Reducción de jornada laboral afecta acceso a la justicia según Espacio Público  

El derecho a la justicia y el acceso a la información pública serán afectados por la reducción de la jornada laboral en los entes públicos venezolanos, señaló la ONG Espacio Público.

Según el gobierno de Nicolás Maduro, el trabajo en las instituciones oficiales se redujo debido a un “evento climatológico que afecta el nivel de agua de los embalses que generan energía eléctrica”.

Espacio Público dijo a través de una nota de prensa que con esta medida las personas “no pueden hacer diligencias, denuncias, demandas o acciones legales en el mismo día que lo intentan, después del horario fijado”.

El pasado domingo 23 de marzo, el Ministerio de Energía Eléctrica anunció que la administración pública trabajará un día sí y otro no y en una jornada reducida de 8 de la mañana a 12:30 de la tarde por la “sequía que ha ocasionado el calentamiento global”.

Aunque autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) advirtieron que tomarán previsiones para que no sea suspendido el servicio de administración de justicia, la ONG escribió que “en las puertas del Palacio de Justicia reinó la incertidumbre entre las personas que hacían la cola para el ingreso al recinto, bien para asistir a juicios, a presentaciones, o para saber sobre sus casos”.

“La decisión gubernamental, en consecuencia, pudiera vulnerar el derecho al debido proceso, pues en caso de no atenderse a las víctimas en los días no laborales, se produce un retraso procesal significativo, agravando la situación preexistente y acumulando casos”, añadió la ONG.

De acuerdo a Espacio Público otro de los derechos que se transgrede con esta resolución es la transparencia y acceso a la información pública.

“Se observó que los funcionarios de atención al público del Palacio de Justicia no hablaban con claridad en cuanto a los esquemas de trabajo de los tribunales, y mostraban contradicciones en las órdenes sobre la continuidad o postergación de audiencias, situación que puede generar incertidumbre tanto para los funcionarios, víctimas, demandantes, demandados e imputados”, expuso la ONG.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

La medida de acortar el trabajo de los empleados por la “emergencia climática” causa incertidumbre y zozobra a quienes deben acudir a los tribunales
A juicio de la ONG Espacio Público la medida afectará a miles de venezolanos
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El derecho a la justicia y el acceso a la información pública serán afectados por la reducción de la jornada laboral en los entes públicos venezolanos, señaló la ONG Espacio Público.

Según el gobierno de Nicolás Maduro, el trabajo en las instituciones oficiales se redujo debido a un “evento climatológico que afecta el nivel de agua de los embalses que generan energía eléctrica”.

Espacio Público dijo a través de una nota de prensa que con esta medida las personas “no pueden hacer diligencias, denuncias, demandas o acciones legales en el mismo día que lo intentan, después del horario fijado”.

El pasado domingo 23 de marzo, el Ministerio de Energía Eléctrica anunció que la administración pública trabajará un día sí y otro no y en una jornada reducida de 8 de la mañana a 12:30 de la tarde por la “sequía que ha ocasionado el calentamiento global”.

Aunque autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) advirtieron que tomarán previsiones para que no sea suspendido el servicio de administración de justicia, la ONG escribió que “en las puertas del Palacio de Justicia reinó la incertidumbre entre las personas que hacían la cola para el ingreso al recinto, bien para asistir a juicios, a presentaciones, o para saber sobre sus casos”.

“La decisión gubernamental, en consecuencia, pudiera vulnerar el derecho al debido proceso, pues en caso de no atenderse a las víctimas en los días no laborales, se produce un retraso procesal significativo, agravando la situación preexistente y acumulando casos”, añadió la ONG.

De acuerdo a Espacio Público otro de los derechos que se transgrede con esta resolución es la transparencia y acceso a la información pública.

“Se observó que los funcionarios de atención al público del Palacio de Justicia no hablaban con claridad en cuanto a los esquemas de trabajo de los tribunales, y mostraban contradicciones en las órdenes sobre la continuidad o postergación de audiencias, situación que puede generar incertidumbre tanto para los funcionarios, víctimas, demandantes, demandados e imputados”, expuso la ONG.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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