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#MonitorDeVíctimas | 4 niños quedan huérfanos cada día en Caracas por la violencia
En cinco meses, las 755 víctimas de homicidios ocurridos en el Distrito Capital dejaron 520 huérfanos, según datos registrados por Monitor de Víctimas
El incremento de niños huérfanos como consecuencia de los homicidios que ocurren en Venezuela debe ser considerado un problema de salud pública, asegura el experto Óscar Misle
El sociólogo Manuel Llorens  afirma que cuando  se trata de casos masivos, como en Venezuela, los huérfanos de la violencia tienen un impacto colectivo

 

@boonbar

GILBER SOSA ARELLANO NO VERÁ CRECER A SU HIJA. No la llevará a pasear en la moto con la que se ganaba la vida, ni cantará en ninguno de sus cumpleaños. Al joven de 20 años lo asesinaron unos policías vestidos de civil en Brisas de Propatria, kilómetro 1 de El Junquito el 6 de junio de 2017, cuando la bebé tenía apenas 4 meses. Salía en motocicleta a trabajar cuando lo interceptaron unos policías vestido de civil que lo buscaban por supuestamente haber matado a un conductor de jeep, un cargo por el cual nunca presentaron pruebas los agentes que amedrentaban constantemente a su familia. Su mamá, de 18 años y sin empleo fijo, ahora tiene que hacerse cargo de ella a duras penas.  

La hija mayor de Maikel Jordan Padilla Puerta sigue llorando por su papá, asesinado el primero de julio de 2017 por agentes de Policía Nacional Bolivariana en Roca Tarpeya, Caracas, donde vivía alquilado con su segunda pareja. La niña de 6 años, con la tristeza intacta, siempre había sido muy pegada a su padre, aunque seis meses antes se había separado de su mamá y ya no vivía en la misma casa con ella y su hermanito de 4 años. Cuando su mamá, que es peluquera, salió embarazada, Maikel abandonó sus estudios universitarios penitenciarios para trabajar como mototaxista y atender a su hija. Nunca dejó de hacerlo hasta el momento de su muerte, que lo sorprendió con ropa de dormir a media  mañana de aquel sábado por dos tiros en el pecho que dispararon los policías que entraron sin orden de arresto a su casa de una sola puerta y sin ventanas.

“Cuando a uno le matan a un hijo, lo único que podemos hacer es vivir con el dolor. Si pido justicia, lo que puedo lograr es que me maten a los otros que me quedan”, dice la abuela de la hija de Maikel.  

Son apenas dos casos de los 520 niños y adolescentes que han perdido a sus padres por causa de la violencia entre mayo y septiembre de 2017 en el área Metropolitana de Caracas, registrado por el Monitor de Víctimas.

Del total de 755 personas que murieron violentamente durante cinco meses en Caracas, 280 padres (37% del total) dejaron huérfanos menores de 18 años. Lo que se traduce en que cada día la violencia dejó 4 niños y adolescentes sin padres durante 5 meses en Caracas.

El número de casos de padres asesinados guardan proporción con los municipios más violentos de Caracas. 68% de los homicidios de personas que dejaron huérfanos ocurrió en el municipio Libertador entre mayo y septiembre de 2017. Le siguen Sucre (25%); Baruta (5%); Chacao (1%) y El Hatillo (0,7%).

En investigaciones sobre violencia se suele registrar quien murió pero no quienes dependían de ellos  y quedaron desastidos. Los hijos son víctimas indirectas a las que esa pérdida afectará su manutención, estabilidad emocional, escolaridad, en definitiva toda la vida, resalta el educador y terapeuta Oscar Misle.

Esta investigación de Monitor de Víctimas pretende visibilizar con datos precisos y nombres a esas víctimas invisibles de los homicidios que ocurren en Caracas. En su mayoría niños y adolescentes que no reciben ninguna asistencia del Estado, para quiénes no existen políticas públicas destinadas a darle protección.

