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Falta de gasolina y detención de agricultores: una cadena de DDHH vulnerados
Agricultores de Mérida y Trujillo fueron detenidos tras botar parte de sus cosechas por no tener gasolina para transportarla. Esta acción, a juicio de Espacio Público, viola los derechos a la libertad de expresión y protesta pacífica
 La falta de gasolina implica un incumplimiento del Estado con su obligación de garantizar el acceso al combustible. Si el Estado no está garantizando el primer eslabón de la cadena, «hay un efecto cascada que implica la vulneración de derechos económicos y sociales tanto de productores como de consumidores», explicó la coordinadora del programa Observatorio Social de Espacio Público

 

Ante la frustración de no tener gasolina para transportar sus cosechas, agricultores venezolanos grabaron videos en donde arrojaban kilos de frutos y verduras a ríos en entidades andinas del país. El acto de protesta les costó la detención a dos de ellos.

Organizaciones no gubernamentales aseguran que son los derechos económicos y sociales tanto de los trabajadores del campo como de los consumidores los que están siendo vulnerados por el Estado al no garantizar gasolina para el traslado de alimentos

El primer detenido fue el agricultor trujillano Jhonar Barazarte Trompetero, quien el pasado 11 de junio difundió un video en redes sociales, en donde se apreciaba a dos personas arrojando al río el sobrante de su cosecha de tomates. 

«Desde Carache, botando los tomates porque no hay combustible. Esto está demasiado barato, no da para llevarlo hacia el Mercado de Coche (en Caracas)», expresaba con voz en off.

Tras señalarlo de «generar zozobra y atentar contra la seguridad agroalimentaria», el fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, anunció la detención de Barazarte Trompetero. Dijo que sería imputado por el delito «boicot», contemplado en el artículo 53 de la Ley de Precios Justos.

Posteriormente, el agricultor Ysnet Rodríguez Mambel también difundió un material audiovisual en el que arrojaba un lote de zanahorias a un río del Municipio Pueblo Llano (Mérida)  Pocas horas después, Saab informó sobre la captura del agricultor y mencionó que también sería imputado por «boicot».

Se criminaliza la protesta legítima

El fiscal general del madurismo acompañó uno de los trinos en los que anunciaba la detención del agricultor en Mérida con una singular etiqueta: «#Justicia».

Pero, ¿es de verdad un acto de justicia el que aplica el gobierno contra estos agricultores? ¿Cometieron un delito al botar sus cosechas por no poder trasladarlas?

Marysabel Rodríguez, coordinadora del programa Observatorio Social de la Asociación Civil Espacio Público, declaró a Runrun.es que aunque en Venezuela está efectivamente tipificado el delito de boicot (asociado a actividades económicas, específicamente en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a Bienes y Servicios), tanto este como la propia ley se han usado en el pasado para «criminalizar acciones de protesta legítima» relacionadas directa o indirectamente con el tema de producción, comercialización y distribución de alimentos.

«En este caso específicamente hay un ensañamiento  por el ejercicio de la protesta a través de esta medida que tomaron los agricultores. Si bien existe una legislación que, entre comillas, le da formalidad a la detención, no estaríamos ante una acción legítima, en vista de que está asociada específicamente al ejercicio de un derecho, que es la protesta legítima», explicó. 

Insistió en que aunque la detención se presente bajo el amparo de una «legalidad formal»,  es ilegítima, en la medida en la que afecta ejercicio de derechos fundamentales.

«Abiertamente, se está expresando y llevando a cabo el ejercicio de un derecho de manera clara y contundente y eso es lo que se intenta criminalizar a través del uso de un delito por razones económicas», agregó Rodríguez. 

De igual forma, Rodríguez consideró que la acción de botar cosechas no se puede considerar como un delito, sino como un método o forma de protesta que escogieron los agricultores para expresar un descontento.

«Es un mecanismo legítimo, es el ejercicio del derecho a la protesta pacífica, además lo están haciendo con productos que son de su propiedad, no están incurriendo en daños hacia la propiedad del Estado o de terceros. Entonces, no existiría ningún delito», recalcó.

 

Es el Estado quien viola derechos

La vocera de Espacio Público consideró que, en principio, se está violando el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica de los agricultores detenidos. 

Señaló también el riesgo de que haya algún tipo de violación al debido proceso, en vista de las «fallas estructurales» que tiene el sistema judicial hoy en Venezuela. 

Pero estos no son los únicos derechos vulnerados en esta situación. Rodríguez destacó que la falta de gasolina también implica un incumplimiento del Estado con su obligación de garantizar el acceso al combustible, pues es quien tiene el monopolio de la distribución de la gasolina.

Y si el Estado no está garantizando el primer eslabón de la cadena, «hay un efecto cascada que implica la vulneración de derechos económicos y sociales tanto de productores como de consumidores finales de estos alimentos».

«Si el Estado no está cumpliendo con su obligación, ni está permitiendo que las personas accedan a la gasolina, o no crea mecanismos alternativos para permitirlo, y esto a su vez afecta la cadena de distribución de alimentos, entonces indirectamente el Estado estaría incurriendo en una violación de los derechos no solo de los productores, en términos de ejercer sus derechos económicos como productores y a la hora de comercializar los productos, sino también de los usuarios a tener acceso a los alimentos», explicó la coordinador del programa Observatorio Social de Espacio Público.

Por su parte, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) también recordó que el Estado tiene la obligación de asegurar acceso a los recursos para quienes producen los alimentos.

Lamentaron que en un país con más de 19 millones de personas con necesidades humanitarias, como concluyó el informe anual de la ONG, «el Estado decide castigar y perseguir a quienes producen, a pesar de la crisis de servicios y ausencia de combustibles en los campos para transportarlos».

«¿Dónde queda la presunción de inocencia y el debido proceso? Una vez más se demuestra que el sistema de justicia venezolano es una máquina de represión y control del Estado, sin independencia, alertado también por la Misión de la ONU sobre Venezuela», comentaron.

El coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui, además opinó que grabar un video mostrando las consecuencias de la escasez de combustible en el derecho a la alimentación es una forma de protesta pacífica: «Al chavismo realmente existente le aterra que esa discusión trascienda el argumento de las sanciones».

«No es un delito la impotencia»

Espacio Público llamó al Estado a dejar de «criminalizar y perseguir a las personas por ejercer sus derechos» y a «enfocar las fuerzas y recursos» para resolver los problemas que ocasionan estas protestas. 

«Este tipo de protestas no son exclusivas de Venezuela, se dan en muchas partes del mundo por distintas razones y no se repiten patrones de criminalización como en este caso. Es necesario cesar el aparato institucional que está orientado a criminalizar el ejercicio de derechos, y se debe utilizar el aparato estatal para resolver los problemas de fondo que afectan a la ciudadanía y que llevan a las personas a protestar», dijo Marysabel Rodríguez, de Espacio Público.

Entretanto, la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) solicitó una audiencia con el fiscal general Tarek William Saab. En un comunicado de fecha 19 de junio reiteraron el «desespero» de los productores por no poder sacar los alimentos de los campos a los centros de comercio debido a la falta de gasolina y de estaciones de servicio en las zonas rurales y aldeas.

Respecto a la decisión de botar cosechas de algunos agricultores, consideraron que aunque quizá las imágenes luzcan «dantescas en un país con necesidades», es indispensable ponerse en el lugar del «humilde labriego».

«En los campos se pierde la comida por no poder sacarla a los mercados, al no tener combustible necesario, y las cosechas no esperan hasta que se arregle el tema. Se siembra y cosecha trabajando con las condiciones climáticas y los factores de riesgo solo los asume el productor”, argumenta Fedenaga.

Asimismo, invitaron a Saab a visitar los campos para constatar que los productores no tienen prioridad dentro de las emergencias. 

«No sabemos si es un delito la impotencia, el ver cómo se pierde el fruto del trabajo, pero debería ser comprendido al menos, pues esos hombres y mujeres trabajan duro con la esperanza de ver coronado su esfuerzo», agregaron.

 

«Nunca debieron estar presos»

En horas de la noche del 20 de junio se conoció que uno de los agricultores detenidos, Ysnet Rodríguez, fue puesto en libertad tras la realización de su audiencia de presentación. 

«Nunca debió estar tras las rejas. Seguimos alzando la voz por su compañero de rubro Jhonar Barazarte, quien aún se encuentra privado de libertad», expresó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.

Un día después también fue liberado Jhonar Barazarte. Espacio Público también comentó que nunca debió estar preso por arrojar su cosecha de tomate al río por no conseguir gasolina,

Vicios del sistema de justicia venezolano se mantienen a pesar de las reformas
Para abordar los problemas estructurales por la falta de independencia judicial y la interferencia política en el sistema de justicia haría falta esfuerzos concertados, señaló Acceso a la Justicia en su último informe anual
Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, señaló que si en Venezuela se considera que hay deficiencias estructurales del sistema de justicia y se establecen leyes para mejorar ciertas situaciones pero luego estas no se aplican, esas deficiencias “son a propósito y políticas de Estado”

@Andrea_GP21

 

Durante el año 2022, la situación de la justicia venezolana ocupó la atención de instancias internacionales, pues se puso en duda la efectividad de los supuestos cambios realizados por las autoridades nacionales.

Así lo señala el informe anual de la ONG Acceso a la Justicia titulado “El estado de la justicia y del Estado de Derecho en Venezuela”, donde reseña que organizaciones internacionales dejaron en claro que las reformas legales e institucionales puestas en marcha por las autoridades nacionales en los últimos dos años “no han rendido frutos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se refirió a la reincidencia de Venezuela en la “lista negra” del organismo. Recomendó la reducción del número de jueces provisorios y aumento de titulares, evitar que las remociones se hagan bajo un proceso “disciplinario y respetuoso” del debido proceso, entre otros.

A pesar de que el gobierno venezolano aceptó la recomendación hecha por el Examen Periódico Universal (EPU), de promover reformas en materia de independencia judicial para fortalecerla, pero no para restablecerla “como si existiera”, señala el informe de Acceso a la Justicia.

 

Por ejemplo, el gobierno de Nicolás Maduro no aceptó realizar la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como tampoco aceptó llevar a cabo reformas exhaustivas y creíbles de la Policía, el Poder Judicial y, en particular, de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Justicia  en entredicho

En junio de 2022, Michelle Bachelet, quien fue alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), indicó que las reformas legales e institucionales en la justicia venezolana no ayudaron a fortalecer la autonomía de los tribunales.

“Los vínculos abiertos de varios magistrados, incluidos los suplentes, con los partidos políticos, plantean preocupaciones sobre la independencia del Poder Judicial y la separación de poderes”, señala el informe de Acnudh.

En particular, Bachelet mencionó los casos de las muertes de Juan Pablo Pernalete y Diego Arellano, ocurridas en el contexto de las protestas ocurridas en el 2017, señalando irregularidades como cambios de fiscales al menos 15 veces, generando retrasos “trauma y revictimización”.

Además, dijo tener constancia de que once casos continuaban en fase de investigación, aunque se iniciaron hace un lustro, mucho más de lo previsto en la ley. 

Bachelet hizo un llamado a las autoridades a la “pronta conclusión de los procedimientos judiciales en esos casos, con todas las garantías del debido proceso, para asegurar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas y sus familias”.

