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Cedice: el gobierno volvió tradición atacar la propiedad privada en diciembre

LA INVESTIGADORA DEL OBSERVATORIO DE DERECHOS de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice-Libertad), Ana María Carrasquero, advirtió este martes que el gobierno venezolano convirtió la violación del derecho a la propiedad en una política sistemática durante el mes de diciembre.

Un monitoreo de Cedice que comenzó en 2005, revela que las prácticas del gobierno vienen socavando las libertades de los venezolanos sobre su propiedad privada.

“Lo que ha ocurrido en diciembre es que hay una estacionalidad en los ataques. El gobierno se ha empeñado en atacar a los comerciantes en épocas donde los padres compran útiles escolares o en navidades”, explicó Carrasquero este 11 de diciembre a través de una transmisión en vivo en la red social Twitter.

La experta recordó el famoso “Dakazo” en 2013, cuando se hizo un ajuste de precios y una venta supervisada. La juguetería Kreisel; la cadena de tienda de ropa para niños EPK. Los comercios del centro de Caracas que fueron obligados a bajar entre 20%, 30% ó 50% y Makro. Fiscalizaciones que han sido ejecutadas por la Superintendencia Nacional de Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (sundde).

“Así como las hallacas forman parte de nuestras tradiciones en diciembre, las violaciones al derecho a la propiedad se han convertido en una en este proyecto político”, añadió la especialista.

En el último análisis de Cedice-Libertad detectaron que las nuevas víctimas son los ganaderos. Sobre esto, la experta recordó un precedente: la ley de tierras que impulsó el gobierno en 2001. “Allí fue cuando se dió el primer gran zarpazo al campo venezolano”, destacó Carrasquero.

La investigadora mencionó lo que ocurre en seis estados ganaderos del país, donde Fedenaga denunció que los gobernadores imponen precios a los productores y restricciones para movilizar el ganado. A juicio de la experta aquí existe “una especie de intervención”.

“Las regulaciones nos trajeron a este punto, que es una emergencia humanitaria compleja, no es una crisis, las crisis son causadas por una catástrofe natural. Una emergencia humanitaria compleja es causada por las acciones a manos de los hombres y en este caso es por este proyecto político”, alertó.

En 2017 el consumo de carne anual de los venezolanos fue de 4 kilos por persona. En 2012 fue de 23 kilos. Para Carrasquero las políticas restrictivas del gobierno venezolano son las responsables de la escasez y de que la población no pueda alimentarse adecuadamente.

Venezuela ocupa puesto 123 de los 125 países medidos en Índice de Derechos de Propiedad

 

El más reciente informe de la organización Property Rights Alliance (PRA) que mide el Derecho de Propiedad en 125 países, reveló que Venezuela ocupa el puesto 123 en el ranking que evalúa 10 factores, agrupados bajo tres componentes: Entorno Jurídico y Político (LP), Derechos de Propiedad Física (PPR) y Derechos de Propiedad Intelectual (DPI).

El Índice Global de Propiedad Intelectual refleja los derechos de propiedad en 125 países, con lo que cubre el 98% del PBI mundial y el 93% de la población. Según los datos de PRA, 6.000 millones de personas tienen problemas con la protección de sus derechos de propiedad, como por ejemplo la vivienda, y sólo el 13% de la población tiene un nivel adecuado de protección de sus derechos, ya sean derechos intelectuales o propiedad privada física.

Las naciones que muestran el mejor desempeño son: Finlandia, Nueva Zelanda y Suiza, mientras que en la región son Chile y Costa Rica en los puestos 29 y 30 respectivamente, seguido de Uruguay (43) y Brasil (55).

El ranking elaborado por la economista venezolana y profesora titular de la Universidad Central de Venezuela Sary Levy-Carciente, revela que “un dato preocupante” es que en ciertos países de África hay más restricciones a los derechos de propiedad en las mujeres.

Para la organización “los derechos de propiedad son un indicador clave de éxito económico y estabilidad política”

En ese sentido, Levy señala que “la defensa de los derechos de propiedad afecta profundamente a los más pobres” y precisó que solo en 2013 se perdieron $45.000 millones de crecimiento económico y se dejaron de crear 2,2 millones de empleos por piratería, que es uno de los aspectos de la falta de respeto al derecho de propiedad.

