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674 funcionarios policiales están bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad
A través de un documento obtenido por Runrunes se pudo conocer que la Policía Nacional Bolivariana creó una oficina para asistir a funcionarios imputados, investigados o penados
La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones
La categoría más común entre las investigadas es hurto con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa

A través de un documento obtenido por Runrun.es se pudo conocer que el 5 de mayo de 2023, el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, bajo el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, creó la Oficina de Alegación al Funcionario Policial.

La oficina tiene como objetivo garantizar el derecho a la defensa de los funcionarios haciendo valer todas las pruebas, acciones o excepciones; mantener el seguimiento y control de todos los expedientes y causas asignadas y solicitar inspecciones administrativas, avalúos e informes de campo. 

De acuerdo con el documento, desde la creación de la sucursal, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la oficina. De ellos, 674 funcionarios policiales se encuentran bajo investigación por diferentes cuerpos de seguridad, se desconoce cuáles son. 

De acuerdo al informe, la comisario en jefe, Antoine Elizabeth, es quien dirige la nueva oficina, que está conformada por tres divisiones:

División para la defensa del funcionario, conformada por la Coordinación de defensa del funcionario en materia administrativa y la Coordinación de defensa del funcionario en materia penal. 

División de apoyo a la investigación, conformada por la Coordinación de apoyo a la investigación.

División de estadística, conformada por la Coordinación de registro y análisis estadístico y Archivo.

«La nueva oficina debe brindar atención e información a los familiares del funcionario o funcionaria que se encuentren en condición de imputado, acusado o penado», señala el documento.

Investigados por corrupción y violencia de género

Desde mayo, 815 funcionarios policiales han sido atendidos por la Oficina de Alegación para asesorarse y representarse jurídicamente. El estado con mayor cantidad de funcionarios atendidos es Distrito Capital, con 130, le siguen Anzoátegui, con 93, Miranda, 87; y Bolívar 73. 

Según el informe obtenido por Runrun.es, los miembros de la PNB son investigados por delitos económicos, corrupción, abigeato, solicitados, tráfico y comercio ilícito de recursos y materiales estratégicos, hurto, violencia de género y una categoría identificada como «otros».

La categoría más común entre las investigadas es hurto, con 147 casos. Otros 97 funcionarios son investigados por violencia de género y 82 por estafa. Otra de las categorías señaladas es una que se define como «otros», con 185 casos.

CLAVES I  Gobierno de Maduro sigue llenando de piedras el camino de la CPI
Pese a testimonio de víctimas, el régimen chavista continúa negando crímenes de lesa humanidad 
Gonzalo Himiob del Foro Penal aseguró que apelación no detendrá el trabajo de la Corte Penal Internacional 

 

 

El pasado lunes 14 de agosto, el canciller, Yván Gil, emitió un comunicado del Gobierno venezolano donde apelaba a la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) en el caso denominado Venezuela I por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

La apelación pretende revertir la decisión de la CPI de continuar con la investigación iniciada formalmente el pasado 3 de noviembre de 2021 por el fiscal Karim Khan, después que un grupo de países suscribientes del Estatuto de Roma solicitaron la apertura de una averiguación por crímenes cometidos en Venezuela con supuesta anuencia del Estado a partir de febrero de 2014. 

El comunicado del Gobierno de Nicolás Maduro advierte que la investigación que lleva a cabo la CPI posee una “clara motivación política” y forma parte de una estrategia de “cambio de régimen impulsada por potencias extranjeras”.

Omar Piñango, coordinador del Observatorio de Crímenes de Lesa Humanidad de la ONG Defiende Venezuela, sostuvo que el régimen madurista afirma que en la investigación existen seis errores de hecho y de derecho que presuntamente vulneran disposiciones del Estatuto de Roma y del derecho internacional.

“Hasta ahora no se ha hecho público el documento de apelación, por lo que los detalles están por conocerse. En los próximos días debería estar disponible”, dijo el abogado.

A continuación enunciamos unas claves sobre lo que ocurre entre el Estado venezolano y la CPI:

 El 27 de junio de 2023 la sala de cuestiones preliminares I de la Corte Penal Internacional presentó su decisión de autorizar la reanudación de la investigación en Venezuela por supuestos delitos de lesa humanidad conforme al artículo 18 numeral 2 del Estatuto de Roma.

 El 2 de julio de este año, el Estado venezolano notificó su intención de apelar. “Presentó de manera muy general los motivos por los que consideraba que la decisión de seguir la investigación debía ser revertida, a la vez que se pronunciaba en torno a su solicitud de que el proceso se detuviera mientras se decidía la apelación”, sostuvo Piñango.

El pasado 7 de julio de 2023, el Gobierno venezolano presentó una solicitud a la Sala de Apelaciones de la CPI para poder contar con más tiempo del establecido en el estatuto para sustentar su argumento. “En esa oportunidad, la Sala de Apelaciones concedió hasta el 14 de agosto a las 4 pm para que el Estado presentará la sustentación de la apelación”, recordó Piñango. 

Según Piñango existe una negación por parte del Estado venezolano a reconocer violaciones a los derechos humanos. “Con la apelación, el objetivo del Gobierno es revertir la decisión que autorizaba la continuidad de la investigación. Entre otras cosas, dicen que la investigación no se corresponde con los hechos y que no se incluyeron todos los elementos probatorios, además alegan que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción y que hubo elementos que no presentaron a la Fiscalía por la barrera idiomática”.

 En una rueda de prensa ofrecida esta semana, el directivo de la ONG Foro Penal Venezolano, Gonzalo Himiob, sostuvo que la apelación del Gobierno madurista no detendrá la investigación de la CPI. “De hecho, en el momento en que la Sala de Apelaciones recibe la solicitud del Estado venezolano, una de las cosas que deja absolutamente clara es que esta manifestación no suspende el proceso investigativo”.

Además de la Fiscalía de la CPI y el Gobierno de Maduro, en la Sala de Apelaciones también podrá emitir su opinión al respecto la Defensoría Pública de las Víctimas con observaciones escritas y está por verse la eventual participación de un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA).  

Piñango aseveró que una eventual suspensión de la investigación afectaría el trabajo que se ha hecho en las ONG de mano con las víctimas. “No es que no sea posible, pero es que esta es una investigación que ha sido avasallante, que ha sido bastante frontal por parte de la CPI al analizar las pruebas que se han documentado. Lo que podríamos esperar es una decisión de la Sala de Apelaciones de confirmar la continuidad de la investigación que planteó la Sala de Cuestiones Preliminares”. 

El abogado Piñango comparó el caso venezolano con el de Filipinas, en el que el Estado también apeló en la CPI por la investigación que se le sigue por supuestos crímenes de lesa humanidad durante la llamada “guerra contra las drogas” en ese país. “Todas las situaciones son diferentes, pero podríamos esperar una respuesta similar. La valoración en ese caso fue que no era válido el argumento del Estado de que la CPI no tenía jurisdicción. Muy a grandes rasgos esperemos que no se detenga la investigación sobre Venezuela”.

Himiob indicó en su alocución a los medios de comunicación que la CPI no solo está pendiente de violaciones a derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de 2014 y 2017. “También de las inhabilitaciones, persecuciones y amenazas a la integridad física de políticos de la oposición en la víspera de unas elecciones presidenciales”.

