En 2021 se hizo inestable el relacionamiento del régimen con ciertos grupos delictivos. Los últimos eventos indican que, cuando los líderes de las megabandas sobrepasan ciertos límites, padecerán las consecuencias
Desde el fin de semana, la vía hacia oriente es un trayecto un poco menos inseguro.
En una operación nocturna, agentes de la Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial se infiltraron en el caserío Las Delicias de San José de Barlovento, y mataron a Esteban Eduardo Quintana, líder de la megabanda que se había adueñado de todo ese sector cuando el propio Gobierno implantó allí una “zona de paz”, en 2013.
Junto con Quintana, también conocido como Eduardo Delicias, fue ultimado uno de sus lugartenientes Johan Iriza. La versión aportada por el director de Cicpc, comisario Douglas Rico, indica que ambos fueron “neutralizados” cuando iban en una moto, tratando de abrirse paso a tiros para escapar de lo que hasta ese momento fue su centro de operaciones.
Las Delicias era un pueblito por el que nadie quería pasar. En Río Chico, los policías y guardias nacionales recomendaban a los conductores que no se aventuraran por esa carretera, que también llevaba a Cumbo y desembocaba en la Troncal 9. Incluso, luego de las 4 p. m. era difícil encontrar un transporte colectivo que recorriera ese tramo. Más seguro era tomar la vía hacia El Guapo.
La banda de Las Delicias operó con relativa impunidad durante ocho años. A los que se oponían a su reinado los descuartizaban. Las partes de los cadáveres eran quemadas y abandonadas en las vías de entrada a ese caserío, y también en Cumbo. En mayo, dos activistas sociales que participaban en la distribución del Clap, Glendy Castillo y Yanir Burguillos, fueron desmembradas. Dispersaron sus restos por toda la zona.
A pesar de la conmoción que suscitó este crimen, el grupo de Quintana continuó operando con impunidad. Hasta que, el 5 de octubre, mataron al jefe de la delegación municipal de Cicpc Caucagua, comisario Eduardo Henríquez, y al jefe de investigaciones de la misma dependencia, inspector jefe Joel Amador (ambos ascendidos postmortem a los grados superiores).
En las informaciones que divulgó por su cuenta Instagram sobre este procedimiento, Rico no recordó la matanza de las mujeres. Solo lo ocurrido en octubre con los funcionarios.
“Cuando un grupo atenta contra miembros de cierta importancia en el Gobierno, los van a buscar. Pero, cuando es contra la ciudadanía común, tendrán más libertad”, indicó el criminólogo Luis Izquiel.
Por ejemplo, en octubre de 2017 dos agentes de la policía judicial fueron heridos por gariteros de Tocorón, un internado judicial que domina el Tren de Aragua. Los antisociales salieron de la cárcel y quemaron la patrulla que fue abandonada por los funcionarios en la vía que pasa frente al penal. No les importó que la entonces ministra de Servicio Penitenciario María Iris Varela había amenazado con instaurar su “régimen” en esa instalación. Al final, se salieron con la suya.
“Las cárceles en las que los pranes trabajan con las autoridades no las tocan. Pero cuando se rebelan la descuadran, la vacían y luego la retoman”, sentenció Humberto Prado, un experto en temas penitenciarios que actualmente se desempeña como comisionado de Juan Guaidó para asuntos de derechos humanos.
Según este abogado, además de Tocorón hay otros tres penales que se han mantenido al margen del llamado “nuevo régimen penitenciario”: Tocuyito (Carabobo), Vista Hermosa (Bolívar) y Puente Ayala (Anzoátegui). Entre todos aglutinan a casi 16 000 presos. Sostuvo que desde allí irradia todo tipo de actividad criminal.
Prado indicó que, en foros internacionales, los representantes del régimen han tratado de justificar la inacción frente a las situaciones que se generan en esas instalaciones.
“Dicen que es un desafío recobrar la autoridad en esas cárceles. Un desafío que, por cierto, viene desde la gestión de Tareck el Aissami en el ministerio de Relaciones Interiores”, dijo.
Pactos rotos
En 2021, los cuerpos de seguridad desplegaron importantes operaciones contra megabandas que, hasta ese momento, parecían intocables. En julio, pusieron en desbandada al grupo liderado por Carlos Luis Revette.
Coki escapó, presumiblemente a Colombia, junto con sus principales lugartenientes, Garbis Ochoa y Carlos Alfredo Calderón. Esta acción estuvo precedida de numerosos enfrentamientos, con agentes policiales y con miembros de bandas rivales, que ocasionaron la muerte de por lo menos siete transeúntes o conductores, e impactaron negativamente la vida de los habitantes de cinco parroquias de la capital.
