Tortura e impunidad llevaron a esta periodista al exilio
Tortura e impunidad llevaron a esta periodista al exilio
María Beatriz Lara Mendoza, periodista del diario El Aragüeño por más de 20 años, recuerda cómo le cambió la vida luego que funcionarios del CICPC en Villa de Cura, estado Aragua, la golpearan, la esposaran, la desnudaran y la detuvieran el 19 de junio de 2015 mientras intentaba dar cobertura a una pauta del entonces primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Elvis Amoroso.
Luego de dos años y pese a que en diciembre de 2015 el Ministerio Público acusó y solicitó privativa de libertad para los detectives Edgardo Villegas Reyes y Rosmery Lama Mejías, funcionarios adscritos a la delegación del CICPC en Villa de Cura, municipio Zamora del estado Aragua para la fecha, el Tribunal 10º de control del Circuito Judicial del estado Aragua sigue difiriendo la audiencia de presentación de los acusados, al punto que la nueva fecha prevista es para el 6 de septiembre de 2017.

 

@churuguara

“ME PARECE QUE FUE AYER. Dos años en los que mi vida cambió para siempre, en lo profesional y personal. Dos años viviendo encerrada, sin vida social, dos años en los que a mis dos hijos tuve que retirarlos de todas sus actividades deportivas y frustrarles sus sueños porque temía que, en cualquier momento, en un hecho simulado pudiesen hacerles daño. Dos años en los que mi hijo mayor y yo permanecíamos en vela asomados por las ventanas de la casa, dos años sin el apoyo de la empresa a la que le dediqué 18 años de mi carrera profesional y tiempo en el que hasta mis amistadas dejaron de visitarme por miedo a que las relacionaran conmigo”.

Su voz entrecortada corrobora que los recuerdos de aquel terrible día siguen intactos en su memoria. Beatriz Lara Mendoza, larense pero radicada en Maracay, estado Aragua, desde hace más de 20 años, es una periodista que por 18 años ininterrumpidos laboró para el diario regional El Aragüeño, y desde donde cultivó el respeto y reconocimiento a su labor en la región y particularmente como corresponsal en varios municipios.

El 19 de junio de 2015, Beatriz Lara Mendoza, junto a su reportero gráfico Alfredo Paradas, se dirigió a la población de Villa de Cura, municipio Zamora del estado Aragua, para darle cobertura a una actividad pautada por el entonces primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y diputado del PSUV por el estado, Elvis Amoroso. El punto de encuentro entre el parlamentario y la prensa regional sería la sede de la delegación del CICPC en la zona. Los periodistas llegaron primero y mientras esperaban, Lara Mendoza se percata que hay dos patrullas con unos 20 detenidos aproximadamente. Su instinto periodístico la llevó a acercarse hasta la sede policial e indagar. Ese fue el inicio de casi una hora del trato más cruel e inhumano, que periodista alguno en Venezuela, haya recibido por parte de funcionarios de seguridad.

Un funcionario a quien conoce por el trabajo reporteril en la zona le indica que el inspector Edgardo Villegas es quien puede darle detalles de aquel procedimiento. Beatriz se acerca hasta el frente de la delegación en donde no había ninguna señal que prohibiera el paso o ingreso al CICPC. Saluda al inspector Villegas y pide hablar con el jefe de la delegación.

“Me importa un coño de la madre con quien quieras hablar, te me vas de aquí, fuera” es la airada respuesta del inspector Villegas mientras la periodista le exigía respeto.

Pero siguió gritándole. “Qué voy a estar respetando a una puta y zorra como tú. Fuera de aquí”

Alfredo Paradas, reportero gráfico y compañero de faenas, se acerca y le pide al funcionario que deje de irrespetar y ofender a su compañera. Pero el iracundo inspector lo empuja, lo hace caer al suelo e inmediatamente entre 8 o 10 funcionarios comenzaron a patearlo, mientras Beatriz gritaba pidiendo auxilio. No permiten que Paradas se levante. El inspector Villegas ordena su detención, lo toman por brazos y pies y de arrastras lo llevan dentro de la delegación a punta de golpes.