 

César Pérez Vivas: El cambio constitucional en Venezuela es fundamental
Entre las propuestas del candidato a las elecciones primarias por Concertación Ciudadana está el establecimiento de un Congreso con dos cámaras, el recorte del periodo presidencial, la elección a dos vueltas y la eliminación de algunas leyes promovidas por el actual Gobierno
El dirigente político opositor aseguró que con el eventual nombramiento de Elvis Amoroso como rector principal del Consejo Nacional Electoral y las inhabilitaciones a Machado, Capriles y Superlano, el Gobierno persigue desmotivar el voto y fomentar la abstención
El excopeyano sostuvo que la oposición debe acudir a los comicios presidenciales de 2024 bajo cualquier condición que establezca el chavismo 
Manifestó que para frenar la corrupción en torno a la distribución de gasolina es necesario acabar con el subsidio a esta  

 

@franzambranor
 

Foto cortesía Unidad de Medios CPV

 

 

Vestido con paltó y corbata, César Pérez Vivas, candidato a las elecciones primarias de la oposición por el partido Concertación Ciudadana, llega a una panadería ubicada en La Florida a bordo de su camioneta. No tiene guardaespaldas y saluda con un apretón de manos a todo el que se le acerca. Alguien le dice “así tienen que ser los políticos, andar de frente y sin esconderse” y él se limita a sonreír. Pide un café y mira la hora, inmediatamente vuelve a levantarse porque su carro impide la salida de otro y debe moverlo, saluda al conductor y le pide excusas. Regresa a la mesa y comienza a relatar su reciente periplo por el estado Portuguesa en el marco de la campaña previa a los comicios opositores del 22 de octubre.  

“Hicimos un buen encuentro con los productores agrícolas en Guanarito”, dijo.

Nacido en La Grita, estado Táchira, hace 66 años, Pérez Vivas se graduó de Brigadier con máximos honores en el Liceo Militar Monseñor Jáuregui y posteriormente obtuvo el título de abogado en el núcleo de la Universidad Católica Andrés Bello en San Cristóbal. En su carrera universitaria formó parte de la Juventud Revolucionaria Copeyana y fue diputado por Táchira en el antiguo Congreso por varios periodos desde 1984 a 1998. También, ejerció como parlamentario en la era chavista y entre 2008 y 2012 fue gobernador de su entidad natal.

Ahora, quiere usar su experiencia en cargos públicos como principal gancho para conseguir el respaldo de los electores en las primarias de octubre.

La gente lo sigue asociando con Copei ¿Renunció al partido o lo botaron?

-Es inevitable que me asocien con Copei porque he sido un hombre de esa tolda desde hace 45 años. Soy de la escuela democrática-cristiana influido por esa visión de la sociedad. Lamentablemente, el partido entró en una crisis institucional producto de una judicialización que comenzó en el año 2015, el Gobierno intervino la dirección política y no permitieron hacer elecciones, ahora los directivos que representan jurídicamente a Copei los nombra el Gobierno y hay otros que se autodefinen como los verdaderos copeyanos.

Me parece que entrar en una disputa en estos momentos es inoficioso y, por ello, me aparté. No soy candidato de Copei, pero sí de los copeyanos que son muchos en toda Venezuela y también de los adecos, de los independientes y de todo aquel que quiera un cambio en Venezuela. 

¿Cómo percibe el momento actual de Copei?

-Es muy triste y doloroso ver que una institución que tenía una corriente histórica de pensamiento y un funcionamiento institucional haya caído en manos de unos personajes absolutamente contrarios a esos valores. Gente que no representa la democracia y los principios cristianos, personas que están allí solo para lucrarse y beneficiarse. Eso forma parte de la estrategia de los sistemas autoritarios de quebrar a los partidos políticos. Es la forma de operar de las dictaduras para perpetuarse en el poder, recientemente vimos lo que pasó con el Partido Comunista Venezolano (PCV), quitaron a sus directivos y pusieron a unas personas al servicio de Nicolás Maduro. 

Es uno de los candidatos a las primarias con mayor edad ¿Lo considera una ventaja o desventaja?

-Yo siento que estoy cumpliendo con mi obligación de ser un hombre formado en la democracia y haber vivido este proceso contrario a mis principios. Teniendo un conocimiento profundo de las ciencias económicas y jurídicas me resulta obligatorio tener que asumir una tarea de lucha. He encontrado muchos jóvenes que prefieren una alternativa madura a una aventura con caras nuevas que han resultado ser un fiasco. En este momento el país necesita una conducción firme, segura, serena, pero también activa y enérgica. Si bien no soy un muchacho, tampoco un anciano en fase terminal, soy un hombre que está en plenitud de condiciones físicas e intelectuales para asumir la responsabilidad de conducir una transición.

Dijo recientemente que no teme ser inhabilitado ¿Por qué esa afirmación, cuando hay tres candidatos a las primarias que en teoría no pueden inscribir sus candidaturas en el Consejo Nacional Electoral? 

-Enfrentarse a un sistema donde no hay vigencia del estado de Derecho ni seguridad jurídica significa enfrentar todos estos riesgos y otros más. Los que estamos en esta lucha arriesgamos la vida y la libertad. A mi me inhabilitaron en el 2015 con el objetivo de que no volviese a ser gobernador de Táchira porque era evidente mi popularidad. Diosdado Cabello junto a José Vielma Mora impulsaron esa inhabilitación que ya venció. Cuando el Gobierno interviene en el CNE y está próximo a nombrar a Elvis Amoroso presidente, cuando inhabilita a María Corina, lo que está buscando es que digamos que no hay condiciones y, por ende, nos retiremos del proceso electoral, eso ocurrió en el 2018 y en ese momento me opuse a retirarnos de la contienda. Hoy en día tengo la misma tesis, cualquiera que sea la situación que se presente tenemos que acudir a ese proceso, si no hay elecciones en 2024, que se suspendan porque Maduro las niega, así como huyó del referendo. Hay que ir en las condiciones que sean.

¿Está satisfecho con el acuerdo que suscribieron recientemente los candidatos a las primarias?

El documento no contiene todo lo que yo quisiera que se hubiese firmado, sin embargo, debo reconocer que es un avance en algunos temas en los cuales tenemos ya consenso, como la alternabilidad y las decisiones que se deben tomar en materia económica y social. Hay que avanzar en qué modelo de democracia queremos construir, me parece fundamental la eliminación de la Asamblea Nacional como una instancia parlamentaria raquítica y débil para volver a un Congreso bicameral sólido y más representativo, que equilibre los poderes,  porque esta Constitución que tenemos establece un presidencialismo y un centralismo brutal.   

Su programa de Gobierno es uno de los más ambiciosos y contiene no solo un cambio de Congreso sino también un recorte al periodo presidencial y una elección en dos vueltas, eso implicaría cambiar la Constitución ¿Venezuela tiene tiempo para eso?

-El cambio constitucional es fundamental y eso se puede hacer por un acuerdo político, vía reforma, enmienda o Constituyente. Hasta con esta misma AN se puede hacer si hay voluntad política, lo importante son los cambios para bien, el método lo podemos discutir después, todo va a depender del comportamiento de los sectores democráticos a la hora de una transición.

 

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En sus promesas destaca también la derogación de leyes que atenten contra los derechos del venezolano ¿a cuáles se refiere específicamente?

-El paquete de leyes que debemos derogar es grande, obviamente el Presidente no tiene las facultades para hacerlo por eso designa a un Congreso que se encargue de eso. De entrada, hay que descartar las que tienen que ver con la restricción de los derechos económicos, políticos y sociales de los venezolanos. Algunos presos políticos están encarcelados con leyes absurdas como la del odio, entre ellos Javier Tarazona y  Roland Carreño. La Ley de Regulación de Precios, de Economía Comunal y la de Tierras son leyes punitivas en materia de derechos fundamentales. La reforma que se hizo al Código Penal para criminalizar la protesta en las calles fue aplicada recientemente a seis sindicalistas, condenados arbitrariamente. 

