Las sanciones del Departamento del Tesoro inhabilitan a El Aissami para ejercer funciones de Jefe de Estado. Aunque en el papel podría llenar los requisitos para llegar a la Presidencia de la República, al entrar en la lista de negra de la OFAC el vicepresidente se encuentra en una cuarentena administrativa. Esto limita su posibilidad de suscribir acuerdos y convenios comerciales y financieros internacionales con Estados, personas, instituciones o empresas que tengan relación con EE UU, como China y Rusia, por ejemplo. Además es posible que en paralelo, en alguna fiscalía de norteamérica curse un proceso penal en su contra, y corra el riesgo de ser detenido si sale de Venezuela
Ronna Rísquez
@ronnarísquez
Poco le duró a Tareck El Aissami la facultad para ejercer con poder y autoridad el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de la República. La sanción emitida por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sacó de un plumazo de la línea de sucesión a la Presidencia de Venezuela.
Además de congelar sus bienes y colocarlo en la lista de capos del narcotráfico, la medida lo inhabilita para suscribir convenios y acuerdos comerciales y económicos con países, empresas, instituciones y personas estadounidenses o que tengan relación con EE UU. Técnicamente esto impide que El Aissami pueda cumplir las funciones de Presidente.
“Como resultado de la acción de hoy, las personas de los Estados Unidos tienen prohibido participar en transacciones o tratar de otro modo con estas personas y entidades (Tareck El Aissami y Samark López); así como también con cualquier persona y entidad que puedan tener sus activos bajo la jurisdicción de Estados Unidos”, dice el documento publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) el lunes 13 de febrero, con relación a El Aissami y su socio López.
El artículo 236 de la Constitución establece entre las funciones del Presidente de la República: “Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, convenios o acuerdos, internacionales”.
Al ser etiquetado como narcotraficante, El Aissami entró en una especie de cuarentena administrativa y difícilmente algún gobierno o empresa se arriesgará a acercarse al vicepresidente para transar negocios con el Estado venezolano. Rusia, China y hasta Cuba -principales aliados comerciales del gobierno de Maduro- tienen una estrecha relación financiera con EE UU que pondrían en peligro si se “contagian” con la condición especial del segundo al mando en el gobierno de Nicolás Maduro.
“Esta sanción crea una gran inseguridad en las relaciones de la comunidad internacional con el Gobierno de Venezuela. En la práctica impide a El Aissami todo tipo de relación comercial con instituciones públicas o privadas y personas naturales de EE UU. Esto involucra a empresas del Estado y relaciones oficiales con otros países. Por esa razón el vicepresidente no podrá firmar ninguna orden ejecutiva que tenga que ver con negocios, convenios o acuerdos internacionales, pues de hacerlo estaría comprometiendo a esas empresas y a sus gobiernos con el gobierno norteamericano”, explicó Mildred Camero, ex presidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid).
“Las personas que colaboran o asisten materialmente a alguien que esté en las listas de la OFAC, pueden ser obligadas a pagar una multa hasta de un millón de dólares y ser condenados a pena de prisión hasta por diez años y multas de carácter penal hasta por diez millones de dólares. Los oficiales, directores y agentes de instituciones financieras que participen en la violación de esta Ley pueden recibir penas de prisión hasta por 30 años y multas hasta por US$ 5 millones”, dice un artículo publicado en la web AntilavadodeDinero.com.
En opinión de la ex jueza y experta en materia de drogas, “esta es una forma de aislamiento. Ningún gobierno va a querer negociar con una persona con una investidura tan grande, involucrada en un tema de drogas”. Con la inclusión de El Aissami en la lista negra de la OFAC, su sueño de llegar a ser Presidente de la República puede tener un final al estilo La la land: inesperado, frustrante y cruel.
La sanción, sin embargo, no afecta las funciones de Tareck El Aissami como vicepresidente de la República, establecidas en los artículos 238 y 239 de la Constitución. Tampoco limita el desempeño de las funciones especiales asignadas a principios de febrero por Maduro.
