Cuando pasen los días de la urgencia y a la estela del dolor que nos dejará la muerte y desaparición de muchos compatriotas, habrá que seguir trabajando por los amigos de Las Tejerías
Han pasado un puñado de días desde que los venezolanos contuvimos la respiración y pasamos la noche en vela mientras leíamos los mensajes de los vecinos de Las Tejerías. Fue una noche larga y un amanecer triste, como el que no habíamos vivido desde hace mucho tiempo. Y desde entonces nuestras oraciones y esfuerzos se han dirigido a esa comunidad del estado Aragua, que había alertado días previos a las autoridades sobre el riesgo.
En medio del dolor que causa una tragedia que alcanza a tantos venezolanos, resulta esperanzador conocer de primera mano el compromiso de los miles de voluntarios que se están movilizando para ayudar a las víctimas, como es el caso de Ángel, quien recientemente estuvo en el sector El Beisbol, Las Tejerías, haciendo la primera entrega de alimentos para cien familias de la comunidad. Un aporte levantado con el esfuerzo de los amigos de Aragua que están vinculados con los 35 comedores de Alimenta la Solidaridad que hay en la entidad. Y gracias al apoyo de todos los que trabajan en todo el país con los comedores de Alimenta.
Ángel conoce bien la importancia que tiene la solidaridad en medio de emergencias humanitarias complejas como estas.
Lo vivió de primera mano en el 2018 con los eventos de El Limón. Entonces participó en la cadena de voluntarios que trabajó para ayudar a los vecinos de esa población aragüeña; un aprendizaje duro, que ha tenido que recordar en estos días ante un suceso de proporciones mucho mayores, nos advierte.
El envío de productos de primera necesidad, cinco días después de la tragedia, es solo un primer paso coordinado, planificado y desplegado con el esfuerzo de distintos sectores y sobre todo gracias al compromiso de los propios vecinos de Las Tejerías que, a pesar de desgracia de agua y lodo, han logrado permanecer organizados para hacer frente al desastre.
Ángel nos explica la importancia que tiene el poder popular en estas contingencias. Los propios vecinos, con un fuerte compromiso de servicio público, son los que conocen de primera mano las necesidades de los damnificados; son los que pueden organizar sobre el terreno los centros de acopio y atención a las familias; son quienes manejan de primera mano la información de lo que se necesita y tienen la capacidad de desplegarse para atender rápidamente las urgencias de las víctimas. En definitiva, nos recuerda Ángel, la “organización comunitaria es la mejor garantía para que la ayuda llegue a la gente”.
La solidaridad es un valor que aparece con fuerza y se reafirma en sucesos como el de Las Tejerías. Pero esta vocación por la solidaridad, que tanto nos caracteriza como pueblo, alcanza su verdadera fuerza cuando se pone en práctica con criterios técnicos apropiados, dirigiendo de manera coordinada el esfuerzo y aprovechando la experiencia y aprendizajes que se han consolidado en las comunidades. El venezolano es gente buena y somos muchos mejores cuando trabajamos juntos.
Pero de ninguna manera esto esconde la terrible realidad de un país donde la gestión de riesgos no se asume en forma preventiva, donde las autoridades no escuchan a las comunidades. Donde no existen protocolos de acción que permitan salvaguardar vidas.
Cuando pasen los primeros días de la urgencia y a la estela del dolor que nos dejará la muerte y desaparición de muchos compatriotas, habrá que seguir trabajando por los amigos de Las Tejerías. El esfuerzo deberá ser constante para vencer el olvido que impone el paso del tiempo. La reconstrucción de la comunidad nos compromete a todos, y nuestro esfuerzo será el mejor tributo para todas las víctimas y sus familiares.
Metro 8330 es una iniciativa de incidencia pública que no se atrinchera en la denuncia, sino que pone sobre la mesa propuestas para la recuperación del Metro de Caracas
Ha pasado el tiempo necesario para hacer un balance de los resultados obtenidos, al acompañar a un movimiento ciudadano en la iniciativa por la recuperación de las instalaciones del Metro de Caracas, una idea que se instaló con fuerza en la calle con el nombre Metro 8330.
La propuesta, formulada por una nueva generación de líderes, ciudadanos, activistas y voluntarios, busca facilitar la participación del ciudadano, del usuario, para exigir mejoras y respaldar una visión sobre uno de los más importantes servicios públicos de la ciudad capital.
Se trata de una iniciativa de incidencia pública que no se atrinchera en la denuncia, sino que busca ir mucho más allá al poner sobre la mesa un conjunto de propuestas para la recuperación del metro, tales como la inversión en más y mejores trenes, la transparencia en la gestión de los recursos, la mejora en la calidad de vida de los trabajadores, la incorporación en la gestión de la empresa de las autoridades municipales de la Gran Caracas y el estado Vargas y la construcción de una cultura inclusiva que nos permita recuperar el orgullo que tuvimos los caraqueños por este servicio.
Nuestra visión es que el Metro de Caracas sea de calidad, inclusivo, y democrático, y que esto lo podemos lograr con la participación de los usuarios y dolientes de la actual situación.
Por el esfuerzo de muchas personas involucradas en la difusión de esta propuesta podemos decir que la campaña ha obtenido algunos resultados. Las autoridades, en medio de reproches y amenazas, acudieron a las instalaciones del metro para descubrir aquello que los caraqueños sabían desde hace muchos años: la mala calidad en el servicio de una empresa que hace un puñado de años nos llenaba de orgullo y era un ejemplo para nuestro continente.
Las promesas se desplegaron por las pantallas de televisión y hasta ahora se observa un primer esfuerzo en las autoridades por ordenar el servicio, aumentar la seguridad de los usuarios y realizar unas reparaciones mínimas, pero necesarias, en las instalaciones.
Aún queda mucho por hacer y los trabajos en el Metro de Caracas deben ir más allá de la necesaria escoba y el jabón para incluir un programa de inversión de recursos que aumente el número de trenes y unidades de transporte superficiales, recuperen años de desinversión en las instalaciones y se comprometa en la construcción de una gerencia, con una cultura administrativa con la suficiente solidez institucional que permita desplegar planes de inversión y crecimiento para las próximas décadas.
Tenemos que insistir: la incorporación de los usuarios y de las autoridades locales puede ser el anclaje necesario para que el metro recupere su importancia en nuestra ciudad capital y vuelva a ser un modelo de excelencia para el venezolano. Recuperar estas instalaciones no puede ser una promesa electoral, tiene que ser un compromiso permanente por la calidad de vida de los venezolanos.