El aumento del número de homicidios  en Venezuela está directamente ligado al crecimiento del número de huérfanos de la violencia, si se tiene en cuenta la edad promedio de esos hombres, analiza Misle. El director de Cecodap recuerda que en 2016, según el Ministerio Público, se registraron 21 mil homicidios, de los cuales 55,48% tenían entre 15 y 30 años, es decir, dentro del rango de ser padres.

La mayor proporción de padres asesinados entre mayo y septiembre de 2017 eran jóvenes: dentro de franja entre los 19 y 30 años (57,8% de las muertes). Mientras, 8 menores de edad de un total de 280 tenían hijos menores de 18 años.

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El incremento de la cantidad de número de niños y adolescentes que pierden a sus padres por la violencia debe ser atendido como un problema de salud pública, sostiene Misle. “Reviste un impacto no solo individual, sino también comunitario y nacional que puede inscribirse dentro de un espiral de violencia”.

“Se tiende a pensar en los huérfanos por la violencia como casos individuales cuando en realidad representan un impacto colectivo. El proceso de duelo por asesinato puede ser complejo y tarda en elaborarse”, observa el psicólogo e investigador Manuel Llorens. “Es necesario pensar en  personas afectadas y su entornos. Hay que ayudar no sólo al individuo con terapia sino ofrecer contención a toda una comunidad y sociedad”, enfatiza.

La muerte de un padre que es el principal y/o único proveedor trastoca aún más la vida de una familia. Es el caso de Darwin José Valera, asesinado la madrugada del primero de septiembre de 2017, cuando cumplía su turno como vigilante de una construcción en el este de Caracas. El dolor de su esposa Joselyn y sus cuatro hijos menores de edad es tan grande que ninguno quiere estar más en la pequeña casa prestada de un solo ambiente donde vivían en el barrio Unión de Petare.

Valera era muy pegado con sus 4 hijos de 19, 12, 7 y 4 años y se rebuscaba “como sea” para conseguirles comida, lo que se había convertido en el principal problema del último año en el que acostarse a dormir sin haber comido comenzaba a ser una angustia frecuente. Hasta vendió algunas de sus herramientas de albañil para comprar alimentos. Como cristiano, procuraba ser el mejor ejemplo para sus hijos.

Las niñas de 7 y 12 años lloran cuando hablan de su papá, están distraidas en clases. El más pequeño de 4 años (que tiene que ser operado de una hernia) también lo extraña. El mayor de 19, que sufre de pérdida de masa muscular, se fue a vivir con su familia en Trujillo para aligerar las cargas de la familia.

Ahora no solo Joselyn y sus 4 hijos tienen que bregar con el dolor de la pérdida de Valera sino también buscar como mantenerse. Hasta ahora, solo reciben una parte de la insuficiente pensión de su mamá como ayuda.

Pero también deben soportar la impunidad. La primera versión sobre su muerte causada por el impacto cuando iba con un compañero de trabajo en moto quedó descartada con el acta de defunción, que certifica que murió por “shock hipovelico (hemorrágico) causado por herida por arma blanca al tórax”. Se presume que fue por “ajuste de cuentas” contra su compañero de trabajo, quien estuvo en una cárcel y tiene antecedentes penales.

Tanto Llorens como Misle coinciden en que los duelos por la violencia son los más difíciles de procesar. Observan que no será lo mismo la muerte natural o enfermedad, incluso la causada por un accidente de tránsito, que también es súbita, que la producida por un asesinato -por una tercera persona- lo que produce una mezcla  de dolor, rabia, impotencia y resentimiento.

Llorens considera que el proceso de duelo de esos huérfanos dependerá de la edad: no es lo mismo un bebé (que puede ser amortiguado por la disposición de los cuidadores) que un niño de 5 o 10 años. “En todo caso, se trata de una pérdida traumática que genera consecuencias difíciles en sus vidas. Hay que tener en cuenta el nivel de afectación de círculo familiar – madre, abuelas, tías- que quedan a cargo de esos niños. Puede que no haya adultos disponibles para ayudar a tramitar su dolor. Muchas familias, que son a su vez víctimas, no pueden prestar ayuda”.

