La firma de un nuevo acuerdo entre Impsa y Corpoelec para recuperar Tocoma y Macagua coloca nuevamente a la compañía argentina en el centro de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y problemáticos de Venezuela. La nueva Impsa promete recuperar 672 megavatios en una primera etapa, mientras su historia y las personas que ahora están al frente de la empresa abren una serie de preguntas sobre quién regresa al país y bajo qué condiciones.
A continuación, se enumeran las claves:
De los talleres de Mendoza a una empresa global
Impsa nació en 1907 en Mendoza, Argentina, cuando Enrique Epaminondas Pescarmona fundó los Talleres Metalúrgicos Pescarmona. La compañía comenzó fabricando piezas de fundición, equipos para la industria vitivinícola y compuertas para canales de irrigación. En 1965 adoptó el nombre Industrias Metalúrgicas Pescarmona, de donde proviene el acrónimo Impsa.
Durante el siglo XX se convirtió en una empresa especializada en grandes estructuras de acero y equipos electromecánicos. En las décadas de 1970 y 1980 desarrolló tecnología propia para generación hidroeléctrica y grúas portuarias. En los 90 comenzó a participar como desarrolladora de proyectos energéticos y posteriormente amplió sus negocios hacia la energía eólica y nuclear.
Según la información institucional de la compañía, Impsa ha desarrollado más de 180 proyectos y tiene más de 50 000 MW instalados en más de 40 países. Sus negocios actuales están concentrados principalmente en generación hidroeléctrica, energía nuclear y grúas portuarias.
La empresa tiene presencia operativa entre Argentina y Estados Unidos. Su planta industrial y sede histórica están en Godoy Cruz, Mendoza; mantiene una oficina comercial en Buenos Aires y una oficina en Coral Gables, Florida. También posee una planta de producción en Houston y un centro de desarrollo tecnológico en Mendoza.
Una multinacional con antecedentes y un escándalo en Filipinas
Uno de los proyectos internacionales más importantes de Impsa fue CBK Power Company, en Filipinas, una sociedad que compartió con la estadounidense Edison Mission Energy para rehabilitar, construir y operar tres centrales hidroeléctricas mediante un contrato de 25 años.
Pero aquella operación también terminó rodeada de acusaciones. En 2003, el expresidente filipino Joseph Estrada, quien estaba detenido por un caso de corrupción, declaró ante el Senado de su país que Impsa había intentado sobornarlo con 14 millones de dólares para aprobar la continuidad del contrato. Legisladores filipinos también acusaron al entonces ministro de Justicia Hernando Pérez de haber recibido presuntamente 2 millones de dólares relacionados con la operación.
Impsa negó las acusaciones. Su entonces director y gerente general, Carlos Ruiz, defendió el proyecto y aseguró a La Nación que era una inversión genuina de 460 millones de dólares y que contaba con financiamiento de 19 bancos que habían realizado procesos de debida diligencia. Por tanto, el episodio forma parte de los cuestionamientos históricos a la compañía, pero no debe presentarse como una condena por corrupción contra Impsa.
La crisis que terminó devolviéndola al Estado argentino
Después de décadas de expansión internacional, Impsa entró en una profunda crisis financiera. En 2021, el Estado argentino y la provincia de Mendoza ingresaron como accionistas para ejecutar un rescate transitorio de la compañía. En ese momento, la empresa era considerada estratégica por su capacidad tecnológica y su participación en sectores como energía hidroeléctrica y nuclear.
El rescate no solucionó definitivamente sus problemas financieros. Cuando comenzó el proceso para devolverla al sector privado, Impsa acumulaba una deuda de 576 millones de dólares millones con sus acreedores.
En enero de 2025, el Gobierno argentino anunció que la única oferta presentada para hacerse con las acciones estatales era la del consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF), cuyo socio principal es Arc Energy. La propuesta contemplaba un aporte de capital de 27 millones de dólares y la renegociación de la deuda de 576 millones de dólares.
IAF es un vehículo de inversión estadounidense cuyo socio principal es Arc Energy, empresa fundada por el empresario venezolano-estadounidense Jason Arceneaux. La adquisición de Impsa fue la primera privatización concretada durante el gobierno de Javier Milei. Y en febrero de ese año se concretó la transferencia. IAF pasó a controlar la compañía y comenzó la etapa que la propia Impsa presenta como su transformación en una empresa argentino-estadounidense.
La “nueva Impsa”: capital estadounidense y nombres venezolanos
Según una investigación de El Pitazo, entre los integrantes de la nueva directiva aparecen varios venezolanos: Jorge Salcedo Hernández, presidente de Impsa desde julio de 2025; Jason Arceneaux; Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y Juan Manuel Domínguez. El medio también documentó vínculos de Arceneaux y otros directivos con el financiamiento político en Estados Unidos.
