Revelan

Habitantes de la parroquia Candelaria realizaron una protesta donde denunciaron hechos de corrupción en las obras de restauración del Paseo Anauco, en las cuales se presenta  un escenario de desidia siendo la basura e inseguridad el lugar común en este sitio histórico. Responsabilizaron de esta situación al alcalde de Caracas Jorge Rodríguez y pidieron que este sea interpelado por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Carlos Julio Rojas, coordinador de la Asamblea de Ciudadanos de Candelaria, explicó que estos trabajos en el Paseo Anauco se iniciaron en el 2013, prometiendo ser terminados a finales de ese año para el disfrute de los vecinos. «Jorge Rodríguez le mintió a los caraqueños porque solo el 25% del pasaje esta medianamente restaurado, incluyendo que solo el año pasado el Consejo Municipal aprobó por unanimidad dos créditos adicionales que llegan a 150 millones de bolívares que no se han visto reflejados en la estructura», dijo.

Rojas reveló que el caminar por el Paseo Anauco es una aventura de alto riesgo, ya que los atracos y arrebatones son el pan de cada día, los puentes se encuentran en casi una total oscuridad y llenos de basura. «A lo largo y ancho de este bulevar no hay presencia policíal lo cual convierte el lugar en sitio de escape para los delincuentes que roban en la parroquia, incluso hace semanas un delincuente fue lanzado desde uno de sus puentes. Además sufrimos los fuertes olores nauseabundos producto de la basura descompuesta y la ausencia de alumbrado, es la propia cueva de lobos».

El miembro del Frente en Defensa del Norte de Caracas Informó que el Puente Anauco es patrimonio histórico de la ciudad, ya que cuenta con 230 años. «Su construcción fue dispuesta por el gobernador de Venezuela para 1786, Julián Guillelmi, con el fin de servir de cruce sobre el río Anauco. Los arcos poseen elementos de contrafuerte, ubicados en los arranques de cada uno; dichos elementos tienen forma piramidal, rematados en elementos circulares» declaró.

Propuso que se trabaje de verdad en el rescate de este icono de la historia caraqueña, dándole vida a esta caminería con la instalación de pequeños cafés e incluso de un tranvía que haga el recorrido desde la Avenida México donde está ubicado los libreros hasta Plaza Estrella en San Bernardino. «Solo es cuestión de centrarse en las mejoras de la ciudad y dejar la politiquería, Daniel Aponte como jefe de gobierno del Distrito Capital vive a pocos metros del Paseo Anauco y se hace de la vista gorda. Exigimos que el verdadero poder popular sea escuchado, vamos a darle a la parroquia este regalo, cuando el 2 de febrero es el día de la Virgen de  Candelaria».

Informó que llevarán este y otros casos de corrupción cometidos por la Alcaldía de Caracas a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para que estos aplicando el parlamentarismo de calle realicen las averiguaciones necesarias. «Reclamamos que Jorge Rodríguez sea interpelado por el Poder Legislativo y le rinda cuentas a los caraqueños, los hechos de corrupción son notables y solo con recorrer la ciudad podemos ver la desidia que vivimos», sentenció.

«Por el Paseo Anauco ni la policía puede caminar»

Por su parte Nuvia Febres, vecina de Candelaria, denunció que la comunidad tiene miedo de transitar por este espacio por los altos niveles de inseguridad que se viven en la zona, citando que solo los restaurantes ya a las 6 pm están cerrados por los constantes atracos. «Para salir de esta situación es necesario un trabajo en conjunto gobierno municipal, la empresa privada y el ciudadano. Debemos darle vida a este bulevar que es patrimonio cultural e histórico de nuestra ciudad».

TELOLOAPAN, México (AP) — Carlos Sánchez y su familia casi habían terminado el horrible trayecto tras avanzar esa noche a toda velocidad por la sinuosa carretera desde las montañas con rumbo al hospital, cuando chocaron con una camioneta de la policía atravesada en el camino y las luces apagadas.