“Este índice demuestra que hay correlaciones entre el Índice de Propiedad y los índices de libertad humana, económica, percepción de la corrupción, activismo cívico y hasta conectividad con Internet”, añade el informe.

 

Cedice Libertad: Violación al derecho de propiedad afecta decisivamente a la ciudadanía

Ocho de cada diez ataques a la propiedad privada en Venezuela durante 2017 ocurrieron mediante fiscalizaciones llevadas a cabo por organismos gubernamentales y particularmente por la denominada Superintendencia Nacional de Precios Justos (Sundde), de acuerdo con el informe más reciente del Observatorio de Propiedad (ODP) del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).

Estas medidas de afectación a la propiedad privada, de las que se contabilizaron 9.341 el año pasado, afectaron no solo a locales comerciales sino a otros tipos de comercios, como mataderos, terminales de transporte y plantas industriales. De manera similar, tuvieron lugar 1.011 aplicaciones de multas y 12 cierres de comercios.

Mención aparte en el monitoreo de las violaciones al derecho de propiedad merecen los saqueos en el país: durante 2017 tuvieron lugar 1.189. El ODP añade que esas violaciones, que recibieron un contundente repudio por parte de Cedice Libertad, ocurrieron con la anuencia de las autoridades.

Institucionalidad contra la propiedad

Las violaciones a los derechos de propiedad en Venezuela (consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 115 de la Constitución Nacional) se ven facilitadas por un andamiaje institucional venezolano que atenta contra ellos y que incluye textos legales como la Ley de Tierras, la Ley de Arrendamientos y, más recientemente, la Ley de Precios Justos. A esto se suma que las agresiones contra la propiedad ahora han adquirido un perfil mucho más represivo por utilizar indiscriminadamente la policía política, violando garantías elementales como el debido proceso, la legítima defensa y la presunción de inocencia.

El ODP ha monitoreado 125.246 actuaciones contrarias a los derechos de propiedad desde 2005 hasta 2017, año en el que se contabilizaron al menos 11.852 ataques, lo que lo convirtió en uno de los años con más violaciones a la propiedad privada de la última década.

“Este panorama negativo para los derechos de propiedad incide de manera decisiva sobre la ciudadanía. La violación a los derechos de propiedad y el irrespeto al Estado de Derecho afectan el patrimonio personal, familiar e incluso la salud mental del venezolano”, expresó Cedice Libertad.

Cedice: Venezuela entre los países con menos derecho a la propiedad

VENEZUELA SE UBICÓ EN EL PUESTO 126 entre 127 países en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2017 (IPRI, por sus siglas en inglés), solo por encima de Yemen, lo que la convierte en el país de Latinoamérica en el que menos se respeta este aspecto esencial de la libertad económica y determinante en la generación de riqueza.

La evaluación forma parte del estudio que realiza anualmente la Property Rights Alliance de la cual forma parte el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). De hecho, la encargada de realizar y presentar el informe 2017 es la coordinadora del Observatorio de Gasto Público de esta organización, Dra. Sary Levy-Carciente.

Para realizar esta investigación anual, se tomaron en cuenta tres componentes esenciales: entorno legal y político; derechos de propiedad física y derechos de propiedad intelectual, y el puntaje máximo a obtener por cada país era 10. Mientras que el promedio mundial fue 5.36, Venezuela obtuvo 3.05. El entorno legal y político fue el componente en el que el país resultó peor evaluado (1.67), lo que fue en contravía del crecimiento que hubo en toda la región latinoamericana en cuanto al respeto de los derechos de propiedad.

A nivel mundial, Nueva Zelanda fue el país que obtuvo la mejor calificación, mientras que en Latinoamérica, Chile fue el país que mostró más respeto y garantías a los derechos de propiedad en 2017, al ubicarse en el puesto 28 del ranking.

El IPRI 2017 también incluye la correlación entre el índice de derechos de propiedad y otras mediciones socioeconómicas, tales como emprendimiento global, alfabetización digital y desarrollo humano, entre otros. De manera similar, se incluyen estudios de caso emblemáticos, entre ellos un análisis sobre sector energético y derechos de propiedad en Venezuela, elaborado por el investigador del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad Víctor Poleo Uzcátegui.