«Me detienen a esta tipa», grita el Inspector Villegas. Ningún funcionario le obedece. Decide hacerlo él mismo.

“Me sujeta por el brazo y el cabello, mientras le digo que soy periodista. Me empuja contra una pared. Allí dejé de ver a Alfredo, quien estaba identificado con su carnet y chaleco de prensa. Buscó fracturarme el brazo derecho, pero no opuse resistencia. Entonces amarró su mano con mi cabello y comenzó a golpear mi cabeza contra la pared, mientras me decía: informa, informa si eres periodista, ¿qué vas a informar?”

Beatriz estaba con sus pensamientos en blanco. No atinaba a entender lo que ocurría y muchos menos a defenderse. Apenas lograba escuchar las obscenidades que profería aquel funcionario agresor.

Malditos periodistas-decía el inspector Villegas-aprendan a respetar el trabajo de uno, siempre entorpeciendo.

La única funcionaria femenina que se encontraba en la delegación del CICPC de Villa de Cura ese día, Rosmery Lama, si cumplió el mandato del inspector Villegas cuando le ordena que “revise las partes íntimas” de la periodista Beatriz Lara

Me levanta por el cabello, intenta abofetearme y a empujones me lleva hasta una oficina. Allí, en shock e ilusa, pensé que podría llamar al jefe de la delegación y decirle que éramos periodistas y no delincuentes, que era una locura lo que estaban haciendo. Rosmery Lama impide que me siente, me grita que nadie me ordenó a sentarme, intenta romperme la camisa para desnudarme, pero no pudo. Me exige que me la quite, así como el pantalón y mi ropa interior. Me ordena que salte en cuclillas para ver si tengo drogas o un arma. No podía creer todo aquello. Estaba aturdida, confundida, me parecía mentira.”

Cumplida la orden, la funcionaria Rosmery Lama le indica a su jefe que no hay novedad, pero aun así éste le pide que espose a la periodista. La delegación estaba atiborrada de detenidos, no hay más esposas, así que decide quitárselas a una detenida. Beatriz Lara es obligada a colocar sus manos alrededor de una viga y hacia atrás, mientras se mantenía de pie. Se le dificultaba evitar que sus manos no se deslizaran por el tubo y que las esposas siguieran cerrándose y presionándola. También esposan a su compañero.

“Sentí que mis brazos explotarían, entonces solo hablé con Dios. Vino a mi cabeza la imagen de la Virgen de Santa Rita de Casia, patrona de los desesperados y de las causas imposibles y rezaba:  Bajo el peso del dolor, a ti, querida santa Rita, recurro con confianza. Le pedía que me sacara de allí. Me preocupaba que nadie recogería a mi hijo pequeño al salir del colegio. Pero sentí que tuve a Dios tan cerca de mí. Todavía, dos años después le preguntó por qué me ocurrió aquello”.

Al trato cruel e inhumano que a Beatriz Lara y Alfredo Paradas le infligieron detectives del CICPC, se le sumaba la orden de reseñarlos por los delitos de resistencia a la autoridad y cómplices de fuga masiva de delincuentes.

El equipo de corresponsales de Globovisión, que se mantenía afuera de la sede detectivesca en espera del parlamentario oficialista, al percatarse de que algo irregular estaba ocurriendo con los reporteros de El Aragüeño, decide notificarlo al resto de los periodistas que acudían a la pauta y a los directivos del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Aragua. Beatriz Lara y Alfredo seguían incomunicados pues sus teléfonos habían sido incautados.

