@loremelendez

SON APENAS TRES MINUTOS Y MEDIO de las casi dos horas que duró la comparecencia de los ex magistrados Carmen Elvigia Porras y Luis Ortiz ante la comisión especial de la Asamblea Nacional que evaluó el proceso de designación de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia. Pero ese tiempo es suficiente para escuchar una denuncia que señala quiénes fueron los artífices de las presiones que el año pasado recibieron algunos de los 13 togados que adelantaron su jubilación a fin de dejar el espacio libre a nuevos juristas identificados con el oficialismo.

La voz del audio es de Porras, antigua miembro de la Sala de Casación Social, quien el pasado 17 de febrero aseguró ante los diputados de la instancia, en una reunión cerrada en el salón Ezequiel Zamora del Palacio Federal Legislativo, que había recibido presiones por teléfono y a través de personas que conocía. «Tuve que esconderme», afirmó.

Tras el receso de agosto del tribunal, las amenazas se hicieron mayores. Porras reveló que en cuanto se reincorporó al tribunal, fue llamada a la Presidencia del TSJ, donde la titular del despacho, magistrada Gladys Gutiérrez, le dijo que debía firmar su petición de jubilación un año antes, tal como lo habían hecho otros 12 magistrados cuyos períodos vencían en diciembre de 2016.

«Me dijo que estaba indisciplinada, que ya los números no daban para diciembre, que ya era una decisión tomada», apuntó la magistrada, quien recalcó que la medida era una orden que provenía del «alto gobierno».

Pero el hostigamiento contra Porras no sólo lo ejerció Gutiérrez, sino también el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y cabeza de la Sala Penal, magistrado Maikel Moreno.

«Me dijo ‘es una orden que me están dando, no es sí o no. De mi parte, seguiré presionando, porque es un trabajo que me mandaron a hacer y seguiré coaccionado. Lo vea bien o mal, es una orden superior'», comentó Porras ante los diputados.

El audio fue presentado este martes durante la plenaria de la Asamblea Nacional, organismo que recibió el informe definitivo de la comisión en el que se da cuenta de este episodio.

En el documento también se menciona el caso de Ortiz, quien señaló que Moreno y otro magistrado, Guillermo Blanco, presidente de la Sala de Casación Civil, le habían recomendado solicitar su jubilación sustentándose en «órdenes superiores».

«Las anteriores declaraciones, a criterio de esta comisión, demuestran la conformación de un esquema diseñado entre miembros del Comité de Postulaciones Judiciales y la directiva de la Asamblea Nacional vigente hasta 2015, para desarrollar un proceso de selección violento, carente de forma y totalmente contrario al marco constitucional, legal y reglamentario, que les permitiera designar como magistrados y magistradas principales y suplentes afectos al gobierno nacional, con miras a imponer desde el Tribunal Supremo de Justicia una hegemonía política al servicio del Poder Ejecutivo, que procurara dejar sin efecto las determinaciones que desde el Poder Legislativo Nacional se ejecutasen», indica el informe de los diputados.