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“Fue un fraude”: Familiares de excluidos de Ley de Amnistía exigen decreto presidencial de indulto

Familiares de aquellos presos políticos que quedaron excluidos de la Ley de Amnistía, aprobada y sancionada por la Asamblea Nacional de corte oficialista, exigieron un decreto presidencial de indulto para poder incorporar a quienes no serían beneficiados.

Durante una rueda de prensa organizada por el Foro Penal, la señora Francis Quiñones, madre del sargento segundo acusado de participar en la Operación Gedeón, Jonathan Franco Quiñones, calificó la ley como un “terrorismo, fraude y un paquete chileno, porque solo incluye a una minoría”.

Quiñones recordó que el Parlamento se reunió con familiares y ONG para escuchar a las víctimas “como quien dice, para cumplir las pautas”. Ironizó que cuando se reunían en privado decían: “‘Ya llamamos a las víctimas y a las ONG, ¿qué hablaron? Basura. No nos importa’. ¿Qué podíamos esperar de la decisión que tomaron, si ellos mismos se cobran y se dan el vuelto?”.

“Ellos tienen a sus mismos jueces y abogados. Es mentira que hayan querido dar este paso valiente hacia la paz y la justicia. Seguimos en lo mismo acá, con las mismas leyes que nos quieren impedir hablar, que nos quieren sancionar, nos quieren cerrar la boca,  pero acá estamos y no nos van a callar, nosotros seguimos luchando por nuestros familiares contra esta extorsión y fraude”, expresó.

Ante esa situación, señaló que los familiares exigen un decreto presidencial para que todos los presos políticos sean liberados, destacando el caso de los “gedeones” o de operaciones militares que no fueron incluidas entre las consideraciones de amnistía. También instó a Laura Dogu, representante diplomática de los Estados Unidos en Venezuela, a investigar cárceles como el Fuerte Guaicaipuro “en la que hay varios desaparecidos, hay familiares que tienen hasta un año y medio sin saber de ellos”.

“Nuestros familiares están desnutridos, locos, mi hijo a mí no me pidió la bendición, él hablaba conmigo y ni me reconocía, temblaba,les dieron el mismo guion, todos decían que no los maltrataban. Creo que ha perdido como 40 kilos. Así como está él están todos los  del Fuerte Guaicaipuro”, cuestionó.

Por su parte, la señora Betzaida Natera, madre del sargento Geomer Natera (caso Cotiza), calificó como una “burla” la Ley de Amnistía y, al igual que Francis Quiñones, denunció las condiciones de presos políticos en el Fuerte Guaicaipuro.

“A un año yo no he podido ver a mi hijo”, alertó la señora, quien exigió que su hijo sea trasladado de nuevo a la cárcel de Ramo Verde.

Una ley a espalda de las víctimas y a “conveniencia” de quien manda

Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y hermana del preso político Josnars Baduel, señaló que la Ley de Amnistía “ratifica que el régimen realmente no tiene voluntad de hacer las cosas distintas”.

En una entrevista que ofreció al programa Conclusiones, conducido por el periodista Fernando del Rincón, Baduel expresó: “Esta Ley de Amnistía, desde que comenzó hasta este momento, inició de forma incorrecta porque su primera discusión se hizo sin siquiera haberse reunido con las víctimas de persecución en Venezuela. Ellos vinieron a escuchar a las víctimas fue porque hicimos una actividad fuera de la Asamblea Nacional luego de la primera discusión, lo que los obligó a recibir a las víctimas y escuchar la cantidad de casos de persecución que ellos supuestamente manifestaron desconocer”.

Aún así, tras haber escuchado a las víctimas, Baduel lamentó que hayan aprobado una ley excluyente “porque dejaría más de la mitad de los presos políticos injustamente presos como lo están y en condiciones de horror”, alertando que aunque el contexto es otro ,“después del 3 de enero, la tortura en Venezuela no ha cesado”.

Andrés Villavicencio, testigo electoral en el estado Falcón durante los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 y quien tuvo que exiliarse por persecución, también rechazó que la ley implica “que los perseguidos debemos pedir perdón a los verdugos”.

“En mi caso, como testigo electoral exiliado,por defender las actas de mi centro debo ‘pedir perdón’ a Elvis Amoroso, que tiene 572 días violando la ley negándose a publicar el resultado desglosado”, expresó en su cuenta de X.

Por su parte, Zoraida González, madre del preso político José Miguel Estrada, señaló que la ley “está hecha a conveniencia de quien la armó” y denunció que cuando detuvieron a su hijo por el caso de los drones -quien actualmente está recluido en El Rodeo I- fue torturado.