El 9 de noviembre, grupos élite de Cicpc y la PNB se desplazaron a San Juan de las Galdonas, una remota población del estado Sucre. Al finalizar esa jornada, once cadáveres eran trasladados a la morgue de Carúpano. Aunque no están plenamente identificados en las minutas, serían integrantes de una célula del llamado Tren del Llano, comandada hasta ese momento por Gilberto Malony Hernández, uno de los ultimados.
Estas acciones no responden a un cambio general de estrategia en materia de seguridad ciudadana. Según Izquiel, en el caso de Revette, la creciente y prolongada conflictividad generada por las disputas en zonas como La Vega y El Valle hizo que el líder de la banda de la Cota 905 perdiera el apoyo del que gozaba en sectores del alto gobierno. Esa imagen de caos en el centro del Poder Ejecutivo no convenía.
Lo de Malony, en cambio, es más confuso, puesto que nada parecía justificar una acción tan avasallante en contra de una organización que ni siquiera figuraba entre las más peligrosas del estado Sucre. Malony, como se recordará, desarrolló la mayor parte de su carrera criminal en el estado Guárico, a la sombra de José Tovar Colina, el Picure, y tenía poco tiempo en las costas orientales. Según el autor de Revolución de la muerte, en este caso el grupo tuvo que afectar intereses de personas muy importantes, al intentar controlar un punto de salida de drogas hacia el Caribe.
Al sacar del juego a Malony, los cuerpos policiales dejaron el terreno abierto para que esas playas sean retomadas por la banda de Zacarías, o incluso el propio Tren de Aragua. Esta es, por cierto, una dinámica muy parecida a la que se ve en México.
Breves
√ El 5 de diciembre, efectivos del Comando Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional apresaron en Barcelona (Anzoátegui) a Merys Salazar, de 24 años de edad, señalada de ser la persona que prestaba su cuenta bancaria para recibir los pagos de extorsiones efectuadas por una banda que opera en oriente del país. De acuerdo con el parte correspondiente, las experticias de telefonía indicaron que ella supuestamente mantenía contacto con reos del internado judicial de Monagas, mejor conocido como La Pica. Desde allí emanaban las llamadas mediante las cuales amenazaban a profesionales independientes y comerciantes en el oriente venezolano.
Sin embargo, hay lugares en los que las autoridades no aplican estos mecanismos. La cárcel de Maturín es uno de ellos. Pero no es el único. Este año los militares han instruido casos similares al relatado aquí, en los que los mensajes amenazantes surgieron de Puente Ayala (Barcelona) y Uribana (Lara). Desde esta última, intentaron generar miedo entre empresarios diciendo que la llamada era hecha por un comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ante tales situaciones, los investigadores se encuentran prácticamente atados de manos. En un caso conocido este año solicitaron al Ministerio Público que ordenara la anulación de la línea usada para extorsionar. Pero este es un paño tibio. El delito regresa con apenas un cambio de chip.
√ Los permanentes señalamientos sobre presuntas atrocidades cometidas por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), adentro o afuera de las instalaciones de este despacho, han ocasionado que un sector del oficialismo plantee una regulación más rigurosa a las competencias de ese cuerpo. De la noche a la mañana, la temible Dgcim es vista como un lastre, un fardo al que convendría aplicarle un maquillaje, por lo menos en la actual coyuntura. Esto, desde luego, tiene que ver con el expediente conocido como Venezuela 1, que el 3 de noviembre pasó a ser conocido formalmente por la Corte Penal Internacional.
Desde antes de esa fecha, los diputados de la Asamblea Nacional que surgieron de los comicios de diciembre de 2020 evalúan opciones para poner una “camisa de fuerza” a las actividades que desarrollan desde el cuerpo con sede en Boleíta, e igualmente a las que llevan a cabo los agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). La idea es que ellos solo participen en la recopilación y el procesamiento de informaciones, para la toma de decisiones en instancias del Gobierno. Es decir, inteligencia, pura y simple. Nada de andar pateando puertas y obteniendo “confesiones” a golpes y baldazos. Pero en la Dgcim esta idea parece que no ha gustado. Y ahora tratan de elevar un poco el perfil, recordando que ellos son como son en buena medida por mandato del extinto Hugo Chávez. Recordemos que el mandatario en su momento compró como buenas las ideas que le vendió el entonces zar de la inteligencia venezolano, mayor general Hugo Carvajal, envueltas en un celofán que decía Plan Libertad, y que ponía énfasis en la necesidad de detectar y neutralizar las amenazas de origen interno. De allí que la Dgcim montara una valla en plena base aérea La Carlota, con una foto en la que el teniente coronel pareciera exigir “lealtad”.
También han enviado videos de corte propagandístico para destacar sus ejecutorias en las averiguaciones sobre el caso de los drones que estallaron en la avenida Bolívar, en agosto de 2018, y que llamaron “magnicidio frustrado”. ¿A quién van dirigidos estos mensajes? En este caso, a lo interno del oficialismo.
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