Socialismo sí o sí, por José Toro Hardy

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Llegó el momento de que los venezolanos nos sentemos a recapacitar. Durante mucho tiempo una parte de nuestra dirigencia política nos ha tratado de convencer de las virtudes del socialismo.
Existía en muchos la convicción de que controlando el aparato productivo el Estado estaría en condiciones de extender los beneficios del crecimiento económico a la población.
Lamentablemente el poder ha pervertido las inquietudes sociales de quienes así pensaban. Lo que impera es un mero cálculo político. Las masas sólo se requieren para conservar el poder. Hay que hacer creer a las masas que todo se hace en beneficio de ellas, cuando en realidad las evidencias muestran todo lo contrario. Hoy hay más pobres que nunca (82% de la población según el estudio conjunto de la UCV, la UCAB y la Simón Bolívar) y los pobres son cada vez más pobres (52% de la población en pobreza extrema).
Los viejos socialistas se han transformado en una nueva oligarquía, entendiendo por tal -según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- una “forma de gobierno en la cual el poder político es ejercido por un grupo minoritario” y, según otra acepción, como “autoridad que ejercen en su provecho un pequeño número de personas”. En eso se ha transformado el régimen imperante, en un “Conjunto de poderosos negociantes que se aúnan para que todos los negocios dependan de su arbitrio” (Diccionario El Muno).
Pues bien, llegó la hora de hacer un balance. Cabe preguntarse, ¿está hoy mejor el pueblo que antes? La respuesta es un contundente ¡NO!
Siendo ese el caso, ¿por qué vamos a seguir creyendo que el Estado debe poseerlo todo y controlarlo todo? ¿En qué nos beneficia que el Estado sea dueño de infinidad de empresas que sólo producen pérdidas, restándole recursos a la educación, la salud o la seguridad? ¿En qué beneficia al país que unos cuantos corruptos se arropen con la bandera del socialismo sólo para enriquecerse ellos mismos de manera brutal?
Lo que realmente importa es que la economía se desarrolle y que los beneficios del progreso se extiendan lo más equitativamente posible a la población, mejorando su nivel de vida.
Lo primero se logra a través de un Estado promotor. Un Estado que estimule las inversiones y fomente las actividades y la productividad de forma de que la economía crezca y produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad, impulsando una abundancia que abarate los precios. Un Estado en el que se respete la propiedad privada, los DDHH, que haya seguridad jurídica y que la justicia sea igual para todos. Un Estado capaz de crear las condiciones para que con su esfuerzo todos puedan participar del progreso.
La distribución equitativa se logra a través de políticas educativas que permitan a la población la mejor capacitación posible para así poder alcanzar mayores niveles de remuneración y participar en mayor grado tanto en la creación como en el disfrute de la riqueza. Resultan indispensables también políticas públicas que promuevan la salud, porque la promoción del bienestar social requiere que se le facilite a la población el acceso a una salud asequible y garantizada para todos.
Las políticas públicas vinculadas a una mejor distribución de la renta y a la seguridad social, tales como lo son las políticas fiscales y laborales modernas,  tienen que formar parte indisoluble del progreso de una nación, tal como la seguridad de los ciudadanos y los bienes tiene que ser garantizada por el Estado, junto con la prestación eficiente de los servicios públicos que se requieren.
En la Venezuela de hoy el Estado no está cumpliendo con ninguna de las funciones anteriores. En cambio, ha destruido el aparato productivo, ha expropiado millones de hectáreas del sector agrícola que antes eran productivas y ahora no, se ha adueñado de infinidad de empresas agro industriales y de todo tipo que ya no producen, ha introducido toda suerte de controles y regulaciones que asfixian todas las iniciativas, ha empobrecido brutalmente al país y lo ha endeudado. Un Estado que todo lo nacionaliza para dañarlo y que ha envilecido la moneda. Que ha degradado la salud y la educación. Que ha desatado una escasez perniciosa. Que nos ha hundido en una crisis humanitaria sin precedentes. Que ha destruido a PDVSA y a las demás empresas básicas y las ha transformado en una inmensa fábrica de inflación al financiar sus déficits vía BCV.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Cabe preguntarse, ¿tiene el Estado el derecho soberano de hundir al pueblo en la pobreza en nombre de un socialismo que fue expresamente rechazado en Referendo en el 2007 y que no contempla la Constitución?