Antes de saber qué pasaba, fueron arrastrados desde su carro hasta el vehículo policial. La esposa de Sánchez, su hermana y su primo fueron metidos y tirados en el asiento trasero. No vieron a Carlos, quien horas antes había recibido tres disparos afuera de su casa en Teloloapan, sino hasta que llegaron a un complejo amurallado en las montañas.

Todos habían sido secuestrados por la policía.

En abril de 2013, Sánchez y su primo Armando de la Cruz Salinas se convirtieron en dos más de los casi 26.000 desaparecidos en México desde 2007. El rapto de 43 estudiantes en la ciudad sureña de Iguala el 26 de septiembre de 2014 a manos de agentes locales atrajo la atención a un hecho notable en la vida de México: la policía es responsable de varias desapariciones.

El subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, dijo a The Associated Press en agosto que la policía municipal había participado en varios secuestros alrededor de Iguala durante el gobierno del alcalde José Luis Abarca, quien enfrenta cargos relacionados con el caso de los 43 estudiantes.

Miembros de la familia Sánchez aceptaron hablar con la AP sobre sus desaparecidos con la condición de no ser identificados. Querían contar la historia de violencia que los rodea como el aire que respiran y cómo la policía está detrás de muchos casos de quienes ahora son conocidos como «Los Otros Desaparecidos». Sin embargo, tienen pánico de sus captores y los policías que aún viven entre ellos y operan con impunidad, a veces incluso volviendo para abusar o amenazar a aquellos que se atrevan a hablar.

Sánchez, un vendedor de tacos y padre de tres niños, regresaba del mercado junto con su esposa la tarde del 2 de abril de 2013 cuando un carro blanco se detuvo afuera de su casa. Dos hombres salieron y uno le apuntó con una pistola. Intentaron forzarlo a entrar al auto, pero se resistió. Entonces le dispararon tres veces antes de irse y lo dejaron ahí tirado.

En el hospital de Teloloapan, una ciudad de unos 55.000 habitantes en la zona montañosa de Guerrero, le vendaron las heridas, le pusieron oxígeno y suero, pero dijeron a su familia que no había ningún cirujano disponible y que debían ir a Iguala para operarlo. Le escribieron una carta para garantizar su paso por los tres retenes militares y uno de la policía instalados entre ambas ciudades.

Sin embargo, una ambulancia lo llevaría sólo si conseguían una escolta armada. Los soldados se negaron a hacerlo.

Después de que en una clínica privada también se negaron a atender a Carlos, su primo Armando se ofreció a llevarlos. Iban en camino al hospital en Iguala cuando cayeron en las manos de la policía.

En el complejo al que los llevaron, iluminados sólo con la luz de los celulares, la familia rápidamente se dio cuenta que no eran los únicos. Entre 15 y 20 personas más estaban sentados en el piso del cuarto, con los ojos vendados y atados de las muñecas y tobillos.

La policía les quitó los zapatos, cinturones y cualquier cosa de valor; les jalaron las playeras para cubrir sus cabezas, pero por la luz de los celulares alcanzaron a ver a través de la tela cuando arrastraron a Carlos dentro de la casa. A excepción de las vendas, estaba desnudo; la bata de papel del hospital se había perdido.

Estaban rodeados por entre 10 y 15 hombres armados con fusiles, la mayoría usaban el mismo uniforme policial oscuro.

Uno de los secuestradores se acercó a Carlos con una libreta. Le preguntó su nombre, de dónde era, cuántos hijos tenía, y qué hacía. Carlos contestó todas las preguntas, pero de todos modos lo golpearon y patearon.

El hombre acusó a Carlos de robarse caballos de un rancho en Teloloapan. Le dijo que había estado en ese lugar, pero sólo para vender tacos a los albañiles que construyeron los establos. Y les recitó la variedad de sus tacos.

Unos seis hombres se abalanzaron sobre Carlos y lo patearon con furia. Cuando se detuvieron, Carlos volteó hacia su esposa, respiró profundamente y dijo el nombre de su hijo más pequeño, Santiago. Después cerró sus ojos.