La muerte del proveedor del hogar implicará un impacto socieconómico enorme que afecta desde la nutrición hasta la escolaridad, dice Llorens. “El chamo queda desamparado por la muerte súbita producto de la violencia que le arrebata a su principal sustento, lo cual se complica aún más en un contexto de grave económica como el venezolano”, agrega Misle.

Cuando muere el padre o la madre, la custodia es asumida por un familiar o entidad, que no está preparada para atender este tipo de población, observa Misle. “Muchos se ven obligados a dejar la escuela para conseguir recursos y adopta estrategias de sobrevivencia, desde el bachaqueo hasta el microtráfico de drogas y prostitución”.

El mayor número de padres asesinados entre mayo y septiembre de 2017 en Caracas eran proveedores del hogar: comerciantes (33 de 280), seguido por obreros (32); mototaxista (20);  desempleado (18) y otro (18); albañil (12) y comerciante informal (11).

La mayor proporción de las personas asesinadas que dejaron huérfanos eran bachilleres (43,9%). 40% habían terminado la primera mientras que 6,7% tenían estudios universitarios; 1,8% ningún nivel académico y apenas 0,7% alcanzaron cuarto nivel educativo.

Lea también: #MonitorDeVíctimas | “A mi hijo me lo mataron funcionarios por maldad”

Muchos de los niños huérfanos tienen que vivir otro duelo: mudarse a la vivienda de algún familiar que asume su cuidado, perdiendo ya no solo su casa, sus amigos, su entorno conocido. Incluso la escuela que le quedaba cerca de su casa. “En el mejor de los casos, se mudan con parientes. En el peor, a la calle”, dice Misle. “El aumento de muertes de proveedores del hogar también podría tener relación con el incremento de los niños en situación de calle.”

También existe mucha migración de familias que huyen de criminales a otras zonas o ciudades buscando “un sitio más seguro”, lo cual implica una dramática seguidilla de pérdidas para el niño, observa Llorens.

Ninguna clase social está exenta del peligro de perder la vida en Venezuela. “Cada vez se observan más casos de huérfanos en colegios privados cuyos padres han sido víctimas en robos o secuestros. Sin embargo, en los sectores populares resulta más rudo”, apunta Misle.

El duelo

El proceso de duelo por muerte violenta pasa por las etapas de negación, rabia, culpa y aceptación, y puede durar entre 1 y 2 años. Existen duelos prolongados que inhabilitan a la persona a retomar su vida, o vuelven a la cotidianidad pero sin la misma energía.

En el caso de los niños que pierden a sus padres, puede expresarse en depresión (más común en las niñas) o en hostilidad, agresividad y violencia -que en realidad tiene que ver con angustia, miedo, ansiedad- lo que muchas veces es incomprendido en la escuela y comunidad, que no tienen herramientas o plan de contingencia para atender a los huérfanos por violencia, advierte Misle.

Un duelo prolongado puede traer consecuencias psicosociales como dificultades para vincularse y pérdida de la empatía y confianza hacia la vida y al prójimo, produciendo un repliegue hacia el círculo más íntimo. “Se rompe el tejido social, se reducen los espacios para la convivencia y salidas consensuadas para los problemas comunes”, analiza Llorens.

También puede generar un sentimiento de venganza que deriva en la transmisión transgeneracional del trauma. “Esa herida a próximas generaciones instaurando ciclos de violencia que se mantienen en el tiempo”.

La manera como fueron asesinados impactará a los hijos, observan los especialistas. Los cuatro principales móviles de los homicidios de los 280 padres registrados entre mayo y septiembre de 2017 en la zona metropolitana de Caracas fueron: robo (77 casos); ajusticiamiento (56); causa indeterminada (44) y ajuste de cuentas y/o venganza, conflicto del pasado (19).

También influye en los hijos quien asesinó a los padres. Civiles o personas independientes son los principales victimarios (106 de 280 casos). En segundo lugar, bandas criminales (63); luego PNB (44) y agentes del Cicpc (42), según datos de Monitor de Víctimas.

