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Terremoto en Colombia deja al menos cinco venezolanos fallecidos y varios desaparecidos 

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El terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en Colombia cobró la vida de al menos cinco venezolanos en distintas regiones del país vecino. La contingencia impactó a familias procedentes del occidente y los llanos venezolanos mientras los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda para dar con el paradero de otros ciudadanos reportados como desaparecidos en las ciudades de Cali, Manizales y Pereira.

El embajador de Venezuela en Colombia, Orlando Maniglia, confirmó inicialmente el fallecimiento de dos connacionales en el municipio de Pereira, identificados como Deisy Rodríguez Mejía, de 39 años y comerciante de repuestos automotriz, y Darwin González, de 49 años, quien se dedicaba a la mecánica. Ambos eran originarios del estado Zulia y residían en este municipio desde aproximadamente cinco años, donde fallecieron al quedar atrapados bajo los escombros de una edificación de tres pisos.

Por otro lado, las labores de remoción de escombros en el edificio Vanessa, en la ciudad de Cali, concluyeron en la tarde del 13 de agosto con el fallecimiento de tres integrantes de una misma familia oriunda de Barinas. Las víctimas fueron identificadas como Juan de Dios Vivas, de 68 años, su esposa Yelitza González, de 65 años; y el nieto de ambos, José Juan Vivas, de 16 años.

Labores de rescate

La familia Vivas González se encontraba en Colombia desde octubre de 2025 ya que se trasladaron a Cali a acompañar y apoyar al joven José Juan en su formación deportiva tras haber ingresado a la MVP Baseball Academy, institución que expresó sus condolencias públicas tras confirmarse el suceso.  En Venezuela, Juan de Dios Vivas se desempeñó como comerciante, mientras que Yelitza se dedicó varias décadas al sector educativo como docente de Educación Especial.

El colapso del edificio Vanessa se produjo debido a un desplazamiento parcial de la estructura durante el sismo provocando que los niveles superiores cayeran sobre los apartamentos inferiores. Las operaciones de búsqueda contaron con la ayuda de la Brigada de Topos de México, bomberos y mineros que excavaron túneles junto a drones con cámaras térmicas. 

Reportes y líneas de atención

Con respecto al balance de personas desaparecidas, el embajador Maniglia precisó que los casos de no localizados se han procesado mediante reportes directos de familiares en coordinación con la Cruz Roja Venezolana. Por otra parte, las autoridades informaron que dos personas previamente reportadas como desaparecidas, Génesis Guerrero y Gleyker Guerrero, fueron hallados con vida, al tiempo que confirmaron que no se registran connacionales lesionados en los informes sanitarios. 

Para colaborar con el rastreo y asistencia de las víctimas, la representación venezolana en Colombia puso a disposición los números de telefónicos para recibir cualquier reporte o información al respecto:

Embajada de Venezuela en Colombia: +57 3104054406

Consulado de Medellín: +57 3011295502

Consulado de Cúcuta: +57 3132188928

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Zona cero, día 50: La Guaira suspendida entre el silencio y los escombros

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Cincuenta días después del doblete sísmico que sacudió a Venezuela y, en especial, La Guaira, cuesta reconocer la avenida principal de Caribe: el mar dejó de ser el vibrante protagonista del camino y las edificaciones que le daban al litoral un aire citadino ya no están o quedaron inservibles. A lo largo de la vía, el azul y el verde de las playas permanecen opacados por una paleta apagada de tonos beige, tierra, grises y rojos ladrillo, que predomina en toda la zona de desastre y expone la magnitud de la tragedia. 

La entrada al estado La Guaira es un corredor completamente vigilado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). No hay caos ni mal olor, pero sí gigantescas e imponentes montañas de escombros y amasijos de hierro y el ruido ensordecedor de las maquinarias que aún remueven escombros desde la mañana hasta que se oculta el sol. 

En la acera contraria a la OPPPE 26 —complejo de edificaciones de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ubicado en Caraballeda— se encuentran Eliany Camacho y Sergio Rojas, una pareja que cuida de los “malandros y ladrones” las herramientas y el espacio físico que quedó de su taller de mecánica. 

