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¿La cárcel o la tumba?: cuestionando las alternativas de los jóvenes varones de las zonas populares de Caracas

JUAN ES UNO DE LOS MILES DE JÓVENES habitantes del oeste de Caracas. A él, como a la mayoría de sus vecinos le ha tocado lidiar con la violencia desde niño. Algunos de sus panas, de su mismo grupo etario, son malandros y los ha visto morir ya sea por enfrentarse a bandas de delincuentes rivales o por haber caído en un operativo policial.

También ha tenido que enterrar a conocidos que fueron asesinados por “equivocación” de un escuadrón de funcionarios cuya edad no sobrepasa los 25 años. En su entorno, los jóvenes son víctimas y victimarios pues los policías también suelen vivir en barrios como los de Juan.

En 2018, de acuerdo con datos recogidos por Monitor de Víctimas, un proyecto que combina la investigación periodística con el trabajo comunitario de Caracas Mi Convive, 65 % de las muertes violentas en Caracas, fueron de varones cuyas edades oscilaban entre los 15 y 29 años. Esta puede ser una de las razones por las que Juan, a los 16 años de edad, creía que para él solo había dos opciones: la cárcel o la muerte, educarse no figuraba entre sus planes. Su más alto valor era hacerse respetar y, arriesgar la vida en un atraco, podía ser una oportunidad para adquirir fama de varón.

En Caracas, a este tipo de comportamiento trasgresor de adolescentes y jóvenes como Juan, las fuerzas de seguridad del Estado lo enfrentan con más violencia, lo cual no ha bajado la incidencia delictiva.

Para demostrar que existen otras alternativas, Caracas Mi Convive ideó el programa “Vamos Convive” donde, con el apoyo de mentores que viven en la zona, jóvenes como Juan y sus panas pueden obtener un empleo en la empresa privada mientras, paralelamente, son entrenados en el manejo del autocontrol, cómo acceder a un empleo formal y mantenerse dentro de ellos.

Los resultados ya se están viendo. Y demuestran que en Venezuela, pese a un entorno violento, existe futuro cuando se emplean las herramientas y el lenguaje adecuado. Luego de un mes de trabajo, Juan fue felicitado por primera vez y a este gesto de sus mentores le dio un Me Gusta.

 

Aquí el informe: ¿La cárcel o la tumba?: cuestionando las alternativas de los jóvenes varones de las zonas populares de Caracas

 

La Carcel o La Tumba by Yeannaly Fermin on Scribd

 

FOTOS Profanaron la tumba del ex presidente y escritor Rómulo Gallegos

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La tumba de Rómulo Gallegos, ex presidente y escritor venezolano, ubicada en el Cementerio General del Sur, fue profanada. Así lo denunció su nieta, Theotiste Gallegos, en su perfil de Facebook.

“Se llevaron el mármol que la cubría, se lo llevaron a él y a mi abuela Teotiste. Se robaron mi historia y parte de la historia de cada uno de los venezolanos”, agregó.

Gallegos nació y murió en Caracas en 1964. Fue sepultado en el Cementerio General del Sur, en una zona popular de la capital que es foco de vandalismo. Su obra más exitosa, Doña Bárbara, fue publicada en 1929. Ambientada en los vastos llanos, jugó con las analogías y el romance para criticar la dictadura de Juan Vicente Gómez. Gallegos, quien fue el primer presidente en ser elegido de manera directa y secreta después de un largo período dictatorial, gobernó por escasos nueve meses en 1948, hasta que fue derrocado por un golpe de Estado.

Jorge Rodríguez desmiente la profanación

El alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, utilizó su cuenta de Twitter para desmentir que la tumba del expresidente y escritor haya sido profanada. Indicó que ordenó la vigilancia permanente en tumba porque a “Henry Braguetazo Allup está muy desesperado y gusta de falsos positivos”.

“Es lamentable que algunos desesperados usen temas sensibles para beneficio político”. Aseguró que solicitarán autorización a familiares del Gallegos para que con asistencia de un fiscal se evidencie presencia de sus restos.

 

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Foto: Theotiste Gallegos

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Foto: Theotiste Gallegos

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Foto: Theotiste Gallegos

 

*Con información de Theotiste Gallegos

Los jueces cavan su tumba por Asdrúbal Aguiar

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En Venezuela se da una inédita coexistencia, sobre el mismo espacio geográfico, entre una dictadura militarista-populista y una democracia; aquélla, atrincherada en el ejercicio de todos los poderes públicos, con excepción del parlamento, y ésta, en estreno, ocupando los escaños de diputados que la soberanía popular logra ganarse el pasado 6 de diciembre.