¿Cuál es su posición en torno a las peticiones de sectores de la sociedad para impulsar el matrimonio igualitario, el derecho al aborto y al cambio de identidad para personas transgénero? 

-Yo respeto la diversidad humana, es parte de la pluralidad de una sociedad moderna y democrática, todos esos temas competen al Congreso no al Presidente, yo puedo tener una opinión como ciudadano y dirigente político. Hay algunas en las que estaría a favor y otras en las que no, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el aborto, salvo el aborto terapéutico, que ya está reconocido en la legislación venezolana. No me opongo a las personas del mismo sexo que quieran tener una convivencia, pero sin darles las mismas características de un matrimonio, porque matrimonio es una categoría sociológica, histórica y jurídica que corresponde al hombre y a la mujer para la procreación de la familia, no  creo que puedan tener un mecanismo que les de derecho a la adopción, por ejemplo. Toda persona merece respeto y consideración cualquiera sea su preferencia sexual, religiosa, política y una democracia no puede admitir discriminación, pero tampoco puede admitir algunas corrientes que pretenden hacer apologías de una sexualidad explícita, no estoy de acuerdo con tratar de meter a los niños en un tema de sexualidad de forma prematura, cuando eso responde a un proceso natural.

Usted habla de ofrecer salarios dignos a los venezolanos ¿De dónde sacar el dinero en un país que está quebrado y cuya producción es ínfima?

-Mucha gente cree que dolarizado el país ya está todo resuelto y eso es incorrecto, el país está quebrado. Venezuela tenía una moneda muy estable en el siglo pasado y ahora no. El salario se recupera a la par de la economía. No es posible recuperar el salario, si no hay un cambio del actual modelo político y económico. Hay que poner en orden las finanzas públicas, es necesario hacer una revisión minuciosa de los ingresos y egresos del país. Hoy en día no sabemos cuál es el presupuesto público, hay empresas del Estado que pagan en efectivo los servicios que ofrecen, hay una caja negra que se presta para robos como el cometido en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por el exministro, Tareck El Aissami. Es perentorio volver a la contabilidad fiscal y equilibrar el gasto público. El país tiene que producir más, si se siguen produciendo 700 mil barriles de petróleo y disminuyendo toda actividad comercial e industrial, no habrá manera de que el salario suba.             

¿Hay que permitir la participación privada en empresas del Estado?

-Apertura petrolera no significa privatizar a Pdvsa, el país debe tener una empresa petrolera sólida, solvente y eficiente. Las empresas que manejen el petróleo tienen que ser auditables y dedicarse solo al negocio petrolero, no como hizo Hugo Chávez, que convirtió a Pdvsa en una distribuidora de alimentos, entre otras cosas. Hay que recuperar a Pdvsa para que haga los negocios lícitos con los aliados que necesitamos. Teniendo ingresos podemos abordar el tema social, salarios, salud y educación ¿Cuál es el problema que venga Shell y monte una refinería nueva? Hay que modificar la Ley de Hidrocarburos para que haya una ampliación del negocio, necesitamos capital y tecnología, hay que dinamizar el negocio petrolero. Aquí lo importante es que tengamos producción. Se necesitan 20 mil millones de dólares por año a lo largo de seis o siete años para lograr elevar la producción de petróleo. Yo estoy de acuerdo con privatizar la distribución eléctrica en todo el país, hoy en día hay que recoger dinero entre los vecinos para cambiar un transformador, es preferible pagar un precio justo y tener empresas eficientes que no hacerlo y contar con empresas malas como Corpoelec. Ese concepto de Chávez de que el petróleo, la electricidad, el gas y el agua son sectores estratégicos es una mentira, ahí están los hechos con el desastre de esas empresas hoy en día. 

¿Hay que sincerar el precio de la gasolina y acabar con el subsidio?

-Hay que privatizar la distribución de la gasolina para acabar con la corrupción en las estaciones de servicio. El tema de la gasolina en el interior del país es una cosa dramática, está en manos de mafias y colectivos. Es necesario admitir la realidad de que el mercado es quien establece el precio de la gasolina, el Estado no puede estar metido en eso. Hay gente que paga hasta 2 dólares por litro de gasolina en algunos estados del país. ¿Por qué el venezolano en Colombia paga la gasolina al precio que es? La gente ahora sabe que las cosas cuestan, el  sector que está accediendo a ese subsidio es minúsculo, la mayoría paga la gasolina en dólares. 

¿Cómo establecer un nexo con los militares, un sector que está sumamente ligado al Gobierno chavista?

-La base de la estructura militar está también sufriendo el fracaso de este modelo, la cúpula es la que tiene privilegios de montar negocios en zonas económicas especiales exentas de impuestos. Hay un sentimiento de la familia militar de volver a tener a una Fuerza Armada Nacional comprometida con la soberanía de la nación. Debemos tener una FAN ajustada a la realidad latinoamericana y no una de Chávez, quien se gastó 50 mil millones de dólares comprando chatarra militar a los rusos. 

¿Aspira usted ser parte de los andinos o “gochos” en Miraflores?

-El tema de los andinos en Miraflores tiene luces y sombras, sin embargo, creo que hemos contribuido a la construcción del país. Obviamente Juan Vicente Gómez fue un dictador cruel en un país donde la cultura civilista no existía, pero después vino Eleazar López Contreras y abrió las puertas a la civilidad, permitió los sindicatos, entre otras cosas. Los que venimos de esa región sentimos verdadero amor por el país, es cuestión de tomar lo bueno y descartar lo malo.  

 

La economía ilícita se expande e infecta al mercado
Datos de Conindustria indican que las prácticas ilícitas como contrabando, falsificación o adulteración están presentes en más de la mitad de las transacciones

Víctor Salmerón/ @VSalmeron

 

La economía que gira alrededor de ilícitos creció hasta una magnitud que pone en peligro puestos de trabajo, evade el pago de cientos de millones de dólares en impuestos contamina el mercado con marcas piratas y golpea las ventas de las empresas que operan bajo el marco de las leyes y reglamentos.

De acuerdo con los datos que maneja Conindustria, la cámara que agrupa a la manufactura privada en el país, las prácticas ilícitas están presentes en más de la mitad de las transacciones que se hacen en la economía y en 2018, cuando era menos relevante, el comercio ilícito ya representaba 36% del PIB.

En la encuesta que hizo Conindustria para evaluar el desempeño del sector en el segundo trimestre de este año 53% de las empresas afirmó que los ilícitos son un factor que limita la posibilidad de aumentar la producción.

Guillermo Wallis, presidente de la Asociación de la Industria Química y Petroquímica (Asoquim) explica que erróneamente se piensa que los ilícitos se limitan al contrabando pero la lista de irregularidades que desplaza a productos elaborados en el país, a través de una competencia desleal, es extensa.

Por mencionar a los más importantes explica que la economía subterránea se caracteriza por la evasión, es decir, productos que no pagan impuestos, no poseen patente, se negocian sin facturas y carecen de licencias. Además, se encuentran los productos clandestinos porque no cumplen con las normas de elaboración y de aspecto sanitario.

Agrega el contrabando que consiste en el ingreso de mercancía al país sin pagar impuestos o aranceles. También en el mercado se detecta la falsificación, la presencia de productos que simulan ser de determinada marca a través de empaques que confunden al consumidor. Asimismo está presente la usurpación, es decir, la venta de productos de marcas reconocidas sin autorización.