Eliany y Sergio están rodeados por montículos de escombros entrelazados con marañas de hierro y cabillas. Sentados sobre sillas improvisadas, ambos reflexionan en que lo vivido el 24 de junio “borró casi que por completo a La Guaira”.

Aunque la pareja también vivió el deslave de 1999 y la vaguada en 2010, ambos coinciden en que el doble terremoto fue “más potente y devastador” por las malas construcciones que se realizaron sobre todo en el gobierno de Hugo Chávez.

En una evaluación superficial ofrecida por Rojas, el estado La Guaira “está en su peor momento”. Para él, la entidad quedó paralizada por completo y, aunque el Gobierno ya dio la orden de recoger todos los escombros, tanto ellos como los demás habitantes, no tienen claridad sobre cómo y cuándo podrán retomar la normalidad de sus vidas.

De acuerdo con el último balance ofrecido por el Gobierno Nacional el pasado 24 de julio —a un mes del doble terremoto— 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron. Un boletín más reciente ubicó la cifra de fallecidos en 6 301, mientras que la de desaparecidos sigue sin conocerse con exactitud.

Alejados de los cascotes, en carpas improvisadas, se encuentra el núcleo familiar de Yojan Hernández. Las manos y los pies de él están hinchados y con heridas por buscar durante días el cuerpo de su sobrino de ocho años. Yojan perdió las esperanzas de encontrarlo porque parte de los escombros ya los removieron.

“Ya recuperamos el cuerpo de otros siete familiares, pero el de mi sobrino no apareció. Lo buscamos incansablemente durante todos estos días, mira mis manos, me duelen, y me salió un hongo en los pies porque pasaba día y noche con los zapatos buscándolo. Estaremos aquí mientras tanto porque no queremos irnos a un refugio”, narró Hernández.

FOTO: María Gracia La Cruz

En Caraballeda el panorama es más crudo que en Caribe. Todo lo que se observa son ruinas y cordilleras de escombros de la misma paleta de colores que en Caribe. Los edificios que no se cayeron están inclinados, reducidos o fracturados. Inhabitables.

Alrededor de las ruinas de Caraballeda hay pequeñas carpas donde todavía habitan personas que guardan la esperanza de conseguir los cuerpos de sus familiares. Es el caso de Daniela Pereira, quien espera sentada junto a su núcleo familiar que los rescatistas y los miembros de Protección Civil den la señal de que encontraron un cuerpo. 

“Estamos buscando a mi cuñada. Es la única que falta por aparecer. Ella se encontraba junto a mi hermano y mi sobrino en la OPPE 33 al momento del terremoto. A ellos los pudimos rescatar después de 47 días, pero ella aún no aparece”, narró Pereira. 

Otra mujer que prefirió no ser identificada se mantiene en las carpas día y noche a la espera de que encuentren el cuerpo de su hijo de diez años. Comentó que también perdió a su madre y a su otro hijo, pero asegura que no se irá del lugar hasta hallarlo. Es la única certeza que tiene en medio del peor desastre que asegura haber vivido.  

FOTO: María Gracia La Cruz

Hacia la zona de Catia La Mar la situación es la misma: escombros, destrucción y polvo. La diferencia es que nadie busca a sus familiares por lo que la zona está más solitaria. Apenas tres comercios insisten y mantienen la esperanza de reactivar la economía, la cual se ha visto reducida en un 70-80 %, según Francisco Soto, comerciante del lugar.

En La Guaira los días transcurren con una pausa forzada. La mayoría de los habitantes pasan sus días esperando a que lleguen las donaciones, a que repartan las comidas que llevan organizaciones internacionales y que el agua vuelva a llegar por las tuberías. 

FOTO: María Gracia La Cruz

Los próximos días en la zona cero no serán distintos. Es como si el tiempo estuviera detenido: las maquinarias seguirán buscando cuerpos y removiendo escombros, mientras que comerciantes y habitantes que se niegan a abandonar La Guaira intentarán encontrar la manera de seguir adelante con sus vidas.

FOTO: María Gracia La Cruz

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Claves | Impsa y sus escándalos: así es la empresa que culminará Tocoma

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La firma de un nuevo acuerdo entre Impsa y Corpoelec para recuperar Tocoma y Macagua coloca nuevamente a la compañía argentina en el centro de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y problemáticos de Venezuela. La nueva Impsa promete recuperar 672 megavatios en una primera etapa, mientras su historia y las personas que ahora están al frente de la empresa abren una serie de preguntas sobre quién regresa al país y bajo qué condiciones.