@josetorohardy

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Sin el “imperio de la ley”: Del empobrecimiento al hambre, el caso Venezuela, por Alexander Guerrero E

Ley

 

Cuando Ud. escucha a un Presidente dar órdenes para saqueo de un comercio, “…y que no quede nada en los estantes.”  o para asaltar una industria o invadir unas tierras, en todos esos casos violentar la propiedad privada; pero también para militarizar actividades económicas, fijar precios, apadrinar el hampa, destruir códigos morales que tratan de proteger al individuo del Estado, acepte con frustración que Ud. vive en país regido por la “ley de la selva” y no por  “rule of Law”; en otras palabras, ese liderazgo político persigue un objetivo empobrecerlo a Ud., y depredar sus bienes y el capital humano y convertirlo en servil del Estado. Utilizamos el “rule of law” por ser esa expresión más conocida en el mundo en ese idioma. SI lo traducimos funcionalmente estamos hablando de Estado de Derecho, o imperio de la ley.

¿Cuál “rule of law”?

En ese país regido por la arbitrariedad del gobernante, amparando un régimen autoritario intolerante, donde sus derechos naturales, vida, libertad, propiedad, están a merced del poder político, como la autoridad es civil y militar, se vive en un infierno donde sus derechos serán triturados por militares que ocupan posiciones burocracitas sin haber sido preparados sino con la coerción por las armas y que, a falta de no enfrentar a ejércitos extranjeros, decide enfrentarlo a Ud. En estas precarias condiciones, ni siquiera de los grupos opositores al  destre chavista se oyen gritos para la defensa de los derechos esenciales del individuo, la intersección ideológica entre los carnívoros y vegetarianos es más amplia que lo que podríamos pensar.  Ese sentimiento moral es que se bate en la conciencia del ciudadano de a pie, que se da cuenta que su vida pende la decisión de un autócrata, de un burócrata, así haya sido electo, y que además podría ser juzgado sin el debido proceso, detenido hasta que no demuestre su inocencia, y donde la fiscalía, opera como brazo armado de la autocracia parta depredar sus derechos, fenómeno en masivo en estos años de socialismo.

Venezuela tiene 18 años viviendo en esas condiciones bajo el poder del burócrata arbitrario armado con las armas de la Republica, y defendido por grupos paramilitares armados, lo que se extiende en decisiones que han sido diseñadas para depredar la salud y el bienestar social de la gente, un mecanismo político dirigido a acentuar la dependencia de la gente del Estado ‘patrimonialista”, socialista. Veamos otro ejemplo, esta vez, con la participación del Poder Legislativo con la aprobación de la Ley de Tierras. La Ley de Tierras debilita los derechos de propiedad sobre las tierras agrícolas y crea un instrumento político que secuestra la propiedad privada de unos tres (3) millones de hectáreas que fueron expropiadas por el gobierno, validado por una ley, pero sin que se cumpliera el debido proceso, sin Estado de Derecho bajo la fuerza de las armas, como en una guerra. Ley de Tierras, bajo una curiosa interpretación de la propiedad privada sobre tierras en producción, trajo graves consecuencias al producto bruto agrícola venezolano (PIBA).

El primer objetivo, destrucción del precario orden y reglas de juego

Una ley de tierras sin tierras. El PIBA producto nacional agrícolas es hoy una 15ava parte de los que era en 1999, la expropiación de las tierras desafecto millones de hectáreas de la producción agropecuaria, el ganado vacuno en pie se redujo en 45%, y los cultivos principales del venezolano, algunos desaparecieron, razón por la cual la importación de esos insumos ocupa el 70% de los insumos agrícolas de mayor consumo nacional. La producción agrícola y en consecuencia agropecuaria fue depredada para que arreglos mercantiles ad hoc entre gobierno y mercaderes asociados junto a exportadores brasileñitos, argentinos, nicaragüenses, uruguayos, cubrieran los déficits producidos por la legislación que perforo la propiedad. Este es un caso interesante de la violación del Estado de Derecho porque se valió de una Ley que cubriera el objetivo de depredar el sector productor agrícola y agroindustrial para beneficiar a rent seekers asociados del gobierno. Acotemos que antes de esa Ley de Tierras exportamos, café, cacao, cereales, leguminosas, etc.