Se reportó además que durante la operación de venta en Argentina los ejecutivos de Impsa entregaron a Hebe Casado, entonces vicegobernadora de Mendoza, una gorra con la frase “Make Impsa Great Again”, en una evidente referencia al lema de campaña de Donald Trump.
La nueva estructura empresarial no se quedó mirando hacia atrás. En mayo de 2026, Impsa anunció una alianza con National Electric Coil (NEC) para ampliar la comercialización de sus soluciones hidroeléctricas en Estados Unidos, Canadá, México y Centroamérica, con productos que incluyen turbinas, generadores y componentes electromecánicos.
Los venezolanos que ahora están al frente
Entre los nombres que más llaman la atención está el de Jorge Salcedo Hernández, actual presidente de Impsa. Según se conoció, Salcedo fue identificado en 2017 como abogado defensor de Samark López Bello en Estados Unidos, después de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro estadounidense. El propio perfil profesional de Salcedo está relacionado con asesoría en materia de sanciones y regulación estadounidense.
Otro nombre es Hidalgo Socorro, empresario venezolano que tuvo negocios con Petróleos de Venezuela. Socorro y Enoc Martínez vendieron a PDVSA 42 remolcadores por 145 millones de dólares mediante la empresa panameña Brumby Shipholdings. En agosto de 2025, un tribunal de apelación de La Haya ratificó obligaciones de PDVSA y sus filiales relacionadas con una deuda derivada de aquella operación.
Incluso se documentaron los antecedentes de Socorro en Guatemala alrededor de DHK Finance y sus vínculos empresariales con contratistas de PDVSA. También reseñó cuestionamientos relacionados con el semisumergible Aban Pearl, contratado por la estatal petrolera y posteriormente hundido en 2010. Aunque estos antecedentes son relevantes para describir el perfil de algunos integrantes de la nueva directiva, pero no equivalen por sí mismos a condenas penales.
Tocoma: una vieja historia que vuelve a empezar
La relación entre Impsa y Venezuela se remonta al gobierno de Hugo Chávez. En 2008, el Estado venezolano contrató a la empresa para suministrar las 10 turbinas Kaplan de Tocoma, de 232 MW de capacidad, además del equipamiento de Macagua. Para financiar la adquisición de las turbinas de Tocoma, la CAF otorgó un préstamo de 600 millones de dólares.
El proyecto acumuló retrasos y sobrecostos. Asimismo, se reveló que el contrato de Impsa para Tocoma pasó de unos 300 millones a aproximadamente 1 000 millones de dólares durante su ejecución, y se pudo conocer que Venezuela acumuló una deuda de unos 300 millones de dólares con la empresa argentina.
El nuevo acuerdo: 672 MW primero y 2.640 MW después
El 12 de agosto de 2026, Impsa anunció la firma del acuerdo final con Corpoelec para rehabilitar y modernizar Tocoma y Macagua.
La primera etapa contempla recuperar 432 MW en Tocoma mediante la rehabilitación de las unidades 1 y 2, y 240 MW en Macagua mediante las unidades 4, 5 y 6. En total, son 672 MW en un plazo de 24 meses.
El primer objetivo es incorporar 160 MW al Sistema Eléctrico Nacional en 90 días mediante la puesta en funcionamiento de las unidades 5 y 6 de Macagua. Posteriormente se sumarían otros 80 MW con la unidad 4.
En Tocoma, la primera fase contempla las unidades 1 y 2, mientras que el plan maestro de Impsa y Corpoelec plantea llevar la capacidad recuperada de ambas centrales hasta 2.640 MW: 2.160 MW de Tocoma y 480 MW de Macagua.
La compañía sostiene que sus equipos técnicos ya recorrieron ambas instalaciones en Puerto Ordaz y que las obras comenzarán una vez culminada la etapa administrativa y establecida el acta de inicio.
La pregunta que queda: ¿cómo se adjudicó y cuánto costará?
El regreso de Impsa a Tocoma no ha estado exento de cuestionamientos. El ingeniero y dirigente opositor Jesús Armas criticó que el acuerdo se concretara sin una licitación pública y cuestionó la falta de información sobre las condiciones del proyecto. “Lo hacen a dedo, sin licitación pública y de espaldas a la gente”, afirmó. También recogió cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento y sobre la conveniencia de concentrar recursos en Tocoma mientras otras instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional requieren rehabilitación.
Así, la historia vuelve a colocar sobre la mesa preguntas que van más allá de cuántos megavatios puede producir una turbina: cuánto costará realmente terminar Tocoma, cómo se pagará el contrato, qué ocurrirá con las obligaciones pendientes de los acuerdos anteriores y bajo qué mecanismos se supervisará la ejecución.
Después de años de retrasos, sobrecostos y una central que sigue sin entregar la capacidad para la que fue diseñada, el desafío de la “nueva” Impsa será demostrar que esta vez la historia no termina donde comenzó: con otra promesa de que Tocoma finalmente estará lista.
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