A continuación, se enumeran las claves:

De los talleres de Mendoza a una empresa global

Impsa nació en 1907 en Mendoza, Argentina, cuando Enrique Epaminondas Pescarmona fundó los Talleres Metalúrgicos Pescarmona. La compañía comenzó fabricando piezas de fundición, equipos para la industria vitivinícola y compuertas para canales de irrigación. En 1965 adoptó el nombre Industrias Metalúrgicas Pescarmona, de donde proviene el acrónimo Impsa.

Durante el siglo XX se convirtió en una empresa especializada en grandes estructuras de acero y equipos electromecánicos. En las décadas de 1970 y 1980 desarrolló tecnología propia para generación hidroeléctrica y grúas portuarias. En los 90 comenzó a participar como desarrolladora de proyectos energéticos y posteriormente amplió sus negocios hacia la energía eólica y nuclear.

Según la información institucional de la compañía, Impsa ha desarrollado más de 180 proyectos y tiene más de 50 000 MW instalados en más de 40 países. Sus negocios actuales están concentrados principalmente en generación hidroeléctrica, energía nuclear y grúas portuarias.

La empresa tiene presencia operativa entre Argentina y Estados Unidos. Su planta industrial y sede histórica están en Godoy Cruz, Mendoza; mantiene una oficina comercial en Buenos Aires y una oficina en Coral Gables, Florida. También posee una planta de producción en Houston y un centro de desarrollo tecnológico en Mendoza.

Una multinacional con antecedentes y un escándalo en Filipinas

Uno de los proyectos internacionales más importantes de Impsa fue CBK Power Company, en Filipinas, una sociedad que compartió con la estadounidense Edison Mission Energy para rehabilitar, construir y operar tres centrales hidroeléctricas mediante un contrato de 25 años.

Pero aquella operación también terminó rodeada de acusaciones. En 2003, el expresidente filipino Joseph Estrada, quien estaba detenido por un caso de corrupción, declaró ante el Senado de su país que Impsa había intentado sobornarlo con 14 millones de dólares para aprobar la continuidad del contrato. Legisladores filipinos también acusaron al entonces ministro de Justicia Hernando Pérez de haber recibido presuntamente 2 millones de dólares relacionados con la operación.

Impsa negó las acusaciones. Su entonces director y gerente general, Carlos Ruiz, defendió el proyecto y aseguró a La Nación que era una inversión genuina de 460 millones de dólares y que contaba con financiamiento de 19 bancos que habían realizado procesos de debida diligencia. Por tanto, el episodio forma parte de los cuestionamientos históricos a la compañía, pero no debe presentarse como una condena por corrupción contra Impsa.

La crisis que terminó devolviéndola al Estado argentino

Después de décadas de expansión internacional, Impsa entró en una profunda crisis financiera. En 2021, el Estado argentino y la provincia de Mendoza ingresaron como accionistas para ejecutar un rescate transitorio de la compañía. En ese momento, la empresa era considerada estratégica por su capacidad tecnológica y su participación en sectores como energía hidroeléctrica y nuclear.

El rescate no solucionó definitivamente sus problemas financieros. Cuando comenzó el proceso para devolverla al sector privado, Impsa acumulaba una deuda de 576 millones de dólares millones con sus acreedores.

En enero de 2025, el Gobierno argentino anunció que la única oferta presentada para hacerse con las acciones estatales era la del consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF), cuyo socio principal es Arc Energy. La propuesta contemplaba un aporte de capital de 27 millones de dólares y la renegociación de la deuda de 576 millones de dólares.

IAF es un vehículo de inversión estadounidense cuyo socio principal es Arc Energy, empresa fundada por el empresario venezolano-estadounidense Jason Arceneaux. La adquisición de Impsa fue la primera privatización concretada durante el gobierno de Javier Milei. Y en febrero de ese año se concretó la transferencia. IAF pasó a controlar la compañía y comenzó la etapa que la propia Impsa presenta como su transformación en una empresa argentino-estadounidense.