Tratar de incidir en la gestión pública en sociedades como la venezolana, donde no existen garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, el debate de ideas y la exigencia de transparencia en la gestión de los recursos del Estado, puede tener un alto costo personal para los involucrados, un riesgo que es necesario afrontar para ejercitar el músculo democrático y poner a prueba el compromiso por el cambio que persiste en Venezuela, a pesar de las amenazas. Un esfuerzo concreto que nos llevó a un primer logro. Una victoria necesaria que nos confirma que esta es la vía en el que debemos insistir para apropiarnos de nuestro futuro.
Junto con nuestros líderes, en las comunidades donde venimos trabajando desde hace años con Mi Convive, hemos aprendido que vale la pena asumir iniciativas como esta. El esfuerzo por una mejor calidad de vida y el cambio democrático que quiere Venezuela es un camino difícil, lleno de obstáculos, pero en el que seguiremos insistiendo.
La operación Trueno III mantiene los patrones observados durante estos años por Monitor de Víctimas: uso desproporcionado de la fuerza letal y generación de terror entre la población de Guárico
Una de las primeras megabandas del país, el Tren del Llano, vuelve a tener relevancia mediática en Venezuela. Hace escasos días se confirmó el desarrollo de un operativo policial denominado “Trueno III” en el estado Guárico, entidad donde esta organización criminal tiene su principal foco de influencia. Sin embargo, antes de comentar sobre lo ocurrido y las consecuencias de esto en los habitantes de los sectores afectados, es importante revisar la cronología previa.
Según Insight Crime, el Tren del Llano tiene presencia en el territorio nacional desde, por lo menos, el año 2008. El grupo criminal comenzó en algunas localidades de Guárico y fue expandiendo sus operaciones a los estados Sucre y Miranda, lo que les permitió lucrarse de las rutas de narcotráfico que cruzan esos territorios rumbo al Caribe.
De allí surgió una amplia cantidad de recursos que fueron utilizados para aumentar su capacidad bélica y su expansión territorial. El Tren del Llano contó con la displicencia gubernamental durante muchos años debido a la implementación de las zonas de paz y las supuestas alianzas del Gobierno nacional con los líderes de las bandas, algo que se ha podido constatar en los últimos años y que ocurrió con distintas organizaciones criminales a lo largo del territorio nacional.
Esto cambiaría en el año 2021 ante el supuesto robo de un cargamento de cocaína por parte del líder de la megabanda “Malony” -sucesor del conocido “Picure”- perteneciente al Cartel de los Soles, lo que desencadenó en una arremetida por parte del Gobierno nacional a la organización criminal y sus miembros. De esta forma, fueron desplegados más de 500 funcionarios de cuerpos de seguridad en las comunidades San Juan de Unare y San Juan de las Galdonas, pertenecientes al estado Sucre, con el objetivo de eliminar al grupo.
En el operativo, se darían de baja a 18 supuestos miembros de la banda, uno de ellos el líder del Tren y el principal señalado por el robo, Gilberto Malony Hernández, alias Malony. No por mucho esto replegó a la banda. Sin embargo, a finales de ese mismo año, fueron publicados varios videos donde miembros de la organización afirmaron mantener el control y presencia en Sucre y Guárico. Meses después, se publicó un video donde integrantes del Tren amenazaban y extorsionaban a ganaderos. Esto daría pie a la implementación de la Operación Trueno I, un operativo con amplia capacidad bélica, el cual contó con más de ochocientos funcionarios y el despliegue de al menos diez tanquetas.
Los operativos policiales: un puente para la letalidad
Durante el desarrollo del operativo, según información de la ONG Defiende Venezuela, se cometieron una gran cantidad de violaciones de derechos humanos. Como se ha podido observar, por información de Monitor de Víctimas, durante estos 5 años la seguridad a través de los operativos policiales ha servido como justificación para cometer allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y extorsiones: este no parece ser un caso distinto.
Habitantes de los sectores afectados y familiares comentaron que los funcionarios policiales no contaban con órdenes de allanamiento o aprehensión al momento que se realizaron las aprehensiones y que varias casas registradas fueron utilizadas como puntos de control o centros de operaciones donde los funcionarios pasaban la noche y realizaban celebraciones.
Esta dinámica pudo ser constatada en los testimonios de los familiares de las víctimas. Los privados de libertad fueron trasladados y presentados en tribunales con competencia en terrorismo en Caracas y con una defensa pública impuesta ya que no se les permitió la representación jurídica de un abogado de confianza. Muchos otros admitieron ser imputados por crímenes que no habían sido cometidos, a través de una suerte de “siembra” en los expedientes y sin ser comunicados a sus familiares de su paradero.
Los operativos policiales en los cuales se cometían presuntas violaciones de derechos humanos, sin presencia de un representante del Ministerio Público y donde se saqueaban viviendas de las víctimas, es algo que sigue ocurriendo. Estos parecen no ser efectivos para cumplir con el objetivo para el que son realizados: desmantelar al grupo criminal. La megabanda sigue teniendo presencia en los estados Guárico y Sucre. Las amenazas a comerciantes y ganaderos no dejan de ser una realidad y las fragmentaciones de la organización han tenido que ver más con disputas internas que por presiones externas.
La operación “Trueno III” según fuentes oficiales
“Operación Trueno III retumba en municipios de Guárico garantizando seguridad ciudadana” dice el titular en la página oficial de la Gobernación de Guárico sobre el operativo.
Hace tan solo días, fue conocida la implementación de una nueva incursión policial con el fin de eliminar y desmantelar una célula del Tren del Llano en el estado Guárico: la operación Trueno III. Según cifras de medios de comunicación, el operativo realizado desde el 3 de septiembre en cuatro municipios del estado Guárico (Leonardo Infante, José Félix Ribas, José Tadeo Monagas y Pedro Zaraza) ha tenido una cifra preliminar de 13 homicidios y más de 120 detenidos; con una participación de más de mil funcionarios, movilizados en noventa unidades vehiculares y sesenta motorizadas.
Este operativo está compuesto por distintas comisiones mixtas adscritas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO). Ha sido denominada como “exitosa” y con “balances positivos” en cuanto a seguridad ciudadana de la entidad, tal y como afirmaba el portavoz de la Secretaría de Seguridad y Defensa Ciudadana del Estado. Algo que no parece estar ajustado a la realidad que comentan habitantes de los sectores afectados.
La operación “Trueno III” según los ciudadanos
“Entran a las casas sin tener una orden, revisan toda la vivienda, así como los teléfonos celulares. Si hay personas con antecedentes penales, estén o no vinculadas con la banda Tren del Llano, los ajustician. A todos los están vinculando con la banda y eso no es así. Los funcionarios actúan y luego averiguan. Vienen es a matar” comentaba un informante al medio El Nacional sobre el operativo.