Finalmente hay que considerar la adulteración donde se añaden componentes, incluso tóxicos, a productos que representan un riesgo para la salud del consumidor.

La rueda del comercio y la producción consiste en que un distribuidor vende materia prima a una empresa que la usa para fabricar un empaque. Luego el empaque es vendido a la empresa que envasa el producto. El producto es vendido a un mayorista, luego al minorista y finalmente al consumidor final.

Seis transacciones en las que, actualmente, existe una alta probabilidad de que en alguna de ellas esté presente algún ilícito.

Los productos que se mueven de manera ilícita, al evadir impuestos, regulaciones y normas son colocados en el mercado a menor precio y compiten de forma desleal con las empresas que laboran en el sector formal de la economía.

“El encadenamiento productivo está en peligro por la competencia desleal. Por ejemplo en el caso de una botella de champú que se fabrica en el país participan las empresas que elaboran el empaque y la etiqueta, quienes proveen las materias primas, el fabricante del producto, hay pagos en la economía, uso de bancos, de seguros, en fin puestos de trabajo”, dice Guillermo Wallis.

Mercado contaminado

Los ilícitos impactan de distintas formas. “Las salchichas que se producen en Venezuela tienen un valor proteico mínimo exigido por la ley, las salchichas que están llegando de manera ilícita no lo tienen. La mayonesa que ingresa de forma ilegal desde Colombia y Brasil no cumple con lo que establece la Comisión Venezolana de Normas Industriales (Covenim)”, explica Guillermo Wallis.

Menciona otros casos. “Productos como aceite, azúcar y pollo llegan sin control por las fronteras. El sector lácteo enfrenta la competencia de productos importados que desconocen abiertamente la normativa sanitaria en Venezuela. El 70% de las bebidas alcohólicas que circulan en el país son parte del comercio ilícito”.

“El 60% del mercado de cosméticos podría ser piratería por práctica de contrabando, usurpación de los códigos correspondientes a los certificados y falsificación. El monto de la evasión fiscal por el cigarrillo que entra por contrabando es de alrededor de 200
millones de dólares al año”, dice Guillermo Wallis.

Las empresas de sectores como plástico, vidrios, autopartes, pinturas, lubricantes, textil, calzado e higiene personal también están afectadas.

Los refrescos

Datos de la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber) indican que cada mes ingresan al país más de 2 millones 100 mil cajas de colas negras sin cumplir con controles, normas sanitarias, etiquetado y metrología. Además sin pagar impuestos nacionales y municipales como lo hace la industria formal.

En buena parte los refrescos son producidos en Colombia por la empresa Postobón y una vez que ingresan al mercado colombiano son desviados a Venezuela. El impacto se siente con fuerza en los estados Zulia y Táchira

Postobón envasa Pepsi en Colombia y en Venezuela lo hace Empresas Polar. Las licencias comerciales indican que solo Empresas Polar puede envasar y vender Pepsi en Venezuela, es decir, aun si los productos de Postobón no ingresaran a través del contrabando seguiría siendo ilegal su venta en el país.

“El contrabando de productos fabricados por Postobón en Colombia equivale a un actor más de la industria nacional. Este fenómeno ha venido creciendo a un ritmo muy importante” dice Carlos Palumbo director ejecutivo de Anber.

“A esta velocidad, estamos proyectando que en los próximos meses el contrabando se convertirá en el actor más relevante del mercado, desplazando a la industria nacional formal”, agrega.

Las estadísticas indican que actualmente el 43% de las colas negras que se consumen en el Zulia ingresan de manera ilegal al país. “Con esta realidad, ya no tiene sentido para las empresas mantenerse produciendo en este estado”, dice Carlos Palumbo.

Postobón reconoció el problema y explicó en un comunicado que “en los últimos años algunas de las marcas insignes de esta empresa de bebidas y sus registros sanitarios han sido falsificados y registrados ilegalmente ante las autoridades venezolanas por organizaciones delictivas”.

Añadió que esta práctica “ha facilitado el contrabando de estos productos de Colombia a Venezuela, afectando no solo a los participantes de este mercado, sino también a las marcas y la reputación de Postobón”.

Los aranceles

Guillermo Wallis explica que una medida que podría incentivar la producción de las empresas venezolanas, en promedio la industria nacional solo está utilizando 30% de su capacidad, es eliminar los aranceles a la importación de materia prima.

“Si quitamos los aranceles la materia prima será más barata, transformarla en producto terminado va a ser más económico y el producto final llegará de manera más económica a los anaqueles”, dice Guillermo Wallis.

Ante la observación de que esa medida se traduciría en una ventaja respecto a las importaciones indica que “me estarías dando una ventaja pero hay impuestos que se pagan en Venezuela que no existen en otros países. Lo que pedimos es que se igualen las condiciones. Aun con esta medida la cancha seguiría inclinada hacia el otro lado”, recalcó.

Actualmente el gobierno permite la importación de 1.500 ítems exonerados del pago de aranceles. Guillermo Wallis señala que “la materia prima para fabricar esos 1.500 ítems en Venezuela paga aranceles. Entonces hay un desbalance”.

Agrega que otra medida que podría impulsar la producción y las exportaciones, metas que el gobierno ha planteado como prioritarias, es disminuir los trámites administrativos y revisar el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras que por cobrarse en cascada tiene un impacto de 18% en el producto final.

El pasado 26 de junio Nicolás Maduro afirmó que “el contrabando es muy nocivo para el productor nacional, entonces estamos hablando de crear un organismo de la FANB para identificar dónde están las mafias del contrabando”.

Luego, el 10 de julio, Delcy Rodríguez anunció la creación del Estado Mayor contra el Contrabando donde participará el gobierno nacional, los gobiernos regionales, las Fuerzas Armadas y los empresarios.

“Esto hay que celebrarlo y esperamos que funcione, esto sería una muy buena noticia”, dice Guillermo Wallis.

Vacaciones en inflación: Padres apelan a la creatividad para distraer a los niños
Rosa Pellegrino, psicóloga del servicio de Atención Psicológica de Cecodap, explicó que se pueden aprovechar recursos para ayudar a niños, niñas y adolescentes a salir de la rutina sin que necesariamente implique un costo muy alto

@Andrea_GP21

 

Karla Lugo tiene dos hijos, uno de nueve años y otro de seis. Actualmente vive en Caracas, pero su familia reside en Anzoátegui. Karla cuenta que tanto ella como su esposo este año presentaron mayores dificultades que el anterior para poder llevar a sus hijos a visitar a su familia fuera de Caracas durante las vacaciones escolares. Hicieron un gran esfuerzo.

“Los gastos generales han aumentado, como los alimentos e incluso los pasajes, y los padres seguimos percibiendo los mismos salarios, lo que acorta mucho el presupuesto para el viaje”, cuenta Karla, quien solo puede llevar a sus hijos a parques públicos, plazas o centros comerciales.

“Algunas veces se aburren, pero intento que salgan, hacemos actividades en casa que ayudan, como repostería o comidas en las que ellos se divierten ayudando y comparten con nosotros. A ambos les gusta jugar videojuegos y también tienen un tiempo diario destinado a ese fin”, añadió.

 

En plena época de vacaciones escolares a los padres se les hace difícil poder brindarle espacios de esparcimiento y recreación que son necesarios para que los niños puedan desarrollarse como individuos. Pero además,son derechos que tienen según la propia legislación venezolana.