Vicios estructurales del sistema de justicia

En cuanto a las reformas institucionales, Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, señaló que en Venezuela, si se considera que hay deficiencias estructurales del sistema de justicia y se establecen leyes para mejorar ciertas situaciones pero luego estas no se aplican, esas deficiencias “son a propósito y políticas de Estado”.

En entrevista con Runrun.es, Daniels señaló que una de las reformas fue cambiar varios artículos del Código de Justicia Militar para prohibir que tribunales militares juzgaran a civiles. Sin embargo, añadió, tres meses después, la Sala Constitucional del TSJ emitió una sentencia en la que indicó que se podía juzgar a civiles en tribunales militares con la condición de que el juez en su sentencia motivase esa decisión, dejando inefectiva la reforma.

Otro caso, explicó Daniels, es que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) disminuyó los lapsos de prisión preventiva, cuyos tiempos máximos indican que una persona está detenida preventivamente, es decir, sin una sentencia, después de culminar ese lapso la persona debe ser liberada y esperar su juicio en libertad.

 

“Lo cierto es que al día de hoy hay personas que han superado ese lapso y siguen detenidas”, criticó Daniels.

También, señaló el abogado Alí Daniels, el COPP incluyó a las ONG para representar personas, pero ya ha habido al menos tres casos de abogados de organizaciones que pidieron representar víctimas en nombre de su organización y los jueces le negaron esa solicitud.

“Esto lo que demuestra es que en realidad esas reformas eran cosméticas, eran para presentárselas al fiscal (Karim) Khan cuando viniese aquí, porque todas esas reformas se hicieron con motivo de la visita del fiscal y eso fue en el año 2021 y en el año 2022, que era cuando deberían haberse aplicado, pues lamentablemente eso no ocurrió, sino que los vicios estructurales del sistema siguen allí”, añadió.  

Un avance lento pero implacable

El viernes 1 de abril de 2022 el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan reiteró su decisión de abrir una oficina de la corte en Caracas, algo que se concretó hasta más de un año después, en junio de este año 2023.

Sin embargo, el gobierno solicitó a la Fiscalía de la CPI aplazar la investigación en virtud del artículo 18, numeral 2 del Estatuto de Roma, alegando que estaba realizando investigaciones y enjuiciamientos genuinos a nivel interno. 

Como consecuencia de esa solicitud, el 20 de abril del 2022 la Fiscalía de la CPI solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del juzgado que “autorice la reanudación de su investigación en virtud del artículo 18(2) del Estatuto”.

Más tarde, el 1 de noviembre de 2022, Karim Khan hizo pública su decisión de solicitar formalmente autorización ante la Sala de Cuestiones Preliminares para continuar con la investigación de la situación de Venezuela I.

“El fiscal no es bienvenido pero debe ser recibido”

Para Alí Daniels, la reciente visita a Venezuela del fiscal de la CPI, Karim Khan, no fue anunciada por el gobierno chavista porque este no quiere recibirlo. “El gobierno recibe al fiscal de mala gana, es obvio que no quisieran que él viniera, por eso tanto secretismo (…) Eso lo que demuestra es que el fiscal no es bienvenido, pero debe ser recibido”.

Daniels señaló que aunque el gobierno de Nicolás Maduro “se cree todopoderoso” no lo es, pues estando en contra de que la CPI avance en la investigación Venezuela I, igual se “ve obligado a recibir” al fiscal de la corte.

A pesar de que, agregó Daniels, la oficina de la CPI instalada en Venezuela no recibirá denuncias, sino que será de cooperación técnica, consideró que solo el hecho de que esto ocurra ya es un éxito. “No es lo mismo que le cuenten a uno lo que pasa en el país, y menos sobre Venezuela, que el personal de la Fiscalía lo viva. Ya solo esa experiencia es algo invaluable”, declaró en entrevista con Runrun.es.

Daniels también recalcó la solicitud de diversas organizaciones no gubernamentales de que se haga público el memorando de entendimiento que suscribió el gobierno de Maduro con Karim Khan. “Solo se dijo que iba a ser de tipo legislativo y otros ámbitos, pero no se dijo exactamente cuáles”, señaló.

Misión de la ONU: contundente y renovada

El 17 de marzo de 2022, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela indicó que, si bien se valora que ha habido algunos avances en materia de investigación de las violaciones de derechos humanos, se considera que han sido insuficientes. 

Las investigaciones nacionales al respecto son de alcance limitado y se dirigen contra los autores materiales de bajo nivel. 

Marta Valiñas, presidenta de la MDH, señaló, en cuanto a la independencia judicial, que el paquete de reformas legales es insuficiente si no se implementa del modo adecuado. Aunque se observan algunos avances, decenas de personas llevan más de tres años detenidas sin juicio. 

Para abordar los problemas estructurales por la falta de independencia judicial y la interferencia política en el sistema de justicia harían falta esfuerzos concertados, señaló Acceso a la Justicia al respecto.

El instructivo Onapre

En el 2022, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 763 manifestaciones contra la aprobación por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), de un instructivo denominado “Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas”.

Para Acceso a la Justicia,  este instrumento viola las interescalas de los tabuladores salariales del sector público, “provocando su aplanamiento, además de desconocer los beneficios socioeconómicos contemplados en las distintas convenciones colectivas de trabajo”.

Al calor de las protestas y quejas contra el instructivo, el TSJ dictó un primer fallo, en el cual la demanda de nulidad solicitada por jubilados del Ministerio Público (MP) fue declarada como inadmisible. Asimismo, ordenó a los accionantes pagar una multa por mal uso de recursos judiciales.

“Pasamos de que no se adjuntó una copia del acto administrativo a que el acto ahora es inexistente”, señaló Alí Daniels, coordinador de Acceso a la Justicia, quien aclaró que  la ausencia de un requerimiento no se traduce en que este no exista.

La escasez de combustible también afecta los DDHH
A pesar de suscribir varios acuerdos internacionales que reconocen el derecho a un nivel de vida adecuado, el Estado venezolano no garantiza que los venezolanos tengan acceso a este
El derecho a la salud y alimentación son dos de los 10 derechos humanos que se ven vulnerados por la escasez de combustible

Venezuela termina el primer semestre de 2023 con largas filas para surtir sus vehículos de combustible en al menos 11 estados del país. 

Petróleos de Venezuela (Pdvsa) atribuyó “la sobredemanda” de combustible a la publicación de “información falsa” en redes sociales, que urgen a los usuarios a llenar sus tanques, explicó en mayo el vicepresidente de consumo y suministro de calidad de la compañía, Juan Carlos Díaz.

Si bien la Refinería El Palito reanudó operaciones en la unidad de craqueo catalítico, lo que sería «clave» para paliar la escasez de combustible, la inestabilidad en el suministro una realidad que se ha vuelto cada vez más frecuente desde el 2015.

De acuerdo al Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), durante abril, hubo denuncias en 11 estados por fallas en la distribución del combustible y la baja calidad del mismo causando daños en los vehículos.

Durante el periodo, el OVCS contabilizó 25 protestas en 11 estados del país para exigir abastecimiento de combustible de calidad en forma regular y sin dolarización de tarifas.

El índice de protestas por este motivo lo lidera el estado Zulia (5), seguido de Barinas (4).

Según Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea y sociólogo, la dificultad para surtir gasolina en Venezuela forma parte del diagnóstico de la emergencia humanitaria compleja, lo que ha generado consecuencias en diferentes derechos humanos.

“El acceso a los servicios básicos de una manera tan accidentada se ha convertido en un mecanismo de control”, indicó Uzcátegui. 

En un informe de Transparencia Venezuela sobre gasolina, se indicó que empresas ​​petroleras internacionales fueron excluidas del negocio de la venta del combustible las estaciones de servicio de gasolina. BP, Mobil, Shell, Texaco y Trébol, entre otras, cuyas marcas desaparecieron para dar paso al logotipo de PDV. En este caso, las bombas de gasolina pasaron a ser administradas por un operador que, la mayoría de las veces, era el dueño del terreno y del comercio, pero Pdvsa se quedó con la propiedad de los activos.

Luego de este cambio, el número de estaciones de gasolina en toda Venezuela también mostró una disminución. De las 1.865 que existían en 2008, quedan 1.568 en 2020 de acuerdo con la cifra ofrecida por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami. Este número de centros de establecimiento deja a la población con menores opciones, especialmente en el interior, donde deben pasar horas y horas en las colas (filas) para poder abastecerse.

DDHH que vulnera la escasez de gasolina

Para el coordinador general de Provea, el acceso al combustible forma parte de los servicios básicos y poder acceder a ellos forma parte del nivel de vida adecuado que  ha sido reconocido en diferentes pactos internacionales que han sido suscritos por el Estado venezolano, siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) el más importante

El sociólogo identificó al menos 10 derechos humanos que se ven afectados por la escasez o difícil acceso al combustible en Venezuela:

Derecho a la alimentación: Debido a la dificultad de poder distribuir alimentos de una manera permanente y adecuada. Además, el encarecimiento de los precios de productos que ocasiona, en un país que se ha caracterizado por tener una alta inflación. Especialmente, en el sector alimentos.

Derecho a nivel adecuado de vida: Poder acceder a los servicios básicos forma parte del nivel de vida adecuado, tener acceso a servicios básicos permanentes forma parte de tener un nivel de vida adecuado. Los venezolanos no tienen acceso constante y permanente al combustible. 

Derecho a la salud: Debido a todas las dificultades que tienen las personas para llegar a un centro asistencial, incluyendo los médicos, y para cubrir los gastos estipulados de la movilización al centro de salud. En el caso de los centros asistenciales que funcionan con plantas eléctricas que operan con diésel y gasoil también se han visto perjudicados por no tener acceso a este recurso.

Derecho a la educación:  El derecho a la educación se ha visto vulnerado, especialmente en escuelas y centros educativos en zonas de difícil acceso, remotas y rurales, ya que la escasez de gasolina dificulta el traslado hacia ellos. Esto limita a los niños, niñas y adolescentes a asistir regularmente a un centro escolar. “Estas dificultades son parte del aumento de la deserción escolar”, explicó el coordinador general de Provea. 

Derecho a la vivienda: “No podemos hablar del derecho a la vivienda y que la vivienda es segura si no se garantiza el acceso a servicios básicos. Tener una vivienda digna tiene una serie de características. No solo son cuatro paredes y un techo, también tiene que ser una vivienda segura, que tenga acceso a servicios básicos: combustible, agua, gas y electricidad”, reiteró el sociólogo.

Derecho a tener servicios básicos: “El acceso a los servicios básicos de una manera tan accidentada se ha convertido en un mecanismo de control. El acceso a la gasolina ha hecho que las personas deban pasar horas y días para intentar surtir su vehículo”, indicó Uzcátegui.

Derecho a manifestar: Según el sociólogo, en zonas donde es tan complicado acceder al combustible también se ve violado el derecho a la manifestación porque se han prohibido las fotografías, las manifestaciones en los alrededores de las estaciones de servicio y hay personas que son detenidas por esta razón, que tratan de exigir que haya celeridad y acceso.