El terror al que se han visto expuestos miles de guariqueños durante los últimos días es algo que se pudo conocer gracias a sus testimonios. Estos argumentan que el despliegue de la operación se ha caracterizado por el ajusticiamiento de personas dentro de sus propias viviendas o en la calle. Describen que cuerpos de seguridad del Estado como el Sebin y la DGCIM entran en las viviendas sin tener sustento procedimental o jurídico. Un contexto que imposibilita a los habitantes a denunciar estos hechos y crea un ambiente de incertidumbre, sobre todo, si hay hombres jóvenes en las viviendas.
De la misma forma, la Organización de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales (ORFAVIDEH) confirmaba lo que está ocurriendo en su cuenta de Twitter: “A esta hora pobladores del estado Guárico, varios pueblitos, piden ayuda para parar estas ejecuciones extrajudiciales. Están matando a sus hijos. Aquí no hay pena de muerte. Si alguien debe algo, preséntenlo, no tomen justicia por sus manos.”
Asimismo, según fuentes anónimas, a las que el equipo de Monitor de Víctimas ha tenido acceso, se ha podido conocer que los sectores afectados han sufrido de interrupciones en el servicio eléctrico por días, al igual que parece existir un toque de queda de facto, donde comercios no han abierto por el miedo a sufrir consecuencias por parte de la policía o la banda.
Parte de las personas asesinadas no tenían vínculos con la banda Tren del Llano, siendo la mayoría de estos hombres jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y 29 años de edad. Esta dinámica se repite por parte de los cuerpos de seguridad en todo el país, empeñados en continuar con un foco de violencia direccionado en asesinar a esta población, específicamente a aquellos perteneciente a los barrios y pueblos. Algo que, nuevamente, no parece ser exclusivo de este nuevo operativo, si no por el contrario, mantiene un patrón sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos observado en todo el territorio nacional. Tal y como ha ocurrido este año en José Félix Ribas en Petare, donde a raíz de los operativos para desmantelar a la banda de Wilexys, se han registrado homicidios por cuerpos de seguridad a jóvenes del sector que no estaban involucrados en los enfrentamientos.
El Gobierno de Nicolás Maduro debe cesar de manera inmediata y absoluta toda dinámica que facilite o propicie la implementación de prácticas letales e inconstitucionales por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Los ciudadanos venezolanos tienen derecho a vivir con seguridad y certeza. Las violaciones de derechos humanos siguen ocurriendo de manera sistemática y generalizada, por lo que el primer paso supone rectificar las políticas de seguridad ciudadana implementadas hasta los momentos, al igual que establecer mecanismos de responsabilización y reparación de estos hechos.
La operación “Trueno III” mantiene los mismos patrones observados durante estos años por Monitor de Víctimas: uso desproporcionado de la fuerza letal, procedimientos sin órdenes jurídicas, ajusticiamiento de hombres jóvenes sin nexos con los grupos delictivos y un sinfín de irregularidades procedimentales.
Estos planes de seguridad resultan inefectivos para controlar la presencia y poder de las megabandas criminales: se dispersan y reestructuran, pero no se dejan de existir. Las megabandas, bandas, trenes y pandillas en el país continúan desarrollando actividades delictivas de amplia envergadura, nada ha cambiado.
La aprehensión, procesamiento y encarcelamiento de los miembros de las bandas delictivas supone de los retos más importantes que tiene el país de cara al futuro. Los grupos delictivos suponen un factor de crimen y violencia en un amplio territorio del país. Sin embargo, las políticas de seguridad ciudadana para erradicar a estos grupos no pueden tener un enfoque meramente extraccionista y bélico con enfoque en los habitantes de los sectores abordado. Las políticas de prevención y reducción de violencia son solo efectivas si se realizan de manera integral y en conjunto con los habitantes que experimentan estos hechos.
De otra forma, solo se están creando precedentes de desconfianza y violencia referente a los cuerpos de seguridad del país, sedimentando ciclos de violencia y alimentando una creencia colectiva de enemistad de los ciudadanos contra sus instituciones de justicia. Lo que refuerza el contexto actual de polarización política y dificulta la generación de espacios de encuentro entre los ciudadanos.
La falta de información confiable y transparente es uno de los tantos problemas que atraviesa Venezuela en estos momentos. Desde hace años, no existe publicación de índices que midan la realidad del país. Organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio Público, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, el Ministerio de Salud, entre otros, no publican cifras que permitan cuantificar el impacto de la crisis en las diferentes comunidades de Venezuela.
Ante esta realidad de desinformación y opacidad institucional nace ¿Cómo estás, Caracas?, el proyecto de investigación más reciente de Monitor de Víctimas, el observatorio de violencia impulsado por Mi Convive y Runrun.es. Una iniciativa que busca conocer, profundizar y denunciar con datos y testimonios las diferentes problemáticas que afrontan las parroquias del municipio Libertador de Caracas.
Para ello, se lleva a cabo un diagnóstico previo mediante encuestas que busca obtener datos cuantitativos sobre el estado de servicios públicos, percepción de seguridad, participación electoral, cuerpos de seguridad del Estado, liderazgo, entre otros elementos. La cantidad de encuestados depende principalmente del número de habitantes de la parroquia, con lo cual se busca que los resultados obtenidos sean representativos de la misma.
Conversas en las parroquias caraqueñas
A partir de estos, se determinan las principales problemáticas a tratar en los grupos de discusión. Estos tienen conversaciones colectivas guiadas por un moderador que plantea preguntas con la finalidad de generar un diálogo en torno a los problemas identificados, dar espacio a cada uno de los participantes para que exprese su punto de vista y permitir la aparición de toda clase de opiniones, buscando así capturar el rango de experiencias de la comunidad.
Siguiendo esta metodología, el equipo de Monitor de Víctimas ha abordado seis parroquias caraqueñas en lo que va de año, específicamente, San Juan, La Vega, Antímano, Sucre, Caricuao y Santa Rosalía. El 20 de agosto se publicó el primero de los informes, correspondiente a la parroquia San Juan. En este, por ejemplo, los vecinos identificaron al internet, la calidad y acceso a servicios de salud, la delincuencia y el acoso a las mujeres como principales problemas de su comunidad, temas que fueron profundizados en los grupos de discusión y descritos ampliamente en el informe publicado.
El valor del testimonio ciudadano
Algo positivo que surge de esta metodología es la posibilidad de obtener información y testimonios por parte de los mismos ciudadanos sobre los impactos reales y menos evidentes que estos problemas tienen en sus vidas, los cuales en ocasiones pasan desapercibidos para la población general.