Actualmente, los planes vacacionales tienen diferentes costos, unos más elevados que otros. En el Área Metropolitana de Caracas, los precios pueden variar desde los 30 dólares hasta los 120 dólares a la semana.

 
 
 
 
 
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Un derecho olvidado

Según  la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes.

En el caso específico de Venezuela, el artículo 63 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna) establece el derecho al descanso, recreación, esparcimiento, deporte y juego. 

Angela Villafranca, abogada de la organización Cecodap, explicó que cada uno de esos derechos que se reconocen “es completamente diferente al otro”. Por ejemplo, indicó la abogada, el descanso, la recreación, el esparcimiento, el deporte y el juego “son cosas distintas”.

“Un chamo puede recrearse mientras hace deporte, pero no necesariamente el deporte implica la recreación cuando este sea de forma profesional (…) En el caso del juego, este no puede ser dirigido por un adulto (…) El juego depende completamente del niño o adolescente en el momento en el que se esté llevando a cabo”, declaró Villafranca en entrevista con Runrun.es.

 

Villafranca explicó que cuando los papás no tienen suficientes recursos económicos para que sus hijos participen en actividades que impliquen un costo durante sus vacaciones, “tienen que ser completamente creativos” y buscar opciones como parques, canchas comunitarias y que los niños, niñas y adolescentes puedan “recrearse de alguna manera”.

La abogada señaló que el Estado es quien debe encargarse de “brindar estos espacios cercanos a las comunidades como parques y canchas que sean de forma gratuita”.

“Esto está también en el artículo 63, en el segundo parágrafo, que habla de la participación de la sociedad, el Estado debe garantizar estos espacios y programas que puedan satisfacer las necesidades de los chamos y de diferentes capacidades”, indicó.

Villafranca recordó que estos espacios deben adaptarse a todas las necesidades de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, para niños con discapacidad motora o con discapacidad auditiva. “Estos niños tienen que ser contemplados en estos programas en estos lugares».

“No me alcanza el sueldo”

Francisco Zambrano es periodista y vive en Caracas con su hija de 15 años, ya que es viudo. En años anteriores, cuenta, cuando su hija era más pequeña y existían los cupos Cadivi, solían viajar él, su esposa y su hija fuera del país durante las vacaciones escolares. Llegaron a viajar a diversas ciudades de Estados Unidos como Orlando, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, entre otros lugares. También, viajaban dentro de Venezuela a Margarita, a visitar a sus padres en Falcón y a sus suegros en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

“Fuimos cuando el pasaje estaba más caro porque era temporada alta, pero eso no representaba un descalabro económico. Pero la situación fue cambiando. Desapareció Cadivi, nuestros sueldos se empobrecieron, el dólar se disparó y llegó la hiperinflación”, relató en entrevista con Runrun.es.

 

Al irse complicando su situación económica, la hija de Francisco llegó a participar en planes vacacionales que pagaban sus tías. Pero, en la actualidad, dice, no tiene “ninguna posibilidad” de llevar a su hija a “ninguna parte” en las vacaciones.

“El poco dinero que tengo, lo tengo que ahorrar para pagar la inscripción y la matrícula escolar, que está por las nubes, y se me hace muy cuesta arriba”, relató.

“Es un tema muy complicado. Yo sé que el ocio y el esparcimiento es fundamental, y además se lo merecen. Pero es que no se puede, no en estas condiciones, con estos sueldos y con los precios que hay en la calle. Es imposible tener unas vacaciones, eso les quedará a los enchufados (…) Pero  uno que pertenecía a la clase media, ya no puede salir para ninguna parte”, finalizó.

Buscar opciones que no impliquen mayor gasto

Rosa Pellegrino, psicóloga del servicio de Atención Psicológica de Cecodap, explicó que se pueden aprovechar recursos que puedan ayudar a niños, niñas y adolescentes a salir de la rutina, sin que eso necesariamente implique pagar mucho.

“Yo creo que lo clave es que se les pueda dar un espacio diferente más allá de las cuatro paredes de la casa con el teléfono, con la tablet o con la televisión (…) Tratar de involucrarlos en actividades distintas y que, en la medida de lo posible, puedan estar en compañía de de personas importantes para ellos, o de sus seres queridos o  padres”, indicó Pellegrino en entrevista con Runrun.es.

 

Pellegrino señaló que se pueden buscar actividades alternativas en donde puedan participar todos o algunos miembros del grupo familiar, como “juegos con cosas que tengan en casa o en Internet”.

Al respecto, Cecodap dispone en su página web de un listado de actividades que pueden realizarse en familia, dentro y fuera de casa durante las vacaciones. Algunas de las que no implican un costo mayor son las siguientes:

  • Dibujar
  • Realizar manualidades
  • Origami
  • Títeres
  • Esculturas
  • Karaoke
  • Un misterio que resolver
  • Experimentos

¿Y fuera de casa? Cecodap también brinda algunas sugerencias:

  • Paseos caminando o en bicicleta y saltar la cuerda en los parques de la ciudad o del lugar donde viven
  • Visitas guiadas a museos, lugares históricos o centros educativos de interés
  • Ir al teatro, al cine, conciertos o ferias
  • Acampar o ir de excursión
Prosperi: Debemos estar preparados para una inhabilitación de los 13 candidatos a las primarias 
La apuesta de Acción Democrática dijo que se retiraría de los comicios del 22 de octubre si llegase a ser inhabilitado 
Sostuvo que los candidatos deben tener la madurez política para buscar un mecanismo de defensa frente a las inhabilitaciones  
Advirtió que el chavismo podría llevar a cabo una mega elección en el primer trimestre de 2024 que incluiría a alcaldes y gobernadores 
Entre sus planes está crear un ministerio para el adulto mayor y establecer un mecanismo para garantizar un primer empleo al joven 
Dijo que la única forma de que la oposición pierda unas elecciones presidenciales es con abstención de votantes y ausencia de miembros de mesa 

 

 

 

Desde la comodidad de su oficina en un centro comercial de Caracas, Carlos Modesto Prosperi Manuitt, candidato a las elecciones primarias de la oposición de octubre de este año, se alista para una entrevista en un canal de televisión.  

Viene de una apretada agenda que lo llevó por distintos rincones de la provincia y planea seguir recorriendo Venezuela antes de medirse con 12 candidatos opositores en el décimo mes del año.

Prosperi, de 45 años, tiene sangre de político en las venas: su padre fue alcalde del municipio Juan José Rondón en el estado Guárico entre 1989 y 1992 por el partido Copei.

Nacido en Caracas, pero criado en Guárico, Prosperi obtuvo el título de abogado en la Universidad Bicentenaria de Aragua y en el periodo 2016-2021 fue diputado de la Asamblea Nacional por el estado llanero.   

¿Qué lo hace lanzarse al ruedo electoral?

-Es momento de darle un vuelco a la política, de hacer las cosas diferente, lo he manifestado previamente y creo que he sido uno de los pocos que ha admitido los errores de la oposición. Las equivocaciones han contribuido a que el chavismo se haya mantenido en Miraflores por más de 20 años. Es hora de políticos y no de politiqueros y cuento con el respaldo de mi organización política. Y en los próximos días haremos algunos anuncios en respaldo a nuestra candidatura presidencial.

¿Está satisfecho con el acuerdo suscrito recientemente por los candidatos a las primarias?