Los periodistas se comunican con el comisario Luis Ollarves, para entonces director regional del CICPC en Aragua, quien de entrada alegó que todo se trataba de un “malentendido” restándole importancia al hecho. Pero ya se habían disparado las alertas a través de la red social Twitter, exigiendo la liberación de Beatriz Lara y de Alfredo Paradas. Las denuncias tuvieron eco inmediatamente y el diputado Elvis Amoroso, quien aún no llegaba al sitio pautado, envía delante a sus dos jefes de seguridad hasta la delegación del CICPC. Conversan en privado con el comisario Argenis Suarce, supervisor de investigaciones a cargo de la delegación de Villa de Cura, llevan hasta su oficina a los reporteros y allí, el funcionario asegura que todo se trataba de una confusión y excusa al inspector Edgardo Villegas con el alegato de que “estaba estresado por el operativo de esa noche”

“Fue allí cuando entré en crisis y rompí a llorar. Mientras los jefes de seguridad del diputado Amoroso me pedían que me calmara, que olvidáramos lo ocurrido y que aquello no trascendiera. Como si fuese tan fácil.”

La periodista recuerda la pasmosa reacción del parlamentario del partido oficialista PSUV cuando la vio en aquel estado.

Tranquilízate -me dijo- mientras me daba unas palmadas en el hombro. Nosotros te enviamos la nota de prensa. Ve a tu casa a descansar.

Esa irónica recomendación vino acompañada de infinidad de llamadas. Primero de sus colegas y compañeros de trabajo, más no así de la empresa para la que laboraban y la que nunca les brindó apoyo de ningún tipo.  El Colegio Nacional de periodistas de Aragua, junto al Sindicato Nacional de trabajadores de la prensa, de las ONG´s IPYS Venezuela y Espacio Público, activaron las denuncias respectivas y exigieron sanciones a los responsables de aquel aberrante episodio, único en la historia del periodismo venezolano contemporáneo.

Otra de las llamadas recibidas por la periodista Beatriz Lara fue de la directora de Prensa de la Gobernación de Aragua de entonces, Marbelis Linares, quien en nombre del gobernador Tareck El Aissami, prometía justicia. Maigualida Gutiérrez, presidenta del Instituto de la Mujer de Aragua, también le ofreció ayuda psicológica, pero nunca llegó.

Fue Marbelis Linares quien esa tarde noche acompaña a los reporteros hasta la sede principal del CICPC a formular la denuncia. Pero el comisario jefe Luis Ollarves no estaba. Fueron atendidos por el jefe de vehículos quien les sugiere acudir a la fiscalía de derechos fundamentales. Lara Mendoza asegura que fueron recibidos en la central detectivesca solo porque había sido una orden del gobernador. Por su parte, la fiscalía 20 de derechos fundamentales ordena un examen forense a las víctimas que solo pudo realizarse luego que la intermediaria del gobernador llamara al médico para que acudiera a la sede policial. También ordena la apertura de un procedimiento administrativo contra los funcionarios agresores.

Vino el reconocimiento de los agresores a través de fotografías y un calvario que ya lleva dos años sin que a la fecha se haya hecho justicia, tal y como sigue exigiendo Beatriz Lara Mendoza

La tortura de esperar justicia

Exigir justicia en Venezuela es un calvario. Y Beatriz Lara, conocedora de tantas víctimas de la impunidad, le ha tocado padecerla en carne propia. El miedo y pánico que ha vivido con ella desde aquel 19 de junio de 2015 la paralizaron por días y le impidieron asumir y aceptar que debía denunciar aquellos atropellos, pese al riesgo que significaba exigir sanciones para unos policías agresores.

El Colegio de Periodistas de Aragua, conjuntamente con Espacio Público la acompañan en esta amarga travesía con la debida asesoría legal que requiere. Fue así que mientras el Fiscal Elías Martínez conocía de su caso y gestionaba la rapidez de las averiguaciones correspondientes,  el Ministerio Público designa una comisión especial para reconstruir los hechos, que logra ubicar un video donde habían quedado registrados los violentos actos contra la periodista y el reportero gráfico y que misteriosamente apareció tiempo después en la computadora del nuevo jefe de la subdelegación  del CICPC  en Villa de Cura, durante la inspección que el Ministerio Público realizó en esa sede policial y en la que se habían producido cambios de mando, incluyendo la reubicación de los inspectores agresores, Edgardo Villegas y Rosmery Lama, quienes a la fecha siguen prestando servicio activo al CICPC.