La “nueva Impsa”: capital estadounidense y nombres venezolanos

Según una investigación de El Pitazo, entre los integrantes de la nueva directiva aparecen varios venezolanos: Jorge Salcedo Hernández, presidente de Impsa desde julio de 2025; Jason Arceneaux; Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y Juan Manuel Domínguez. El medio también documentó vínculos de Arceneaux y otros directivos con el financiamiento político en Estados Unidos.

Se reportó además que durante la operación de venta en Argentina los ejecutivos de Impsa entregaron a Hebe Casado, entonces vicegobernadora de Mendoza, una gorra con la frase “Make Impsa Great Again”, en una evidente referencia al lema de campaña de Donald Trump.

La nueva estructura empresarial no se quedó mirando hacia atrás. En mayo de 2026, Impsa anunció una alianza con National Electric Coil (NEC) para ampliar la comercialización de sus soluciones hidroeléctricas en Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica, con productos que incluyen turbinas, generadores y componentes electromecánicos.

Los venezolanos que ahora están al frente

Entre los nombres que más llaman la atención está el de Jorge Salcedo Hernández, actual presidente de Impsa. Según se conoció, Salcedo fue identificado en 2017 como abogado defensor de Samark López Bello en Estados Unidos, después de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense. El propio perfil profesional de Salcedo está relacionado con asesoría en materia de sanciones y regulación estadounidense.

Otro nombre es Hidalgo Socorro, empresario venezolano que tuvo negocios con Petróleos de Venezuela. Socorro y Enoc Martínez vendieron a PDVSA 42 remolcadores por 145 millones de dólares mediante la empresa panameña Brumby Shipholdings. En agosto de 2025, un tribunal de apelación de La Haya ratificó obligaciones de PDVSA y sus filiales relacionadas con una deuda derivada de aquella operación.

Incluso se documentaron los antecedentes de Socorro en Guatemala alrededor de DHK Finance y sus vínculos empresariales con contratistas de PDVSA. También reseñó cuestionamientos relacionados con el semisumergible Aban Pearl, contratado por la estatal petrolera y posteriormente hundido en 2010. Aunque estos antecedentes son relevantes para describir el perfil de algunos integrantes de la nueva directiva, pero no equivalen por sí mismos a condenas penales.

Tocoma: una vieja historia que vuelve a empezar

La relación entre Impsa y Venezuela se remonta al gobierno de Hugo Chávez. En 2008, el Estado venezolano contrató a la empresa para suministrar las 10 turbinas Kaplan de Tocoma, de 232 MW de capacidad, además del equipamiento de Macagua. Para financiar la adquisición de las turbinas de Tocoma, la CAF otorgó un préstamo de 600 millones de dólares.

El proyecto acumuló retrasos y sobrecostos. Asimismo, se reveló que el contrato de Impsa para Tocoma pasó de unos 300 millones a aproximadamente 1 000 millones de dólares durante su ejecución, y se pudo conocer que Venezuela acumuló una deuda de unos 300 millones de dólares con la empresa argentina.

El nuevo acuerdo: 672 MW primero y 2.640 MW después

El 12 de agosto de 2026, Impsa anunció la firma del acuerdo final con Corpoelec para rehabilitar y modernizar Tocoma y Macagua.

La primera etapa contempla recuperar 432 MW en Tocoma mediante la rehabilitación de las unidades 1 y 2, y 240 MW en Macagua mediante las unidades 4, 5 y 6. En total, son 672 MW en un plazo de 24 meses.

El primer objetivo es incorporar 160 MW al Sistema Eléctrico Nacional en 90 días mediante la puesta en funcionamiento de las unidades 5 y 6 de Macagua. Posteriormente se sumarían otros 80 MW con la unidad 4.

En Tocoma, la primera fase contempla las unidades 1 y 2, mientras que el plan maestro de Impsa y Corpoelec plantea llevar la capacidad recuperada de ambas centrales hasta 2.640 MW: 2.160 MW de Tocoma y 480 MW de Macagua.

La compañía sostiene que sus equipos técnicos ya recorrieron ambas instalaciones en Puerto Ordaz y que las obras comenzarán una vez culminada la etapa administrativa y establecida el acta de inicio.

La pregunta que queda: ¿cómo se adjudicó y cuánto costará?