Por ejemplo, si bien los problemas de la educación pública se enfocan principalmente en el estado de la infraestructura y las condiciones laborales de los docentes, su calidad se ve impactada directamente por la velocidad y estabilidad del servicio de internet, especialmente durante la pandemia. Esto supone una barrera más para un sistema educativo marcado por la deserción escolar y la falta de profesores, afectando la rutina diaria de padres, estudiantes y docentes que deben quedarse hasta altas horas de la madrugada —en las que el internet tiende a mejorar ligeramente— para poder cumplir con la realización y envío de las tareas.
Este impacto en la rutina diaria se observa también cuando se habla de la calidad y constancia del servicio de agua, el cual tiene las consecuencias esperadas en términos de salud e higiene. Sin embargo, en el proceso de conversar con los vecinos, se pudo identificar nuevas problemáticas derivadas del mismo en cuanto a cambios de rutina e impacto emocional.
Con respecto al primero de ellos, muchos vecinos denuncian dificultades para cumplir con sus actividades laborales o domésticas por tener que ajustar su dinámica de vida con base en las variaciones del horario de disponibilidad del servicio, dedicando una gran cantidad de tiempo a la búsqueda, almacenaje y aprovechamiento del agua. También, como consecuencia de ello, muchos manifiestan una sensación de estrés constante por no contar con un recurso tan vital. Esta situación que se escapa totalmente de sus manos, lo cual se puede ver claramente en este testimonio de un vecino de La Vega: “Te la pasas corriendo para resolver. Te la pasas agotado y es estresante”.
El Estado ausente
A nivel de salud, el análisis suele enfocarse en la falta de insumos, precariedad en la infraestructura de centros de salud, mala atención y poca presencia de médicos; problemas que sin duda están presentes y afectan a cada una de las comunidades consultadas. No obstante, en muchas ocasiones no se toma en cuenta la poca accesibilidad de los lugares de atención, situación que ha sido resaltada en parroquias como San Juan, Antímano, Sucre y Caricuao. En ellas, los vecinos comentan que el estado de las vías en la comunidad, la falta de transporte público, servicios de ambulancias y los problemas económicos que entorpecen la operatividad de los vehículos particulares, son una fuente de preocupación, ya que, ante una emergencia médica, los habitantes se encuentran aislados y no tienen forma de trasladarse para recibir la asistencia necesaria, dependiendo en muchas ocasiones de la ayuda de vecinos.
La realidad es que muchos de estos problemas son consecuencia no solo de la falta de recursos y de políticas públicas mal planificadas, sino del abandono voluntario de estas comunidades por parte de las autoridades municipales, estatales y nacionales.
Ante esta situación, puede surgir la duda: “¿de qué sirve denunciar?”. En primer lugar, los espacios generados por el proyecto ¿Cómo estás, Caracas? en cada una de las parroquias visitadas han funcionado como impulsores de conexiones y empatía entre miembros de la comunidad, quienes pueden compartir experiencias, puntos de vista, posibles soluciones y, en todos los casos, el saberse partes de un grupo de vecinos que tiene los mismos problemas y que puede organizarse para mejorar su situación.
El poder de una sociedad informada
Además de ello, los investigadores involucrados en el estudio y cada uno de los líderes comunitarios relacionados con el programa, creemos en la importancia de la denuncia y el activismo como forma de generar costo político ante la inacción de las autoridades competentes. Al igual que promovemos la visibilización de estas realidades como forma de informar y sensibilizar a la población sobre las dificultades que sufren cada una de estas comunidades.
Finalmente, confiamos en que una sociedad informada y organizada es el primer paso para convertirse en una sociedad capaz de tomar decisiones y acciones efectivas sobre su realidad y la del otro. Los datos obtenidos en este estudio son de suma utilidad para la comprensión de la situación actual de muchas de las comunidades de Caracas y, por ende, para la puesta en marcha de políticas públicas que finalmente atiendan las verdaderas problemáticas de la ciudad y mejoren la calidad de vida de sus habitantes de manera transversal, justa y equitativa.
Desde Mi Convive promovemos el liderazgo comunitario y la organización local como parte fundamental del proceso para alcanzar una ciudad organizada y libre de violencia. Acompañados de estos líderes, buscamos favorecer la participación ciudadana en la que las personas tengan la posibilidad de disfrutar de sus derechos y cumplir con sus deberes en una sociedad resiliente, segura y democrática.
María Irene Barreto – Especialista de investigación e intervención comunitaria | Alan Cofrades – Especialista de investigación
“Niñez sin cauce, guiada solo por el instinto; sometida a la efervescencia incontenible de los primeros años.
La Escuela ¿Qué había sido para él? Lecciones de memoria, gramática, catecismo, el escudo y la bandera, el himno nacional, los deberes para con la familia, la patria.
Todo va y viene, gira, gira, se pierde en una bruma gris y pálida.
Llegó hasta el sexto grado.
De la escuela salió con una Bandera, un Escudo y un Himno; pero sin armas para defenderse
y sin el cariño de su madre”.
Tomado de Mar de leva – José Fabbiani Ruíz.
Al observar la misma historia una y otra vez, puede ocurrirnos que miremos aspectos que estaban allí, pero que no percibimos desde la primera ocasión. Podemos encontrarnos con detalles pasados por alto, giros sugeridos, y hasta cambiar la perspectiva de algunos hechos y personajes. Esto puede ocurrir con pequeños relatos o con cuentos populares que hemos escuchado en numerosas oportunidades.
Mucho hemos conocido la historia del sorprendente Spiderman. De sus proezas como superhéroe, sus sensacionales e inusuales poderes arácnidos; y una larga lista de combates y villanos que ha logrado vencer. Sin embargo, Peter Parker tiene un lado humano que quizás no hayamos distinguido tanto, aún.
Este es un joven en edad escolar, al que le cuesta conversar con la chica que le gusta. Siendo apenas niño quedó huérfano de ambos padres, quienes mueren en circunstancias turbias a manos de la delincuencia organizada. Por esta razón, debe mudarse y vivir con sus tíos. Toma el transporte público a diario, hecho que más de una vez le ha generado demoras. Al poco tiempo pierde también a su tío víctima de la violencia del hampa común. Peter va creciendo con necesidades de supervivencia. Conoce la fatiga de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Con frecuencia ha sido acosado por la policía. A temprana edad debe afrontar situaciones hostiles del mundo adulto, y enfrenta a diario las adversidades que impone la dinámica de violencia en su ciudad.
Los poderes de araña pueden entretenernos, pero en realidad estamos hablando de un joven que se enfrenta a condiciones de vida bastante espinosas. Un muchacho que podría, sin demasiadas distancias, ser de Catia o residir en La Vega. O pertenecer a cualquiera de las parroquias de la ciudad de Caracas.