Industria comercio finanzas víctimas del nuevo orden, sin rule of law. Una situación análoga se repite en la industria, cementos, comunicaciones, laboratorios medicamentos, automotriz, acero, etc. redujo el producto nacional de esos sectores. Su impacto ha sido brutal, el cierre de 4000 empresas, la salida de todo el parque industrial, y comercial de empresas multinacionales, en fin, la lista es interminable. De las consecuencias mayores, el desempleo, la pérdida de empleos calificados con el correspondiente empobrecimiento del capital humano, con lo cual la sociedad esa igualada hacia el salario mínimo, sin que prive en esa distribución por el trabajo la eficiencia, capital, o competitividad, el resultado, empobrecimiento masivo.

En esos dos sectores, pero no se detiene allí, las razones de la depredación de la propiedad privada, se basan en sistemas de control, expropiación sin compensación, desestimulo, pérdidas de incentivos; es decir, intervención en la economía por parte del propio Gobierno y mutilando el Estado de Derecho, violación del Rule of Law, lo que trajo en paralelo el cierre de empresas, migración a otros países y en el mejor de los casos convertidas en comercio con pérdida de valor agregado nacional, cuando antes eran industrias, el caso automotriz pertenece a esta cosecha, era un sector que hace 18 años tenía un mercado de más de 400 mil vehículos anuales ensamblados en Venezuela, ahora se ensamblan unos pocos en México, Brasil y Argentina exportados a Venezuela. Estos son ejemplos vivos de las implicaciones es que sobre el bienestar de un país causa la inexistencia o depredación del Estado de Derecho o del imperio de la Ley.

En el petroleo, grave ejemplo, de quiebre del Estado de Derecho, el incumplimiento de contratos con empresas petroleras contratadas en los años 90, cuando la apertura, y reglas de juego cambiadas en el camino. Ello afectó de tal manera a la industria petrolera que su descapitalización -PDVSA- ha generado una caída en la producción de petróleo en un millón de barriles por día, comenzando así un tránsito de Venezuela hacía en etapa post petrolera, un país, cuyo gobierno afirma tener las reservas petroleras más grandes del mundo. Veamos esta comparación, en un país donde el 90% de las reservas son extra pesadas, se supone que cada barril de petróleo líquido que deje de producirse -por agotamiento, por ejemplo- debe ser sustituido por tres barriles de petróleo extra pesados por razones de costos, ello no ocurrió, por lo que la caída de la producción alcanza al millón y tanto de barriles diarios.

¿Cómo evaluamos esa paradoja de un país, supuestamente dotado con esas mayores reservas, su producción caiga en los niveles mencionados, teniendo precios en niveles nunca obtenidos en los 100 dólares el barril? En cada una de esas decisiones del gobierno encontramos la violación del Estado de Derecho, la fractura del “rule of Law” sustituido por la arbitrariedad del funcionario y gobierno, inclusive en momentos en que el poder legislativo aprueba leyes, la enseñanza es una sola, no solo se fractura el Estado de Derecho por la arbitrariedad autoritaria de una norma, sino que se utilizan leyes creadas para suprimir el Estado de Derecho, particularmente los que tiene que ver con el bienestar general  los derechos de propiedad.

Pero que es el “rule of law”

El imperio de la ley, el estado de derecho, es el principio legal de que la ley debe gobernar una nación, en lugar de ser gobernado por decisiones arbitrarias de funcionarios y gobierno. El concepto refiere esencialmente a la influencia y la autoridad de la ley dentro de la sociedad, en particular como una restricción en el comportamiento, incluyendo el de funcionarios públicos. The rule of law, se remonta a Inglaterra en el siglo 16 y 17 cuando el teólogo escocés Samuel Rutherford utilizó el concepto para enfrentar “derecho divino de los reyes”. El concepto, ya era para los filósofos como Aristóteles, quien escribió “la ley debe regir “.