El regreso de Impsa a Tocoma no ha estado exento de cuestionamientos. El ingeniero y dirigente opositor Jesús Armas criticó que el acuerdo se concretara sin una licitación pública y cuestionó la falta de información sobre las condiciones del proyecto. “Lo hacen a dedo, sin licitación pública y de espaldas a la gente”, afirmó. También recogió cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento y sobre la conveniencia de concentrar recursos en Tocoma mientras otras instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional requieren rehabilitación.

Así, la historia vuelve a colocar sobre la mesa preguntas que van más allá de cuántos megavatios puede producir una turbina: cuánto costará realmente terminar Tocoma, cómo se pagará el contrato, qué ocurrirá con las obligaciones pendientes de los acuerdos anteriores y bajo qué mecanismos se supervisará la ejecución.

Después de años de retrasos, sobrecostos y una central que sigue sin entregar la capacidad para la que fue diseñada, el desafío de la “nueva” Impsa será demostrar que esta vez la historia no termina donde comenzó: con otra promesa de que Tocoma finalmente estará lista.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Escuelas habilitadas como campamentos transitorios serán desocupadas antes del 14 de septiembre

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El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, informó que las escuelas que actualmente funcionan como campamentos transitorios para albergar a los damnificados afectados por el doble terremoto serán desocupadas antes del 14 de septiembre, fecha en que se tiene previsto comenzar el próximo año escolar 2026-2027.

Durante una visita técnica realizada a la Unidad Educativa Nacional Juan de Escalona, ubicada en el municipio El Hatillo, Rodríguez precisó que las instituciones educativas se entregarán a la comunidad en perfectas condiciones de infraestructura.

“Estamos enfocados en tener todas las escuelas listas para el 14 de septiembre, cuando empiezan las clases; que estén en óptimas condiciones y sean espacios seguros, dignos y funcionales para la formación de nuestros niños y niñas”, señaló Rodríguez en el recorrido, realizado junto al secretario coordinador de Ciudades Humanas para el Buen Vivir, Elio Junior Serrano.

Según reseña una publicación de la web de la Gobernación de Miranda, el ministro aseguró que el Ejecutivo puso en marcha un plan de reubicación para las familias que se encuentran en estos campamentos transitorios, el cual contempla la entrega de viviendas, asignación de alquileres temporales, créditos inmobiliarios y recuperación de inmuebles.

A inicios de julio, Héctor Rodríguez anunció que unos 50 centros educativos serían utilizados como campamentos transitorios para las familias que perdieron sus hogares por el doble terremoto del 24 de junio. Según las cifras oficiales, más de 850 estructuras fueron afectadas por los movimientos telúricos, de las cuales 180 colapsaron en su totalidad.

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En el refugio temporal de la avenida Bolívar hay que rendir lo poco que llega

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Las repercusiones económicas y sociales de un terremoto no concluyen cuando cesan las réplicas. Para los sectores urbanos más vulnerables, el impacto estructural se desplaza rápidamente de las grietas en el concreto a las finanzas del hogar y a la gestión del riesgo cotidiano, transformando la supervivencia en un complejo cálculo de costos sanitarios, pérdida de estabilidad laboral e incertidumbre habitacional.

En el refugio transitorio instalado en las inmediaciones del Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez, en la avenida Bolívar de Caracas, la vida cotidiana transcurre bajo una evidente precariedad donde las necesidades básicas quedan desatendidas. Quienes allí pernoctan habitan en carpas y toldos improvisados; aunque algunas familias lograron instalar camas, la mayoría duerme directamente en el suelo de las carpas. 

Para los refugiados, la vida hoy transcurre entre carpas de lona Foto: María Gracia Lacruz.

El entorno impone un constante desgaste físico: las jornadas transcurren entre el calor sofocante del día y las plagas de zancudos durante la noche, en un espacio donde solo unos pocos cuentan con ventiladores para amortiguar las altas temperaturas. Cuando llueve, la rutina se interrumpe para vaciar constantemente el agua acumulada en las lonas de los toldos y evitar que cedan ante el peso. Frente a este panorama, la cohesión comunitaria se ha vuelto vital: entre vecinos se cuidan y comparten los pocos recursos de los que disponen.