Resulta que los infortunios que vive Peter Parker no se alejan demasiado de los de centenares de jóvenes que comparten vida en la capital venezolana.
Observemos varios datos actuales del contexto juvenil y algunos testimonios que dan base a esta consideración.
Jóvenes en luto
Mi vida con mi familia era todo normal mientras fui niño. Me acuerdo de las vacaciones y de los viajes. Luego, de un momento a otro, todo cambió superrápido cuando tenía 13 años. Hubo una pérdida inesperada de mi hermano mayor, la cual destrozó a mi familia y a mí con tan solo 13 años. Perder a un miembro de la familia tan repentino después de que mi vida solía ser agradable es algo confuso para un chico como yo de 13 años. Y siguieron los acontecimientos».
Leo, 19 años, Vamos Convive – La Vega.
A raíz de la violencia, los jóvenes en Caracas son expuestos a frecuentes situaciones de pérdidas y duelos desgarradores. En su informe anual (2021), Monitor de Víctimas da cuenta de centenas de casos de menores de edad que quedaron huérfanos de al menos uno de sus padres debido a la violencia homicida en Caracas. Los principales móviles registrados para esos casos fueron: muerte a manos de los cuerpos de seguridad del Estado, ajuste de cuentas, robos y peleas. Las cifras reflejan que por cada muerte violenta registrada en Caracas, 7 niños quedaron en situación de orfandad; el 33 % de los casos fue consecuencia de las acciones de las fuerzas policiales. La tasa por cada 100.000 habitantes fue de 16 infantes en esta situación.
Al comparar esto con otros datos ásperos como los de la pandemia de COVID-19, vemos que las cifras de la crisis sanitaria no bastan. Según explica la revista británica de medicina The Lancet, entre marzo 2020 y abril 2021, en todo el mundo el país con mayor número de menores de edad que perdieron a algún padre/madre o cuidador fue el Perú con una tasa de 10, seis unidades por debajo de la situación de violencia en nuestra ciudad.
Una pérdida violenta trae consigo fuertes impactos en la familia. Muchas veces exige una reconfiguración de roles, donde niños y jóvenes enfrentan de forma temprana la obligación de pasar a ser figuras de apoyo, protección o provisión. Pueden recaer sobre ellos tareas de cuidado y crianza de hermanos menores, cargas económicas del hogar, deterioro o abandono de actividades recreativas, sociales y escolares. Implica sufrir cambios abruptos que imponen a los menores nuevos deberes; desfiguran su identidad y posición en casa; trae nuevas exigencias, fricciones y tensiones en las relaciones familiares.
Jóvenes en la telaraña caraqueña
Ya en segundo año fue muy diferente porque ya conocía a casi todo el liceo. Fue muy bueno, pero a la vez fue malo porque había muchos que consumían droga y ellos me ofrecían y me decían: “Toma gordo, que con esto no te va a dar hambre y vas a rebajar”. Yo les decía: “Prefiero quedarme así gordo a estar consumiendo droga”. Y desde ese momento empezó a cambiar todo porque comenzaron a tratarme como a un desconocido. Y desde ese instante yo me di cuenta de que, así como hay amigos buenos, también hay amigos malos.
Denis, 17 años, Vamos Convive – Carapita.
El último informe Somos Noticia Capítulo Vulneraciones de los Derechos de los Niños de la organización CECODAP (2021-2022), denuncia amenazas y violaciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, señala que persiste el deterioro institucional, social y político del país siendo un factor que incide en forma determinante en situaciones de violencia. Así como Denis, de Vamos Convive, muchos otros jóvenes sufren de vulneraciones sobre su integridad personal, y sobre otros derechos como la familia y la educación; estos tres son los derechos más vulnerados según el registro del Servicio de Atención Jurídica (SAJ) de esta organización:
La integridad personal: trata del respeto a la integridad física, psíquica y moral. Es vulnerado cuando se somete a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entre los casos predominantes se encuentran situaciones de abuso sexual (24,59 %); maltrato (22,90 %); violencia física (18,03 %); acoso escolar (13,11 %) y castigo físico (11,47 %).
La familia e instituciones familiares: las situaciones que generan amenaza a niños, niñas y adolescentes (NNA) tuvieron que ver con responsabilidades de custodia y crianza, régimen de convivencia y manutención. También con colocación familiar debido a padres migrantes que dejan a sus hijos en cuidado de familiares o terceros en Venezuela. Así como con divorcio, restitución internacional y ejercicio unilateral de patria potestad.
La educación: este otro aspecto donde se encontraron vulneraciones se caracterizó por situaciones relacionadas a discriminación por falta de pagos en las instituciones privadas (restricción del acceso a notas, a la presentación de exámenes y negación de acuerdos de pago), casos de imposibilidad de continuar en la institución educativa debido a presunta mala conducta o conflictos entre estudiantes. También deficiencias en la calidad de la educación en colegios y liceos.
La exposición a situaciones donde la integridad física y psicológica se ve amenazada tiene una incidencia directa en la formación de estilos de relación con el entorno. Estas dan pie a la adopción de comportamientos agresivos o impulsivos, que pueden tener un gran valor adaptativo en contextos violentos o riesgosos, donde es importante contar con un repertorio de conductas para la autodefensa o la defensa de otros. La asimilación de estas actitudes para relacionarse con el mundo dificulta el posterior establecimiento de vínculos más seguros, de confianza y en general deteriora la disposición a entablar lazos de calidad con otras personas.
Todas estas circunstancias tienen un impacto directo en la cotidianidad de los jóvenes, sobre la construcción de su visión del mundo, de su entorno, y de su propia persona. Implican situaciones vitales que inciden de forma importante en su desarrollo y crecimiento. Estas condiciones se expresan en sus vivencias, relatos y preocupaciones diarias, tal como reflejan los testimonios del programa juvenil Vamos Convive, de Mi Convive, que hemos observado aquí.
Heroísmo de jóvenes caraqueños
Estuve 3 años fuera de Caracas estudiando y luego la situación país colapsó y eso por allá se puso como el apocalipsis y todo era una crisis total. Decidí que si mi familia estaba pasando hambre, que yo iba a dejar de estudiar y conseguir un trabajo, detrás de la casa había una bloquera donde hacen bloques de tierra y cemento, fui a pesar de que yo tenía 14 años y mi condición física no era la mejor para levantar un saco de cemento. Hablé con el jefe para trabajar y su respuesta fue que sí, pero si tan solo pasaba una prueba para ver mis ganas de trabajar y me propuso que con su camión armaremos un equipo de trabajo para lo de el aseo en la comunidad y las personas daban colaboración y lo que reunimos a diario, eso era nuestro pago. Dure medio año trabajando de eso y luego me dejó trabajar con él haciendo bloques y el pago era bueno, tiempo después nos fuimos de nuevo para Caracas».
