Red de Observación Electoral

La Red de Observación Electoral advirtió, por medio de un comunicado, que las condiciones de desigualdad y desconocimiento de normas esenciales en que se celebrarán las elecciones presidenciales y de legisladores  estadales del próximo 20 de mayo, colocan al país ante el riesgo de culminar con unos resultados que no contarán con el reconocimiento de amplios sectores de la población, lo que redundará con seguridad en el incremento de la división, la discordia y la confrontación que ya existe entre los venezolanos.

Entre las medidas que afectan las necesarias condiciones de equidad, igualdad y  transparencia en estos comicios, el documento destaca el hecho de que las autoridades electorales y de otras áreas han procedido a inhabilitar, utilizando diversos subterfugios con revestimiento legal, a numerosas organizaciones políticas, entre las cuales se cuentan dos importantes partidos como Primero Justicia y Voluntad Popular, así como también a destacados líderes del país que han sido inhabilitados, están presos o se han visto obligados a exilarse, como son Henrique Capriles, Leopoldo López, Antonio Ledezma y otros. De manera similar, a la alianza MUD ─habiendo sido la alianza electoral más votada en la historia del país─ le fue anulada su tarjeta electoral.

Por otra parte, la ROE afirma que la convocatoria de la elección presidencial y de los miembros de Consejos legislativos estadales, fijada finalmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para el próximo 20 de mayo, obedece a un mandato de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), violatorio de la autonomía y exclusividad que la constitución le otorga al CNE para la convocatoria a elecciones. Por otra parte, esta convocatoria constituye una arbitraria ruptura con la tradición del país, de celebrar elecciones  presidenciales en el mes de diciembre del año en que finaliza el período.

Se cuestiona también que la convocatoria a esta elección se hizo sin la obligatoria publicación del correspondiente cronograma electoral con los lapsos y actividades previstas, como lo ordena la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (LOPRE), y lo que es más grave, el lapso total dispuesto para su ejecución fue sustancialmente reducido, pasando de los aproximadamente seis meses que acostumbraba asignar el CNE a la organización de una elección, a la mitad de ese tiempo. Esto da lugar a que se incumplan requerimientos indispensables para garantizar la realización de una elección democrática, tales como los lapsos para la escogencia y presentación de candidaturas; los plazos para la actualización del Registro Electoral; la duración de la campaña electoral; los lapsos relacionados con los procesos de sustitución y modificación de postulaciones y con la interposición de recursos en su contra, entre otros.

Por otra parte, agrega el documento, durante el período transcurrido de la campaña electoral ha sido manifiesto  el uso recurrente de recursos del estado para la promoción de la candidatura del presidente-candidato Nicolás Maduro. En términos generales, en actos de campaña, el presidente-candidato participa en jornadas de entrega de viviendas, ofrece bonos y becas, y amenaza con suspender programas sociales si no recibe votos, lo que da a la elección un profundo sesgo amenazante y ventajista a su favor y constituye un ilícito electoral.  

Finalmente, la Red de Observación Electoral advierte que las autoridades electorales, judiciales y de otros poderes del país están en la obligación de librar a la nación de un indeseable escenario de conflictividad, división, discordia y confrontación, que podría verse agravado con unos resultados electorales que no contarán con el reconocimiento de amplios sectores de la población. Por ello, “les hacemos un llamado a intervenir a tiempo con equidad y sentido democrático para evitarlo”.

La preparación de la elección de gobernadores, prevista constitucionalmente para ser realizada en diciembre del 2016 y finalmente fijada por el CNE para el 15 de octubre de 2017, ha estado plagada de irregularidades, que en los últimos días han alcanzado niveles alarmantes.

Así lo advirtió la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación en un comunicado, en el que resaltan el abrupto cambio de fecha para su celebración, de diciembre de 2017 anunciada por el CNE el mes de mayo del presente año, a la finalmente adoptada, lo que produjo una severa reducción de los lapsos acordados para el cumplimiento de las actividades preparatorias de la elección, en detrimento de la correcta ejecución de varias de ellas. Luego, la ejecución de importantes actos, como la inscripción de candidatos, antes de la aprobación del cronograma electoral por el directorio del CNE.

“Estas infracciones lucen menores cuando se las compara con las violaciones cometidas por el CNE en los últimos días, las cuales atentan directamente contra el ejercicio del derecho del voto por los electores. Está la negativa del CNE de permitir la sustitución de candidatos por parte de los partidos postulantes, como establece el artículo 62 de la LOPRE, con lo cual se genera confusión en el elector al momento de emitir su voto. Luego, faltando apenas cinco días para la celebración de la jornada electoral, el CNE ha procedido a reubicar centros de votación, afectando a más de 700 mil electores, generando dificultades para los votantes, que van desde el distanciamiento del centro de votación, hasta la aglomeración de electores en espacios reducidos e incómodos que sin duda redundarán en largas colas. Se llega incluso al extremo de no informar debidamente y a tiempo a los electores sobre los cambios realizados, como establece el Reglamento de la LOPRE al punto de que en el sistema dispuesto en la página web  del CNE aún no se han registrado dichos cambios” expresó a la 

Dice la Red de Observación Electoral que “ante semejante atentado contra el derecho del voto por parte de las autoridades electorales, en nuestro carácter de defensores de los derechos electorales de los venezolanos, hacemos un llamado a la ciudadanía a rechazar esta grave agresión a los derechos democráticos, y disponerse a superar todos los escollos para hacer valer su legítimo derecho a elegir”.   

La Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación, cumpliendo con sus funciones de observadores del proceso electoral, estará en disposición de prestar su apoyo a la defensa del fundamental derecho al voto.

Es significativo que este acto cívico, que ha movilizado a millones de ciudadanos en el país y en el exterior, se logró en apenas dos semanas a partir de su convocatoria por la Asamblea Nacional. Su organización se realizó sin contar con la habitual infraestructura de apoyo institucional por parte de las autoridades electorales nacionales.

Este 16 de julio de 2017, como observadores de la Consulta Popular convocada por la Asamblea Nacional, la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación fue testigo de una «extraordinaria manifestación de civismo» de los venezolanos quienes a través del voto se han expresado masivamente, en Venezuela y en otros países del mundo, sobre el destino que desean para el país.

Así lo expresa esta ONG en un comunicado en el que califican la jornada como un triunfo ciudadano, a pesar de que su organización se realizó sin contar con la habitual infraestructura de apoyo institucional por parte de las autoridades electorales nacionales.

“Deseamos también destacar el civismo, la disciplina y la organización que han imperado en este proceso de consulta, para lo cual ha sido fundamental la responsabilidad asumida por los vecinos en cada localidad”, remarca el comunicado.

Para llevar a cabo la tarea de observación del proceso “seleccionamos en el país una muestra de 153 puntos soberanos, asignando para tal fin un número similar de observadores. Los reportes de observación de la muestra escogida coinciden con el sentir y la opinión generalizados de un proceso que ha cumplido los requisitos de organización, puntualidad y logística previstos y asimismo, refleja que el evento se desarrolló en un clima de entusiasmo colectivo y de convivencia y colaboración ejemplares”.

Fundamentada en el Artículo 70 de la Constitución Nacional, es significativo que este acto cívico, que movilizó a millones de ciudadanos en el país y el exterior, se logró en apenas dos semanas a partir de su convocatoria por la Asamblea Nacional. Otros obstáculos que fue necesario superar incluyen, por parte del gobierno nacional, la censura a la difusión por los medios de comunicación de la invitación a participar en la consulta. “Este impedimento fue soslayado, en la medida de lo posible, mediante el uso por la ciudadanía de las redes sociales”, explicaron.

Era la aspiración y la esperanza de la ciudadanía que este acto, inédito en el ejercicio de democracia con alto civismo, se mantuviese hasta su final preservando el respeto al otro y a la libertad de expresión, en un ambiente de fraternidad. “Lamentablemente, a pocas antes del cierre de la mesas, en la Parroquia Sucre, en el Oeste de Caracas, se registró un criminal ataque a ciudadanos que aguardaban para votar en un punto soberano adjunto a la Iglesia del Carmen, causando la muerte al menos a un ciudadano y varios heridos. Un hecho doloroso y condenable que nos enluta a todos.

No obstante, «por encima de este crimen, se impone la trascendencia de una gesta cívica, ejemplar e histórica, que aspiramos contribuya a devolver a la nación el entendimiento entre los ciudadanos por las vías democráticas establecidas en la Constitución de la República”, concluye el documento.  

La aceptación de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente por parte del CNE constituye un elemento más de distracción de su deber principal de organizar y realizar los diversos eventos electorales pendientes. Por lo tanto “exigimos al CNE que de inmediato presente al país un cronograma electoral para dichos eventos”, expresó la Red de Observación Electoral en un comunicado difundido hoy desde su sede en Caracas.

Ante la grave crisis política que vive el país que ha generado ya un lamentable saldo de fallecidos, en su mayoría jóvenes, debido en gran medida al uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos represivos del Estado, la Red de Observación Electoral de Asamblea de Educación se siente en el deber de “llamar a las autoridades electorales al estricto apego a los mandatos de la Constitución y leyes aplicables, esa sería la mejor contribución que puede dar el Poder Electoral a la conservación de la paz de la nación”.

Varias son las situaciones en las que ha sido vulnerado este fundamental derecho: el desconocimiento de los diputados indígenas electos y proclamados en el 2015; el bloqueo del proceso de referéndum revocatorio presidencial; la no realización en su debido momento de las elecciones regionales y el desconocimiento por otros poderes del Estado, de la Asamblea Nacional que es producto del voto ciudadano. Hechos todos violatorios de la Constitución, señalaron.

