El expreso político Vilca Fernández denunció recientemente que su caso de asilo en Estados Unidos está bajo amenaza.
“Mi vida y mi libertad están en riesgo (…) quiero decirlo con absoluta claridad, yo no hui de Venezuela, fui sentenciado al destierro por el régimen narcoterrorista venezolano encabezado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez Tareki El Aissami, entre otros. Actualmente, se intenta cerrar mi caso de asilo en Estados Unidos y trasladarme a un tercer país”, denunció Fernández en un video difundido en sus redes sociales.
Agregó que ese intento se enmarca dentro de un acuerdo reciente entre Estados Unidos y terceros países, el asylum cooperative agreement, específicamente con Ecuador y Uganda.
Fernández resaltó que trasladar a víctimas de tortura, testigos y defensores de derechos humanos a una tercera nación no esta permitido en los tratados internacionales. Alertó que aplicar estos acuerdos a su caso no constituye una cooperación migratoria, “sino que representa un riesgo grave e inminente a mi vida. Esto no es un trámite administrativo, es una violación al derecho internacional y al principio de no devolución”.
De la tortura al destierro: EE.UU. amenaza con deportar a un prisionero de conciencia
— Giuliana BC (@Giulybcok2) December 15, 2025
Vilca Fernández @VillcaFDEZ23 no es un migrante económico. Es un ex preso político venezolano, víctima de tortura, prisionero de conciencia reconocido por @amnistia y testigo ante instancias… pic.twitter.com/6x25e5Ddj9
Víctima de torturas
El expreso político recordó que el 27 de enero de 2016, fue señalado por Diosdado Cabello como parte de una conspiración para desestabilizar la seguridad de la nación en su programa de televisión, Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).
Cuatro días después, el activista político fue aprehendido en la vía pública por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
En junio de 2018, Fernández fue liberado bajo la condición de que saliera del país y fue enviado a Perú, país natal de su padre.
Durante su reclusión, asegura que fue sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos, entre ellos estar esposado de un brazo a lo alto de una reja por varios días, al igual que recibir electricidad en los testículos. Su caso, según destacó, ha sido respaldado y documentado por expertos y organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, la Coalición para los Derechos Humanos por la Democracia el Instituto Casla y mecanismos internacionales como la Corte Penal Internacional y el Comité Internacional contra la Tortura.
“No he presentado solo mi caso personal, sino múltiples casos de tortura y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano (…) En Venezuela la tortura no es un exceso es una política de Estado”, insistió.
Agregó que al fundar la organización Resistencia sin Frontera, organización dedicada a lucha por los derechos humanos tanto en Venezuela, como Cuba y Nicaragua, la persecución en su contra se trasladó a otros territorios y se transformó en “trasnacional”.
“En Colombia fui víctima de intento de secuestro por grupos aliados al régimen venezolano, incluyendo estructuras vinculadas al ELN, así como por funcionarios del Dgcim. En Perú fui perseguido por funcionarios del Sebin, incluso a través de la embajada del régimen venezolano. Fui objeto de seguimiento directo por parte de agentes que participaron en mi custodia durante mi cautiverio. Nicolás Maduro pidió formalmente mi extradición al Estado peruano como parte de esta persecución política trasnacional”, relató.
Fernández rememoró el caso del teniente Ronald Ojeda en Chile, para afirmar que el gobierno venezolano tiene antecedentes en “secuestrar, torturar y asesinar” incluso fuera del país a los disidentes políticos.
“Mi vida se encuentra en riesgo no solo por el régimen venezolano, sino también por sus aliados autoritarios en la región. Por esta razón, afirmó que cerrar mi caso de asilo o trasladarme a un tercer país no constituye protección, constituye una entrega a redes trasnacionales de narcoterrorismo y autoritarismo y esto viola el derecho internacional, la Convención contra la Tortura y el Principio de no Devolución”, concluyó, tras reafirmar que el asilo “no es un favor, sino una obligación internacional”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