Una carpeta con el nombre “caso de periodista” daba cuenta de todo lo acontecido ese día. Un video que fue analizado cuidadosamente para determinar si había sido alterado o editado, refrescaba en la memoria de Beatriz cada golpe, cada humillación y cada maltrato.

A partir de ese momento, se inicia la conformación de un expediente a cargo de la fiscal auxiliar interina 62 nacional del Ministerio Público, Carla Isabel Camero, quien no logró culminar su tarea porque fue sustituida por la fiscal Yanira Rivas. También fue sustituido el fiscal 20 de derechos fundamentales Elías Martínez. Lo reemplaza Leiba Morín Ponceleón, exfuncionaria del CICPC y fiscal 14 del Ministerio Público en el municipio Zamora, en la época en que la periodista fue agredida en ese municipio.

“Nunca me generó confianza. Su estrecho vínculo con el CICPC no era garantía de transparencia e imparcialidad de su parte”, dice Beatriz Lara.

Un año y seis meses después, finalmente los fiscales del Ministerio Publico presentan ante el Tribunal 10º de control del circuito judicial del estado Aragua, a cargo de la juez Lorena Moreno Morillo, una acusación contra los inspectores Edgardo José Villegas Reyes y Rosmery Desiré Lama Mejías. Al primero se le acusa de trato cruel, inhumano y degradante y privación ilegítima de libertad, mientas que a la funcionaria se le acusa de tratos inhumanos y degradantes, para quienes el Ministerio Público solicitó su enjuiciamiento, así como medidas de privativa de libertad sin beneficios de medidas cautelares sustitutivas, por seguir siendo funcionarios activos del CICPC, existe el peligro de fuga y podrían influir, intervenir u obstaculizar el curso del proceso.

Los abogados defensores de Beatriz Lara, Oswaldo Cali y Ricardo Rosales, asignados por la ONG Espacio Público, han denunciado reiteradamente el retardo por parte del tribunal 10º control penal de Aragua, pretendiendo proteger a unos funcionarios policiales agresores que siguen en libertad y posponiendo la audiencia preliminar con los acusados.

La primera audiencia preliminar estaba pautada para el 1 de enero de 2017 pero fue diferida para el 1 de marzo ante la no comparecencia de los funcionarios del Cicpc, imputados.

Los abogados defensores insisten ante el tribunal y se pauta una nueva fecha para el 1 de junio de 2017, a escasos días de cumplirse dos años de la agresión. Pero una vez más, la audiencia no se realiza. A través de gestiones por parte de abogados del CNP Aragua, se logra tras engorrosos trámites impuestos por el tribunal que lleva la causa, conocer que la cuarta audiencia deberá realizarse el 6 de septiembre de 2017.

“Siento una gran impotencia y frustración ante tanta injusticia e impunidad. Mientras esos dos delincuentes, porque no se les puede llamar funcionarios, andan tan tranquilos por la calle, seguramente atacando a otras víctimas bajo el amparo de una credencial, yo tuve que embalar mi zozobra, mis miedos, la angustia por mis hijos e irme del país sin más nada que mi confianza en Dios. Tarde o temprano, el único Supremo, hará justicia”

Beatriz Lara Mendoza se fue de Venezuela con sus dos hijos. Desde donde está, no olvida los dos años en los que tuvo que vivir encerrada con sus hijos por miedo a represalias, pese a las medidas de protección que le otorgaron al principio y que apenas le concedían la oportunidad de llamar a un número telefónico por si se encontraba en riesgo.,

“Me quitaron el derecho de salir y de vivir sin miedo. Fui yo quien estuvo encerrada y pagando condena en mi propia casa, hasta que no tuve más salida que un aeropuerto”, dice en medio de un llanto entrecortado antes de colgar la llamada.