“En respuesta a esta aguda coyuntura que vive el país, el presidente de la República ha convocado mediante decreto la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente. Dicha convocatoria resulta contraria a la Constitución pues el Presidente solo tiene la potestad de proponer la iniciativa, el poder de convocarla reside únicamente en el pueblo soberano. Adicionalmente, para la elección de los constituyentes, con el decreto se pretende adoptar una votación por ámbitos sectoriales y territoriales lo que viola el principio de universalidad del voto establecido en la Carta Magna”, señala el documento.

La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, en calidad de defensores del voto ciudadano insiste en el llamado a las autoridades electorales “al estricto apego a los mandatos de la Constitución y leyes aplicables, esa sería la mejor contribución que puede dar el Poder Electoral a la conservación de la paz de la nación”.

La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación indicó en un comunicado que la implementación del Registro y Renovación de partidos políticos convocada (por el CNE) luce improvisada e imprecisa. Faltando apenas tres días para el inicio de la jornada de Registro y Renovación, no se conocen las normas que han de regir la ejecución del mismo, y añaden que “no se sabe con precisión cómo habrán de realizarse los procedimientos de Reparo anunciados para los partidos que no logren el mínimo requerido para su legitimación. Se trata de un proceso en el que, por lo visto, no habrá auditorías previas ni posteriores, como ha sido lo habitual en los eventos llevados a cabo por el CNE”.

Señala la Red que el proceso de Registro y Renovación de partidos políticos a realizarse, configura “un inquietante panorama que amenaza la institucionalidad democrática del país. Hacemos un llamado al CNE para que subsane a la brevedad posible los carencias que sufre el proceso de Registro y Renovación en curso, en aras de garantizar el carácter democrático del mismo”.

Con fecha 7 de Febrero el CNE hizo hecho público un llamado a los partidos que no participaron en las últimas elecciones, o que habiendo participado en las mismas no alcanzaron el 1% de la votación, a participar en un proceso de relegitimación, de obligatorio cumplimiento, para permanecer como partidos registrados ante el CNE y, por ende, con todos los derechos electorales que de ello se desprenden.

Dicha convocatoria obedece al cumplimiento, ya en el límite del plazo permitido, de la sentencia Nro. 01/2016 del TSJ, del 5 de enero del 2016, relativa a la renovación de los partidos políticos. Con dicha convocatoria el CNE adopta, en opinión de la Red de Observación Electoral, “una interpretación del artículo 26 de la ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, que, en vez de favorecer la participación ciudadana en los asuntos públicos, que se concreta mediante la creación de organizaciones políticas, establece restricciones para que esto suceda, al imponer un plazo restringido para la renovación de los partidos políticos, en lugar de permitirlo en el transcurso del primer año de cada período constitucional, como es el mandato legal”.

Adicionalmente explican que el CNE usa como pretexto la realización del proceso de Registro y Renovación anunciado para mantener suspendidas las elecciones regionales que debieron realizarse a finales del año 2016.

La Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación a través de un comunicado, exhortó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a que reconsidere las disposiciones adoptadas con respecto al proceso de recolección de voluntades para la solicitud del Referéndum Revocatorio del Presidente de la República, impulsado por la Mesa de la Unidad Democrática.

La organización considera que las condiciones aprobadas por el CNE no cumplen con lo estipulado en la Constitución e impedirán que un número muy importante de electores, si es su deseo, ejerza el derecho de pronunciarse a favor del Referéndum Revocatorio.

La Red de Observación Electoral resalta que el artículo 72 de la Constitución establece la posibilidad de revocar al presidente de la República una vez transcurrida la mitad del período para el cual fue electo. Para llevar adelante la solicitud de Referéndum la Constitución obliga a que “un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción” se manifiesten a favor.

“La circunscripción correspondiente en el caso del Presidente de la República es, sin lugar a dudas, todo el país, sin que quepa división alguna del mismo ¿Cómo se entiende la decisión del CNE de exigir que se recoja por estado el mínimo requerido del 20% de los votantes? Esta disposición es claramente contraria al mandato constitucional y por lo tanto violatoria de los derechos de los ciudadanos solicitantes del referéndum”, afirma la Red de Observación Electoral.

Añade que la cantidad de máquinas de votación dispuestas para la atención de la Recolección de Voluntades -5.392 máquinas capta huellas- así como el tiempo total de 21 horas hábiles, impedirán, en una apreciación objetiva, que un número inmenso de votantes ejerza su derecho de participar, si así lo desea.

La Red precisa que aun utilizando la hipótesis más optimista (un votante por minuto y ningún tipo de tropiezo durante el proceso) la cantidad de máquinas alcanzaría apenas para que se manifestara algo más de un tercio de los 19.465.638 electores que figuran en el Registro Electoral y el derecho a participar en cualquier proceso electoral debe ser garantizado por igual a todos y cada uno de los electores.

“Por lo antes señalado exhortamos al Consejo Nacional Electoral a reconsiderar las disposiciones adoptadas y a establecer procedimientos que respeten los derechos de los electores, consagrados en la constitución y las leyes”, indica la Red de Observación Electoral.