reduce la capacidad de la sociedad para organizarse colectivamente frente al desastre.
La reconstrucción también necesita verdad
Un mes después de los terremotos, la ausencia de una lista oficial de personas desaparecidas es uno de los elementos que sigue reflejando la opacidad con la que las autoridades habían manejado algunos de los datos más sensibles de la tragedia.
Para Uzcátegui, esa falta de transparencia revela que las decisiones oficiales privilegiaron la contención política por encima de la protección integral de las víctimas.
El sociólogo y defensor de derechos humanos advirtió, además, que ignorar el conocimiento técnico acumulado durante décadas en materia de gestión del riesgo compromete la efectividad de las políticas públicas y dificulta una reconstrucción basada en estándares internacionales.
Advierte que, si las decisiones continúan subordinadas a criterios de conveniencia política, el país no solo enfrentará mayores dificultades para responder a futuras emergencias, perderá también la oportunidad de reconstruir con dignidad la vida de miles de familias.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