Resalta que la vía pública es el lugar más común donde ocurrieron los asesinatos de padres (199 de 280 casos, es decir 71%). La vivienda de la víctima se ubica en el segundo lugar (65 casos), 23% del total.  El resto (5,7%) corresponde a establecimientos comerciales, instalaciones educativas y trabajo.

Muro de contención

En Venezuela no existen políticas públicas para atender a la población vulnerable de los huérfanos por la violencia  del cual es responsable el Estado, que debe velar por la vida y protección de los ninos y adolescentes, defiende Misle.

Para el director de Cecodap, “el Sistema Nacional de Protección debe garantizar programas de resguardo a los huérfanos, involucrando a los consejos municipales de derecho, universidades y escuelas. Esta labor no puede dejarse únicamente a las familias y comunidades, que no cuentan con las herramientas. Se requiere un apoyo sistemático integral para atender a las víctimas de la violencia”.

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Trauma psicosocial

Más allá de considerar la muerte violenta como una experiencia traumática individual – entendiendo por trauma a una vivencia extrema que afecta a los niños dejándole una marca desfavorable para su vida-  los homicidios y su correspondiente número de huérfanos en Venezuela debe ser entendido como un trauma psicosocial, considera Llorens.

El psicólogo venezolano se remite a este término elaborado por el jesuita y psicólogo Ignacio Martí Baró, quien estudió las heridas que dejó en la población la guerra civil de El Salvador y que tiene muchas resonancias con lo que está ocurriendo en Venezuela.   

La experiencia prolongada de la guerra en El Salvador repercutió en sus habitantes afectando la manera de ser y actual de los habitantes del país centroamericano. Quizás no tuvo un efecto uniforme de toda la población, aunque si condicionado por la extracción social, grado de participación en el conflicto y características personales.

“Visto así, la violencia prolongada en Venezuela podría estar generando un trauma psicosocial entre los venezolanos, incluidos los niños”, sostiene Llorens.

Pero el mismo Martin Baró plantea que el sufrimiento de la guerra – la violencia, en el caso venezolano- , ofrece a algunas personas la oportunidad de crecer humanamente. Puede dar la oportunidad de desarrollar virtudes humanas como el altruismo y la solidaridad”.  

 

 

#MonitorDeVíctimas | Gobierno aprovecha días de protestas para hacer OLP y ejecutar ciudadanos en los barrios
El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz realizó en el mes de mayo tres OLP en zonas populares de Caracas, mientras se desarrollaban protestas de oposición. Una revisión periodística realizada por Monitor de Víctimas -un proyecto de recolección de data para caracterizar los homicidios que ocurren en el Distrito Capital-, identificó a 16 personas presuntamente ejecutadas durante estos procedimientos

 

@nmatamoros | Fotos cortesía El Nacional

MIENTRAS LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA (GNB) reprimía en el este de Caracas las manifestaciones contra el Gobierno, en la parte alta de la Cota 905 las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) realizaban una Operación de Liberación del Pueblo (OLP).

La orden era directa y clara: Había que evitar que el barrio bajara a protestar. Ese día la incursión policial dejó cinco muertos en lo que las autoridades describieron como un enfrentamiento, y los vecinos calificaron de ajusticiamiento. Monitor de Víctimas registró estas matanzas y entrevistó a familiares de víctimas y testigos para mostrar el otro lado de la OLP.

Monitor de Víctimas es un proyecto desarrollado por Caracas Mi Convive y Runrun.es para registrar y caracterizar los homicidios que ocurren en el Distrito Capital. Combina periodismo de datos, periodismo de investigación y participación ciudadana. Durante el primer mes de procesamiento de información, el equipo integrado por reporteros de distintos medios digitales e impresos, registró 151 homicidios ocurridos en mayo en los cinco municipio de la Gran Caracas. Identificó que se realizaron tres OLP con 16 personas muertas en circunstancias que se alejan del respeto a los Derechos Humanos. 