Derechos de los Pueblos Indígenas: Los artículos 122 y 123 del Capítulo VIII sobre Derechos de los Pueblos Indígenas en la Constitución también son vulnerados  por la escasez de gasolina. “Para acceder a comunidades indígenas remotas todo se hace en avionetas o lanchas. Las comunidades indígenas tienen un cupo de combustible y generalmente esa cantidad de combustible que le venden subsidiado es incumplido de manera sistemática. Eso ha originado que haya dificultades para su movilización hacia centros urbanos, ya sea para buscar salud o para simplemente moverse hasta allí”, reiteró el coordinador de Provea.

Derecho a la libre reunión: En algunas zonas, como Zulia, Mérida y Táchira, la escasez de combustible se ha convertido en un mecanismo para disuadir a las personas de ejercer su derecho a la libre reunión porque son sectores en los que las personas han tenido que restringir sus movilizaciones por la gran cantidad de tiempo que invierten para acceder al combustible.

Derechos humanos laborales, ciudadanos y políticos: La carencia de gasolina perjudica la productividad y los DDHH laborales. “La cantidad de aporte del producto interno bruto (PIB) de las empresas disminuye mucho por la reducción de la productividad. Las personas se ven afectadas en su día a día porque dedican gran parte de su tiempo en buscar el acceso a muchos servicios básicos. Eso no permite el acceso a la recreación y cultura. Tampoco a ejercer su derecho ciudadano y político”, dijo Uzcátegui.

Claves | ¿Por qué el Estado venezolano es responsable de la tragedia en El Callao?
El Estado Venezolano tiene el deber de custodiar los yacimientos mineros y proteger a quienes laboran allí, pero la mina La Talavera no estaba custodiada por cuerpos de seguridad, sino por grupos armados irregulares.

 

@Luciapietf

El derrumbe de una galería en la mina La Talavera en El Callao, al sur del estado Bolívar, dejó al menos 13 mineros muertos el pasado 31 de mayo. El hecho que sepultó a más de 120 personas, según el reporte de la secretaría de Seguridad Ciudadana en la entidad, solo se atribuye a las fuertes lluvias que azotaron la zona. Nada se dice sobre la responsabilidad de las instituciones y los funcionarios que pudieron evitar el desastre. 

Reportes en el lugar señalaron que fueron rescatados 124 mineros a través de la mina Isidora, yacimiento cercano con acceso a La Talavera, que no sufrió accidentes ante los aguaceros torrenciales que afectaron al menos 10 sectores y 450 familias, según Correo del Caroní. Pero en la tragedia incidieron las condiciones riesgosas de trabajo y la falta de mecanismos de seguridad, supervisión e inspección de parte del Estado en las minas, según comentó Mairis Balza, defensora de DDHH y coordinadora general de Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).

Runrun.es detalla cómo el Estado es el principal responsable de un hecho que se repite cada vez que las lluvias azotan la región minera.

Deber por decreto

El decreto 2.248 que ordena la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO) desde el 24 de febrero de 2016, establece que el Estado mantiene «soberanía nacional» y control total sobre los recursos mineros explotados en esta área de 111.843 kilómetros cuadrados que representa 12,2% del territorio venezolano. 

Este poder sobre los yacimientos de oro y otros minerales también le concede al Estado el deber de proteger a los mineros artesanales y resguardar las áreas protegidas, ya que uno de los objetivos del Arco Minero establecidos en el Plan de la Patria 2013-2019 es:  «organizar la pequeña minería, concentrada en la explotación de oro y diamante, en unidades de producción donde el Estado brinde apoyo tecnológico y financiero para proteger la salud de los trabajadores, los recursos naturales y el medio ambiente».

Pero la realidad es que los mineros continúan arriesgando sus vidas con prácticas peligrosas y condiciones laborales deficientes para obtener el mineral aurífero y mejorar su situación económica.

 

 

Ni la primera ni la última vez

El 12 de mayo de 2021, 34 mineros fueron rescatados y un cuerpo fue recuperado de la mina Isidora. El 2 de febrero de 2020 hubo un colapso en la misma mina que sepultó a más de 20 personas y dejó un saldo de tres fallecidos, y el 13 de octubre de 2019 un total de 107 mineros fueron rescatados tras un derrumbe en el yacimiento que los dejó incomunicados por varias horas. 

En todos los casos, los mineros accedieron a las galerías sin supervisión alguna para extraer oro en una zona administrada por la Corporación Venezolana de Mineria, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular Desarrollo Minero Ecológico, y custodiada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

El alcalde del municipio, Coromoto Lugo, declaró en una rueda de prensa respecto a la tragedia: «(…) son situaciones que van a seguir pasando. La minería es búsqueda de metal, la gente sigue obviando el peligro y se mete pensando que es muy fácil conseguir oro, y eso no es así. Esto es una emergencia que ocurrió y que lamentamos mucho, pero es muy difícil decir que van a clausurar la mina porque van a buscar la manera de meterse por otro lado, de abrir un hueco para caerle». 

Mairis Balza explicó que en la zona minera no hay ningún mecanismo de seguridad presente que garantice la integridad física de los mineros que laboran allí, y tampoco existe una supervisión e inspección que inste a los organismos que están están al frente de las minas a responder por el resguardo de los trabajadores. 

«Las minas son un territorio de nadie y operan de la manera que mejor les parece, bajo las circunstancias de mayor riesgo», declaró. 

 

 

Defensa del territorio sin prevención

Desde octubre de 2022, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa desplegó a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en la «Operación Roraima 2022» para enfrentar la minería ilegal, trata de personas y narcotráfico en el estado Bolívar y parte de Amazonas.

Según la propaganda oficial, los efectivos han desmantelado campamentos de minería ilegal y desarmado grupos delictivos que azotan el sur del estado, sin embargo, en reiteradas oportunidades los habitantes de los pueblos mineros han protestado en contra de la militarización de las minas debido a sus atropellos con detenciones, allanamientos y destrucción de equipos de trabajo de los mineros, reseñó Provea. 

La mina Isidora está ubicada en un área restringida de Mibiturven (Minería Binacional Turquía-Venezuela) – empresa relacionada con Alex Saab y constituida en 2018-, y el El Pitazo reseñó que La Talavera está clausurada y en el sector El Perú, donde se ubica, hay presencia del ejército y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). ¿Por qué este cuerpo de seguridad no sacó a los mineros de las galerías cuando las invadieron?

La Talavera es una mina «abandonada» que conecta con la mina Isidora – perteneciente a la CVM- a través de túneles en las galerías. Los mineros descendieron a través de ella para acceder a la Isidora y realizar trabajos de extracción. 

Andrés Velásquez, dirigente nacional de La Causa R y precandidato a las primarias opositoras, afirmó en entrevista para Runrun.es que La Talavera carecía de custodia de parte del Estado, pero había presencia de grupos armados irregulares controlando el yacimiento, los llamados «sindicatos».

El poder de las bandas

Investigaciones y reportajes han señalado que el sector El Perú está custodiado por el grupo armado «Zacarías y Toto», señalados por haber matado a siete personas en El Mirador, San Félix.

La como la mayoría de los yacimientos del sur están tomados por bandas que controlan la actividad extractivista y mantienen la zozobra en la población. Por eso cabe preguntarse si los mineros fueron enviados por alguna banda o si lo hicieron por cuenta propia.

«Quienes trabajan en el AMO deben pagar entre 10 % y 20 % del mineral extraído a los grupos criminales», reportó en 2020 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) a través de un informe sobre las violaciones los DDHH en el Arco Minero.

Entre las bandas que operan en el Arco Minero se encuentran: «Tren de Guayana», que funciona desde el 2010 aproximadamente en el sector de La Paragua, municipio Bolivariano de Angostura y en zonas de Ciudad Bolívar. Ha participado en delitos de minería ilegal, tráfico de oro, drogas y materiales estratégicos, sicariato, extorsión, robo, robo y hurto de vehículos, terrorismo sindical.

«El Ciego», que opera en El Manteco, municipio Piar y La Paragua, y ha sido señalado por delitos como: minería ilegal, homicidio, cobro de vacunas, extorsión, venta y distribución de droga. Su líder, Reiniero Alberto Murgueytio Bastardo, alías «El Ciego», es solicitado por diversos crímenes y es señalado como responsable de la masacre de Ikabarú en el 2019.

Trabajo para sobrevivir

En uno de los videos difundidos por la secretaría de Seguridad Ciudadana, Edgar Colina, informó que la mayoría de los 13 mineros fallecidos eran foráneos, ciudadanos pertenecientes a otros estados del país que fueron a la mina a trabajar y llevar sustento a sus hogares. Se conoció que dos de ellos eran hermanos oriundos de Monagas y desde hace dos años viajaban al sur de Bolívar. 

«Nos informaron que casi todos son foráneos y no tienen la experiencia, porque los mineros locales saben que cuando está lloviendo hay minas que no pueden ser trabajadas (…)», indicó Colina.

La crisis económica y la falta de oportunidades laborales en Venezuela causó un aumento de la migración interna hacia la región minera en los últimos años, intensificado por el Covid-19 que potenció las crisis preexistentes, según el monitoreo del Observatorio de Ecología Política de Venezuela en el 2021. Según el dirigente Andrés Velásquez, no hay un registro de la cantidad de migrantes que llegan al sur del estado Bolívar.

Uno de los sobreviviente del suceso, César López, de 21 años, informó para El Pitazo que viajó e ingresó a las minas de El Callao a trabajar por la crítica situación económica que atraviesa su familia. 

Acnudh describió en su informe que la mayoría de los mineros trabajan 12 o más horas sin ninguna protección, en condiciones peligrosas, y están expuestos a la contaminación por mercurio y a enfermedades, así como a la violencia por el control y las disputas entre los grupos armados y, en algunos casos, las fuerzas militares

Acorde al informe sobre esclavitud moderna y explotación laboral del Centro de DDHH de la Universidad católica Andrés Bello (Ucab), para los mineros la necesidad es superior a la queja y toleran las condiciones indignas ante la falta de ofertas laborales y la vulnerabilidad económica.

Balza indicó que para prevenir estas tragedias y proteger a la población minera, el estado debe garantizar un entorno seguro en los yacimientos; capacitar a los trabajadores en áreas relacionadas con protección civil, primeros auxilios, prevención y mitigación de riesgos; brindar los equipos de protección mínimos para la seguridad de los obreros y fiscalizar la zona de manera permanente. 

 

 

 

Humberto Rojas ha escudriñado los átomos de la UCV para recuperarla
El candidato a rector de la UCV más votado en la primera vuelta considera que en la máxima institución de educación superior del país «queda mucho por hacer». Está dispuesto a exigir ante los entes del Estado lo que legalmente corresponde sin renunciar a ningún principio autonómico
Rojas rechazó que se use su participación en el Comité de Postulaciones que conformó el nuevo CNE del 2021 para vincularlo con el chavismo. Aseguró que se opuso al proyecto político de Hugo Chávez desde sus inicios.
 Humberto Rojas quiere insertar la universidad a las dinámicas del siglo XXI. Cree que la UCV necesita generar recursos propios, asumir su responsabilidad social y vincularse con el sector productivo
El doctor en Física Atómica y Molecular aspira a que la UCV  forme a ciudadanos preparados para las nuevas dinámicas del país y del mundo. Una de sus metas es recuperar el sentido de pertenencia y reconstruir el tejido social de la universidad

 

@MrsYaky

 

Como buen doctor en Física Humberto Rojas (Caracas, 1996)  sabe que conocer la estructura de los átomos permite inferir comportamientos macroscópicos y entender la esencia del comportamiento de una materia.