Las horas se hacen más largas en medio de la precariedad del refugio. Foto: María Gracia Lacruz.

En este espacio permanece una familia de 15 integrantes que, hasta el evento telúrico, habitaba en el complejo Misión Vivienda Los 5 Héroes Cubanos, ubicado en el sector La Hoyada (parroquia Santa Teresa) del centro de Caracas. Tras el desalojo ordenado por los daños en la edificación, el grupo familiar afronta el desplazamiento en este campamento bajo una dinámica económica de extrema rigidez.

Mujeres y niños llevan la peor parte de la vida en el refugio. Foto: María Gracia Lacruz.

El sustento del hogar depende casi exclusivamente de las asignaciones estatales correspondientes a pensiones y bonos de protección social, un flujo de recursos que resulta insuficiente frente a las exigencias médicas derivadas del confinamiento y de condiciones de salud preexistentes.

Las implicaciones financieras de esta contingencia se evidencian en los requerimientos de salud de los propios residentes. Jesús Mundarai (54), quien previo al sismo trabajaba como cuidador informal de vehículos en la avenida Bolívar —una actividad adaptada a su limitada capacidad física—, enfrenta actualmente la gestión de una colostomía en un entorno desprovisto de infraestructura sanitaria idónea. Esta condición médica consiste en una intervención quirúrgica mediante la cual se realiza una abertura en el abdomen para desviar un extremo del intestino grueso hacia el exterior; esto permite expulsar las heces del cuerpo directamente hacia una bolsa recolectora especial adherida a la piel. 

A la dificultad de la vida en refugios se suma la necesidad de aplicarse tratamientos médicos delicados. Foto: María Gracia Lacruz.

El mantenimiento del tratamiento, el cambio constante de bolsas y la higiene indispensable para evitar infecciones graves en un espacio cubierto únicamente por toldos y carpas exige un desembolso semanal de 20 dólares, un monto destinado estrictamente a insumos médicos que compite de forma directa con la compra de alimentos.

A esta exigencia se suma la situación de Miriam Chauran, de 64 años, quien padece un cuadro de hipertensión arterial y afecciones articulares. Su esquema farmacológico mensual para el control de la tensión y el manejo del dolor demanda aproximadamente 40 dólares. Además de la carga económica, Chauran enfrenta barreras de accesibilidad dentro del campamento: el acceso a los sanitarios y duchas exige desplazarse fuera del área de carpas y subir un piso por escaleras, un trayecto que complica la movilidad de pacientes con compromiso articular.

Los recursos para comprar medicamentos ahora escasean mucho más. Foto: María Gracia Lacruz.

Retornar a casa no es una opción

A la presión financiera y médica se añade el dilema de la seguridad estructural y las condiciones para el retorno. El conjunto residencial de Misión Vivienda Los 5 Héroes Cubanos registra afectaciones severas en su interior: varias paredes cediendo o fracturadas de forma significativa, escaleras que se están desplazando progresivamente de los soportes de la pared y daños estructurales importantes en el recubrimiento de la vía del ascensor. De hecho, los apartamentos ubicados entre los pisos 1 y 6 se encuentran bajo un riesgo inminente de colapso.

Las grietas en las paredes evidencian la precariedad de las edificaciones y los riesgos de volver a habitar esas viviendas. Foto: María Gracia Lacruz.

Carmen Vallejo, de 67 años, relata la gravedad de estos daños en la base y estructura del inmueble. Su apartamento, ubicado en el primer piso, sufrió pérdidas materiales internas por el colapso de repisas y mesones, además de profundas grietas en la sala, el baño y las habitaciones.

La familia de Vallejo sostiene su presupuesto diario a través de bonos, la pensión y el ingreso complementario de un sueldo mínimo aportado por una de sus hijas. No obstante, su principal preocupación radica en los criterios de reubicación fijados por las autoridades.

Actualmente, obreros de la Misión Barrio Nuevo Tricolor llevan a cabo las labores de restauración en el complejo, iniciando las intervenciones a partir del nivel 7 del edificio y descendiendo progresivamente. Las directrices oficiales establecen que, a medida que concluyan los trabajos por nivel, los residentes deberán abandonar el refugio y reocupar sus viviendas.

