“La Virgen del Valle reclama a sus hijos”: 7 margariteños víctimas de la justicia militar fueron enviados a La Pica

La Pica

Al Internado Judicial La Pica (Monagas) enviaron a 7 jóvenes neoespartanos. Forman parte de los 197 civiles privados de libertad por decisión de tribunales militares en todo el país. Aunque la Fiscal General de la República mencionó el caso en su última rueda de prensa, esa detención no es un hecho aislado: el Foro Penal Venezolano registra 363 ciudadanos presentados ante estos tribunales. Familiares y abogados de los margariteños contaron la historia a Runrun.es

Por Gitanjali Wolfermann @GitiW

 

Familiares y amigos de Enzo Mendoza Zabala, de 20 años de edad, recibieron una nota escrita por él en un pedazo de papel: “Hermano, todo bien, gracias a Dios. Gracias por el apoyo de todos. Nada de esto será en vano. Tenganme siempre presente y ayuden a mi mamá en cualquier cosa. Se les quiere mucho y recuerden: ¡La Resistencia Sigue!”. Su autor agrega una dirección desde la que seguramente nunca pensó que enviaría una comunicación: “La Pica, Maturín, estado Monagas”.

 

Nota de Enzo zabala

 

Enzo es uno de los siete neoespartanos trasladados el 20 de mayo de 2017 al recinto carcelario por orden del Tribunal Militar del estado Anzoátegui. El grupo completo lo conforman: Franklin Rojas, de 25 años; Jorge Cedeño, de 21 años; José Antonio Romero, de 20 años; Cruz Esteban Montes, 20 años; Frain Flores, de 22 años y Asdrúbal Rodríguez, de 18 años.

 

 

Tatiana Aguilar, abogada miembro de las ONG Nueva Esparta en Movimiento y  Foro Penal Venezolano, confirma que los cargos que les imputaron son: agresión al centinela y destrucción de propiedad militar. Según el tribunal, los siete muchachos estarían presuntamente vinculados con la quema de un convoy de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la jornada de protesta del lunes 15 de mayo realizada en la isla de Margarita.

Testigos, familiares y el equipo defensor aseguran que los jóvenes no tienen nada que ver con los delitos que les imputan. “Algunos de ellos fueron sacados de sus viviendas, ni siquiera participaron en la protesta. Simplemente querían llevarse a alguien y eso se nota por la ubicación de las detenciones. Unas fueron en Villa Tinajero y otras en la Av. Juan Bautista Arismendi. Se trata de jóvenes que estudian y trabajan, no son ningunos vagos sino personas que les fueron arrebatadas a sus familias. Tres de ellos tienen hijos menores, incluido un bebé de tres meses”, describe Aguilar.

“Se llevaron a los más humildes. Los padres de uno son pescadores, la mamá de otro pila maíz y de eso viven. Hay un video de cuando se llevaron a su hijo: lo montaron en una moto, él se lanzó de la misma y la mamá lo protegió con su cuerpo, igual se lo llevaron. Otros dos chicos jugaban nintendo en su casa y se los llevaron de la sala”, relató un allegado a los detenidos que pidió mantener su nombre en resguardo.  

El jueves 01 de junio, familiares de los siete detenidos acudieron a la sede de la Zona de Defensa Integral de Nueva Esparta (Zodine), ubicada en Pampatar, para interceder por los jóvenes. “El Almirante Alfredo Pulido nos escuchó pero dijo que él no podía hacer nada por los siete detenidos, que eso no le correspondía a él. Una de las madres le pidió que por favor hiciera algo, que intentara hacer algo por ellos, que con una llamada se podía ayudar pero respondió que él solo seguía órdenes”, relatan allegados a los detenidos.

 

   

 
Video cortesía de Reporte Confidencial

 

Ignoraron a la Fiscalía y fueron directo a jurisdicción militar 

De las protestas del 15 de mayo resultaron detenidas 28 personas a quienes trasladaron al Destacamento de la Guardia Nacional en Los Cocos, entre ellas había cinco menores de edad. De ese grupo, 14 fueron enviados a jurisdicción militar.

 

“En ningún momento los detenidos vieron a familiares, ni abogados, nosotros tuvimos acceso a ellos en la sala de audiencia. Hasta ese momento no sabíamos ni siquiera cuántos eran y quiénes estaban detenidos. Esa es una violación a la Constitución que garantiza el acceso a la asistencia jurídica desde el inicio del proceso. Es tan dramático que uno de los detenidos no tiene familia en Margarita y nadie sabía que estaba ahí”, apunta Aguilar.

La abogada explica que tras las detenciones se realizaron dos procedimientos distintos, uno para los aprehendidos en la zona de La Auyama (municipio Maneiro) y otro para los de la Av. Juan Bautista Arismendi (municipio homónimo).