-No pude estar físicamente porque estaba en un acto en la ciudad de Barinas, pero envié un video, porque la política no se hace solo de Caracas, se hace recorriendo cada rincón de Venezuela. Firmamos un acuerdo para respetar el resultado electoral y compartir un programa que garantice la gobernabilidad. Me alegra que se den este tipo de acercamientos. Más allá de un acuerdo entre los candidatos, tenemos que sellar un acuerdo con cada uno de los venezolanos. Venezuela necesita de nosotros, tenemos que tender la mano a esas personas que tienen un salario de hambre que no les alcanza para absolutamente nada. Hay que fortalecer la economía para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida.

¿Qué haría si lo llegaran a inhabilitar?

-Rechazo las inhabilitaciones que se han venido produciendo que no son una novedad, quizás las más reciente es la de María Corina Machado, pero anteriormente habían inhabilitado a Freddy Superlano, a su esposa Aurora, a Julio César Reyes y a Henrique Capriles. Cada inhabilitación la hemos rechazado. Es un tema complejo, porque sabemos que quienes están en Miraflores no respetan los parámetros constitucionales y democráticos, y por ende, una vez que una persona quede electa en las primarias le pueden negar la inscripción en el Consejo Nacional Electoral. Yo no estoy exento a que una inhabilitación caiga sobre mí, a pesar de que he cuidado todas las formas, si eso llegase a suceder de manera responsable me retiraría de las primarias, porque no voy a poder ser candidato presidencial y no se trata de un nombre ni un partido político, con toda humildad tenemos que pensar en Venezuela y en nuestros hijos. El 22 de octubre se va a elegir al próximo presidente o presidenta de Venezuela y nuestro compromiso tiene que ir dirigido a pensar mucho más allá de una aspiración personal.    

 

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¿Tienen los candidatos establecida ya una estrategia frente a las inhabilitaciones?

-No tenemos nada concreto, pero debemos tener claro que pueden inhabilitar a quien gane. Si gano las primarias no puedo decir que el candidato será alguien de mi partido, los venezolanos están votando por un nombre, no por una organización, tenemos que tener la suficiente madurez política para buscar un mecanismo. Creo que el segundo más votado en las elecciones debe tener la primera opción y así sucesivamente. Son discusiones que no se han dado y se tienen que dar porque estamos compitiendo con gente que no respeta las reglas de la Constitución. Tenemos que estar preparados para una inhabilitación inclusive de los trece candidatos presidenciales. La única manera de que no podamos asistir a un proceso de primarias es que inhabiliten a 21 millones de venezolanos.  

Hasta ahora la figura principal de AD reconocida por el TSJ es Bernabé Gutiérrez ¿Cómo lidia el partido con eso? 

-El partido vivió un proceso de judicialización hace ya tres años, desde un primer momento rechazamos ese tipo de sentencias porque atenta contra nuestros estatutos. AD no está sola en esto, ya lo hicieron con Avanzada Progresista, Voluntad Popular y Primero Justicia. Sin embargo, eso no nos detuvo, y por eso a través de la unidad logramos obtener una gran victoria el 9 de enero de 2022 en la Gobernación de Barinas. Tenemos el apoyo de las bases del partido. Cíclicamente hay cosas que se repiten, a los adecos les tocó votar por la tarjeta negra para recuperar la blanca, ahora tenemos el compromiso de votar en la tarjeta azul de la unidad para recuperar cada una de las organizaciones políticas y devolver la legitimidad a los poderes públicos. Si salimos a votar masivamente no hay nada que nos puede detener.

¿Cree que el Gobierno pueda adelantar las elecciones presidenciales?

-Considero que Nicolás Maduro no se va a contar solo, necesita gente trabajando en torno a su candidatura y estoy convencido de que en 2024 se va a dar una mega elección que incluiría como mínimo alcaldes y gobernadores, y por ende, tenemos que prepararnos para ese escenario. Constitucionalmente sólo corresponden las elecciones presidenciales, pero como ya hemos visto en anteriores oportunidades podrían apelar a esa estrategia. AD se ha venido organizando en torno a eso. A lo mejor las elecciones van a ser el primer trimestre del año, ellos van a convocar los comicios a su conveniencia y no como tradicionalmente se hacía en democracia, que es el segundo domingo de diciembre, por ende hay que estar listos.

Es el candidato más joven de las primarias ¿cómo asimila eso y qué hacer para incentivar a los jóvenes a votar?

Desde luego llama la atención que los jóvenes ni siquiera están interesados en inscribirse en el Registro Electoral Permanente. Para mí es fundamental garantizar a la juventud un primer empleo. Paralelo a eso hay que honrar y dignificar a nuestros pensionados y jubilados. En marzo de 2016 aprobamos en la Asamblea Nacional una ley de bonos, alimentación y medicinas para los pensionados, esa ley se le remitió al Tribunal Supremo de Justicia y dijo que esta cumplía con los parámetros constitucionales, luego fue engavetada. Apenas asuma la presidencia voy a garantizar la viabilidad económica y establecer un fondo que pueda indemnizar a jubilados y pensionados quienes, lamentablemente, han sido perjudicados por este Gobierno. Voy a crear un Ministerio para el adulto mayor, para atender a los 7 millones de pensionados y jubilados que no son escuchados.

¿Qué hacer con Pdvsa y las empresas públicas?

-Nosotros no vamos a permitir que se roben el erario público y tenemos el compromiso de poner en marcha a Petróleos de Venezuela (Pdvsa). No puede ser que después de producir 3 millones de barriles diarios, Pdvsa esté produciendo apenas 600 mil. Considero que no hay que privatizar Pdvsa, si alguna organización política ha defendido el petróleo como patrimonio es AD. Rómulo Betancourt hizo hincapié en la Opep (Organización de Países Exportadores de Petróleo) y Carlos Andrés Pérez en la nacionalización, Pdvsa le pertenece al pueblo, con lo que estoy de acuerdo es con establecer corporaciones mixtas (públicas y privadas) donde el Estado se reserve la mayoría de las acciones. La Ley de Hidrocarburos prohíbe la privatización de Pdvsa. Tenemos que poner en marcha las empresas de Guayana, garantizar la rendición de cuentas en el Arco Minero. No estoy de acuerdo con aumentar los impuestos, lo que hay que hacer es recaudar de manera eficiente, el compromiso es llevar a cabo recaudaciones que beneficien al pueblo.   

¿De quién se rodea para trazar una eventual agenda de Gobierno?

-Tenemos a un equipo multidisciplinario conformado por el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, el presidente de la Federación Médica Venezolana, así como representantes de profesores y enfermeros, todos han aportado un granito de arena. Para nosotros es fundamental recuperar la economía venezolana, la inflación continúa en alza y el poder adquisitivo del venezolano cada vez es menor. Hay que aplicar una serie de medidas que garanticen la estabilidad. La columna vertebral para poner en marcha al país tiene que ser el Sistema Eléctrico Nacional, hoy en día Venezuela produce 10 mil megavatios y se necesitan al menos 17 mil para beneficiar a todas las industrias, no podemos garantizar una empresa privada galopante con racionamientos de electricidad. Tenemos el compromiso de impulsar el turismo, pero para eso tiene que existir un SEN estable. También, tenemos que enfocarnos en generar una energía mucho más limpia.

Es uno de los candidatos que más recorre el país ¿De dónde sale el dinero para su campaña? 

-Tengo mis propios recursos, cuando entré y salí de la Asamblea Nacional hice una declaración jurada de mi patrimonio. Siempre me he dedicado a la siembra y a la agricultura, tengo mi parcela donde tengo animales y desde ahí he trabajado en pro del país y del comercio lícito.