«Toda mi vida ha girado alrededor de la UCV», afirma el candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela más votado en la primera vuelta de los comicios universitarios cuando se le pregunta si ha escudriñado lo suficiente los átomos de la máxima casa de estudios del país como para comprender lo que necesita y aspirar a dirigirla, en medio de una crisis multifactorial que la relegó de su espacio como referencia académica en Latinoamérica y el mundo.

El profesor titular e investigador a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias con más de 32 años de servicio enfatiza que no solo conoce los átomos universitarios, sino que su ADN es «enteramente ucevista». Para ejemplificarlo, recuerda que su padre fue trabajador universitario y estudió en la Escuela de Comunicación Social. Su madre egresó como ingeniera. Se graduó en un liceo del sistema educativo de los empleados universitarios y sus hijos también se titularon tras sus pasos por la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, respectivamente. Juega baloncesto en el equipo de los profesores ucevistas y es músico fundador de la  Parranda de Ciencias.

 

«Durante mi juventud estos eran mis espacios: comía, corría, hacía deportes, tumbábamos mango, comíamos ciruela de huesito, jugaba fútbol, tenis de mesa, baloncesto, practicaba natación», narra Rojas sentado en una escalinata de la denominada Tierra de Nadie, punto que escogió para conceder esta entrevista el pasado martes 13 de junio de 2023. 

Este aficionado del Manchester United también se ha dedicado a la actividad gremial y ha promovido la defensa de los derechos laborales y de los valores democráticos no solo dentro de la Universidad Central de Venezuela, sino también en el país.  Su participación en el Comité de Postulaciones que constituyó un nuevo Consejo Nacional Electoral para las elecciones regionales de 2021 ha reflotado recientemente en redes, en lo que califica como una campaña para «satanizar» su apuesta por la vía comicial en Venezuela. 

Para evitar una «fisión nuclear» de los átomos de la polarización que perjudique sus aspiraciones aclaró enfáticamente en esta conversación que nunca fue chavista y que adversó el proyecto político de Hugo Chávez desde el primer momento por su «militarización del país». Insistió también en que aunque buscará retomar los espacios estatales en los que la universidad debe exigir lo que por ley le corresponde preservará la autonomía académica «a toda costa».

Humberto Rojas plantea varias opciones para que la casa que vence la sombra genere sus propios recursos y se inserte en las dinámicas y en los grandes temas del siglo XXI:  big data, inteligencia artificial, nuevas formas de generación de energía, preservación del ambiente, respeto al género y a los derechos humanos, con la intención de formar a ciudadanos y ciudadanos útiles para el país y el mundo.

Entre sus metas está convertir la UCV en una universidad del siglo XXI, recuperar la identidad y la marca «U-U-UCV» y reconstruir el tejido social interno.

«En la UCV queda mucho por hacer» 

Marie Curie, la primera mujer en ganar un Premio Nobel y también la primera persona en hacerlo en dos categorías distintas (Física y Química), afirmaba que respecto a la ciencia, nunca veía lo que ya se había hecho, sino lo que quedaba por hacer. ¿Qué queda por hacer en la UCV para recuperarla?

-En la UCV queda mucho por hacer. Hemos vivido un período de estancamiento por muchos factores, entre ellos el presupuestario, que ha afectado enormemente. Pero nos toca tener una visión de universidad moderna, una universidad del siglo XXI que incorpore elementos tecnológicos que permitan también retomar el lado humanístico de la universidad. Necesitamos crear ciudadanía, necesitamos formar profesionales con responsabilidad, con principios, con respeto a los derechos humanos y valoración de la democracia como sistema político.

En la UCV tenemos mucho por hacer para poder equipararnos a las dinámicas que se están dando en otras partes del mundo. Para no ir muy lejos de nuestra frontera, hay otras universidades que nos han desplazado en ese liderazgo que alguna vez tuvimos desde el punto de vista de la generación de conocimiento, de planteamientos hacia los grandes problemas que aborda la sociedad venezolana, latinoamericana y mundial. Debemos retomar esos espacios y eso implica resolver una gran cantidad de problemas prácticos, como la remuneración de nuestros docentes y de todo nuestro personal, las becas de nuestros estudiantes, una mayor capacitación de todo el personal y el rescate de la carrera académica de nuestros profesores, en el sentido de que vivan de ello. Actualmente, y debido a las condiciones socioeconómicas en general de la población pero en particular del sector universitario, eso es verdaderamente difícil. 

¿Qué elementos o variables conforman su fórmula para rescatar una universidad que está impactada por una crisis multifactorial? Si pudiera resumir su propuesta en palabras claves, o en una especie de ecuación

-Lo primero es restituir el tejido social interno. Necesitamos retomar esa marca U-U-UCV. Hemos perdido debido a la crisis ese sentido de pertenencia, eso que nos lleva a sentirnos orgullosos de pararnos bajo las nubes de Calder y sentir que somos una universidad y una comunidad que nos debemos al país. Necesitamos rescatar ese espíritu ucevista que, lamentablemente con el tiempo, se ha ido diluyendo. 

Necesitamos también hacer sinergia entre las distintas áreas del conocimiento. Las facultades y escuelas están de alguna manera atomizadas, está cada quien en un sector atendiendo sus propios problemas y desde su propia visión. Y los problemas de mayor envergadura, los problemas que tienen impacto, tienen que ser vistos de manera multifactorial, desde lo científico, lo humanístico, lo social, lo ecológico. Son las cosas que están marcando las tendencias mundiales y tenemos también que adaptarnos a eso. Hay que romper esas barreras, esos muros, que más que físicos, son mentales. Tenemos que acercarnos y abordar de manera conjunta los problemas de mayor envergadura.

¿Qué adecuaciones se deben hacer en la UCV para formar profesionales competitivos y con conocimientos adaptados a los nuevos tiempos?

-En ese sentido, corresponde revisar y actualizar nuestros programas, hacerlos más flexibles y más adaptados a las realidades actuales. Estamos en la época del big data, de la inteligencia artificial, de nuevas formas de generación de energía, de una conciencia sobre la preservación del ambiente. Son los elementos esenciales que determinan el quehacer cotidiano mundial y que debemos incorporar. El respeto al género, la condición humana, los derechos humanos son todos elementos que debemos integrar para formar un profesional que no solamente sea competente en sus áreas de estudios, sino que también tenga un carácter de ciudadana y ciudadano para el país y el mundo.

Para poder concretar todo eso, debemos incorporar la cultura y el deporte, como puntos de enlace entre las distintas disciplinas y entre los distintos componentes de la comunidad universitaria. Y, por supuesto, necesitamos generar recursos. No podemos depender exclusivamente de un presupuesto que en este momento es prácticamente inexistente, que cubre unos salarios de miseria. Sino que tenemos que buscar generar recursos a través de nuestras zonas rentales, de la prestación de asesorías, acudir a los llamados de proyectos internacionales para atender problemas desde distintos puntos de vista. Y necesitamos proyectar la universidad hacia el exterior, que se internacionalice, que tenga vínculos y asuma su responsabilidad social universitaria con el entorno, que se vincule con el sector productivo nacional; una universidad abierta y proyectada que permita establecer alianzas necesarias para poder avanzar.

Esos serían los elementos que tienen que ver con reconstruir el tejido, el cómo aumentar nuestras capacidades y las características del servicio educativo que ofrecemos. 

Usted ha sostenido muchos encuentros con la comunidad universitaria tal y como estamos en esta entrevista, en unas escalinatas, también en aulas, en pasillos, sentados en los alrededores del Aula Magna. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que afloran en esas conversaciones con los estudiantes, profesores, empleados y obreros y cómo usted los resolvería?

-Las necesidades son múltiples. Está en primer lugar el tema presupuestario, pero también el tema de los servicios médicos para todos los sectores. En OBE (Organización de Bienestar Estudiantil) no hay becas, ni pasantías, los servicios que se prestan allí son esenciales para que el estudiantado pueda satisfacer algunas necesidades básicas y poder seguir estudiando.

Manejamos unas cifras de que 80% de los estudiantes tiene que trabajar para poder estudiar. Eso es una realidad que hay que abordar. Para eso, nuestra propuesta es como mencioné antes generar recursos que permitan financiar las labores universitarias y eso incluye la posibilidad de que profesores, estudiantes, empleados y obreros generen recursos con los proyectos que surjan, que parte de la estructura de esos proyectos incluya una compensación económica que les permita mitigar los efectos de los bajos salarios.

Pero, para eso, tenemos que acudir a todos los espacios. Lamentablemente, se han abandonado todos los espacios de discusión, la polarización política nos alejó de instancias donde esto se discute, como son las Asamblea Nacional, el CNU, los ministerios que atienden las diversas áreas que competen al quehacer universitario. Necesitamos discutir la convención colectiva de nuestros empleados para que se haga sentir la necesidad que hay de unos salarios dignos para poder cumplir la labor universitaria. Eso es un elemento esencial, porque sin mantener el recurso humano, es inviable cualquier proyecto. Necesitamos potenciar nuestras capacidades.

 

Otro elemento esencial dentro de las necesidades de la comunidad es el tema de la seguridad. Hay mucha preocupación por la seguridad en el campus, no solamente en las instalaciones de Caracas, sino en el resto del país. Tenemos prácticamente desatendidas el resto de nuestras sedes, y eso es un trabajo que hay que retomarlo, hay que tener presencia en todas las sedes de la universidad para atender los problemas que se presentan. En la universidad hay un problema serio de división interna en el cuerpo de seguridad. Hemos hablado con distintos sectores para buscar puntos de encuentro y construir un proyecto común. Ellos solicitan asistencia, pero también tienen que ser formados en derechos humanos y en la preservación de nuestro patrimonio. Necesitamos formar un vigilante universitario que se vincule con la universidad, muchos de ellos son estudiantes o egresados de nuestra universidad. Hay que trabajar en fortalecer y restituir ese arraigo para que haya armonía y podamos crear un buen proyecto de seguridad. Pero también la comunidad debe aprender de seguridad, tomar medidas, no podemos estar a altas horas de la noche en una ciudad universitaria que está en el centro de una ciudad tan peligrosa.

Hay solicitudes también para establecer protocolos en lo que tiene que ver con el respeto y la visión de género debido a los incidentes que se han presentado recientemente. Es importante hacerlo para manejar esa convivencia y los respetos mutuos que debe haber entre todos los miembros de la comunidad, y de esa forma, evitar que sean afectados los sectores más vulnerables, es otro de los aspectos que debe ser atendido con urgencia.

La necesidad de reactivar la investigación es otro punto que sale a flote, incorporarnos de nuevo al concurso de países, de universidades del país y de Latinoamérica o del resto del mundo para elaborar proyectos conjuntos. Y otra situación esencial es incorporar a la diáspora venezolana, tenemos más de 7.200.000 de venezolanos fuera del país, muchos de ellos egresados, profesores y estudiantes de esta universidad que están dispuestos a formar parte de un gran equipo que lleve a la universidad adelante.

«Ningún principio autonómico estará en discusión»

El tema de la seguridad, que es una de las grandes preocupaciones de la comunidad ucevista como indicó, se relaciona en algún punto con el sensible y crucial tema de la autonomía ¿En qué basaría su propuesta para defender la autonomía universitaria?

