Calabozos policiales en Gran Caracas son cárceles paralelas con sótanos de presos y reclusas embarazadas

En 30 calabozos ubicados en la Gran Caracas se repiten los mismos patrones que agudizan la crisis en la mayoría de las sedes policiales. En los centros de detención preventiva monitoreados para esta investigación hay entre 40 y 337,5 % de hacinamiento. En 2016 las autoridades policiales tuvieron que sortear intentos de fuga y fugas de presos, pero además atendieron casos de desnutrición, tuberculosis y de reclusas embarazadas. En el año anterior al menos seis presos murieron en comisarías ubicadas en el área en estudio

De acuerdo con cifras oficiales anunciadas en septiembre por el defensor del pueblo, Tarek Willliam Saab, 33.000 presos esperan en calabozos policiales por traslados a cárceles. Sin embargo, la ministra Iris Varela aseguró que los reclusos deben permanecer en comisarías hasta que tengan un juicio. Mientras que los cupos para cárceles llegan a estos centros de detención preventiva las autoridades de estas sedes policiales deben sortear los eventos que se registran en estos espacios sin recursos otorgados por el Estado

Texto e investigación: Angélica Lugo

@Angelicalugob

Fotos y videos: Raúl Romero

@Fotoraul

Edición de videos: Abrahan David Moncada

@Monkda92

Infografías: Juan Carlos Hernández

@jhernandezgraph

No existe un reglamento en Venezuela que establezca la doble condena para presos en el país. Pero al menos 33.000 reclusos, que están en calabozos policiales, según cifras anunciadas en septiembre de 2016 por el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, esperan sus traslados para cárceles en esta condición. Están en una suerte de depósitos para reos en los que, en espacios no mayores de 6 x 6 metros, deben permanecer las 24 horas del día con hasta 30 personas sin tener acceso a la luz -y en los casos más extremos- sin recibir ventilación, porque las celdas están ubicadas en sótanos. Aunque los presos no deben permanecer más de 48 horas en centros de detención preventiva, en la Gran Caracas hay casos de reclusos que en la actualidad cumplen sus condenas en estos lugares, pero también hay internos que tienen más de dos años detenidos en calabozos esperando sentencia.

Estos reclusos no hacen deporte, ni participan en actividades culturales. Tampoco tienen visitas conyugales y dependen de los alimentos que les llevan sus familiares. Ninguna institución se hace cargo de ellos y los encargados de sedes policiales hacen peripecias, sin dinero, para atender las emergencias que se presenten. Para estos reos no hay recursos. Son los huérfanos del Estado.

Foto 2 de Raul Romero calabozo policial

 

En en el país no hay cifras oficiales de la cantidad de sedes policiales que hay en la Gran Caracas. En diciembre de 2016 la ONG Una Ventana a la Libertad presentó un informe en el que documentaron la muerte de 17 detenidos en comisarías durante 3 meses. El estudio fue realizado en 87 centros de detención preventiva de la Gran Caracas y de los estados Miranda, Vargas, Lara, Zulia, Táchira, Monagas, Falcón y Carabobo, zonas que reúnen el mayor número de población penal del país .

Para este reportaje se le hizo seguimiento a 30 comisarías en las que se repiten las mismas irregularidades que se agudizan por una misma causa: el hacinamiento. En las celdas monitoreadas, que fueron las que más irregularidades registraron en 2016, hay entre 40 y 337,5 % de hacinamiento.

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En 2016 las autoridades policiales tuvieron que sortear motines y otros hechos violentos, pero además atendieron casos de desnutrición, tuberculosis y de reclusas embarazadas. En 2016 al menos seis presos murieron en comisarías ubicadas en el área en estudio, se registraron 6 fugas y 6 intentos de fuga, y en dos oportunidades funcionarios fueron secuestrados por reos. Uno de los casos que más centimetraje tuvo en la prensa fue la fuga de 8 presos de la Subdelegación del Cicpc El Valle. En el hecho tres funcionarios que custodiaban a los internos fueron asesinados por los reos.