“Le arrancaron las uñas de los pies, lo colgaban, le metían electricidad en sus testículos, le metieron la cara en una poceta llena de excrementos”, narró. Esos tratos crueles le dejaron graves secuelas a su hijo, quien fue detenido a los 23 años y hoy en día tiene 30.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Foro Penal introducirá recurso en favor de los desamparados por la Ley de Amnistía
Andrés Villavicencio, testigo electoral en el estado Falcón durante los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, quien tuvo que exiliarse por persecución, cuestionó que la ley implica "que los perseguidos debemos pedir perdón a los verdugos"
indulto
Redacción Runrun.es
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Familiares de aquellos presos políticos que quedaron excluidos de la Ley de Amnistía, aprobada y sancionada por la Asamblea Nacional de corte oficialista, exigieron un decreto presidencial de indulto para poder incorporar a quienes no serían beneficiados.

Durante una rueda de prensa organizada por el Foro Penal, la señora Francis Quiñones, madre del sargento segundo acusado de participar en la Operación Gedeón, Jonathan Franco Quiñones, calificó la ley como un “terrorismo, fraude y un paquete chileno, porque solo incluye a una minoría”.

Quiñones recordó que el Parlamento se reunió con familiares y ONG para escuchar a las víctimas “como quien dice, para cumplir las pautas”. Ironizó que cuando se reunían en privado decían: “‘Ya llamamos a las víctimas y a las ONG, ¿qué hablaron? Basura. No nos importa’. ¿Qué podíamos esperar de la decisión que tomaron, si ellos mismos se cobran y se dan el vuelto?”.

“Ellos tienen a sus mismos jueces y abogados. Es mentira que hayan querido dar este paso valiente hacia la paz y la justicia. Seguimos en lo mismo acá, con las mismas leyes que nos quieren impedir hablar, que nos quieren sancionar, nos quieren cerrar la boca,  pero acá estamos y no nos van a callar, nosotros seguimos luchando por nuestros familiares contra esta extorsión y fraude”, expresó.

Ante esa situación, señaló que los familiares exigen un decreto presidencial para que todos los presos políticos sean liberados, destacando el caso de los “gedeones” o de operaciones militares que no fueron incluidas entre las consideraciones de amnistía. También instó a Laura Dogu, representante diplomática de los Estados Unidos en Venezuela, a investigar cárceles como el Fuerte Guaicaipuro “en la que hay varios desaparecidos, hay familiares que tienen hasta un año y medio sin saber de ellos”.

“Nuestros familiares están desnutridos, locos, mi hijo a mí no me pidió la bendición, él hablaba conmigo y ni me reconocía, temblaba,les dieron el mismo guion, todos decían que no los maltrataban. Creo que ha perdido como 40 kilos. Así como está él están todos los  del Fuerte Guaicaipuro”, cuestionó.

Por su parte, la señora Betzaida Natera, madre del sargento Geomer Natera (caso Cotiza), calificó como una “burla” la Ley de Amnistía y, al igual que Francis Quiñones, denunció las condiciones de presos políticos en el Fuerte Guaicaipuro.

“A un año yo no he podido ver a mi hijo”, alertó la señora, quien exigió que su hijo sea trasladado de nuevo a la cárcel de Ramo Verde.

Una ley a espalda de las víctimas y a “conveniencia” de quien manda

Andreína Baduel, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y hermana del preso político Josnars Baduel, señaló que la Ley de Amnistía “ratifica que el régimen realmente no tiene voluntad de hacer las cosas distintas”.

En una entrevista que ofreció al programa Conclusiones, conducido por el periodista Fernando del Rincón, Baduel expresó: “Esta Ley de Amnistía, desde que comenzó hasta este momento, inició de forma incorrecta porque su primera discusión se hizo sin siquiera haberse reunido con las víctimas de persecución en Venezuela. Ellos vinieron a escuchar a las víctimas fue porque hicimos una actividad fuera de la Asamblea Nacional luego de la primera discusión, lo que los obligó a recibir a las víctimas y escuchar la cantidad de casos de persecución que ellos supuestamente manifestaron desconocer”.

Aún así, tras haber escuchado a las víctimas, Baduel lamentó que hayan aprobado una ley excluyente “porque dejaría más de la mitad de los presos políticos injustamente presos como lo están y en condiciones de horror”, alertando que aunque el contexto es otro ,“después del 3 de enero, la tortura en Venezuela no ha cesado”.

Andrés Villavicencio, testigo electoral en el estado Falcón durante los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 y quien tuvo que exiliarse por persecución, también rechazó que la ley implica “que los perseguidos debemos pedir perdón a los verdugos”.

“En mi caso, como testigo electoral exiliado,por defender las actas de mi centro debo ‘pedir perdón’ a Elvis Amoroso, que tiene 572 días violando la ley negándose a publicar el resultado desglosado”, expresó en su cuenta de X.

Por su parte, Zoraida González, madre del preso político José Miguel Estrada, señaló que la ley “está hecha a conveniencia de quien la armó” y denunció que cuando detuvieron a su hijo por el caso de los drones -quien actualmente está recluido en El Rodeo I- fue torturado.

“Le arrancaron las uñas de los pies, lo colgaban, le metían electricidad en sus testículos, le metieron la cara en una poceta llena de excrementos”, narró. Esos tratos crueles le dejaron graves secuelas a su hijo, quien fue detenido a los 23 años y hoy en día tiene 30.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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