-La autonomía universitaria tiene múltiples elementos, uno de ellos es la preservación del espacio. Debe haber una articulación entre nuestros cuerpos de seguridad y los del Estado para atender aquellos casos que ameriten esa intervención. Lo que sí no puede ser es que haya presencia policial dentro del campus universitario en las mismas condiciones que en el resto de la ciudad o en los entornos de nuestra sede. Es un riesgo, el estudiante universitario está en una etapa de transición desde la adolescencia hacia la juventud y adultez, es un estudiante que debe ser rebelde, contestatario, crítico, esa parte de esa etapa que todos vivimos. Tiene que ser crítico con cualquier propuesta,  incluso con la nuestra, que está abierta para ser escudriñada, analizada y criticada. 

En ese sentido, tener un personal armado dentro de la universidad puede ser un factor de riesgo. No necesariamente quienes portan las armas tienen una formación adecuada para atender situaciones que puedan involucrar la seguridad de ellos y de aquellos que los rodean. Es importante evitar disminuir en lo posible la presencia de personal armado, bien sea dentro de la universidad o fuera, en sus entornos. Hay que articular otro tipo de cosas, hay que hacer inteligencia.

Eso sería respecto a la preservación de nuestros espacios universitarios, pero hay otros elementos que también debemos preservar: nuestra autonomía administrativa, nuestra autonomía electoral, nuestra autonomía académica, que debe ser nuestro centro, la principal. Que no se influya de ninguna manera en el quehacer universitario, esto es un espacio donde conviven distintas corrientes de pensamiento, donde tienen que tener cabida distintas visiones de país. Tratar de imponer desde afuera una visión única de país es algo que nosotros debemos rechazar y combatir a toda costa. En nuestras aulas y en nuestros laboratorios se genera conocimiento, se discuten posiciones siempre desde el respeto y la pluralidad, que es lo que hace a la universidad lo que es: un espacio de discusión, de análisis, de generación de soluciones para nuestro entorno, país y mundo.

Esa autonomía académica la debemos preservar a toda costa y ha sido vulnerada durante mucho tiempo no solamente por la pretensión de imponer un pensamiento único, sino también a través de sentencias de un Tribunal Supremo de Justicia que viola el papel autonómico de la universidad. Es una autonomía que parte del texto constitucional y para la que necesitamos construir un cuerpo de leyes y reglamentos que haga efectivos todos sus aspectos propios y  que preserve esa esencia propia de la universidad de ser un espacio donde todas las corrientes deben convivir y de la que deben surgir tanto los consensos como los disensos. 

¿La universidad debe ser el espacio para el debate o se debe incorporar a la diatriba política? Tomando en consideración que en un país polarizado quien se atreva a dar un paso en pro de la negociación o de buscar acuerdos o propuestas cívicas para trascender la crisis termina siendo señalado…

-La universidad tiene ambos papeles. Debe ser un espacio donde se generen las ideas y se contrasten. En donde el ambiente de convivencia y respeto permita discutir posiciones sin llegar a los extremos de la polarización y violencia, que tenemos que combatir tanto dentro de la universidad como en el país. En la universidad se deben generar críticas y somos un ente del Estado. Nosotros somos parte de él, tenemos una función de servir de faro y orientación para los grandes problemas nacionales, tenemos que participar y aportar pero no en la diatriba política partidista. No podemos hacer política con p minúscula, tenemos que hacer política con P mayúscula, es decir hacer aportes, propiciar espacios para que se dé el diálogo, buscar mecanismos.

Yo he sido satanizado en los últimos días por haber formado parte del Comité de Postulaciones electorales de la AN que logró, de alguna forma, reinstitucionalizar el CNE y tener un ente electoral más equilibrado que nos permitió acudir a las elecciones del 21 de noviembre de 2021 y las de enero de 2022. La manera de ganar espacios es a través de procesos electorales. Venimos de una etapa de alta polarización donde la bandera no fue lo electoral. Yo soy un promotor de la vía electoral y se han logrado triunfos electorales importantes, está el de 2015 como elemento evidente y las elecciones recientes, en las que se ganó dos veces Barinas.

La universidad debe contribuir con esas iniciativas electorales. En este momento nos preocupa que hemos cruzado nuestro patrón estudiantil con el registro electoral nacional y 36% de nuestro estudiantado no está inscrito en el CNE. Parte de nuestro estudiantado no ve las elecciones como una posibilidad de salir de las crisis, o no se ha podido inscribir, y también haremos esos exhortos al CNE para que facilite la inscripción y actualización del registro.

Aspiramos a que este ejercicio democrático que se ha hecho en la universidad sirva de calistenia, que nos cree un músculo democrático que le enseñe a nuestros estudiantes que estas son las vías a través de las cuales se deben dirimir las diferencias. Resalto de nuevo que es sorprendente que luego de una primera vuelta donde hubo  respeto y consideración pasemos a una segunda en donde en los primeros días está reinando la descalificación y satanización, en mi caso particular, por participar del comité de postulaciones a la que fui propuesto por una ONG, la Asamblea de Educación, que por cierto preside el profesor Tulio Ramírez, electo recientemente al Consejo Universitario y que apoya al profesor Rago.

No se entiende cómo se usa eso como mecanismo para descalificarme. Lo de clasificarme como “chavista” porque participé ahí, cosa que nunca he sido. Nunca he apoyado este proyecto político y he sido crítico desde el principio, esencialmente por su ejecución y por la militarización del país, cosa que nunca compartí del proyecto inicial de Hugo Chávez. Y también, de la misma manera, puede que aparezca por ahí vinculado a grupos radicales de oposición. Es parte de la polarización, pero eso no es lo que está en juego acá, lo que está en juego es la universidad.

Mi hoja de vida está abierta a quien la quiera ver, no solo como académico, sino como defensor de los derechos civiles y democráticos de la población venezolana por mucho tiempo y que me ha llevado a consignar, como parte del examen periódico de la ONU, un escrito sobre la actuación electoral en el país y la violación a los derechos civiles y políticos que se ejecutaron durante las gestiones del CNE.

Usted ha dicho que hay que retomar los espacios ante el CNU y ministerios y entes del Estado para plantear las exigencias que corresponden a la universidad. ¿Cuáles serían esos puntos en los que se enfocaría cualquier conversación con el gobierno y cuáles esos aspectos irrenunciables?

-Primero, hay que aclarar que hablar con el gobierno no implica una negociación en términos transaccionales. No es que estaremos ofreciendo algo, aunque la universidad tiene mucho que ofrecer para el desarrollo del país. La educación tiene que ser una política de Estado, no solo la universitaria, sino desde preescolar, básica, primaria, secundaria. No es posible el grado de deterioro de la educación venezolana en todos sus aspectos, tales como contenido, infraestructura y condiciones socioeconómicas del educador. Eso es un punto no negociable, tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar todas las condiciones que permitan que la educación en Venezuela tenga los niveles necesarios para contribuir con el progreso del país.

Tenemos que sentarnos a discutir los elementos salariales, socioeconómicos, un proyecto país que debe ser parte de una iniciativa concertada. No podemos renunciar por supuesto a la autonomía académica de la universidad, a la preservación de nuestros espacios y recursos. Ningún elemento autonómico estará en discusión.

También, buscaremos crear los vínculos necesarios con el cuerpo diplomático, partidos, sector empresarial, sociedad civil y ONG para que se cree un proyecto país de una Venezuela que se inserte en el siglo XXI, que incluya  condiciones para que la población tenga salud, educación y  servicios públicos mejorados.

Átomos y ADN ucevista

¿Cómo se ha fusionado un equipo tan diverso como el suyo, que incluye un físico, una doctora en Lengua, un abogado y una odontólogo?

-Hay mucha coincidencia, sentido de equipo, ha sido formidable. Este es un equipo que no solo se limita a la cuarteta, es un equipo que también tiene asociado decanos, miembros del Consejo Universitario, de los distintos consejos de facultad y de escuelas, profesores, obreros, empleados, estudiantes. Estamos ganados todo a un proyecto colectivo que requiere de la participación incluso de aquellos que no nos apoyan, porque la universidad tiene grandes valores y hay grandes personas que pueden sumar propuestas necesarias y útiles para su desarrollo. 

Y hacemos esa invitación a que una vez que culmine el proceso electoral, en el que estamos seguro que podemos triunfar,  dejemos de lado lo que se genera durante la competencia y la elección, esas diferencias, y sumemos los elementos comunes para articularnos y reconstruirnos como comunidad.

La elección se redujo ahora a dos candidatos a rector. Usted es doctor en física atómica y molecular, fue bombero universitario, es músico y también juega baloncesto. ¿Cuál ha sido el aprendizaje principal en cada una de estas áreas de su interés que usted piensa, podrían proyectarle como una buena opción para ser rector de la UCV?

-Cada una de ellas tiene aprendizajes importantes. La música te da disciplina, constancia, armonía y paz. La experiencia de los bomberos universitarios fue formidable, te marca la vida, el lema es “disciplina, estudio y abnegación” y esos elementos forman parte de mi vida. El haber sido un servidor público y poder contribuir con mi entorno y las personas es importante. Al igual que el deporte, ambos aportan disciplina, constancia y trabajo en equipo. El hecho de ver, sentir y compartir con el otro es un elemento que contribuye de manera positiva para cualquier gesta, tal como asumir la rectoría de una universidad.

Por su parte, la Física tiene cosas importantes, la formación académica es esencial, así como la visión que da. Yo trabajo en física atómica y molecular, en microscopia electrónica, en microscopía de fuerza atómica. Veo lo pequeño, el detalle, veo la estructura interna de átomos y moléculas. Cuando digo veo es en el sentido figurado, mejor dicho, escudriño esa estructura interna y a partir de ahí se pueden inferir comportamientos macroscópicos. La Física te da la teoría para no solamente predecir posibles fenómenos, sino para explicar aquello que ya existe, lo que te permite tener una visión dual para abordar problemas que todavía a lo mejor no se presentan y que necesitan ser pensados con anterioridad. Pero también necesitas la teoría para atender aquellos que ya están planteados.

Soy físico experimental, aunque normalmente dicto  física cuántica, también debo explorar la materia para tener información, para modificarla, adaptarla; trabajo nanotecnología, que es un área que tiene que ver con esas pequeñas dimensiones y con manipular átomos, moléculas y pequeñas partículas para estudiar comportamientos, productos y desarrollos modernos. Todo eso son partes de lo que una universidad requiere, sin olvidar por supuesto que la Física proviene esencialmente de la Filosofía, por lo que no estamos ajenos de esa visión de lo humano.

¿Y considera que ha escudriñado lo suficiente los átomos de la UCV para saber cómo dirigirla?

Tengo conocimiento suficiente de distintos aspectos universitarios y de la academia, desde lo gremial, lo deportivo, cultural, mi experiencia en los bomberos, mi experiencia universitaria. Toda mi vida ha girado alrededor de la UCV. Mi papá fue empleado universitario, me gradué en el liceo Pedro Bautista Toro que pertenece al sistema educativo de los empleados universitarios. Me gradué primero como bombero universitario, luego como físico, luego fui bombero y propuesto por esta universidad para estudiar doctorado en Inglaterra con el compromiso de volver y acá estoy.

Después de este doctorado tengo 26 años en esta universidad, mis hijos se graduaron en ella, mi mamá también es egresada de acá, ella estudió ingeniería civil; mi papá, comunicación social. Mi ADN es enteramente ucevista.