Uno de los casos ocurrió el 8 de mayo. A la 1:30 pm un batallón de funcionarios del FAES, vestidos de negro y con capuchas, tomó más de 10 sectores de La Cota 905, entre las parroquias Santa Rosalía y El Paraíso del municipio Libertador. Una vecina que a esa hora bajaba con sus dos hijas y una bandera para participar en la movilización opositora tuvo que devolverse. Un funcionario la apuntó con un fusil y le preguntó: “¿A dónde crees que vas tú?”. La mujer temblorosa, no supo qué responder y el agente la empujó y le dijo: “Camina que vamos para tu casa”.

Al llegar a la vivienda en el sector El Naranjal, le rompió su tricolor y entró a las habitaciones. Sacó gavetas y desordenó los closets. Dejó una estela de ropa en el piso y los portarretratos familiares los destruyó. Había trozos de vidrio por doquier.

Cuando terminó la revisión, el funcionario la haló por un brazo y le preguntó: “¿Qué sabes del Coqui?”. Ella le contestó que no lo había visto, que no tenía trato con él. Antes de irse, el policía se llevó unos relojes y el dinero que la mujer tenía guardado en su dormitorio. Ese día nadie pudo salir del barrio. Hubo un toque de queda. La vecina, quien prefirió mantenerse en el anonimato, afirma que el Gobierno pretende evitar que los barrios salgan a participar en las manifestaciones.

“Ellos no quieren que pase lo que ocurrió en La Vega. Allá la gente dejó el miedo de lado. Salieron de sus casas y expresar su malestar porque no hay comida. Aquí usaron como excusa la activación de un operativo para buscar al Coqui para mantener a la gente presa”, aseguró.

 

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Excesos, robos y violaciones de derechos humanos

Según la información recabada por el equipo del Monitor de Víctimas ese día la OLP mató a cinco ciudadanos: José Alberto Jaspe, de 19 años de edad, Carlos Tovar,  Yeiker Castro González, de 26 años, Keivel Enrique Pineda y un hombre, conocido como Gustavito. La policía y el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol aseguraron que eran miembros de la banda del Coqui, pero en el barrio la versión era otra.

Zoraida (nombre cambiado), madre de José Alberto Jaspe, relató que su hijo vendía tetas de azúcar y café, así como masa de arepas a los buhoneros del bulevar del Cementerio. A las 3:00 pm salió con su amigo Carlos Tovar que lo había visitado. Solían reunirse para compartir en sus ratos de ocio. Al escuchar el sonido de la puerta, la mujer se puso tensa. Pidió a Dios que le cuidara a su hijo porque había policías por todos lados. A los pocos minutos, la mujer salió a casa de su hermana a buscar cloro para una ropa que estaba lavando. Escuchó varias detonaciones y sintió el sonido de las botas de los encapuchados, vestidos de negro, que se desplazaban con velocidad de un lado a otro.        

“No pude salir de allí, me refugié por unas horas en esas cuatro paredes. La situación se estaba poniendo más tensa y veíamos el celaje de los policías. Se escuchaban ráfagas de tiros. Las calles estaban desiertas, se escuchaban gritos de dolor, había mujeres que gritaban: ‘no le hagan daño, déjenlo tranquilo’, otras suplicaban que no las agredieran. En ese momento llegó mi cuñada con una crisis de nervios, me dijo que una familia había sido secuestrada en el sector La Chivera. Tuve un presentimiento. Algo me decía que mi hijo estaba ahí y bajé. Pero los policías no me dejaron pasar, les supliqué que solo quería saber si él estaba ahí y me echaron a un lado”, narró Zoraida.

A las 5:30 pm José Alberto Jaspe se había comunicado con su tío para pedirle que por favor lo sacara de esa zona, que los policías lo tenían rodeado. Hizo tres llamadas al celular de su madre, pero no pudo comunicarse. Ella volvió al sitio, pero de nuevo no la dejaron pasar. Los hombres con sus escudos la distanciaron. Las detonaciones no cesaban.  

Por la barriada corrió el rumor de que un grupo de delincuentes al intentar evadirse de las fuerzas de seguridad entró a la vivienda y sometió a una familia. La madre de Jaspe presume que al ver a los agentes su hijo y su amigo corrieron a refugiarse y los masacraron.

