La Constitución de la República declara taxativamente el carácter no político-partidista de la función pública. Y tan exacta consideración no podía ser distinta, por cuanto del desempeño objetivo trazado con base en la concepción civilista y equilibrada de gobierno, tal como lo refiere la teoría política, y también la historia política contemporánea, depende la eficiencia y eficacia de la Administración Pública. Por esa razón, el constituyente, en 1999, delineó el artículo 145 de forma categórica. Su redacción se elaboró sin ambages. Dicho precepto puntualiza que los funcionarios “están al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna”. Del mismo modo, lo refería la Constitución de 1961. Entendiéndose por funcionario, toda persona que preste sus servicios al aparato administrativo público desde cualquier función de gobierno a través de la cual exponga su capacidad a favor de las exigencias del cargo o labor profesional a desempeñar.
En consecuencia, quienes se desempeñen en cuadros de gobierno, son funcionarios. Sea en cargos de carrera o de elección popular, de libre nombramiento y remoción o contratados. Incluso, aquellos que, por razones demagógicas, son colocados a solicitud expresa del gobernante lo cual denigra de la doctrina que fundamenta la carrera administrativa al servicio del aparato público.
Un gobernador, menos que nadie, no está exceptuado de acatar los deberes de todo funcionario. Con mucha más razón, un presidente de la República. Su labor como servidor público debe marcar una notable referencia. Su ejemplo bien podría incitar actitudes necesarias para el fortalecimiento del gobierno regional o nacional, según sea el caso. Sin embargo, no es lo que actualmente está observándose en medio de la pesada y grave crisis de institucionalidad que agobia al país en casi todos sus ámbitos de vida. Particularmente, por parte de aquellos gobernantes afectos al proceso de gobierno cuyo ejercicio administrativo, a la cabeza de regiones, corporaciones, ministerios, oficinas públicas, es más por sumisión política que por condición institucional. O por consideración conceptual tal como refiere la teoría administrativa de gobierno.
Generalmente, quienes gobiernan o conducen instancias del Estado venezolano o entidades político-administrativas bajo el sometimiento que estigmatiza la rastrera subordinación, emula desvergonzadamente el acompasado movimiento de un títere en pleno trabajo circense. A simple vista se advierte que desconoce no sólo aspectos relacionados con teoría de gobierno, de organización pública, administrativa y económica. Sino también, problemas terminales del sistema social y demandas focales del sistema político.
Es absurdo pensar que gobernar puede reducirse al hecho escueto y directo de ordenar diligencias, a desdén de solicitudes clamadas desde realidades atosigadas por conflictos y desavenencias de toda naturaleza. Asimismo, resulta disparatado considerar que gobernar es desviar la atención y preocupación hacia necesidades de estricto contenido proselitista. De esa manera, sólo está contribuyéndose a desviar el propósito inherente al acto de abordar procesos sociales creativos que mancomunan necesidades dispares de legítima raigambre.
Debe concienciarse que gobernar es cada vez un problema más difícil. Y gobernar en democracia, lo es más aún. De ninguna forma, cabe la posibilidad cierta de gobernar apegado a lo sectario. Ello significa mirar el país desde un enfoque parcial o entubado. Y actuar en consecuencia, deviene en los problemas que hoy atosigan al país. La visión militarista, por ejemplo, es una de ellas. De no comprenderse esto, las realidades seguirán encrudeciéndose y se encarecerán más allá de lo imaginable. Mientras no se reconozca que gobernar es asunto que compete exclusivamente al mundo civil, no militar, el país político y económico podrá suspenderse en el tiempo de la historia. Se verá emboscado no tanto por la incertidumbre mal definida. Será por una violencia al desnudo. Ya no encubierta como ha sido por ahora. La impudicia, el entorpecimiento y la conflagración, serán parte de las líneas de mando de un gobierno perdido entre equivocaciones de peligroso tenor. Por tanto, debe insistirse que gobernar no es asunto militar.