Comenzamos así por el final, pero nos obliga la circunstancia de una labor pedagogía importante, porque a los largo de 18 años, el gobierno y sus funcionarios desde el Presidente hasta el más raso de sus Guardias Nacionales, viola el Estado de Derecho, el debido proceso, el imperio de la ley imponiendo su autoritaria y arbitraria autoridad obligando con  la fuerza represiva las armas de la Republica  Obedecer las razones políticas de lo que ha sido la captura política del poder dirigido para conducir un proceso político por encima del debido proceso, de la ley y hasta de las buenas costumbres y costumbres y cultura ciudadana,

El estado de Derecho, la igualdad ante la ley y el progreso

El “rule of law” en adelante, el imperio de la ley o el estado de derecho, se considera que no sólo es positivo en sí mismo, dado que encarna y promueve una sociedad justa, sino que también causa un sostenible crecimiento económico, por lo que su fractura trae empobrecimiento y ruina. El consenso mundial sobre ese concepto es tal que se afirma sin complejo que ningún otro ideal político por sí mismo ha alcanzado nunca tanto respaldo global. La idea se fortalece con la contribución de Hayek y Sunstein (Chicago) quienes incorporan en el concepto elementos de moralidad política. Es decir, sin un régimen de respeto defensa de la ley que rija las libertades y la espontaneidad del orden económico, el camino a la rueda y empobrecimiento está asegurado.

Ese es precisamente el camino que le ha tocado seguir a los venezolanos, por dos básicas razones, así lo hemos querido, sin que hayamos tenido la oportunidad de comprender lo que Hayek discutió con los socialistas al término de la II Guerra. La ruta del servilismo a un Estado capturado por grupos de interés que se propusieron desempoderar al ciudadano para que la final, hoy, su subsistencia dependa de una decisión política, por ejemplo, los CLAPS, solo para generalizar el concepto y adentrar al lector en el tema del respeto a la ley y a los derechos del individuo. Definiciones delgadas son más formales. Las cosas importantes, por este motivo, no son la democracia y los derechos de propiedad y de la moral, pero la administración de la justicia. Las leyes deben proporcionar estabilidad.

El rule of law en Venezuela

Las diferencias en el mundo, sin embargo, a la percepción y aplicabilidad del Estado de Derecho en democracia, es importante. En ese particular se han agrupado en relación a ello, en tres grandes clasificaciones; a saber, aquellos en los cuales los políticos, los profesionales del derecho y la reforma de las instituciones para que sedimenten el Estado de Derecho, en segundo lugar, aquellos países en los cuales los políticos apoyan la reforma, pero abogados y la policía se oponen y finalmente, aquellos donde los abogados quieren un cambio, pero no los políticos. ¿En cuál grupo de los mencionados incluiría Ud. amigo lector a Venezuela, país que goza de una precaria condición de respeto del imperio de la ley?

La economía del Estado de Derecho

En lo que respecta a lo económico, y a una consideración mas especifica de la aplicabilidad de la rule of law ha aparecido un nuevo cuerpo de trabajo, lo que podríamos llamar como la economía del estado de derecho. Muestra el estado de derecho en efecto se puede mejorar. Se ha hecho más claro lo que los economistas y otros quieren decir cuando hablan sobre el estado de derecho. Se ha establecido algunas pautas acerca de las reformas, para ayudar a mostrar lo que funciona cuando, por ejemplo, la formación de los jueces o policías.

Lo que aún no se ha demostrado fuera de toda duda es que el estado de derecho es una condición previa para el crecimiento económico en todas partes. En el proceso, el tema de imperio de la ley como una cuestión económica ha comenzado a crecer, se ha pasado de la infancia a la adolescencia vigorosa y a una configuración teórica más compleja, una conclusión sin embargo es aceptada por todos, sin el imperio d ella ley no hay desarrollo económico sino empobrecimiento.

