El Sebin es un cuerpo que opera sin restricciones, no para proteger al Estado sino para garantizar la continuidad de la “revolución”
Javier Mayorca
@javiermayorca
El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) es un cuerpo creado en junio de 2010, en reemplazo de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), cuya supresión fue ordenada un año antes por el entonces presidente Hugo Chávez. De esta manera, el comandante cumplió uno de sus anhelos más antiguos. Ya en 1998, cuando estaba en su primera campaña, había expresado la intención de eliminar a la policía política.
Hasta 2013 el Sebin estuvo adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores. Pero un decreto emitido en abril de ese año por el actual presidente Nicolás Maduro lo transformó en un “ente desconcentrado” adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Esto implica que desde el punto de vista administrativo los fondos para su manejo son enviados desde el despacho que actualmente detenta Aristóbulo Istúriz, incluido desde luego todo lo relativo a los llamados “gastos de seguridad y defensa”. Pero Istúriz tiene escasa incidencia sobre las acciones cotidianas de los funcionarios.
En el actual esquema, además, el Presidente se reserva la potestad de nombrar al director del Sebin. Y tal parece que el mandatario no confía en nadie más que el mayor general Gustavo González López para conducir a su policía política. Esto quedó en evidencia cuando el oficial del Ejército fue designado para el MRI sin que fuese nombrado su reemplazo en la dirección del cuerpo de seguridad. En esos 16 meses que corrieron entre marzo de 2015 y agosto de 2016 las tareas más gruesas del Sebin quedaron en manos de un comisario que hizo carrera como patrullero e investigador, Carlos Calderón.
El Sebin se maneja sin controles internos, en medio de un peligroso voluntarismo. Un detalle en el que pocos han reparado se refiere a la eliminación de la Inspectoría del cuerpo. En anteriores organigramas, la oficina encargada de velar por el cumplimiento de la reglamentación era prácticamente adjunta a la dirección. La estructura de la institución “refundada” no tiene esa instancia. Tampoco tiene subdirección, aunque adentro digan que Calderón es de facto el segundo a bordo.
Consulté al respecto con dos fuentes ligadas a ese cuerpo. Una de ellas me indicó que parte de las funciones de vigilancia puertas adentro es ejercida por agentes de una oficina ubicada en el piso 4 del Helicoide. Trabajan de manera estrecha con la sección llamada Talento Humano, que sí figura en la estructura general.
Pero el Sebin tampoco está sometido a controles externos. Es curioso, pero muchos de los agentes de este organismo se ven a sí mismos como si fuesen policías. Participan ocasionalmente en patrullajes y han sido convocados para las grandes redadas conocidas como Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP). Además, en oportunidades son comisionados como auxiliares del Ministerio Público, para investigar ciertos casos. Y sin embargo, la institución no se somete a ninguno de los medios de vigilancia establecidos a propósito del “nuevo modelo policial”. No tiene oficina de control de actuaciones policiales ni comité ciudadano que la supervise. Ni siquiera la Fiscalía reacciona al ver que desde ese organismo emiten citaciones a periodistas y activistas políticos, y se hacen detenciones en flagrancia con evidencias de dudoso origen, como en los casos de Puglia, Jatar y Melo. Ya Liliana Ortega (Cofavic) ha advertido sobre la posibilidad de que los agentes de este cuerpo incluso practiquen desapariciones forzadas.
A pesar de todo esto, el Sebin no figura en el radar de la Asamblea Nacional. Un cuerpo armado al servicio de la Presidencia que declara abiertamente promover la “irreversibilidad del proceso de cambios impulsado por la revolución bolivariana” (Memoria y Cuenta 2015) quizá sea suficiente razón para iniciar un ejercicio contralor.
Breves
*El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) inició una pesquisa sobre el hackeo de un blog y de la página facebook de la periodista venezolana radicada en Nueva York Maibort Petit. Las pesquisas fueron iniciadas al recibirse una denuncia sobre la repentina “desaparición” de los archivos del primero de los espacios web, y de la divulgación a través del segundo de ellos de mensajes que no fueron elaborados por ella. En Estados Unidos, este es un delito federal. Una vez recibida la queja (complaint) se llevó a cabo el rastreo forense de los protocolos de internet (IP) que permiten establecer la ubicación física del pirata informático. A través de su blog y otras redes sociales, Petit ha hecho la cobertura sobre el proceso por conspiración para traficar drogas contra los sobrinos de la pareja presidencial Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, quienes permanecen detenidos en una cárcel neoyorkina desde noviembre del año pasado.