Estas situaciones irregulares representan para los policías una presión constante, a juicio del secretario de seguridad ciudadana del estado Miranda y de Polimiranda, comisario Elisio Guzmán: “El funcionario empieza a cansarse de esa presión de que si el preso se escapa es su culpa y se le abre un proceso de investigación por la facilitación de la fuga”.

Guzmán explica que hay una cantidad imprecisa de presos que están en una especie de limbo jurídico porque no han sido trasladados a centros penitenciarios: “Tengo reclusos en los calabozos que ya cumplieron cuatro años a espera de un cupo de traslado y esto les ocasiona una desesperación, lo que lleva a estos individuos a cometer actos de violencia en las celdas, como ha ocurrido este año con los casos de descuartizamientos, asesinatos y de fugas. Ese es el producto de una descomposición creciente dentro de los establecimientos preventivos”.

Las problemáticas que hay en estos centros de detención preventiva se repiten en todas las sedes de detención transitoria y que no cumplen con ninguna de las 122 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como Reglas Mandela.

En las celdas con “más lujos” hay una letrina para todos los reos y un pipote de agua, para que los reclusos se bañen. En estos pequeños espacios la única manera de subsistir es respetar las normas internas que los reclusos acuerdan para convivir. Se turnan los horarios para dormir en el suelo, mientras otros esperan de pie. Improvisan chinchorros con sábanas y se turnan las colchonetas para el descanso, solo en las policías que permiten el uso de estos artículos.

Un problema para la seguridad ciudadana

Raúl Romero calabozo policial

Fuentes policiales que trabajan en comisarías han advertido que el hacinamiento en los calabozos representa un problema para la seguridad ciudadana, pues varios policías han sido desincorporados del patrullaje policial para cuidar detenidos. El director de Polimiranda, Comisario Elisio Guzmán, precisó que mensualmente invierte 28.000 horas hombres para cuidar presos: “Eso le incrementa un temor a nuestros funcionarios, porque todo policía que custodia internos tiene miedo de ser investigados por complicidad, si los reos se escapan”.

Otros jefes de sedes policiales han explicado que, debido al hacinamiento, han tenido que habilitar espacios para ubicar a los presos. Por ejemplo, en la Subdelegación del Cicpc de Simón Rodríguez tres oficinas fueron desocupadas para albergar reclusos, mientras que en la Subdelegación del Cicpc de El Paraíso el área de descanso de los funcionarios de guardia es utilizada en la actualidad para tener a los reos. Lo mismo ocurre en la comisaría de Policarrizal, en el estado Miranda: el área de descanso de las funcionarias fue reestructurada para improvisar un calabozo para presas.

Pero estas denuncias y las advertencias que han hecho los defensores de derechos humanos y representantes no han solucionado la causa de la crisis, que es el retraso en la asignación de cupos para centros carcelarios y la ministra de Servicio Penitenciario ha sido contundente en sus declaraciones al asegurar que los reclusos deben permanecer en comisarías hasta que tengan un juicio.

El comisario Elisio Guzmán fue una de las autoridades policiales que reaccionó a las declaraciones de la ministra Varela: “Cada autoridad administrativa emite un juicio y así viole la ley, no les importa. Si es un ministerio de Servicio Penitenciario, todo el que esté preso está bajo la jurisdicción de ella. Lo demás es evadir responsabilidades”.

El hacinamiento que mezcló reos y dejó embarazadas a dos presas

Un pasillo en el que están distribuidos 41 presos, entre ellos dos reclusas embarazadas, separa a tres calabozos que están abarrotados de otros 77 reclusos en la sede de la Policía Municipal de Guaicaipuro, ubicada en Los Teques, estado Miranda. El hacinamiento en esa sede policial no le brinda beneficios a los reos que tienen condiciones especiales. Esa es la preocupación de la madre de una presa de 23 años de edad que salió embarazada estando privada de libertad en esa policía y que ya tiene seis meses de gestación.