Los hombres armados metieron al vendedor de tacos en un sleeping bag verde y lo sacaron. Los otros escucharon cómo caía su cuerpo en la parte trasera de alguna camioneta. Era el turno de Armando, a quien golpearon y luego lo sacaron de la casa. Nunca más lo volvieron a ver. Las dos mujeres fueron liberadas 10 días después.

Después de que la noticia de la desaparición de los 43 estudiantes desatara una tormenta nacional, un vecino que buscaba a su hijo dijo a los Sánchez que familiares comenzaban a reunirse en una iglesia de Iguala para presentar denuncias ante las autoridades federales y dar muestras de ADN. Aceptaron unir sus nombres a las de cientos de otras familias, muchas de las cuales también revelaron historias de policías que se llevaron a sus seres queridos.

Las familias se organizaron para ir a las montañas alrededor de Iguala en busca de los cuerpos de sus desaparecidos. Al paso de las semanas y meses, equipos gubernamentales recuperaron los restos de al menos 104 cuerpos de fosas clandestinas localizadas por las familias, aunque sólo 13 de ellos han sido identificados por pruebas de ADN y pedazos de ropa.

En enero, la familia Sánchez fue informada que habían exhumado una bolsa de dormir verde con un esqueleto adentro. Al lado, hallaron una sonda de suero y una cánula de oxígeno.

Esta fotografía del 1 de octubre de 2015 muestra el número 43 pintado en un muro del palacio municipal de Iguala, México.

Retrato enmarcado de Cárlos Sánchez con dos ciervos muertos en la casa de un pariente en Teloloapan, estado de Guerrero, México, el 2 de octubre de 2015.

En 2014 se habrían cometido en Venezuela el doble de las ejecuciones extrajudiciales registradas en 2013, denunció la organización no gubernamental Cofavic, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En el marco del 154° periodo de sesiones del órgano de la OEA, la ONG venezolana estuvo a cargo de la ponencia Situación general de derechos humanos en Venezuela, realizada este martes en Washington, donde también los representantes del Estado pudieron responder.

«Se evidencia un incremento de 52% de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, al comparar la cifra documentada por Cofavic relativa al año 2013 (669 casos) y la obtenida al cierre del año 2014 (1.018 presuntas ejecuciones extrajudiciales)», expresó un comunicado que detalla el informe presentado a la CIDH.

Adicionalmente -advirtió la ONG- durante el año pasado se pudieron contabilizar 188 casos de presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como tres casos de presuntas desapariciones forzadas de personas.

Los datos son el resultado del monitoreo de violaciones a los derechos humanos realizado por Cofavic en 23 estados del país entre enero y diciembre de 2014.

Por otra parte, entre los cuerpos de seguridad del Estado presuntamente implicados en dichas violaciones a los derechos humanos, destacan el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) como responsable del 47 % de los casos. Le sigue el resto de los cuerpos policiales del país, con 41 % y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el 8 % de los casos.

«El 54 % de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, ocurren en el marco de operativos especiales organizados por los cuerpos de seguridad del Estado», resaltó la ONG.

Impunidad y protestas

En el contexto de conflictividad social que determinó el escenario de 2014, Cofavic presentó información actualizada sobre hechos de torturas y otros tratos crueles o degradantes cometidas por funcionarios del Estado.

188 es la cifra de casos documentados y analizados, y la Guardia Nacional es el órgano de seguridad señalado como autor del 58 % de ellos. Así mismo, «en 21 % de los casos funcionarios de cuerpos policiales; en 13 % de los casos las agresiones fueron cometidas por grupos armados civiles y en 8 % de los casos se identificó la participación de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)», añadió la ONG.

Por su parte, la presidenta y vocera de Cofavic, Liliana Ortega, acusó al Estado venezolano de institucionalizar la tortura al no investigar la mayoría de los hechos denunciados.

«Las cifras del Ministerio Público son reveladoras del marco institucionalizado de impunidad que existe en Venezuela», sentenció la activista durante su intervención ante la audiencia de la CIDH.

En este sentido, refirió que la Fiscalía admitió que el 85 % de las denuncias que recibió por torturas, tratos crueles y degradantes, fueron desechadas.