Noel, 20 años, Vamos Convive – Caricuao.
El Estado tiene un rol insustituible en la prevención de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Para lo cual es importante diagnosticar a fondo los riesgos y amenazas. Contar con instituciones adecuadas para la prevención y tratamiento, como también cumplir con el deber de investigar, promover acciones de acompañamiento y resarcimiento a las vulneraciones de las vidas y derechos de la juventud. Sin embargo, la desasistencia del gobierno es abismal. Y las pocas organizaciones que ofrecen alternativas a esta población no se dan abasto. Esto caracteriza la situación juvenil como de fría desasistencia general.
Desde la infancia y adolescencia muchos están superando obstáculos de la mejor forma en que pueden, y lanzados a su suerte.
Y aquí radica una de las hazañas más grandes que Peter Parker levanta, más allá de haber derrotado al Duende Verde y Electro, o haber salvado al multiverso del colapso total. Y es que Peter, en cada una de sus películas y presentaciones, a pesar de los embates y aluviones, siempre está luchando por defender su vida como joven; buscando formas para no renunciar a sus amistades o familiares, para llegar a tiempo a su cita enamorada, para mantener intacta la emoción de compartir con los suyos, por divertirse en el paseo escolar, por continuar sus estudios o trabajo sin caer en el abandono, y sin sacrificar su ser e identidad por cumplir “una gran responsabilidad”. Siempre queda algún resquicio donde Spiderman puede volver a ser Parker. Es un superhéroe de equipo de alto nivel. Pero, sobre todo, es un joven neoyorquino.
Me comprometo a llevar mensajes de aliento a mi comunidad. A demostrar que sí se puede, a ofrecer mi apoyo hacia otros jóvenes. Me comprometo a tener más confianza en mí para seguir creciendo como líder».
Paola, 15 años, Vamos Convive – Cota 905.
En esto consiste también el heroísmo de la juventud caraqueña. Que frente a todas las adversidades colecciona testimonios como el de Noel o Paola, de Vamos Convive, en el que la voluntad por el bienestar propio y de los suyos se empuña frente a toda dificultad. Donde la reivindicación del ser juvenil se sigue expresando en el juego, el canto, la danza, la barbería, los aprendizajes, la curiosidad y la rebeldía. En jóvenes que siguen saliendo día a día con la cara al sol, los morrales llenos de expectativas y aspiraciones. A pesar de los duelos, las agresiones, los abandonos y la incertidumbre. Que demuestran creatividad y capacidades para seguir a flote, y construir mejores situaciones de existencia.
Jóvenes que desafían a Caracas a ser una mejor ciudad. Que nos enseñan día a día sobre entereza, brío y coraje. Y que el heroísmo se expresa también en el acto digno, pertinaz y cotidiano de la lucha por la vida.
Vídeo: Vamos Convive: los jóvenes son protagonistas – Mi Convive | Canal en Youtube de Mi Convive
* Coordinador del proyecto “Vamos Convive”, en Mi Convive.
Acto de inauguración de la DAET, 27 de julio de 2022. Foto VTV
Ahora, con la DAET, continúa la dinámica de violencia policial caracterizada por cambios de siglas y de organismos para mantener la letalidad y los abusos
Desde 2015 se han incrementado los niveles de letalidad policial de forma dramática. Desde la implementación de la Operación Liberación del Pueblo (OLP), las cifras de homicidios a manos de la policía aumentaron de forma significativa en Caracas y el país. En aquel entonces, según propia información del Ministerio Público, para el 2017 se registraron más de quinientos homicidios bajo estos operativos en todo el territorio nacional.
Si se profundiza sobre las víctimas y contextos más frecuentes, encontramos que fueron los barrios del país —y sus hombres jóvenes— los más perjudicados. La brutalidad policial se justificó a través de argumentos como la lucha contra grupos paramilitares y/o criminales —que el mismo Gobierno alimentó— y la aprehensión o eliminación de sus supuestos miembros.
En 2017, se pondría fin a estas operaciones y se fundaría una nueva división táctica adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), llamada las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Una forma en la que el Gobierno nacional buscaría, después de varias denuncias sobre violaciones de derechos humanos registradas en la OLP, mantener la dinámica letal, pero aliviar la presión internacional.
Según cifras de Monitor de Víctimas, esta división de la PNB es el cuerpo de seguridad que más mata, por lo menos, en el Área Metropolitana de Caracas. Esto ha sido denunciado también por otras organizaciones nacionales y organismos internacionales dedicados a la defensa de derechos humanos, como la Misión de Determinación de los Hechos para Venezuela, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DD. HH. y la Corte Penal Internacional.
Era esperable que esta dinámica de violencia y letalidad policial exacerbada recibiera críticas y denuncias durante estos años. Esto ha supuesto, para el Ejecutivo nacional y los altos cargos policiales, acusaciones y señalamientos por estos organismos.
En ese sentido, parece estar ocurriendo algo parecido a lo que sucedió en 2017 con la OLP: la necesidad de reestructurar y renombrar para aliviar las presiones y disimular los atropellos.
Es por eso que, desde 2021, existe una hipertrofia burocrática referida a la PNB y el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde son incluidas y cambiadas de nombre divisiones de manera acelerada: la Operación Liberación del Pueblo pasó a llamarse la Operación de Liberación Humanista del Pueblo; la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de Violencia (BEGV) ahora es el Grupo de Operaciones Especiales (GOES); la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) ahora es la Dirección Contra la Delincuencia Organizada (DCDO). En la gran mayoría de los casos, estas nuevas divisiones no son notificadas al público y no existe un proceso de rendición de cuentas sobre sus operaciones.
La DAET o el gatopardismo oficial
Ante esta realidad, donde se señala al Gobierno nacional de violar de forma sistemática y generalizada los derechos humanos, se crea la necesidad entre ellos mismos de continuar con el proceso de lavado de imagen, mediante comisiones itinerantes, procesos superficiales y nombres reciclados bajo la misma lógica semántica y letal.
Es así como se crea, a principios de 2021, la Comisión de Reestructuración del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, con un periodo de seis meses y cuatro pilares en papel: revisión, rectificación, reimpulso y reestructuración del organismo. De esta comisión, se emanarían varios cambios estructurales al cuerpo policial: se crearía la División de Vigilancia y Patrullaje, así como la División contra la Corrupción. Sin embargo, el principal aporte fue la creación de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET).