La mujer cuenta que en 10 meses a su hija le han diferido nueve veces la audiencia preliminar y refiere que desde que salió en estado, se ha complicado con asma y ha presentado placenta previa: “Estoy luchando para que le den casa por cárcel a mi hija. En dos meses debería dar a luz y temo que se complique más estando presa allí. Aunque los policías han sido condescendientes y me permitieron pasarle una colchoneta, porque el resto de los presos duerme encima de sábanas, igual ella está incómoda y el peso de la barriga la acerca más al suelo”.

Fuentes extraoficiales de Poliguaicaipuro explicaron que debido al hacinamiento tuvieron que habilitar el pasillo para ubicar a todos los reos: “Allí también tenemos a adolescentes femeninas y masculinos que están en conflicto con la ley. Como en ese espacio no entra oxígeno, les colocamos un aire acondicionado split”.

De los tres calabozos que tiene esa policía hay dos celdas que miden 5 x 3 metros: una alberga a 30 reos y la otra a 35. En un tercer calabozo, que mide 2 x 4 metros, hay 14 reclusas, una de ellas está embarazada.

En la puerta principal de Poliguaicaipuro se tiene contacto con varios reclusos. A mano derecha hay una especie de ventana, en forma de cuadro, que da hacia la avenida principal. Por allí se asoman a cada instante presos. Quienes ingresan a esa policía se topan de frente con las escaleras. Allí están esposados tres reos que “tienen la rutina manchada”.  Eso, en la jerga carcelaria, representa el rechazo de la población penitenciaria hacia uno o varios presos por estar involucrados en determinados delitos, por ser policías o ex funcionarios, y “comerse la luz”, que significa irrespetar las normas internas. De estos presos que permanecen en las escaleras, dos están detenidos por abuso sexual y uno es exfuncionario de Polivargas. “Si los ubicamos con toda la población, los matan”, asegura uno de los policías

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Al igual que en las otras 29 sedes de policías ubicadas en la Gran Caracas, en 2016 los funcionarios de Poliguaicaipuro atendieron emergencias que se repiten en todas las comisarías del área en estudio. Los más emblemáticos, según precisan funcionarios consultados, son cinco casos de presos que presentaron desnutrición. El año pasado también lograron la medida de casa por cárcel para 12 reos con enfermedades terminales y que tienen más de 60 años de edad. Entre este grupo de reclusos está una presa que dio a luz y que, durante la lactancia, es monitoreada en su hogar por funcionarios. “Cuando culmine la lactancia, debe regresar a la policía. Aunque ya tenía un año y 2 meses detenida por el delito de robo y su lugar de reclusión es el INOF, no le han dado traslado porque aún no hay cupos”, advierte un funcionario.

Un sótano de presos en Charallave

Sótano presos en Charallave

La entrada marea. Y la primera sensación que se tiene es de claustrofobia desde que se ingresa al área de los calabozos del Centro de Coordinación Policial 2 de Polimiranda en Charallave, que está ubicada en el sótano de esa sede. Los 56 reclusos que están distribuidos en celdas, que tienen capacidad para albergar a 20 personas, ven una esperanza con la visita de la prensa. Se apresuran por acercarse a las rejas y gritar sus peticiones: “¡Queremos traslados!”, “¡Ministra aplique el plan cayapa!”. No reciben ventilación, ni luz del día. Sólo una lámpara con luz artificial que ilumina el pasillo de los calabozos les permite a los reos verse a las caras, solo si se acercan a las rejas, pues al fondo de estos espacios no llega la luz.

En ese sótano, como en todos los centros de detención preventiva, no hay clasificación de presos. Tres reclusos que están detenidos por haber vendido dos cauchos en malas condiciones, comparten espacio con homicidas, secuestradores y reos que fueron apresados por estar involucrados en robo. Los reos consultados refirieron que han tenido enfermedades de la piel, lo que en la jerga de calabozos policiales es conocido como “carranchín”. De hecho, uno de los funcionarios que custodia a los privados de libertad también padece esta enfermedad.