Estas definiciones tratan el estado de derecho como el núcleo de una sociedad justa. En este sentido, el concepto está inextricablemente ligado a la libertad y la democracia. Sus partidarios dicen que un país puede ser tratado como bajo el imperio de la ley, sólo si se restringe el poder del Estado y si las libertades básicas, tales como las de expresión y de asociación, están garantizados, es obvio que, en nuestra definición más específica en lo económico, el sistema de leyes y efectos en el desarrollo económico es fundamental. Pero comencemos por lo básico,

Para una definición sencilla del “rule of law”

Una definición básica, pero completa, de “rule of law”, aplica en todas partes donde la gente vive en democracia bajo un sistema legal legítimo. Ello implica que bajo “el imperio de la ley” gobierno y ciudadanos están obligados a cumplir con la ley y el debido proceso, en todas sus áreas, tan simple como eso. Muchos especialistas que escriben sobre el estado de derecho considerarían expandir el concepto, sin embargo, nadie diría que el estado de derecho implica menos que lo que establece nuestra definición arriba, que incorpora un contenido mínimo de que legitima el Estado de Derecho.

Una sociedad en la que el gobierno –todos los poderes públicos– y los ciudadanos están obligados a cumplir con la ley y el debido proceso, es una sociedad que vive bajo el estado de derecho. Una serie de requisitos e implicaciones siguen inmediatamente de esa básica definición. Esta definición requiere que debe haber un sistema de leyes-y el derecho entraña por su naturaleza reglas (pre)establecidas de antemano que se indican en términos generales. Por lo tanto, una decisión particular o un acto de gobierno para una ocasión particular no es una regla.

La ley debe ser generalmente conocida y comprendida. Los requisitos impuestos por la ley no pueden ser imposible de cumplir y alcanzar por sus ciudadanos y funcionarios de un gobierno. Las leyes deben aplicarse por igual a todo el mundo de acuerdo con sus términos. Deben existir mecanismos o instituciones que hagan cumplir las normas legales y evitar que no se cumplen, ya sea por funcionarios públicos o por personas.

En un sentido amplio, el “imperio de la ley” y el debido proceso

Siendo esta una definición simple y básica, el concepto “the rule of law” se extiende a definiciones de alcance amplio, así como también considerando alcances más específicos, bajo los cuales los individuos en función propia, tanto en relación con las cosas -derechos de propiedad-  y en función con la comunidad -crecimiento y desarrollo económico – las reglas votadas existan para alcanzar mejor calidad de vida.

Bajo esa definición más precisa, el “rule of Law” está dispuesto la existencia el criterio empíricamente demostrado de mayor eficiencia precisa el propósito de ley y la justiciade disminuir los costos -de transacción- del gobierno, del Estado, ajustado en las reformas legales que administren el empoderamiento de la gente, se creen las instituciones que establezcan los parámetros fiscales y monetarios que ajusten los límites del Estado. En este orden, crear instituciones -del propio Estado de derecho que impidan las políticas que coadyuvan el envilecimiento de la moneda, como la monetización del déficit fiscal por indisciplina fiscal y por derecho y políticas economías impropias que deterioran el bienestar de la gente, por ejemplo.

Ello protege el progreso y el bienestar individual, creando las instituciones para el intercambio, mercados y precios, porque ellas aseguran que los individuos incrementen sus niveles de eficiencia y trabajo, como fuente fundamental de existencia individual y familiar. Se trata de garantizar y proteger derechos de propiedad y libertad de contratar.

La independencia de los poderes públicos y el contrabalancea institucional

Toda esa superestructura legal requiere la existencia independiente -libre de la depredación por acción de los poderes públicos, así como los cuerpos y mecanismos de reforzamiento de los derechos, propiedad, libertad, y la propia vida, libre de conocidas mecanismos de captura política de grupos de interés, y capaz de asegurar un   ambiente legal bajo la fuerza de la ley que haga posible la creación de incentivos que promuevan el intercambio requerido para el progreso y desarrollo económico.  El imperio de la ley se asienta pobre estímulos institucionales, organizacionales y legales para consolidar la competencial la eficiencia, tanto en lo político -representatividad- como en los económico -bienestar personal y familiar;

En este sentido, el “rule of law” se, mantiene en sí mismo dado que no solo le da cuerpo a una sociedad justa, sino también condiciona la trayectoria optima del crecimiento económico.  The rule of law is held to be not only good in itself, because it embodies and encourages a just society, but also a cause of other good things, notably growth. Ningún otro concepto político y económico ha tenido tanta preponderancia en el mundo que el “rule of law”. Así, el setting institucional del proceso de toma de decisiones en lo económico crea las reglas de juego para la acción humana del hombre como productor y consumidor. EL objetivo entonces es impedirla depredación institucional para que convierta la intervención del gobierno en la economía bajo un criterio de bajos costos de transacción., con un Estado de bajo costo, de manera que se alcance grados superiores de condiciones de vida, creada por el propio individuo en comunidad que, promovidas por el Estado por su elevado costo, así como otros costos de carácter hundido que nunca podrían ser compensado.