Pasadas las 9:00 pm la familia que un grupo de delincuentes mantuvo secuestrada fue liberada. Varios cuerpos ensangrentados envueltos en sábanas fueron bajados de la comunidad por los funcionarios encapuchados. Entre ellos, se encontraban los cadáveres de José Alberto Jaspe y de su amigo Carlos Tovar.

Los trasladaron al hospital Pérez Carreño. Jaspe tenía un tiro en un ojo, mientras que Tovar tenía tres disparos en el tórax. Este último laboraba en el depósito de una tienda. No les decomisaron armas, ni droga. El hijo de la mujer solo tenía en los bolsillos un yesquero y los paqueticos de azúcar y café que vendía.

En la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la avenida Urdaneta, uno de los detectives se le acercó a Zoraida que estaba inconsolable y le dijo: “Tu hijo no tenía antecedentes. Esos agentes se lacrearon con él”.

Ella piensa acudir a la Fiscalía a solicitar una investigación al menos para limpiar el nombre de su hijo. “Él no era un delincuente como lo cacareó en rueda de prensa el ministro Reverol. Es muy fácil matar y decir que son criminales, sin indagar, amparados por la impunidad”, expresó.

Los vecinos de la Cota 905 ya han perdido la cuenta de la cantidad de procedimientos que se han desplegado en la zona desde julio del año 2015, cuando hubo la primera OLP justamente en esa zona.

“Los policías en lugar de brindar protección y confianza, siembran pánico, rabia e impotencia. Aquí le tememos más a los uniformados que a los malandros”, manifestó una residente del sector, mientras recordaba que el año pasado en una de esas tantas intervenciones policiales un funcionario amenazó a su sobrino con matarlo y cuando ella intentó impedir que lo hiciera, el funcionario la esposó, la haló por el cabello y la subió a un cerro en plena lluvia. Allí la retuvo por más de media hora. “Me dijo de puta para abajo, cualquier cantidad de groserías. No respetaron mi condición de mujer”.

Ahora los operativos los compaginan con las manifestaciones de calle. Antes de la OLP del 8 de mayo, se hicieron otros procedimientos en la zona que coincidían con las protestas de gran convocatoria, como la del 19 de Abril. “En aquella oportunidad no se pudo salir hasta el día siguiente. Es una represión por partida doble. Las fuerzas de seguridad te tienden un cerco en el centro y en el este de la ciudad y de forma paralela en el barrio”, dijo la mujer que pidió no revelar su nombre por seguridad.

Hasta ahora los procedimientos policiales en las comunidades no han reducido la violencia, por el contrario han contribuido a incrementar el odio entre funcionarios policiales y la comunidad. El informe del Ministerio Público de 2016 registró 4.667 muertes a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que representa el 22% del total de homicidios ocurridos en el país.

De acuerdo con la ONG Provea, el 86% de las muertes que involucran los cuerpos policiales y militares son ajusticiamientos e incurren en atropellos contra los allegados durante los allanamientos. En 2015, se reportaron 1.396 casos de ejecuciones extrajudiciales. Cofavic indicó que el 81% de las víctimas fueron menores de 25 años y 99% de los involucrados eran hombres.

Durante el mes de mayo del año en curso, Monitor de Víctimas contabilizó tres masacres durante OLP realizadas por la PNB y sus cuerpos de élite. Las incursiones policiales dejaron 16 víctimas. Algunos, según sus parientes no estaban involucrados en hechos delictivos, mientras que otros fueron ejecutados, pese a que se rindieron.

 

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La masacre de Artigas 

Tres días después de la intervención policial de la Cota 905, la OLP llegó al Barrio Unión de Artigas, una zona que según los vecinos, carece de grupos delictivos poderosos. “Aquí no hay bandas con estructuras organizativas como las existentes en las zonas de paz y eso explica la razón de que esa comunidad permaneció exenta de operativos”.

Los relatan que no habían visto tantos policías como la tarde del 11 de mayo. Unos decían “era un Ejército de hombres como el que se ve en películas de guerra”. En paralelo a esa intervención, personas de la tercera edad se concentraron en la Plaza Brión de Chacaíto para ir a la Defensoría del Pueblo, en una protesta convocada por la MUD.