La minoría – deslegitimada como mayoría y en sus narrativas políticas – sostiene a rajatablas su dominio del poder constituido e impone su primitiva cosmovisión, para afirmar la violencia y miseria generalizadas que la anima; pero por una sola razón, la razón de la fuerza, la que le endosan el Alto Mando Militar y sus armas de fuego. Sin éstas, qué duda cabe, ninguno de tales poderes, sea el del Presidente de la República y Comandante en Jefe, sea la Sala Constitucional del TSJ o el Ministerio Público, osara desafiar, como lo hacen, la vigencia del Estado de Derecho y la misma soberanía popular.

¿Cómo logrará resolverse este entuerto?, es difícil saberlo. No hay vías que puedan imponerse a priori como dogmas. Sólo el hábil manejo de las realidades, salpimentado con una dosis de aplomo ético y paciencia, ha de facilitar que una u otra de las tantas opciones constitucionales que se barajan sea, al término, eficaz y antes de que el tremedal nos ahogue. Será la que mejor despeje ese dualismo morganático, que significa que los minoritarios cultores de la muerte – a costa de masacres como las del 11 de abril, fabricada entre Hugo Chávez Frías y su Fiscal General, Isaías Rodríguez, o las del Día de la Juventud y la de Tumeremo, en las que tienen metidas sus manos los hombres de uniforme y de caponas – se sobrepongan a los cultores de la paz “varguiana”. Será la que evite, además, un pacto de connivencia, de transacción entre la legalidad y la ilegalidad, de servicio a la mentira de Estado.

Todas las vías, pues, han de llenar los vagones varios del ferrocarril que nos lleve hacia la transición y reconstrucción de la civilidad. ¿Qué vagón calza y se adosa mejor con la puerta de salida en la estación ferroviaria?, no lo sabe, jamás, ninguno de los pasajeros que allí se bajan o se suben.

Lo cierto es que, luego de tres lustros y algo más de resistencia, los venezolanos logran frenar con mano firme y desafiante el deslave de impudicia que reina, y derrotan a sus armas y sus millonarios recursos, obra del peculado, con votos, sin miedo, y en el silencio del acto comicial. ¡Que esa impudicia se presente ahora más escandalosa!, ello es obra del ruido de la asamblea y sus diputados de mayoría, por desafiantes de la censura, de la hegemonía comunicacional y propagandística del gobierno.

Poner el dedo sobre la llaga es, sin embargo, pertinente.

Allá con sus responsabilidades históricas la Fuerza Armada, por incapaz y dado su comportamiento coludido – en medio de centenares de bajas civiles y ninguna de milicianos – de estar a la altura de su misión, como de justificarla; más allá del oropel de los desfiles, de amorales compras de armamentos, o la utilería que destila en sus visitas al Cuartel de La Montaña.

Importa, sí, subrayar la conducta de los jueces, a quienes me refiero en mi columna “La culpa de es de los cagatintas”.

La Sala Constitucional – suerte de paredón de fusilamiento – mal ha de encontrar como excusa para sus delitos de lesa patria, el argumento político. No les sirve a sus miembros, siquiera, en el acaso futuro de pretender beneficiarse de algún asilo.

Un Estado de excepción o emergencia, coloquialmente implica la suspensión de la ley y la restricción de derechos humanos. Por ende, en las democracias constitucionales jamás basta, para su forja, la sola voluntad política del gobernante. Es sacramental que concurra la opinión vinculante de la soberanía popular, como acto político no justiciable. A los jueces atiene, al respecto, solo ver y velar por la existencia o no de las garantías que lo hagan menos gravoso, y sólo eso. La vigencia de tales Estados, superados los obstáculos constitucionales, se explica en una expresión concursal ineludible y políticamente objetiva, sobre la que no puede opinar la Justicia.

De modo que, las violaciones de derechos humanos que se sucedan por la decisión “política” del TSJ usurpada, para forzar la vigencia de un decreto de emergencia que es obra de la voluntad unilateral de Nicolás Maduro y pone de lado la opinión de quienes representan a los afectados en la Asamblea Nacional, tienen desde ya como responsables individuales, interna e internacionalmente, a los jueces supremos. Las sanciones que aparejan sus comportamientos, activos u omisivos, son, en el caso, penales, no políticas. Eso deben saberlo éstos, a pesar de ignorarlo por ser huérfanos de credenciales y para sus oficios.

 

@asdrubalaguiar