“A los cinco menores de edad detenidos en el primer procedimiento se les dio libertad plena. Otros seis obtuvieron medidas cautelares sustitutivas de privativa de libertad, con presentación cada ocho días. Dos detenidos, un hombre y una mujer, quedaron en libertad en virtud de las lesiones graves que presentaron (desprendimiento del tímpano y heridas de perdigón que se infectaron). Se estableció fianza para los casos restantes y se consignaron los recaudos”, apunta Aguilar.

Los abogados aseguran que a las pocas horas de las detenciones, las autoridades ya habían notificado al fiscal militar del estado Nueva Esparta. La quema del convoy de la GNB fue la excusa para someterlos a la jurisdicción militar en lugar de la civil.

“No hubo ninguna individualización de la acción, de hecho, ninguno de los detenidos tiene nada que ver con ese suceso. A medianoche, 13 de 14 detenidos fueron trasladados del Destacamento de Los Cocos hacia Barcelona, estado Anzoátegui, pues allá están los tribunales militares. Si nosotros no nos movemos rápido y salimos de madrugada les habrían asignado defensores públicos, también militares, violando el derecho que tienen los ciudadanos de escoger a sus defensores”, narra Aguilar.

 

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La defensa confirmó que la Fiscalía ha hecho las diligencias correspondientes solicitando la jurisdicción de la causa, sin embargo, la petición ha sido ignorada por el tribunal militar. Los familiares introdujeron un recurso de amparo que tampoco procedió. El Ministerio Público está al tanto de la violación de los derechos procesales y la propia Fiscal General de la República se refirió al caso de Margarita, asegurando que los tribunales militares no tienen competencia para conocer esta causa.

Tanto los defensores como los familiares afirman que la cantidad de golpes y lesiones que tienen los muchachos son numerosas y de gravedad considerable. Domingo García, también imputado por la quema del convoy, no pudo ser trasladado a tribunales junto al resto de los detenidos pues se encontraba hospitalizado debido a las lesiones que recibió por parte de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana: un disparo en una pierna y tres dedos de la mano fracturados.  

 

Domingo García

 

 

 

De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, de los 2.977 detenidos tras las manifestaciones entre el 1ero de abril y el 30 de mayo, 363 ciudadanos han sido presentados ante tribunales militares y de ese grupo, 197 han sido privados de libertad.

 

 

De Margarita a La Pica: “La Virgen del Valle los hará regresar”

Los siete jóvenes detenidos se encuentran en la zona militar del recinto penitenciario, apartados de los presos comunes. Los familiares refieren que pese a la injusticia del traslado, las condiciones parecen ser más llevaderas que en el Comando de la GNB. Tras casi dos semanas recluidos, el fin de semana del 27 y 28 de mayo recibieron la visita de sus abogados y familiares.

“Están más flacos pero al parecer no los han golpeado más, nos permitieron pasar toda la comida y para la próxima visita podremos llevarles enlatados”, cuentan allegados que piden anonimato. “Va a ser muy fuerte para los familiares trasladarse constantemente a llevarles comida e insumos a los muchachos, no solo por la distancia que separa a Margarita de La Pica, sino porque la situación económica de esas familias es muy precaria. Los familiares solo tienen acceso a llevar comida los miércoles, eso no es fácil de arreglar para quienes viven en la isla. Las visitas son únicamente los fines de semana. Es un desgaste físico y emocional muy grande”, dice Aguilar.

La abogada agradeció la colaboración no solo de los neoespartanos sino de muchos monaguenses que han ayudado donando comida y enseres para los detenidos.

La solidaridad de los margariteños con los jóvenes detenidos en La Pica se ha expresado de muchas maneras: misas, rosarios y hasta con galerones entonados frente a los efectivos de la GNB, quienes escucharon la tonada en silencio y con la mirada baja.

 

  Asi se las canto esta Sra al General Aquilino Mata en pampatar, esta es la Venezuela que queremos #26M 12:00   A post shared by MgtaEpdl (@margaritaenpiedelucha) on

 

Muchos padres se han organizado para recibir capacitación en primeros auxilios para poder atender a quienes resulten lesionados por la represión de los cuerpos de seguridad del Estado.

 

  Rosario por la libertad de los 7 detenidos. #24m #libertad #margarita #socialmediamarketing #margaritaenpiedelucha #venezuela   A post shared by MgtaEpdl (@margaritaenpiedelucha) on


Aguilar confirmó que el proceso legal está en fase probatoria. No descarta que las diligencias del Ministerio Público por recuperar la jurisdicción de la causa surtan efecto. Mientras, los defensores intentan conseguir una medida que devuelva a los muchachos a la isla y les permita continuar el juicio en libertad y junto a sus familias, con medidas de presentación como las otorgadas a otros procesados.

A los recursos legales se suma la inquebrantable fe de los margariteños en su patrona. “Tengo mucha esperanza. La Virgen del Valle reclama a sus hijos y estoy segura de que ella los hará regresar”, afirma Aguilar con plena seguridad.

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