¿Qué diferencia hay entre el caso El Aissami y el caso Reverol?
Anulación de visas, congelación de bienes, y limitación en las transacciones con entes que tengan conexión de EE UU son las sanciones contempladas para El Aissami y Samark López. “Esto significa que no necesariamente debes ir por la vía penal para demostrar que una persona es culpable de lavado de dinero. Si se logra demostrar a través de una averiguación administrativa la procedencia ilícita de sus bienes inmediatamente viene la confiscación. Se trata de un decomiso preventivo, y ahora sigue un juicio civil en el que los sancionados deben demostrar si los bienes fueron adquiridos de forma lícita o no”, apuntó Camero.
La experta en materia de drogas, que maneja también particularidades de la legislación estadounidense, explicó que los activos -13 empresas y un avión- de El Aissami y López fueron incautados, no congelados. Esto significa que sus bienes pasaron a manos de las autoridades de EE UU y solo le serán devueltos si ellos logran demostrar el origen de los fondos con los que adquirieron esas propiedades.
“No creo que lo logren demostrar. Cuando se llega a la confiscación y aplicación de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin), es porque se ha hecho un proceso de investigación de varios años para establecer la relación entre el bien obtenido y cómo se obtuvo. Para llegar a este punto, el Departamento del Tesoro debe tener suficientes elementos y evidencias que demuestren que el bien es producto de una actividad ilícita”, explicó la ex jueza, quien ha propuesto una legislación similar para Venezuela.
“La gente cree que cuando compra un bien en EE UU eso no tiene un control. La gente compra propiedades como loca y no se da cuenta de que la OFAC, que fue creada por el ex presidente Bill Clinton, hace una investigación de cómo se adquirieron esos bienes”, dijo Camero, quien recordó una de las premisas de su época como presidenta de Conacuid: “a los traficantes de drogas lo que les duele más es cuando le tocas el bolsillo”.
En el caso de Tareck El Aissami, las autoridades de EE UU han tomado la vía civil para emitir una sanción y no la vía penal. “De esta manera el proceso es más expedito. Por ejemplo, el sancionado tiene un lapso determinado -una semana o 15 días- para demostrar que la procedencia de sus bienes es lícita, si no hace le quitan los bienes definitivamente y eso deja en evidencia que cometió un delito. La acción civil no depende de una sentencia penal y es más sencillo de demostrar que hubo un delito”, explicó Mildred Camero.
En el caso de Néstor Reverol, por ejemplo, sí hay un proceso judicial, que implica sanciones penales. El actual ministro de Relaciones Interiores y Justicia, tiene una acusación por vínculos con narcotráfico en una fiscalía del Distrito Este de Nueva York, según anunció el pasado 1 de agosto el Departamento de Justicia de EE UU y sobre él pesa una orden de detención.
Sin embargo, la especialista no descarta que en paralelo a la medida administrativa, en alguna fiscalía de EE UU esté desarrollándose una averiguación penal contra El Aissami. Y aunque todavía no se conoce de la existencia de una orden de captura contra el vicepresidente, está latente el riesgo de que este pueda ser detenido si sale del país. “Probablemente esa sería la segunda parte de esa averiguación”, agregó Camero.
Por otra parte, también están las denuncias sobre la presunta entrega de pasaportes venezolanos a narcotraficantes y terroristas con la supuesta autorización de El Aissami.
Camero dejó la Conacuid hace 11 años, poco después se adscribió la Oficina Nacional Antidrogas al Ministerio de Relaciones Interiores y la DEA fue expulsada de Venezuela por el Gobierno de Hugo Chávez. Desde entonces el problema del narcotráfico comenzó a extenderse y penetrar distintas instancias del Estado.
Fuentes vinculadas a las investigaciones en EE UU aseguran: “Este entramado es grande tan grande que aquí van a salir muchas más cosas de las que pueden imaginarse, y tiene profundas ramificaciones políticas”.