En un programa de televisión confundió xenofobia con homofobia y fue blanco de críticas en las redes sociales ¿Qué aprendizaje sacó de eso? 

-Los principales detractores fueron los que se hacen llamar opositores. Todos somos seres humanos, nos equivocamos y tenemos que reconocer nuestros errores. De manera inmediata reconocí que me había equivocado, pero cómo no hacerlo si yo permanentemente tengo en mi subconsciente la defensa de quienes se han ido buscando un futuro mejor. La xenofobia se ha ido incrementando en torno a los venezolanos a nivel mundial, pero esto que vivimos hoy en día es más aporofobia, hace unos años atrás cuando teníamos Recadi y Cadivi el mundo nos abría las puertas.

¿Está conforme con las 5 mil mesas de votación que se planean habilitar para las primarias?

-Ojalá hubiese un número mayor de esas 5 mil. Creo que van a votar un 1 millón 600 mil personas en las primarias y a cada elector le va a tomar entre 2 y 3 minutos hacerlo. Yo había anunciado que iban a cambiar los rectores del CNE y con esto lo que se persigue es incentivar la abstención, la única forma en que no podamos obtener una victoria en las presidenciales es que no tengamos suficientes testigos de mesa para garantizar la voluntad del pueblo. Hay que empezar a generar confianza en el árbitro electoral porque nos guste o no, con ese mismo CNE es que vamos a ir a elecciones presidenciales, no podemos tener mensajes contradictorios diciendo hoy no me gusta el CNE, pero después sí. 

Una de las promesas de Hugo Chávez antes de llegar al poder era la de freír en aceite las cabezas de los adecos ¿AD pagaría con la misma moneda en caso de llegar a Miraflores?

-Para nada, AD tiene el compromiso de devolverle la paz a Venezuela. Llegó la hora de hacer las cosas distintas, he criticado durante 24 años que se persiga a las personas que piensan diferente, que existan presos políticos, inhabilitados, partidos judicializados y amenazas permanentes a los empleados de la administración pública. Tenemos el compromiso de ser diferentes. A los que sembraron odio durante muchos años, les decimos que vamos a traer paz a Venezuela. Acción Democrática no es un partido de viejos ni un cascarón vacío. AD es el partido con la mejor organización, estamos en cada rincón del país, somos un sentimiento nacional.

 

Sentencia de sindicalistas casi iguala a la del “Niño Guerrero 
La condena del líder del Tren de Aragua es apenas un año mayor que la de los dirigentes gremiales 
Los asesinos del periodista Javier García y el actor Yanis Chimaras, así como el traficante de drogas Larry Tovar Acuña, fueron sentenciados a penas inferiores 
Analistas asoman que con esta acción se persigue enviar un mensaje a quienes protagonizan la protesta sindical en Venezuela 

 

@franzambranor
 

 

Las condenas de 16 años a los sindicalistas Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín apenas superan apenas por un año a la impuesta a Hector Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, quien purga una pena por delitos de asesinato, robo de residencias, porte de armas, tráfico de drogas y por haberse fugado de la cárcel de Tocorón. Guerrero es señalado además de ser operador de la megabanda del Tren de Aragua. 

Por su parte, Isaac Molleda Zárraga fue condenado a 15 años de prisión por el asesinato del periodista Javier García el 14 de junio de 2008; Jean Manuel Montilla fue sentenciado a 16 años de cárcel por el homicidio del actor Yanis Chimaras el 24 de abril de 2007, mientras que Larry Tovar Acuña a 13 años de confinamiento en 1998 por participar como testaferro de un cártel colombiano que trasladaba droga de Colombia a Estados Unidos.

Las sentencias a estos homicidas y narcotraficantes son inferiores a las impuestas el pasado martes 1 de agosto a los seis sindicalistas por los supuestos delitos de conspiración y asociación para delinquir.

Los dirigentes gremiales fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022 luego de que encabezaron protestas callejeras para exigir salarios dignos y otras mejoras laborales. 

Este jueves 3 de agosto, Tarek William Saab, fiscal general de la República impuesto por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, dijo que los condenados no son sindicalistas sino miembros de una organización subversiva llamada Unidad de Resistencia Popular (URP).

“No pertenecen a ningún sindicato. No se encontraban realizando alguna labor ligada a una lucha social, ninguno es trabajador activo, ninguno está registrado en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, aparecen como desempleados», expresó. 

Saab sostuvo que el sexteto estaba apoyado por facciones colombianas.

“Actuaron como miembros de una estructura delictiva en la ejecución de acciones en distintos estados como Zulia, Vargas, Falcón y Distrito Capital”. 

Saab indicó que entre las acciones que supuestamente planeaban los sindicalistas estaba entorpecer las actividades de Nicolás Maduro y el alto mando militar en los actos del 5 de julio de 2022, así como asaltar el Conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida con el propósito de apoderarse de 120 fusiles

El funcionario de Maduro agregó que las 15 evidencias recogidas en el caso de los sindicalistas fueron presentadas a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

 

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Aberración judicial 

El abogado especializado en ciencias penales y criminológicas, Luis Izquiel, indicó que la pena de 16 años de prisión a los sindicalistas es un exabrupto.

“Es mayor que la pena promedio prevista para el homicidio intencional. El artículo 405 del Código Penal establece cárcel de 12 a 18 años para el homicidio intencional, que al aplicarse la regla de término medio quedaría en 15 años”.  

Izquiel sostuvo que a los sindicalistas se les está castigando por el simple hecho de protestar. “Eso es algo que no debería  ocurrir en un país con Estado de Derecho”.

En un video difundido por redes sociales, el abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, Alfonso Medina Roa dijo que los dos elementos valorados por la jueza Grendy Duque del Tribunal 2do con competencia en terrorismo fueron un informe de contrainteligencia y la extracción de mensajes de diferentes equipos electrónicos.

El informe por sí solo carece de vida jurídica, es anónimo, es un informe que de una u otra manera debe anteceder al proceso, no está estipulado en nuestro ordenamiento jurídico. En cuanto al procedimiento con los equipos electrónicos, estos se realizaron sin ningún tipo de autorización de ningún tribunal de la República, es decir, bajo una forma ilícita conforme a las leyes venezolanas”, explicó- 

El también abogado Juan Manuel Raffalli indicó que tomando en cuenta que delitos como robo y agresión sexual contemplan una pena de entre 6 y 12 años, lo acontecido con los sindicalistas es una desproporción jurídica.

Es una pena desproporcionada para alguien que está en una actitud de protesta exigiendo reivindicaciones salariales, como ha sido expuesto pública y notoriamente. Creo que cuando las penas son desproporcionadas no se trata de poner un correctivo a esos hechos que constituyen un delito, sino lo que se trata de establecer es un escarmiento o evitar que otras personas en el futuro hagan lo mismo. Los trabajadores corren el riesgo de caer en el terreno de la persecución política, o de simplemente, intolerancia ante un reclamo sindical”. 

 

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La planificación familiar no debe recaer exclusivamente en las mujeres
Mercedes Muñoz, presidenta de la ONG Avesa, advirtió que en Venezuela la mortalidad materna es una de las causas principales de decesos entre las mujeres y esto se debe en parte a la falta de «provisión de anticonceptivos» 
La red Constructoras de Paz, iniciativa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), alertó en su informe de 2022 titulado “Mujeres que resisten: Sobrevivir a una Venezuela en crisis”, que al menos el 70 % de las mujeres venezolanas no puede planificar sus embarazos

@Andrea_GP21

 

Cada 3 de agosto se conmemora el “Día Internacional de la Planificación Familiar”, una fecha en la que se espera concientizar sobre el control de la natalidad en la población sexualmente activa, algo que se complica en Venezuela por la falta de provisión de anticonceptivos.