Humberto Rojas

¿Ha habido acercamiento con otros candidatos que no pasaron a la segunda vuelta? ¿Ha conversado con el profesor Víctor Rago, quien se mantiene en carrera?

-Eso forma parte de la contienda de la segunda vuelta, hablar con los candidatos que no resultaron favorecidos no solo a nivel de autoridades centrales, sino de los distintos decanatos. Por supuesto, hay que hablar también con las bases, no solo con los que lideran. Estamos con ese proceso. Sí ha habido acercamientos, creemos que podemos sumar voluntades alrededor de un proyecto común y confiamos en que esta tarea será exitosa y esperamos que se mantenga el mismo espíritu que prevaleció en primera vuelta, de convivencia y respeto. Que estos pequeños nubarrones de los últimos días se dispersen y que tengamos una segunda vuelta con altura, respeto y consideración hacia nuestros contrincantes.

Con el profesor Rago no he hablado  tras esta primera etapa que ha sido un poco tormentosa por falta de resultados formales, eso nos ha consumido mucho tiempo, el hacer nuestros propios cálculos para tener certeza del escenario. Seguramente hablaremos, es una persona cercana, amiga y podemos sentarnos fácilmente a hablar sobre los temas universitarios (La entrevista se realizó el 13 de junio, hasta ese momento, no habían conversado)

 

Antes dijo que invitaría a las personas que adversaron su propuesta a participar en su gestión si resulta ganador en la segunda vuelta ¿También estaría dispuesto a colaborar con el profesor Rago, en caso de que él sea quien triunfe el 30 de junio?

Si sale favorecido él y cree que mis aportes pueden ser importantes para la universidad, no tendría ningún problema en participar en aquello que él considere y concertemos que pueda contribuir a lograr una mejor universidad, una universidad del siglo XXI.

La economía se debilita y crece el riesgo de una recesión
La contracción en las ventas, la caída de la producción industrial y los bajos salarios que limitan la demanda crean un entorno de fragilidad. La actividad petrolera emite signos de mejoría pero necesita reformas para crecer de forma sostenida

@VSalmeron

 

Tras un incipiente crecimiento que despertó el optimismo, la economía venezolana comenzó a flaquear en el segundo semestre del año pasado. El colapso del bolívar aceleró la escalada de los precios, las familias redujeron el consumo y la caída en las ventas golpeó al comercio y las empresas recortaron la producción.

El Banco Central oculta las cifras oficiales pero el Observatorio Venezolano de Finanzas reporta un declive de la economía de 8,3% en el primer trimestre mientras que el índice de ventas del comercio en Caracas que elabora Ecoanalítica registra caídas consecutivas en los seis meses del lapso diciembre-mayo de este año.

Regresó la percepción de crisis. Datanálisis indica que en abril ante la pregunta ¿cómo evalúa la situación del país en la actualidad? El 77,8% de los venezolanos se inclina por negativa, un aumento de 22 puntos porcentuales respecto a octubre de 2022.

¿Qué va a ocurrir en lo que resta de año? Todo apunta a un escenario de mínimo crecimiento en el que no se descarta la posibilidad de retroceder a una recesión, es decir, que la economía deje de crecer y se reduzca.

La mayoría de los economistas considera que una recesión comienza cuando el valor de los bienes y servicios producidos en un país, conocido como el producto interno bruto, cae durante dos trimestres consecutivos.

Petróleo limitado

El petróleo juega un rol clave como fuente de divisas e ingresos para la caja del gobierno, al mismo tiempo que impulsa la actividad de las empresas que les proveen servicios. Por ahora, el escenario es de precios inferiores a los del año pasado y una producción que está creciendo pero que necesita reformas para continuar en alza sostenida.

El 13 de junio el barril de crudo Brent, la principal referencia en el mercado, se cotizó en 74 dólares, una magnitud que se traduce en un descenso de 39% respecto a los 122 dólares de hace doce meses.

Si bien analistas esperaban un rebote importante en los precios, por ahora los recortes de producción de la OPEP no han tenido mayor efecto, la demanda de China no crece lo suficiente como para generar un impacto relevante y Rusia, a pesar de las sanciones, sigue exportando petróleo a China e India.

El Oxford Institute for Energy Studies espera un aumento del precio en el segundo semestre pero a un nivel muy inferior a los del año pasado. El instituto proyecta que este año el precio del Brent promediará 85 dólares el barril y Ed Morse, director de investigación de materias primas de Citigroup, coincide con esta visión.

Desde su punto de vista el precio promedio del Brent no superará los 82 dólares el barril este año y el próximo estará por debajo de este nivel.

Un elemento clave es que Venezuela, por las sanciones y la calidad de sus crudos, coloca en el mercado sus barriles con un enorme descuento respecto al Brent. Para que el petróleo impulse el crecimiento de forma importante entonces se requiere un alza relevante en la producción. Que no luce factible.

De acuerdo con la información entregada por el gobierno a la OPEP, en abril la producción de Venezuela se ubicó en 810 mil barriles diarios y en mayo aumentó ligeramente hasta 819 mil barriles. Esto se traduce en aumentos de 4,5% y 11% respecto a los mismos meses de 2022.

Tras años de pésima gerencia, corrupción rampante, desinversión y el impacto de las sanciones de Estados Unidos la producción llegó a ubicarse por debajo de 400 mil barriles diarios, pero gracias al uso de capacidad ociosa aumentó hasta 750 mil barriles. Además, recibió el impulso de Chevron que obtuvo una licencia de Washington para que incremente sus operaciones en el país.

Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice, explica que el escenario cambió: “Ya no hay capacidad ociosa y eso nos indica que llegamos a un techo”.

Una posibilidad es que Chevron impulse la producción, pero hay limitaciones. “La licencia no le permite perforar nuevos pozos. Gracias a la reapertura del campo Boscán su producción aumentó desde 55 mil barriles diarios hasta 125 mil barriles. Su presidente dice que llegará a 150 mil barriles este año pero para alcanzar los 200 mil barriles necesitará otra licencia que depende de las conversaciones políticas”, dice Francisco Monaldi.

La consultora Rystad pronosticó que en 2024 la producción de Venezuela alcanzará el millón de barriles diarios pero el crecimiento que esperaba para este año no ha sucedido.

“Ellos preveían una licencia más expansiva a Chevron. Todavía eso puede ocurrir pero el techo de la producción se acerca más a los 850 mil barriles diarios si no hay cambios en la licencia”, explica Francisco Monaldi.

El tema cambiario

Entre octubre y febrero el bolívar se hundió y la cotización del dólar se disparó desde 8 bolívares hasta 24 bolívares. Pero en los últimos tres meses el gobierno logró detener el colapso y actualmente el tipo de cambio oficial es de 27 bolívares por dólar.

La estabilidad del dólar transmite confianza y ayuda a desacelerar el alza de los precios en un entorno de bajos salarios y retroceso del consumo. Por ahora, el gobierno ha contenido al dólar reduciendo la cantidad de bolívares en la economía, mediante el control del gasto y con la oferta de dólares provenientes del Banco Central y Chevron, que vende divisas para cubrir gastos en bolívares.

Pedro Palma, miembro de la Academia de Ciencias Económicas, considera que la estabilidad del dólar no es sostenible. “La verdad es que no vemos la posibilidad de que el anclaje del dólar se pueda mantener. El Banco Central no tiene suficientes reservas y nadie quiere conservar bolívares”.

“El gobierno está entrampado. Cuando se ve obligado a aumentar el gasto inyecta bolívares que se desplazan a la compra de dólares porque nadie quiere mantener bolívares”, agrega Pedro Palma.

Un elemento a considerar es que a pesar del salto que hubo en el tipo de cambio, el precio del dólar está barato porque ha aumentado menos que el resto de los productos en la economía; esto favorece las importaciones e impulsa la demanda de divisas.

“La sobrevaluación es alta, a 27 bolívares el dólar es barato, se compra más en el exterior que en Venezuela con un dólar”, dice Pedro Palma.

Ecoanalítica proyecta que este año el tipo de cambio oficial seguirá en aumento y alcanzará 61 bolívares por dólar mientras que la inflación acumulará un salto en el año de 228%.

Entorno difícil

El informe del Sistema de Información Estadística de Conindustria, el gremio que agrupa a la manufactura privada, reportó que en el primer trimestre la producción registró un descenso de 1,5% respecto al mismo lapso de 2022.

El declive acabó con la cadena de ocho trimestres consecutivos de crecimiento pero lo más inquietante es el grado de paralización que sigue habiendo en el sector: en promedio la industria solo está utilizando 31% de su capacidad instalada, una magnitud enana comparada con otros países de la región.

En Brasil la industria privada está utilizando 63% de su capacidad instalada, en Perú 63%, Argentina 65% y Colombia 78%.

El informe indica que entre los factores que inciden en la producción destacan la baja demanda, la falta de financiamiento, los excesivos tributos fiscales y parafiscales, la competencia con productos importados y la precariedad en los servicios públicos que recientemente se agravó por la escasez de combustible.

Ante la poca producción se estancaron las remuneraciones. En promedio los obreros recibían al cierre del primer trimestre el equivalente a 173 dólares versus 171 dólares en el tercer trimestre de 2022.

“Las remuneraciones se estancan, ya que la industria no crece. Al detenerse, se dificulta el consumo de los hogares y esto hace que la actividad económica en general se paralice. Urge diseñar y ejecutar políticas que dinamicen a la industria manufacturera, que es la fuente empleadora de más de 510 mil trabajadores de manera directa e indirecta”, dice el informe.

Las perspectivas

Las distintas variables apuntan a un crecimiento débil o una recesión. José Guerra, director del Observatorio Venezolano de Finanzas, indica que “hay signos preliminares, de alerta, sobre una posible recesión. La actividad comercial cayó a comienzos de año, la manufactura no da señales de recuperación y la falta de combustible es un elemento adicional porque paraliza el transporte de carga”.

“La caída del comercio se debe al estancamiento de la demanda, esto sería una eventual recesión por insuficiencia de la demanda, por los bajos salarios. Esto podría mitigarse con el aumento de la producción petrolera que se ha recuperado gradualmente por el efecto de Chevron pero está por verse si esto puede compensar la caída en el precio del barril”, agrega José Guerra.

“Los precios del barril han caído más de lo que han aumentado las exportaciones petroleras, de tal forma que tengo la impresión de que el efecto neto en términos fiscales se redujo, esto impacta la disponibilidad del gobierno para gastar. A ello se añade que hay una restricción al crédito bancario por lo elevado del encaje. Estos son los elementos que explican por qué la economía puede entrar en una recesión a partir del segundo trimestre de este año”, detalló. 

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, considera que en el segundo semestre habrá un mejor desempeño y la economía culminará el año con un crecimiento de 3,4% que supondría una desaceleración respecto al 7,6% de 2022, pero no una recesión.

“La recuperación tiene que ver con la comparación con el segundo semestre del año pasado en el que tuvimos un retroceso importante. Esperamos una leve mejora del consumo por la desaceleración de la inflación respecto al año pasado y el efecto de los bonos que decretó el gobierno, que es muy pequeño, pero como la economía está muy reducida tienen algún un impacto”, dice Asdrúbal Oliveros.