Presos calabozo policial en Charallave

Esta situación, para el comisario Elisio Guzmán, que tiene más de 45 años de experiencia en la carrera policial, se debe a que “en un calabozo está condensada la perversidad de la vida en cuatro paredes”. El también secretario de seguridad del estado Miranda, explicó que ha tenido que tomar previsiones para evitar fugas, asesinatos y hechos violentos en las celdas: “No se les puede meter una sábana porque con una sábana pueden violar, forzar y matar. No se le puede dar a un preso la comodidad de una cama como cualquier humano puede pretender, porque las camas son herramientas mortales, de allí extraen pedazos de metal, pedazos de resorte y estas son herramientas de muerte”.

7 adolescentes en conflicto con la ley hacinados en una celda

Adolescentes en conflicto con la ley

En la otra sede del Centro de Coordinación Policial 2 de Polimiranda, ubicada en Ocumare del Tuy, hay 18 reclusos en un espacio que fue diseñado para albergar a 10 personas por un lapso de 48 horas. En una de las celdas hay 7 adolescentes en conflicto con la ley que esperan cupo para centros de reeducación. Uno de ellos es un adolescente de 15 años de edad.

Una letrina para nueve presas

Reclusas en calabozos policiales

Uno de los calabozos que más novedades reporta en la sede de Polimiranda ubicada en Ocumare del Tuy es el que fue habilitado para las mujeres. Allí comparten espacio nueve reclusas que están detenidas por los delitos de robo y homicidio. La presa más antigua de ese calabozo tiene 21 años de edad y está detenida desde hace dos años por el delito de robo. La interna no ha sido sentenciada y durante su permanencia en esa policía ha tenido asma, problemas respiratorios e infecciones vaginales. Para la reclusa lo más difícil ha sido pasar todo ese tiempo sin ver a su hijo y recuperarse de las recaídas que ha tenido de salud.

Los familiares de presos que son extorsionados en la PNB de Boleíta

Uno de los centros de detención preventiva con más irregularidades en la Gran Caracas es la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Boleíta. En 2016 se han registrado motines, secuestros de funcionarios, e intentos de fuga de detenidos. En uno de esos sucesos, en el mes de junio, murió un preso cuando intentó despojar a un policía de su arma de reglamento y en otro hecho un recluso fue asesinado a golpes en octubre, según fuentes extraoficiales, por un funcionario que lo agredió durante una requisa.

En esa sede policial, también conocida como la Zona 7 de la extinta Policía Metropolitana, hay 599 presos que están distribuidos en un sótano al que tampoco llega luz del día, ni ventilación. La esposa de un preso contó a Runrun.es que cada vez que le pasa comida a su pareja debe pagar entre 500 y 600 bolívares. Sin embargo, hay policías que pueden cobrar 1.500 bolívares por pasar una comida. Además denunció que los funcionarios les cobran a los parientes de los reclusos por pasar chucherías e incluso visitas especiales.  

325 % de hacinamiento en Polisalias

En los dos calabozos de Polisalias, en el estado Miranda, hay 325 % de hacinamiento. Aunque en esa sede tienen capacidad para albergar a 8 presos, en la actualidad hay 26 reclusos. Uno de los funcionarios consultados considera que se deben agilizar la asignación de cupos para cárceles para evitar que se registren más tragedias en centros de detención preventiva: “Pareciera que el mensaje que se quiere dar es que no haya presos en las policías. Si en operativos policiales y en flagrancia se detienen a delincuentes, ¿qué hacer con ellos si no hay espacios para tenerlos?”.

En una celda que mide 4 x 4 metros hay 13 presos, entre ellos un contador público que hace cinco meses fue detenido por estar involucrado en el robo de un vehículo. Fuentes de esa policía explicaron que tuvieron que aislar a uno de los tres adolescentes en conflicto con la ley que está detenido en esa sede, pues fue discriminado y maltratado por los otros presos por ser gay.

Este especial es tan solo una radiografía de la realidad de 30 calabozos policiales que están ubicados en la Gran Caracas. Aunque la mayoría de estos presos están implicados en delitos, ningún ente gubernamental responde por ellos. Los días transcurren sin que sean trasladados a centros penitenciarios con infraestructura adecuada y las irregularidades que se registran en estos espacios afectan a la seguridad ciudadana en el país.

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