*El miércoles 21 de septiembre fueron hallados en La Palmira, estado Táchira, los cadáveres de Jefferson Acevedo y de José Parranque, de 22 años y 27 años de edad, respectivamente. Ambos acribillados y con tiros de gracia en sus caras. Los asesinos colocaron sobre cada cuerpo dos panfletos con el mismo texto: “Lo pelamos por ladrón vicioso cuatrero (sic). No se preocupen, tenemos 15 más en lista”. No ha sido la primera vez. El 7 de septiembre fueron encontrados en Guatire los restos de dos supuestos antisociales, cuyas cabezas fueron metidas en sus estómagos. Al lado de ellos otro cartel: “De los violadores nos encargamos nosotros. Continúa la película de terror #2”. Un caso similar fue reportado en San Mateo, Aragua, la primera semana de julio. Esto sugiere la conformación de lo que se conocía en Colombia como “brigadas de limpieza”, propias de países donde el Estado es incapaz de proteger a sus ciudadanos La saña en estos casos hace pensar también en la posibilidad de ajustes de cuentas entre bandas, con participación de ex presidiarios.
*El “hurto hormiga” está desangrando las finanzas de las empresas, privadas y públicas. Inicialmente, conocían así a las sustracciones de pequeñas cantidades de insumos utilizados por las propias compañías para la fabricación de sus productos. Ahora también le dicen así a los casos en los que un cliente se lleva sin pagar pequeñas cantidades de productos, generalmente alimentos. El 21 de septiembre Cicpc inició una pesquisa contra seis trabajadores de una fábrica de suelas para zapatos y botas, que desde febrero supuestamente se llevaban este producto oculto en sus vestimentas. El día anterior fueron detenidos empleados de Hidrocapital que se llevaban insumos y herramientas de la estatal en Maripérez. En Guarenas, un laboratorio farmacéutico perdió dos toneladas de azúcar para fabricar pastillas de la misma manera. Los problemas para procesar a estos sujetos son múltiples. Tienen que ser detenidos in fraganti, pues de lo contrario se amparan en la inamovilidad laboral. Además, las bandas cuentan con la participación activa de sindicalistas, que amenazan con iniciar conflictos laborales si son detenidos.
*Al menos cinco frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han fracturado debido a desacuerdos con respecto al proceso de paz. Entre ellos el número 1, también conocido como Armando Ríos. Forma parte del Bloque Oriental y opera en la frontera con el estado Apure. De hecho, sus integrantes también están en Venezuela. La división de esta unidad de batalla, conformada por aproximadamente 200 hombres en armas, fue reconocida por la cúpula del grupo guerrillero. En un comunicado se señala que tal disidencia ocurre por la “influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto”. Son, esencialmente, dos negocios: el cuidado a los cultivos de coca, por el que se cobra un impuesto llamado “gramaje”, y la ruta para el traslado a Venezuela de la cocaína ya elaborada.
*La tesis de que la esposa, dos cuñadas y otros dos allegados al comisario general jubilado de Cicpc Heberto Alfonso fueron ultimados en el curso de un robo, así sin más, es muy difícil de tragar. Para empezar, no se puede hablar de resistencia al asalto, toda vez que los ocupantes de la vivienda del exfuncionario en la urbanización Villa Heroica de Guatire fueron sometidos a placer por los antisociales, gracias a que supuestamente estos contaban con la complicidad del hijo de una empleada doméstica, quien también ayudó a trasponer la vigilancia de la entrada al sector. Por otra parte, los hampones pudieron apoderarse de las armas que tenía el comisario guardadas en el inmueble. Entonces, si el objetivo de la incursión era solamente robar estos bienes no se explica la insistencia en comunicarse con Alfonso para exigirle que se presentara en la casa, la tarde del martes 27 de septiembre. Hasta el momento de redactar esta nota se había reportado la detención de dos personas: Darwin José Rodríguez Mesías, de 26 años de edad y Elkin Alvarez Medina, de 56 años. La importancia del caso se refleja en el hecho de que las diligencias en el sitio del suceso fueron supervisadas por el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico.
*En el expediente sobre el desfalco a través de la Comisión para Administración de Divisas (Cadivi) está consignado un informe sobre las operaciones de importación de bienes de toda naturaleza por parte de la Caja de Ahorros del Ejército. Las mercancías eran traídas al país desde 2010 por una compañía llamada Inversora Caejer. Aunque estaba registrada como firma del Gobierno a los efectos del órgano de asignación de divisas, su RIF es el de una empresa más perteneciente a particulares. Hoy en día, como se puede apreciar en esta foto, son comercializadores de atún enlatado