“En el tema petróleo no vemos un incremento importante de la producción, pero sí creemos que puede mejorar un poco el tema de provisión de combustible y eso tiene incidencia en la dinámica económica. También consideramos que habrá una mayor ejecución de gasto público en el segundo semestre”, agrega Asdrúbal Oliveros.

No obstante destaca que para una economía que se contrajo 80% entre 2014 y 2021 «estos niveles de crecimiento tan exiguos en realidad reflejan una estabilización en el foso, no se trata de un crecimiento que permita recuperar parte de lo que se ha perdido”.

“Es un crecimiento concentrando en la región central con énfasis en Caracas, en pocos sectores, en segmentos de la población que probablemente puedan tener sus ingresos dolarizados; eso es lo que está motivando esa tasa de crecimiento que esconde una economía muy precaria”, dice Asdrúbal Oliveros.

Freddy Superlano: “El peor de nosotros es mejor que Maduro”
El candidato a las primarias por Voluntad Popular no se considera un plato de segunda mesa luego de que Juan Guaidó haya salido del país
El ingeniero está dispuesto a apoyar a quien resulte electo en las primarias así no comulgue con su proceder y propone recoger lo mejor de cada candidato para compactar una propuesta
Asegura que el Gobierno descartó un adelanto de elecciones presidenciales porque “los tiempos no le dan y el dinero que tenía para ello supuestamente se lo robó Tareck El Aissami”

 

@franzambranor

 

Foto cortesía Equipo de Comunicaciones Freddy Superlano 

 

Freddy Superlano es conocido en Venezuela por ser el candidato que luego de obtener la gobernación del estado Barinas en 2021 fue inhabilitado. Y también por haber sido señalado en un escándalo con supuestas trabajadoras sexuales en la ciudad de Cúcuta, en el marco de la fallida operación para ingresar a Venezuela ayuda humanitaria proveniente de Colombia hace cuatro años.

Ahora, con Juan Guaidó fuera del escenario político nacional, Superlano asume el rol de candidato del partido Voluntad Popular para las elecciones primarias de la oposición el 22 de octubre de este año.

Al ingeniero de 46 años no le molesta ser una especie de sombra de Guaidó en los futuros comicios para seleccionar al contendor del chavismo en 2024. Considera que su trayectoria en el interior habla por sí misma y que lo acontecido en Barinas, donde el opositor Sergio Garrido se terminó imponiendo a la maquinaria madurista en una segunda elección, es un ejemplo de lo que puede conseguirse con unidad y voluntad política. 

En la sede de VP, que ha sido blanco de allanamientos por parte de funcionarios del Gobierno, el expresidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional habla del país que se imagina, su candidatura, anhelos y de que hoy más que nunca la oposición debe tener los pies sobre la tierra y no prometer escenarios inalcanzables en el corto y mediano plazo.  

¿Cómo surgió su candidatura a las primarias? ¿Se considera un plato de segunda mesa ante el retiro obligado de Juan Guaidó?

-Yo me considero un líder regional, creo que en Barinas hemos construido algo, mi primera aspiración era ser concejal. Con la llegada de Voluntad Popular en 2009 empecé a aglutinar gente en un estado que era dominado absolutamente por el chavismo. En 2015 comencé a ser conocido como el que derrotó a Argenis Chávez en las elecciones a la Asamblea Nacional. Lo que pasó en Barinas en los comicios para gobernador donde resulté electo fue muy escandaloso y eso me dio una proyección nacional, tuvimos que defender los resultados en la calle, aguantar la presión del régimen, el propio Diosdado Cabello se mudó a Barinas para ocuparse del caso, ya no bastaba con los Chávez e Iris Varela. Ellos (el chavismo) reconocieron que perdieron, pero no pudieron aceptar al ganador. En 49 días les ganamos dos elecciones, ese hecho de haber insistido en lo electoral y buscar opciones fuera de nuestro partido marcó un acto de desprendimiento que nos puso en el radar de la gente. Sergio Garrido fue la quinta opción para ser gobernador, esa búsqueda de consenso creo que tuvo un impacto porque al final conseguimos el objetivo. No me considero un plato de segunda mesa porque cuando Juan se ve obligado a irse, alguien tenía que asumir las riendas y yo era el coordinador político de VP, siempre he estado al lado de la gente. Guaidó nos asomó que no iba a poder seguir en el país y nos pidió que siguiéramos insistiendo en las primarias.

Seguramente emplearán el episodio en Cúcuta para desprestigiarle en el caso de ser electo en las primarias ¿Cómo se prepara para eso? 

-Es impresionante como la narrativa de la dictadura tiene la capacidad de hacerse verdad en la opinión pública. Lo que nos pasó a mi primo Carlos Salinas y a mí fue un intento de asesinato. Supongamos que era verdad que yo andaba de rumba con prostitutas, en todo caso, quien termina muerto es mi primo. ¿Por qué no se dijo que días antes hubo un intento de secuestro a dirigentes de oposición? La misma Fiscalía de Colombia dijo que se trató de un intento de asesinato, lo lamentable es que una persona de apenas 34 años murió y es algo extremadamente doloroso para mi y su familia. Fuimos víctimas de un aparato de comunicación del Gobierno que es avasallante, siembra dudas y divide a las personas. Por supuesto que estoy preparado para que usen eso en mi contra. ¿Cómo? Hablando con la verdad. No tengo elementos para asegurar quién pudo estar detrás de todo eso, pero yo venía de hacer denuncias contra Alex Saab, Raul Gorrín y la propia familia Chávez en Barinas. 

El hecho de que VP sea el partido con más militantes exiliados, perseguidos y detenidos (Guaidó, Leopoldo López, Freddy Guevara, David Smolansky, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Antonio Rivero, Juan Andrés Mejía, Gilber Caro, Gaby Arellano y el periodista Roland Carreño) te deja a ti y a otros pocos prácticamente solos y con un vacío que se debía llenar. ¿Percibes eso como un beneficio a la hora de asumir un liderazgo?

-Desde 2012 Voluntad Popular ha sido el partido más perseguido de Venezuela. En 2014 AdánChávez me quería meter preso, yo he padecido en carne propia el exilio y la clandestinidad. Las circunstancias me han llevado hasta donde estoy ahora. Podemos decir muchas cosas de Leopoldo (López) y quizás es una de las personas que genera más controversia en el país, pero nadie puede negar que está preparado para ser presidente. Mis aspiraciones eran las de ser gobernador de un estado, sin embargo, las circunstancias me llevaron hasta acá. Mi compromiso con la posibilidad de generar un cambio sigue intacto. Yo entiendo que con esto estoy comprando un número para ser perseguido, no está en mis planes caer preso, no creo que entregarse al régimen sea lo más inteligente, Juan hizo bien en escapar porque el Gobierno lo quería exhibir como un trofeo, hace mucho más estando fuera, con lo de Leopoldo ya fue suficiente.

¿Crees que López cometió un error al entregarse y consideras que la figura de Guaidó termine de desinflarse ahora estando fuera de Venezuela?

-Son escenarios distintos, cuando Leopoldo decide entregarse este era otro país, fue un acto de valentía de desafío a la dictadura, de dejarlos en evidencia. Había más presencia de los medios de comunicación, Maduro no terminaba de mostrar lo que realmente es. La entrega de Leopoldo fue una decisión muy personal y demostraba que la justicia en Venezuela está supeditada al Poder Ejecutivo. La cárcel política se ha deshumanizado, hoy en día muy pocos se acuerdan de la suerte de Juan Requesens, por ello, considero que la decisión de Guaido fue acertada, porque él iba a ser la guinda del pastel en la fulana operación anticorrupción donde detienen a todos menos a Tareck El Aissami y nadie sabe dónde está. 

¿Estás habilitado o inhabilitado para ejercer un cargo público?

-No hay ninguna persona inhabilitable en Venezuela. Un  ejemplo viviente de esta tesis es que el Gobierno inhabilitó a mi esposa Aurora, alguien que jamás había estado en la política, por ello, la elección primaria es tan importante porque significa un hecho de legitimación política ante el país. Hay que hablarle con claridad a la gente y decirle que existe la posibilidad de que aquella persona que salga electa en las primarias no sea el candidato contra el chavismo. Lo que no puede suceder es que si alguien es electo llame a la abstención y a desconocer la inhabilitación porque quedamos en lo mismo, al final del día, creo que es lo que el chavismo quiere. Igualmente creo que el apoyo popular te habilita, no hay poder más grande que la voz del pueblo a través del voto. El objetivo de cualquier candidato no puede ser solamente ganar las primarias, tiene que ser derrotar a Maduro electoralmente, es mezquino si solo pensamos en octubre, hay que ir más allá. Maduro hasta 2030 significa la instalación de un modelo que no va a dejar espacio alguno para la democracia.   

Maduro salió de Venezuela por primera vez en mucho tiempo y se ha reunido con líderes mundiales. ¿Esto lo legitima de alguna manera?  

-Yo creo que el mundo entendió que hay un poder fáctico en Venezuela y hay que derrotarlo a través de la acumulación de esfuerzos. Sus pares ideológicos, como Lula en Brasil o Petro en Colombia, van a tratar de darle legitimidad, pero el resto del mundo está claro. Quizás ya no lo llamen dictador, pero si autocrático. La comunidad internacional sabe que en Venezuela no hay democracia, algunos se entienden con Maduro, pero saben que no es la persona más idónea para conducir un país. 

¿Qué puede hacer la oposición ante un eventual adelanto de elecciones presidenciales?

-El Gobierno descartó un adelanto de elecciones porque los tiempos no le dan, porque la plata que tenía para eso supuestamente se la robó El Aissami. Pudieran en todo caso adelantarlas para el primer trimestre del 2024, la pregunta es si habrá condiciones ¿Les interesa legitimarse ante la comunidad internacional?, ¿Les importa un nuevo mandato con las mismas sanciones?

¿El CNE debe participar en las primarias?

-El riesgo que se corre es que un poder subordinado al Ejecutivo influya en la elección. Es perentorio proteger la identidad del votante, tienen que haber garantías de eso. La data de 2 millones de votantes que participen en las primarias puede ser un peligro en manos del CNE. Por otro lado, hay que tener cuidado de hacer elecciones con una comisión electoral como la que participó en los comicios de la Universidad Central de Venezuela. Creo que es necesario que se habiliten más centros electorales, porque la movilidad de hace diez años no es igual a la de ahora, en el interior del país no hay gasolina. ¿Cómo se va a mover la gente?. La comisión de primarias tiene una papa caliente y debe evaluar todos los escenarios.

¿Qué opinión le merece el resto de los candidatos a primarias, estaría dispuesto a apoyar a quien salga electo?

-Ese debe ser nuestro compromiso, apoyar a quien surja electo independientemente si estás de acuerdo con esa persona o no. El más malo de nosotros es mejor que Maduro. Habría que preguntarle al resto si están dispuestos a aceptar, a María Corina Machado si es capaz de apartarse para favorecer a otro, el ego no puede estar por encima del bienestar de la ciudadanía. Incluso, me parece que podríamos agarrar las mejores propuestas de los candidatos y entregarla a quien resulte ganador.

¿En qué se basa su plan de Gobierno?