Los vecinos se niegan a volver a sus hogares. Foto: María Gracia Lacruz.

Los vecinos, sin embargo, rechazan la medida al considerar que retornar al inmueble antes de una adecuación rigurosa de las escaleras, los pasillos y la base del edificio implica un riesgo persistente. Esta resistencia colectiva la sintetiza Chauran ante la posibilidad de una reubicación apresurada: “No podemos irnos a los apartamentos porque no están en condiciones, prefiero pasar lo que toque aquí en el refugio, que no poder estar tranquila en una estructura que uno no sabe qué vaya a pasar”.

En contraste con la evacuación de los pisos superiores, los locales comerciales de la planta baja del conjunto residencial continúan operando con normalidad a pesar de presentar grietas y daños visibles en sus paredes, en un esfuerzo de sus dueños y trabajadores por mantener a flote sus ingresos económicos.

La provisión de alimentos y agua potable en el campamento también es crítica. Aunque en los días posteriores al terremoto la llegada de donaciones de comida y agua potable era frecuente, con el paso del tiempo la ayuda ha disminuido drásticamente. 

Los alimentos no siempre llegan y hay que cuidarlos. Foto: María Gracia Lacruz.

Actualmente, la alimentación depende casi en su totalidad de iniciativas independientes, iglesias y organizaciones civiles cuyas entregas suelen concretarse pasadas las 3:00 de la tarde, hora en la que las familias realizan su primera comida fuerte del día. En las jornadas donde los platos no alcanzan para todos los refugiados, la comunidad prioriza la alimentación de los niños. Como señala Vallejo al evaluar el origen del auxilio recibido en el campamento: “Aquí es el pueblo ayudando al pueblo, es de quienes hemos recibido ayuda”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El Mañanero del 14 de agosto: Figuera dice estar comprometida con excarcelaciones de presos políticos

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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 14 de agosto, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo

Un grupo de ex presos políticos, perseguidos y dirigentes opositores hicieron pública una declaración en la que expresan su respaldo al proceso de negociación e institucionalidad que abandera la Asamblea Nacional electa en 2015. Los firmantes, quienes enfatizan haber sufrido de primera mano el encarcelamiento, el exilio, la incautación de bienes y diversas formas de hostigamiento, sostienen que el camino hacia la libertad de los detenidos y el restablecimiento de los derechos exige el paso hacia una transición pacífica.

Recién salido del horno: otras noticias

Academias ofrecen apoyo científico y técnico para atender la emergencia causada por el doble terremoto

ANIH propone plan urbano para La Guaira e investigar fallas en edificaciones colapsadas

Entre aplausos y abucheos fue recibido comunicado de la mesa

Fuerza Venezuela alcanza 129 entregas humanitarias y avanza hacia la fase de recuperación comunitaria

Daniella Cabello y José Alejandro Terán reportan avances en la reconstrucción de La Guaira

Todos quieren tomarse la foto con Dinorah

SNTP afirma que una reforma del sistema de justicia también incide en la libertad de prensa

Cómo se mantiene el comercio en medio del recrudecimiento de apagones

Dólar/Euro BCV

La cita

“Nuestro escenario central apunta a una contracción cercana a 35 % del PIB de La Guaira durante 2026, con una caída interanual de entre 55 % y 70 % durante el tercer trimestre, que representa el momento de mayor interrupción de la actividad”, Asdrúbal Oliveros, economista y consultor empresarial.

Lo que rompe en redes

Exprisioneros políticos extranjeros se unieron para pedir la liberación de los más de 500 presos políticos que siguen detenidos en Venezuela, entre ellos 40 provenientes de otros países.

Azuquita pa’l café

Un gatito de nombre Churri, que había sido rescatado de Catia la Mar en La Guaira, se reencontró con su familia. Estuvo hospitalizado en el hospital veterinario instalado en la sede de McDonald’s de Caraballeda.

La ñapa (recomendamos…)

Dinorah Figuera ratifica compromiso de la AN para concretar excarcelaciones de presos políticos

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Un grupo de ex presos políticos, perseguidos y dirigentes opositores hicieron pública una declaración en la que expresan su respaldo al proceso de negociación e institucionalidad que abandera la Asamblea Nacional electa en 2015. Los firmantes, quienes enfatizan haber sufrido de primera mano el encarcelamiento, el exilio, la incautación de bienes y diversas formas de hostigamiento, sostienen que el camino hacia la libertad de los detenidos y el restablecimiento de los derechos exige el paso hacia una transición pacífica.