Durante junio del año 2023, según la ONG Convite, el índice de escasez de anticonceptivos en promedio nacional alcanzó un 44,5 %. Según la organización, los implantes, dispositivos intrauterinos y anticonceptivos inyectables son los más difíciles de encontrar.

Pese a que muchas organizaciones orientan sobre los métodos de anticoncepción y la protección contra enfermedades de transmisión sexual, la mortalidad materna sigue siendo una de las principales causas de muerte en mujeres que no tienen forma de planificar su sexualidad por la falta de métodos anticonceptivos o el difícil acceso a ellos.

Rompiendo el tabú de la vasectomía

La anticoncepción y planificación familiar no debe considerarse como un asunto solo de mujeres. En medio de las privaciones económicas  en Venezuela para acceder a métodos anticonceptivos (cuyos precios pueden significar una inversión mensual de no menos de $10) y de los estereotipos de género que dejan sobre la mujer la absoluta responsabilidad de cuidarse, hay hombres que deciden dar el paso y asumir su responsabilidad en la materia. 

Es el caso de Tomás Punto, de 31 años. En 2020 se practicó la vasectomía pues no desea concebir hijos a futuro. Para ese momento, Punto tenía una pareja estable y él tomó la decisión de someterse al procedimiento y no dejarle a su pareja sentimental toda la responsabilidad de la anticoncepción.

El 28 de febrero de ese año le hicieron la cirugía en la sede de Plafam de Las Acacias, en Caracas. Punto comentó que el procedimiento fue gratuito y solo tuvo que pagar un examen que se realizó por fuera de la organización porque no tenían los reactivos.

Tomás sentía que su pareja no podía ser la única responsable de la anticoncepción, además que acceder a métodos anticonceptivos para ella era difícil por motivos económicos. Así pues, inició el proceso en 2019, pero no fue sino hasta el año siguiente que pudo hacerse la cirugía.

“Me hicieron una consulta psicológica de planificación familiar con el urólogo, me pidieron hacerme unos exámenes y me pautaron la cita (…) Yo era la única persona joven el día de la operación. Todos pasaban los 45 y los 50, e incluso, había un señor de 60 que quería hacerse la vasectomía”, contó en entrevista con Runrun.es.

 

El proceso, contó el joven, duró aproximadamente 20 minutos. “Te hacen una incisión de medio centímetro que se cierra sola, extraen con unas pinzas cada conducto y en mi caso lo que hicieron fue cortar y cauterizar. Me fui caminando a mi casa”, relató.

Tomás Punto considera que este procedimiento es sencillo y necesario, por lo que alienta a otros hombres, especialmente aquellos que ya tienen hijos y no desean concebir más, a realizarse la vasectomía como método de anticoncepción. “No cambia tu libido ni la calidad de la producción del semen”, dijo, agregando que esto no ha afectado su desempeño sexual.

Anticonceptivos inaccesibles

La red Constructoras de Paz, iniciativa del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), alertó en su informe de 2022 titulado “Mujeres que resisten: Sobrevivir a una Venezuela en crisis”, que al menos el 70 % de las mujeres venezolanas no puede planificar sus embarazos. 

De acuerdo con el estudio, de 936 mujeres encuestadas, solo el 26,6% dijo usar anticonceptivos, mientras que el porcentaje restante dijo que no o no contestó, lo que sugiere que más del 70% de ellas no puede planificar sus embarazos.

Asimismo, con respecto a las mujeres entre 18 y 24 años, solo 6 de cada 10 afirmó usar métodos anticonceptivos. Es decir, más de un 40% de las encuestadas de esa edad no tiene la posibilidad de cuidarse y planificar su reproducción por razones económicas. 

Para la organización, tomando en cuenta que las mujeres de esas edades están en una etapa de sus vidas en la que un embarazo puede significar una barrera enorme para proseguir con los estudios, el trabajo, e incluso cuando se trata de salir de la pobreza, esto “se vuelve una situación de alarma”.

La situación no es muy diferente para las mujeres entre 25 y 44 años, que siguen estando en edad fértil. En la encuesta que realizó Constructoras de Paz, solo el 39,6% afirmó usar métodos anticonceptivos.

Finalmente, la organización encontró también que, aunque el 71% de las personas entrevistadas no usa anticonceptivos, el 45% dijo que era fácil conseguirlos. En torno a ese resultado, la red Constructoras de Paz se preguntó: “¿Por qué si están disponibles en las farmacias sigue habiendo una brecha tan grande entre encontrarlos y usarlos?”.

Atención a poblaciones vulnerables

La Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) es una institución que tiene como objetivo contribuir al ejercicio pleno de los derechos humanos en el área de salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres en Venezuela.

Junto a la ONG Fós Feminista, Plafam creó un modelo de un modelo de atención que ha llegado a más de 100 mil mujeres, ha ofrecido más de tres millones de servicios y ha entregado más de un millón de anticonceptivos.

Clínicas fijas

Las personas que se encuentran en condiciones desfavorables, pobreza o pobreza extrema tienen la opción de acudir a centros donde disponen de servicios de salud en los estados Miranda, Carabobo y Distrito Capital, en los que se ofrece atención en laboratorio clínico, ecografías, medicina interna, pediatría, urología, ginecología, imagenología incluyendo mamografías, densitometrías y estudios de mediana complejidad y anticoncepción.

Aproximación de bases comunitarias

La organización acude a comunidades que no tienen acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, donde los índices de embarazos son más altos y a temprana edad, al igual que las infraestructuras hospitalarias no están en funcionamiento y no cuentan con personal médico capacitado, ni recursos e insumos para atender a las poblaciones, especialmente a las mujeres y niñas.

Acompañamiento a niñas, adolescentes y mujeres en situación de movilidad

En conjunto con Fós Feminista, Plafam ha acompañado a las mujeres en situaciones de tránsito migratorio, las cuales están en condiciones de vulnerabilidad, expuestas a la violencia basada en género, acoso, explotación sexual, entre otros. Actualmente se prestan servicios en Colombia en 6 ciudades. En 2022 brindaron más de dos millones de servicios de salud sexual y reproductiva y anticoncepción.

Educación sexual integral para planificar la sexualidad

Mercedes Muñoz, presidenta de la ONG Avesa, comentó que la educación sexual alternativa, como se le llamaba en años anteriores, perpetúa los roles de género y representaba un rol de “sumisión” para las mujeres.

Durante un live realizado por la organización en Facebook este 1 de agosto, Muñoz recordó que en Venezuela la mortalidad materna es una de las causas principales de muertes entre las mujeres y esto se debe a que “no hay provisión de anticonceptivos porque no pueden planificar sus relaciones sexuales”.

“La educación sexual moralista está en contra del preservativo y de los métodos anticonceptivos”, apuntó la activista.

Muñoz señaló que las mujeres tienen derecho a la vida y no deberían morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto, a la par que recordó que Venezuela es el país con el índice más alto de embarazo en adolescentes en Sudamérica y el tercero en Latinoamérica.

“El año pasado hubo cerca de 5.000 menores de 14 años que fueron madres”, comentó Muñoz, por lo que resaltó la necesidad de una educación sexual integral, considerando que en todos los aspectos de la vida es necesario educar.

“Educar no es adoctrinar, es poner a la gente a pensar. Se espera que la gente reflexione, analice y piense”, agregó Mercedes Muñoz.