Presentada el 27 de julio de 2022, la nueva dirección está compuesta por las diez divisiones especiales de acción inmediata y es liderada por funcionarios que habían dirigido a las FAES en su momento. Dicha dependencia parece mantener la misma esencia: mismos directores y mismas divisiones. En ese sentido, parece no haber mayor restructuración de contenido y prevalencia de metodologías del pasado. Tal y como explica Briceño-León: “al final es la misma política violenta del Estado, lo que cambia es el organismo”. Esto parece tener sentido al ver que el modus operandi sigue siendo el mismo y los homicidios a manos de los cuerpos de seguridad no dejan de ocurrir.
En específico, los habitantes del sector 4 de José Felix Ribas fueron los primeros en conocer el poder letal de la DAET. Tan solo 4 días después de su presentación, el 31 de julio, ocurriría un supuesto enfrentamiento entre funcionarios de la dirección y bandas armadas, dejando un saldo de cinco homicidios confirmados —hasta los momentos— según datos de Monitor de Víctimas. Manuel Álvarez y Omar Pérez de 21 años son dos de las cinco víctimas confirmadas. Según relatos de los familiares se encontraban jugando cartas cuando comenzó el tiroteo. Sus familiares supieron de sus paraderos días después de los sucesos y sus nombres figuraban en una lista fuera de la morgue donde mostraban los fallecidos de un presunto enfrentamiento armado entre delincuentes y policías ocurrido en Petare.
Siglas distintas con igual letalidad
La dinámica de violencia policial ha estado caracterizada por cambios de siglas y de organismos para la continuación de la letalidad y los abusos. De 2017 a 2019 —año de la publicación del Informe de Bachelet— la FAES aparecía en los registros de Monitor de Víctimas como el cuerpo de seguridad del Estado con más homicidios, atribuyéndose 617 homicidios en Caracas durante esos dos años. Luego de la presión que supuso la publicación del informe de la ONU, pareció existir una disminución de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en los años siguientes por parte de este cuerpo. Sin embargo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Dirección de Inteligencia Penal (DIP) fueron obteniendo mayor relevancia letal. Mientras que este último año, la DCDO, creada en 2021, ha concentrado gran parte de los homicidios por letalidad policial en Caracas.
Todo esto representa una necropolítica de Estado que va y viene entre organismos, pero que sigue empeñada en mantener al grupo de poder en el Gobierno a través de la violencia y el miedo que esta deja. El Gobierno nacional tiene la obligación de establecer responsabilidades y reparar a las familias de las víctimas, de comparecer ante organismos de justicia internacional y de desmantelar a los cuerpos de seguridad involucrados en la dinámica de homicidios masivos durante estos últimos años.
El enfoque no puede seguir siendo asesinar a hombres jóvenes de las comunidades más vulnerables de la ciudad, esto no reduce la violencia ni el crimen y solo sedimenta —aun más— los ciclos de violencia y la desconfianza en las instituciones de justicia. Por esto, el tema no está en el cambio de siglas, pero sí, en un cambio de enfoque.
Gráfica: póster del cortometraje Diez que son miles.
“Diez que son miles” es un texto y cortometraje duro y necesario; un llamado de atención a la sociedad y un reconocimiento a las mujeres que han sido víctimas indirectas de los asesinatos extrajudiciales
“Te quedas esperando el mensaje de ‘buenos días’, ‘buenas noches’, te quedas esperando todos esos cumpleaños donde no sabes si sumar o restar, no sabes si restas o quitas un año más de vida, o si lo tienes que sumar otro”. Así describe Estrella los meses que siguieron al asesinato de su esposo en manos de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. Una vida detenida violentamente y que tiene que aprender a reconstruirse desde el dolor.
A esposo lo ejecutaron en plena vía pública por estar haciendo una carrera a una persona que la policía estaba persiguiendo. Tras detenerlos y matar al pasajero, su marido fue ejecutado para no dejar testigos; la única razón que le dieron fue que hubo un “enfrentamiento”, parte de los argumentos que repiten los funcionarios venezolanos para justificar una política sistemática de ejecuciones extrajudiciales en nuestro país.
El caso de Estrella es uno de diez que El Monitor de Víctimas de Caracas Mi Convive está divulgando en el trabajo de investigación “Diez que son miles: el impacto de las ejecuciones extrajudiciales en las mujeres de Caracas”, testimonios en primera persona que describen la situación a la que son sometidas las madres, tías, hermanas y abuelas de las víctimas de la violencia de Estado. Una práctica generalizada que busca coaccionar e intimidar a toda la población, pero especialmente a las más vulnerables; una estrategia de gatillos alegres y crueldad policial que ha dejado, entre otras cosas, una estela de familias desgarradas y una sociedad que desconfía de sus instituciones.
Entre mayo del 2017 y septiembre del 2021, Monitor de Víctimas ha logrado documentar 4386 muertes violentas solo en el área Metropolitana de Caracas, de los cuales 1611 asesinatos fueron ejecutados por los cuerpos de seguridad del Estado. La mayoría de ellos: jóvenes entre los 18 y 29 años de edad de tez morena. Lamentablemente basta con ser un chamo moreno, que vive en un barrio de la capital, para levantar la sospecha del funcionario de turno y convertirse en una diana de piel y sangre al que apuntan las armas de asesinos con placas y uniformes.
Pese a todas las denuncias hechas por Organizaciones No Gubernamentales en el terreno y organismos multilaterales, el régimen sigue empeñado en una política de seguridad hecha de espaldas a las comunidades, en un marco de impunidad legal y corrupción de las instituciones. Una política pensada para amedrentar a los ciudadanos, una estrategia que ha dejado familias rotas, huérfanos, terror, estigmas sociales y un ciclo de rencor que aleja cada vez más al Estado de los ciudadanos a los que debe proteger.
Una madre que conserva las manchas de sangre en las paredes de su casa después de que su hijo fuera acribillado por el FAES; una abuela que se niega a reparar las perforaciones de bala que dejaron en su casa los funcionarios policiales para simular el enfrentamiento con el que justificaron el asesinato de su nieto; una esposa que sigue sin saber cómo sumar o restar años al momento de celebrar el cumpleaños de su marido. Son solo algunos relatos que debemos documentar y difundir en un esfuerzo de generar políticas de contención frente a los abusos policiales y como parte de un trabajo que nos permitirá, en un futuro, hacer justicia.
“Diez que son miles” es un texto y cortometraje duro y necesario, un llamado de atención a la sociedad y un reconocimiento a todas las mujeres que han sido víctimas indirectas de los asesinatos extrajudiciales en el país. Por ellas y sus familiares, desde Mi Convive seguiremos trabajando para lograr la Venezuela del cambio en el que la justicia y el estado de derecho, propio de los sistemas democráticos, nos dé garantías para la convivencia pacífica y la justicia
Este es nuestro compromiso.