El pronunciamiento se produce en paralelo a los compromisos asumidos por la directiva del parlamento ya que tras una reunión sostenida con familiares de las víctimas, la presidenta de dicho organismo, Dinorah Figuera, confirmó la meta de impulsar las excarcelaciones en los próximos días para ratificar su propósito de consolidar una agenda que esté orientada a “asegurar los derechos políticos”.

Reinstitucionalización del Poder Judicial

En el informe presentado los firmantes sostienen que la reconstrucción del país requiere principalmente de renovar los cargos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se puedan designar bajo estrictos criterios de méritos independientes. A juicio de los presos políticos, la independencia de ambos entes resulta imprescindible para poder convocar elecciones libres y evitar la perpetuación de esquemas autoritarios en el país.

El comunicado hace un recuento al relatar el desconocimiento de la voluntad popular expresada el 6 de diciembre de 2015, cuando se otorgó dos tercios de la cámara a la oposición, representó una especie de quiebre institucional mediante sentencias desfavorables del TSJ.

De esta misma forma, la declaración cuestiona las acciones de los organismo judiciales e institucionales tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, señalando que el silencio con respecto a la publicación de las actas electorales impidió validar el triunfo que la mayoría otorgó a Edmundo González Urrutia.

Compromiso con las familias y negociaciones

Desde la vocería de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera hizo énfasis en la importancia moral y política que tiene el respaldo brindado por familiares de detenidos y perseguidos políticos en la fase actual de negociaciones siendo que Figueroa destacó la libertad de los presos políticos constituye el eje principal de las conversaciones para lograr el pleno “restablecimiento democrático y garantías civiles en la nación”.

Por su parte, los firmantes de la declaración (entre los que figuran Roland Carreño, Villca Fernández, Carlos Lozano, Roberto Marrero, Nicmer Evans, Freddy Superlano, Carlos Julio Rojas, Américo de Grazia, Enzo Scarano y entre muchos otros) remarcaron su certeza de que la ruta necesaria es alcanzar la justicia, el cese de la persecución y el retorno de la institucionalidad democrática en Venezuela.

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Academias ofrecen apoyo científico y técnico para atender la emergencia causada por el doble terremoto

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El Comité Interacadémico de las Academias Nacionales de Venezuela puso a disposición de los poderes públicos y de la sociedad sus capacidades técnicas, científicas y profesionales para atender la emergencia ocasionada por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Mediante un comunicado, las instituciones señalaron la necesidad de priorizar la atención de la crisis por encima de las pugnas políticas. Según el comunicado del Comité Interacadémico, “la magnitud de esta catástrofe exige que el interés superior del país prevalezca sobre cualquier diferencia política, ideológica o sectorial”, por lo que exhortaron a diferentes sectores a “actuar con espíritu de cooperación, solidaridad, responsabilidad y confianza recíproca”.

Los académicos consideraron que dada la complejidad de la emergencia se requieren respuestas sustentadas en criterios científicos y técnicos, “capaces de integrar las distintas áreas del saber en un esfuerzo común de recuperación nacional”. En ese sentido, ofrecieron integrar equipos multidisciplinarios para evaluar los daños estructurales en edificaciones y redes de servicios esenciales, fortalecer la respuesta sanitaria y analizar los riesgos geológicos y ambientales derivados del evento.

Además, la propuesta abarca la formulación de estrategias para la reactivación económica, el diseño de iniciativas jurídicas dentro del marco constitucional y la preservación del patrimonio histórico y cultural afectado.

“Esta tragedia debe convertirse también en una oportunidad para fortalecer nuestras
instituciones, consolidar una cultura de prevención frente a los riesgos naturales, mejorar la
planificación territorial, elevar los estándares de construcción y promover políticas públicas
sustentadas en el conocimiento científico”
, agregó el texto.

El documento incluye las firmas de las autoridades correspondientes a las academias de la Lengua, Historia, Medicina, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Ciencias Económicas, e Ingeniería y el Hábitat.

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