Crisis sanitaria

Organizaciones de derechos humanos de Venezuela denunciaron este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una crisis sanitaria provocada por la escasez de insumos y medicamentos y el mal estado de las instalaciones hospitalarias.

«No se ofrece a la población las garantías mínimas de atención a la salud», dijo Luisa Rodríguez, presidenta de Funcamama.

En una audiencia ante la Comisión en Washington, las organizaciones destacaron la grave situación en los centros de salud públicos, de los que depende la mayor parte de la población venezolana.

La CIDH escuchó a venezolanos

En el marco de su 154° periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró cuatro audiencias públicas dedicadas específicamente a Venezuela. En la primera, el caso de Linda Loaiza dio pie a debatir sobre la violencia sexual en el país. Posteriormente, se llevó a cabo la audiencia Situación general de derechos humanos en Venezuela, seguida por Situación de derechos humanos de las personas LGBTI en Venezuela. Por último, se realizó una audiencia sobre la Situación de los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela. MAMG

El reporte cita documentos estadounidenses secretos que sugieren que investigadores gubernamentales habían creado una versión de XCode, la herramienta para el desarrollo de aplicaciones del software de Apple, para crear modos de vigilar programas distribuidos en la tienda de aplicaciones de la empresa con sede en Cupertino, California.

The Intercept ha publicado previamente varios informes a partir de documentos divulgados por Snowden. Entre los editores del sitio figuran Glenn Greenwald, que ganó un premio Pulitzer por su trabajo al informar sobre las revelaciones de Snowden, y la documentalista ganadora del Oscar Laura Poitras.

El sitio señaló que los últimos documentos, que cubren un período del 2006 al 2013, no prueban que los investigadores de inteligencia de Estados Unidos hayan tenido éxito en romper el programa para encriptar la información de los dispositivos de Apple, que protegen los datos y las comunicaciones de los usuarios.

Los esfuerzos de los investigadores de seguridad del Gobierno por romper la seguridad de los productos de Apple comenzó tan temprano como en el 2006, un año antes de que la compañía presentara su primer iPhone, y continuó durante el lanzamiento del iPad en el 2010 y más allá, según The Intercept.

Vulnerar la seguridad de Apple era parte de un programa secreto del Gobierno Estadounidense, en cooperación con investigadores de inteligencia británicos, para infiltrar «productos de comunicaciones seguras, tanto extranjeros como domésticos», incluyendo a teléfonos que usan la plataforma Google Android, afirmó.

En los últimos meses, empresas de tecnología en Silicon Valley han tratado de restaurar la confianza de los consumidores de todo el mundo respecto de que sus productos no se han convertido en herramientas para una vigilancia generalizada de los ciudadanos por parte de los gobiernos.

En setiembre pasado, Apple fortaleció sus métodos para encriptar datos almacenados en los iPhones y dijo que los cambios significaban que la compañía ya no tenía forma de extraer datos de los consumidores desde los dispositivos, incluso si algún gobierno lo pidiera con una orden judicial.

Google Inc, el principal rival de Apple en Silicon Valley, indicó poco después que también planeaba aumentar el uso de herramientas más poderosas para encriptar información.

Ambas empresas sostuvieron que las medidas apuntaban a proteger la privacidad de los productos de sus usuarios y que las medidas eran en parte una respuesta a un espionaje a gran escala del Gobierno de Estados Unidos a usuarios de Internet revelada por Snowden en el 2013.

Un portavoz de Apple se refirió a comentarios públicos del presidente ejecutivo de la compañía, Tim Cook, sobre privacidad, pero declinó hacer más comentarios.

«Quiero ser absolutamente claro de que nunca hemos trabajado con ninguna agencia gubernamental de ningún país para crear un acceso furtivo a alguno de nuestros productos o servicios», escribió Cook en un comunicado sobre privacidad y seguridad publicado el año pasado.

«Nunca hemos permitido el acceso a nuestros servidores. Y nunca lo haremos», agregó.

La CIA no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para comentar el reporte de The Intercept.