A esa convocatoria asistiría Tomás Capote, un habitante de Artigas, que tiene 66 años de edad y es pensionado del Seguro Social. Dijo que quiso salir a luchar por el futuro de su nieto de 17 años y a reclamar a viva voz por la falta de medicinas para tratar la diabetes que padece.

Su objetivo quedó en buena intención porque la policía no lo dejó bajar. El grupo de hombres con las caras cubiertas tomó temprano la zona. No había paso. Los que querían entrar al barrio, tuvieron que esperar que el procedimiento terminara pasadas las 11:00 pm o irse a casa de familiares y amigos en otras zonas.

Los funcionarios iban en búsqueda de una supuesta banda, denominada “Los Picoteros”, una organización de la que jamás Capote había oído nombrar, pese a que lleva más de 30 años viviendo allí y sabe quién es quién en el barrio. Los hombres como de costumbre, entraron a las viviendas sin preguntar. Tumbaron puertas, sacaron a las mujeres. A algunas las encerraron en las habitaciones porque no soportaban el llanto y se llevaban detenidos a los que señalaban como sospechosos de haber cometido crímenes en la calle Libertad de la barriada.

La casa de Tomás no se salvó. Relató que su hija asustada al ver el movimiento de los agentes, que perseguían a cualquier joven de apariencia sospechosa, intentó cerrar la ventana de la habitación para resguardarse. Un funcionario le tocó el vidrio y le preguntó en un tono altanero: “¿Por qué la cierras?”. Ella temerosa le respondió: “para protegernos de la lluvia de plomo”. El efectivo la interrogó: “¿quiénes están en tu casa?” y la muchacha le contestó: “Mi mamá, mi papá y un hermano”. Le exigió que le abriera la puerta. Se limitó a hacer una inspección. Sin embargo, en la vivienda de al lado, los hombres de negro desordenaron las gavetas y apresaron a un joven.

El muchacho, según Tomás, no llegaba a 20 años y era estudiante universitario. No recuerda su apellido, sino su nombre: Daniel. A él le sembraron 150 gramos de cocaína y lo acusaron de formar parte de “Los Picoteros”. A él junto a otros seis jóvenes más les tomaron fotos y videos y los pararon en fila. Luego los montaron en las patrullas para llevarlos a los calabozos de la PNB.

En esa arremetida los muertos tampoco faltaron. Según la data del Monitor de Víctimas los cuerpos de seguridad mataron a siete personas: Yorguin José Ibarra Mayobre, Wilber Josuéth Laurens Zambrano, Fabio Mecedes Moreno, Daniel José Yanes, Miguel Eduardo Morales y otros dos hombres, cuyas identidades no fueron reveladas por los cuerpos de seguridad ni por sus familiares.

Entre las víctimas destaca Miguel Morales. Esa tarde había salido de la casa de su abuela en la comunidad del 23 de Enero. Su tía, Yoselin Carvajal, narró que al llegar a Artigas, se topó con la movilización policial. No entendía qué sucedía. “Uno de los agentes persiguió a Miguel, le gritó que se para y él se metió en una vivienda para resguardarse. En esa casa había otros hombres. Decían que se gestaba una situación de rehenes”.

Miguel salió de la casa para que lo revisaran, pero lo mataron. “A los otros seis hombres los fueron ejecutando uno a uno, al salir de la casa. Les daban un tiro en el pecho y caían como barajas. La policía llegó a matar”, relató la mujer.

Para Yoselin la muerte de su sobrino había sido sentenciada meses antes, cuando la PNB lo despertó a las 3:00 am, mientras dormía en la vivienda de su abuela en el 23 de Enero.

“Ahí lo sacaron a patadas y se lo llevaron detenido al comando de la PNB en La Quebradita. Estuvo tres días y después lo liberaron, pero las amenazas eran continuas. Lo extorsionaban. Le decían que debía pagarles una vacuna de 10 mil bolívares mensuales a cambio de no llevárselo, pero él no accedió. No tenía mucho dinero porque trabajaba a destajo en la reparación de techos de viviendas. Lo poco que reunía lo invertía en ayudar a su madre y a su abuela”, reseñó la mujer.