-Estamos en el momento de mercadeo a ver qué nombre le ponemos a la campaña. Por supuesto, el tema energético, económico y educativo representa la columna vertebral, hemos estado sosteniendo una serie de reuniones con expertos. Me parece que el aspecto agrícola y pecuario es fundamental, hoy en día la gente trabaja para comer y es necesario hacer énfasis en la producción, hay que buscar la forma de que este país se autoabastezca, algo que formó parte en el pasado de un discurso retórico que nunca se cumplió. 17 estados de los 23 del país son productores agrícolas y pecuarios, en cualquier parte del mundo el Estado financia al campo, aquí eso no sucede. Obviamente, Venezuela necesita un auxilio financiero de parte de la banca pública internacional, eso tiene que formar parte de la discusión. Hay compatriotas que están fuera del país que solo aguardan por un cambio político para invertir acá. Podría modificarse la Ley de Hidrocarburos para permitir a inversionistas extranjeros tener la mayoría de las empresas en algunos casos. Es necesario reducir el tamaño del Estado. Pasar del 3% del Producto Interno Bruto que se invierte en materia de educación a 6%. Lo primero es rescatar la seguridad jurídica, sin ella nadie se va a atrever a invertir en este país. 

Algunos líderes de oposición ya no llaman a Maduro dictador ¿Vivimos en dictadura?

-Maduro es un presidente de facto, estoy convencido de que es todo lo contrario a un demócrata. El chavismo se vende como una democracia porque han hecho muchos procesos electorales, pero la democracia no es solo votar, tiene que haber separación de poderes. Aquí hay leyes donde la presunción de inocencia no existe. Yo creo que las dictaduras pueden salir con votos, pero tiene que haber voluntad política de todos los líderes de oposición.

¿Cómo convencer a la gente de que un cambio político es posible luego de 23 años de chavismo, especialmente a la juventud?

-Hay que dejar de sobredimensionar las expectativas, hablarle claro a la gente sobre los escenarios posibles que pueden surgir luego de una elección presidencial. Decirles que el voto masivo organizado es un arma muy poderosa. Comentarles que probablemente el régimen no reconozca una derrota, pero que con una diferencia de 2 millones de votos los colocamos en una posición muy comprometida. Hacerle ver a la gente que va a costar ganar y posteriormente gobernar, pero con unidad y voluntad política la recuperación del país se puede lograr.

¿Se puede rescatar algo del chavismo?

-Las bases son rescatables, la cúpula no, son responsables del sufrimiento de un país y son incapaces de hacer algo. Son cobardes, le tienen miedo a la cárcel. La única opción que tiene el chavismo para mantenerse en un escenario democrático es salir de Maduro.  

 

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6 claves para entender el escándalo de la rabia y el trago
Armando Benedetti y Laura Sarabia, dos fichas importantes en el Gobierno de Gustavo Petro, son los protagonista de uno de los mayores escándalos que involucra espionaje, chantajes, amenazas, abuso de poder y hasta presunto financiamiento ilícito para la campaña presidencial 

 

Insatisfacción por el cargo de Embajador de Colombia en Venezuela, abuso de poder, espionaje, una niñera, un robo, filtraciones de audios y el «dolor que deja el desprecio» fueron algunos de los elementos que se fusionaron para que detonara uno de los mayores escándalos en la política colombiana.                                           escándalo

Armando Benedetti, el enviado de Colombia a restablecer las relaciones con Venezuela y Laura Sarabia, politóloga y exjefa de Gabinete de la Presidencia de la República, son los protagonistas del entramado que obligó a Gustavo Petro a despedir a dos fichas importantes en su equipo de gobierno.

Chantajes, amenazas, abusos de poder, 7.000 dólares robados y la supuesta entrada de dinero “mal habido” para el financiamiento de la campaña de Petro son también otros factores que se suman al escándalo que, de entrada, no es fácil de comprender, pero que en seis claves vamos a explicar. 

El triángulo Sarabia-Benedetti-Petro

Laura Sarabia llegó a Gustavo Petro a través de Armando Benedetti. Sarabia trabajó como secretaria privada de Benedetti y luego estuvo cinco años en el Congreso. En junio de 2022 llega a la campaña de Petro, siempre de la mano del exembajador de Colombia en Venezuela. 

Para mayo de 2023, Forbes Colombia ya consideraba a Sarabia como una de “las fichas más sólidas en medio de una temporada de cambios en el Gobierno”.

Durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, Sarabia fue el puente entre los dos hombres. Su influencia escaló vertiginosamente hasta convertirse en la mano derecha del mandatario colombiano y su principal guía. 

Por su parte, Armando Benedetti es un gran conocedor de la política colombiana, y 30 años de experiencia así lo confirman. Se ha paseado por el uribismo y el santismo. Según la prensa colombiana, siempre se ha mostrado más interesado por el poder y no milita con una ideología específica. Ha estado envuelto en varios casos de corrupción, y cuando vio la oportunidad de que Petro podía ganar la presidencia, se le acercó y se convirtió en su mano derecha durante la campaña. 

La niñera, el polígrafo y el Clan del Golfo

El pasado mes de enero, Marelbys Meza, la exniñera del hijo de Laura Sarabia fue sometida a una prueba de polígrafo, instrumento utilizado para detectar mentiras, luego de que desaparecieran del apartamento de Sarabia 7 mil dólares en efectivo. 

El hecho generó un gran escándalo en Colombia por el supuesto abuso de poder que implica someter a una trabajadora doméstica al polígrafo.

Sobre el dinero que se había “perdido”, Laura Sarabia explicó: “Sobre el hurto del que fue víctima mi familia (…) fue por una suma en dólares no superior a los USD 7000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales (…) y que nos son entregados en esa moneda extranjera”.

El pasado 27 de mayo, la Revista Semana publicó una entrevista que le hizo  a Marelbys Meza, en donde contó que la policía se la había llevado detenida para realizarle tres pruebas de polígrafo con el fin de determinar si ella se había robado el dinero.

En la entrevista, Meza comentó que se sintió “secuestrada” porque no solo le arrebataron su celular y le dieron ingreso al palacio sin exigirle documentos, sino que también la acusaron —sin pruebas— de “ladrona” y la amenazaron de que iría “a parar a la cárcel”.

Una investigación realizada por el fiscal general de Colombia, Francisco Barboza, reveló detalles de cómo se abusó del poder político para investigar de manera irregular a las dos empleadas. 

Según Barboza, tanto a Marelbys Meza como a la otra empleada las hicieron pasar en un informe de inteligencia como alias ‘la Cocinera’ y alias ‘la Madrina, colaboradoras de alias ‘Siopas’, un temido líder de las disidencias y cabecilla del Clan del Golfo.

La interceptación la realizaron desde el 30 de enero hasta el 13 de febrero, luego de esto se suspendió  porque no se había encontrado nada que fuera de interés.

La historia de la niñera no termina ahí. Marelbys Meza, antes de trabajar para Laura Sarabia, también había sido la niñera de los hijos de Armando Benedetti. 

En el año 2022, Meza también fue acusada de un robo de cinco millones de pesos de la casa de Benedetti y también fue sometida a la prueba de polígrafo. 

Benedetti despidió a Meza al igual que lo hizo Sarabia, pero el pasado 14 de mayo, Marelbys viajó a Caracas para encontrarse con el exembajador colombiano en Venezuela. Ambos volvieron a Bogotá el 22 de mayo.

Sobre el viaje, Meza indicó que “no tenía nada que esconder” y aseguró que su relación con los Benedetti-Cobo fue netamente laboral.

Según versiones de la prensa colombiana, Sarabia acusó a Benedetti de tenderle una trampa y chantajearla con la publicación de la entrevista de la niñera a cambio de un ministerio. 

El pasado 2 de junio, Gustavo Petro anunció la salida de Sarabia y Benedetti, “mientras se realizaban las investigaciones” pertinentes para aclarar la situación. 

“Mi funcionaria querida y estimada (Laura Sarabia) y el embajador de Venezuela (Armando Benedetti) se retiran del Gobierno para que, desde el poder que implican esos cargos, no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se van a alterar los procesos de investigación, que no nos corresponden a nosotros, sino que le corresponden a las autoridades competentes”, anunció el Petro.

“Una humillación muy grande”

El escándalo se magnificó cuando la Revista Semana filtró un audio de Benedetti que correspondía a una conversación con Laura Sarabia, en donde le reclamaba el trato que ella y Petro le habían dado al dejarlo esperando durante al menos tres horas para reunirse, encuentro que al final no se dio. Según el audio, Benedetti afirmó sentirse “muy humillado” por no ser recibido como se merecía por Petro y Sarabia. 

“Yo llevo cuatro horas sentado en una silla, me estaba muriendo de rinitis, tú no saliste nunca a un culo, yo llegué a las cinco y a las es que tú haces la llamada, tres horas después”.

“Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (…) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos”.

“Perdón, Laura, pero es que uno también explota, es que se pasan de calidad, yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusiera un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del Presidente”.

Insatisfacción por el cargo

El pasado 5 de junio, luego de que se hiciera público el audio, Benedetti expresó a través de su cuenta en Twitter: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente (…)”.

En el audio, Benedetti hace referencia a su insatisfacción por el cargo que le dieron luego de haber sido la mano derecha de Petro en la campaña electoral. 

“Yo lo que quiero es hacer equipo contigo, estoy aburrido en Venezuela, tú sabes que eso no es lo mío. ¿De dónde tú sacas que yo estoy contento y tú eres la que está sufriendo?»

“Yo te lo digo con todo el cariño, es que las cosas tienen un sindéresis y el sidéreos, lo correcto es que yo estuviera en Colombia, trabajando hijueputa, no sé, donde te dé la hijueputa gana. No voy a competir contigo, no quiero competir contigo, no me ofrezcas un cargo del cual yo no tengo potestad”. 

Audios filtrados sobre la campaña de Petro

En los audios filtrados a la prensa, Armando Benedetti le recordaba insistentemente a Laura Sarabia que él logró recaudar “15.000 millones de pesos (unos 3,5 millones de dólares)” para la campaña de Petro. 

Benedetti dijo también que si él hablaba y contaba quienes financiaron su campaña en la costa atlántica, todos acabarían presos.

“No es mamando gallo (broma), no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.

“Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las torres gemelas”.

Sobre el financiamiento de la campaña, Gustavo Petro salió al paso y negó que recibiera dicha cantidad de dinero de personas ligadas al narcotráfico. «No se han aceptado chantajes sobre cargos públicos o contratos». 

Finalmente, Benedetti expresó que los audios que se filtraron a la prensa fueron manipulados y agregó que el ataque mal intencionado no era de su parte. 

La rabia y el trago

Tras los audios revelados donde se escucha al ex embajador Armando Benedetti amenazar con contar todo lo referente a la campaña de Petro, Benedetti aseguró a través de su cuenta en Twitter que “en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.

Este miércoles, 7 de junio, el exembajador nuevamente utilizó su cuenta en Twitter para pedirle a la Fiscalía de Colombia medidas de protección para él y su familia. 

“Le pido a la Fiscalía que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas”, publicó en la red social. 

Luego publicó otro trino en donde informa que su salida del país no se debe a las supuestas amenazas que ha estado recibiendo. “Mi salida del país nada tiene que ver con las amenazas de las que hemos sido víctimas mi familia y yo. Salgo a cumplir con un compromiso familiar previamente adquirido. Estaré de vuelta el martes”, dijo.

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