Pueden encontrar la investigación “Diez que son miles” en diezquesonmiles.com
Al pensar en la ciudadanía, el espacio público y hasta en la democracia se presentan nociones comunitarias que conciben estas ideas como algo que se construye en conjunto y que no puede ser producto de un esfuerzo individual. Desde un punto de vista filosófico-político, estas ideas se encuentran en el marco de las reflexiones respecto al bien común, la sociedad civil y la cooperación social.
Sin embargo, la ciudadanía cobra vida en lo concreto del espacio público, pues sin ágora no existe política, ni mucho menos democracia.
No resulta posible pensar en ciudadanos sin tomar en cuenta las plazas, los parques y hasta las canchas, ya que en lo público es en donde se construye la ciudadanía. En la ciudad se pueden identificar “centralidades” en las que las personas habitan temporalmente y se movilizan constantemente. No obstante, espacios cerrados como nuestros hogares, centros administrativos o instituciones privadas no nos permiten entrar en contacto con la ciudadanía general; en ellos se generan segmentaciones, que en sociedades desiguales suelen caracterizarse por la exclusión de unos grupos hacia otros.
En las canchas se restaura el tejido social
El espacio público representa la heterogeneidad que caracteriza a la democracia plural, tolerante e inclusiva. Invita a sus ciudadanos a enfrentarse al disenso respecto a otras opiniones, entendimientos y propuestas vinculadas con la sociedad de la cual cada uno de ellos forma parte. Cuando una persona empieza a interactuar con otra para influir o participar en la toma de decisiones respecto a asuntos públicos se supera la individualidad y se comienza a construir ciudadanía. Usualmente el voto es lo primero que surge en una discusión cuando se habla sobre la participación ciudadana. Sin embargo, la discusión, la interacción y la confrontación dialógica forma parte de la esencia de cualquier sistema político democrático.
Los espacios públicos están concebidos para que sean lugares de encuentro y no de paso; esto puede ser sencillo de entender al ver una plaza. Sin embargo ¿de qué forma se presentan los espacios deportivos en la construcción de la ciudadanía?
Los espacios deportivos funcionan como un lugar formativo, donde se proporciona disciplina a las personas que hacen vida en ellos. En estos se generan normas, consensos, se construyen valores, responsabilidades y compromisos. Además de la construcción de ciudadanía, también se genera capital social, del cual surgen personas, asociaciones y organizaciones que trabajan por el bienestar común. Asimismo, las canchas contribuyen positivamente a la salud física y el bienestar del ciudadano mientras que promueven la integración social y el desarrollo local en diversos campos sociales.
Ciudadanía y capital social
Debemos considerar que, en Caracas, la mayor parte de los equipamientos y espacios públicos se ubican fuera de los barrios, es decir, en las zonas «formales». Esto deja una escasez de lugares para la recreación, disfrute y sosiego en las comunidades. Además, las comunidades vulnerables caraqueñas son lugares donde todo espacio vacío se ocupa y, a su vez, poseen dificultades topográficas que complican aun más la generación de espacios en los cuales convivir.
Es por ello que la infraestructura deportiva existente se ha convertido en estos lugares de encuentro. Y amplía su alcance a más allá de un espacio donde se practican actividades deportivas, sino también actividades recreativas y culturales. Así, las canchas y demás espacios deportivos cumplen las funciones de plazas y parques. Son estos lugares los que han adquirido un rol de espacio público, donde no solo se genera ciudadanía, sino también capital social.
La necesidad y la importancia del espacio público y espacios deportivos en las comunidades vulnerables caraqueñas se evidencian cuando son las propias comunidades quienes buscan las alternativas para la recuperación y activación de estos espacios. Como todo ciudadano, tienen la necesidad de recrearse y expresarse de forma artística, deportiva y cultural.
Proyecto Espacios para el reencuentro
El proyecto Espacios, de la organización Mi Convive, ha vivido de cerca estas necesidades. Para hacer frente a ellas see ha encargado de recuperar, hasta ahora, un total de 20 espacios deportivos y 7 espacios públicos (antes puntos de concentración del crimen), entre canchas, pequeñas plazas y espacios residuales adaptados a lugares de encuentro. Las recuperaciones realizadas por el proyecto no solo consisten en la restauración física del espacio. También buscan promover la organización comunitaria y la participación ciudadana, generando un sentido de identidad colectiva. El objetivo es obtener un impacto positivo y que a través de la buena gestión y diseño del espacio, se procure ciudadanía y sirva como medio de construcción de capital social.
Vídeo: Así recuperamos espacios para el encuentro y la convivencia – Programa Espacios de Mi Convive | Mi Convive
Para comprobar la importancia, necesidad e impacto de estos espacios públicos deportivos, se ha hecho seguimiento de los espacios recuperados. Entre los resultados obtenidos, se consolidaron equipos deportivos y asociaciones civiles cuya finalidad es seguir trabajando en la construcción de tejido social. Además, se incentivan las actividades sociales y culturales que contribuyen con la formación y espacios de recreación.
Ejemplo en Artigas, Antímano
Entre estas recuperaciones se encuentra la cancha del Chato Candela, en Artigas, parroquia Antímano. Esta cancha en un principio se encontraba abandonada y era sede de vandalismo, consumo de drogas y otros hechos delictivos. A través de la recuperación se logró organizar a la comunidad, generar sentido de pertenencia por el espacio y crear nuevas normas y compromisos para su mantenimiento. Además, se consolidó el equipo de básquet “Bucaneros de Artigas” como una escuela formal. La comunidad que asumió la responsabilidad de la cancha se consolidó como asociación civil, una figura a la cual las personas suelen acudir.
Javier Vera, presidente de la asociación, expone que “en el espacio se están impartiendo diferentes disciplinas. Hay responsables del cuidado del espacio y se trata de inculcar esa cultura de mantenimiento en todas las personas que hacen vida en la cancha. Además, se intenta desarrollar escuelas de danza, actividades culturales y arte”.
De esta forma, Artigas es un ejemplo, entre muchos otros casos, en los que se ha empezado a cambiar la realidad de sus habitantes por medio de la intervención del espacio público. En algunas comunidades de Caracas se está construyendo ciudadanía desde sus espacios deportivos, y con ello se promueve activamente el contacto entre sus ciudadanos. Las instituciones y las libertades políticas son esenciales para el fortalecimiento de cualquier sistema democrático; sin embargo, no puede existir democracia en donde no existan los puntos de encuentro y el diálogo en los cuales se construya lo público.
* Kaina Bolívar es coordinadora del programa “Espacios Seguros” en Mi Convive. | Humberto Rumbos es especialista de investigación en Mi Convive.