Los familiares del resto de las víctimas de esa masacre prefirieron guardar silencio por miedo.

Plomo cercano a la concentración

Días después, el viernes 26 de mayo, hubo cuatro muertos a manos de las fuerzas de seguridad. Nuevamente la PNB protagonizó la masacre. Según versiones policiales, cuatro hombres en actitud sospechosa que viajaban en un vehículo Twingo, de color amarillo, accionaron sus armas contra los uniformados que iban en un vehículo rústico, cuando le dieron la voz de alto en Roca Tarpeya, parroquia San Agustín.

Paralelamente al intercambio de disparos, a pocos metros, en la avenida Victoria, los vecinos se preparaban para iniciar una movilización hasta el paseo Los Próceres.

De acuerdo con el registro del Monitor de Víctimas, los cuatros hombres fueron identificaron como: Eder Hidalgo Piñango, Luis Rodríguez, Johanderson Cabello y Raimer Tovar Pérez. Para justificar el asesinato, los relacionaron con la banda del Coqui.

Ferisbaldo Hidalgo, padre de Eder, contó que hace dos meses fue la última vez que conversó con él. Ellos vivían en la Cota 905, pero Eder se mudó al Cementerio, cerca del plantel Gran Colombia. No sabía si andaba en malos pasos, solo tenía conocimiento de que trabajaba en un taller mecánico en Bello Monte. “El día que nos vimos me llevó una bolsa de mercado y me dijo que estaba bien. Su visita duró 10 minutos, antes de irse me besó la mano”.

Cuando ocurrió el tiroteo, una vecina le avisó que su hijo era uno de los fallecidos y horas más tarde un funcionario del Cicpc le dijo que su hijo tenía cinco solicitudes por varios delitos. Para comprobar ese señalamiento, acudió a la Fiscalía. Allí le dijeron que no tenía antecedentes. Ferisbaldo solo conoce por referencias al Coqui. Confiesa que su hijo nunca lo nombró, ni lo llevó a la casa.

 

 

 

Una Ventana a la Libertad denunció 300% de hacinamiento en el Sebin

CARLOS NIETO PALMA, DIRECTOR DE LA ONG Una Ventana a la Libertad, afirmó que un reciente estudio realizado entre los meses de junio y mayo por el equipo de investigación de la organización, se determinó que existe un 300% de hacinamiento en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Roca Tarpeya en El Helicoide.

Nieto Palma dijo que en el Sebin conviven 340 detenidos en un espacio de 321 metros cuadrados dispuesto para sólo 80 personas, es decir, disponen de  menos de un metro por cada uno.

Aseguró que el 80% de las personas recluidas son presos políticos y el otro 20% privados comunes, subrayó que de los 340, 23 son mujeres.

Añadió que la misma situación también se presenta en  la otra sede del cuerpo de seguridad, ubicada en  Plaza Venezuela mejor conocida como “La tumba” .

“Les dan golpes con palos, utilizan bolsas a las que le echan insecticidas y se las colocan en la cabeza, los amarran a las rejas de los calabozos por tiempo indefinida. Les colocan electricidad en distintas partes del cuerpo sobre todo en los genitales”, refirió  Nieto.

El activista de la ONG comentó que el informe fue enviado a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía. También se remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Estados Americanos (OEA).

 

Cuatro sujetos fueron abatidos tras enfrentarse a comisión de PNB en Roca Tarpeya

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Cuatro sujetos fueron abatidos este viernes tras enfrentarse a funcionarios de la PNB en Roca Tarpeya.

De acuerdo con los reportes de algunos usuarios en la red social Twitter, los sujetos andaban en un vehículo Renault color amarillo.

Aparentemente los delincuentes habían secuestrado a un niño en horas de la madrugada. y aproximadamente a las 8:30 de la mañana fueron interceptados por oficiales de la PNB generándose una persecución y luego un intercambio de disparos.

Dos funcionarios del cuerpo policial fueron heridos y se encuentran fuera de peligro.