The rule of law: gobernabilidad y controlabilidad política

De esa manera esquemas de “gobernabilidad” y controlabilidad política y particularmente la calidad técnica de la burocracia constituyan mecanismos legales que garanticen una sociedad de bajos costos de transacción y por lo tanto de mejor calidad de vida. EN ese esquema de gobernabilidad se hace necesario establecer los parámetros de operatividad y progreso económico de las reglas que constituyen el Estado de Derecho, estimar sus costos y beneficios. La experiencia internacional ha encontrado quena correlación positiva y causal entre el cumplimiento, del Estado de Derecho y el progreso económico, medido por el PIB per capital.

De una manera más amplia, el “rule of law” aparece como el núcleo de una sociedad justa. De esta manera el concepto de Estado de Derecho está estrechamente conectado con la libertad y la democracia, la destrucción de ambas, como es nuestro caso en Venezuela, genera grandes malestares económicos el cual tiene conservables repercusiones en la seguridad personal y el estándar de vida.

El Estado de derecho y el debido proceso es fundamental para satisfacer las necesidades y el bienestar de los individuos, de la sociedad, es requerido que la racionalidad de los individuos actué con plena libertad, ello garantizara que la sociedad en pleno puede hacer sus economías con eficiencia, y que el intercambio entre ellos sea libre para que la distribución responda a esos supuestos de eficiencia. La única manera de lograrlo es que los actores que entran en el mercado compitan, esto equivale a proteger y cumplir el debido proceso de una “ley” o teorema que protege la propiedad, y libertad, en ambos fenómenos solo será posible si los precios responden a la eficiencia, la competencia en el uso, usufructo, y disponibilidad de la propiedad que media entre sus incentivos y lo que ellos, producen e intercambia medidos por su eficiencia.

The rule of law y el mercado

Así el mercado, el “lugar de encuentro” como institución fundamental y la propiedad como incentivo de lucro, podrá asegurarse que cada individuo llevará a ese sitio de intercambio el producto de sus economías al menos costo que le aseguro un bien habido lucro. Hablemos de los precios, el fenómeno que describe que el intercambio sea eficiente, y las necesidades envueltas sean satisfechas en el margen. Los costos serán en ese punto mayores, el lucro crece, y el bienestar mejora. Hemos descrito como funciona el teorema de “mano invisible” de Smith.

Ello no se lleva de inmediato a comprender cuales son los incentivos materiales y espirituales que combinan la creación de riqueza y las garantías que sus ciudadanos con el tiempo mejoran su calidad de vida. Si estas reglas son violadas por o irrespeto y violación de la “rule of law” se quiebran los incentivos, se detiene la eficiencia, las economías se pervierten, la riqueza se depreda, y la calidad de vida de los ciudadanos en esa comunidad o sociedad se deteriora a un ritma veloz, el cual no podrá recuperarse de inmediato por que la destrucción es inmediata el proceso de creación de riqueza toma tiempo al tener que rehacer incentivos, y volver al estado de derecho, que nos garantice las condiciones iniciales que se requiere en el proceso de creación de riqueza, Es decir, garantizar que retorno el teorema de la mano invisible, en la economía y en la política, mercados competitivos en ambos, controlabilidad y transparencia en ambos mercados, el político y el económico.

 

@Alexguerreroe

[email protected]

Economista, PhD (London)

Unión Empresarial del Comercio fija posición ante invasiones a la propiedad privada

UCE

 

La Unión Empresarial del Comercio y los Servicios del Estado Zulia (UCEZ), rechaza la invasión ilegal a la finca “Los Paredones” ubicada en la Villa del Rosario, así como cualquier otra acción atentatoria del Estado de Derecho en contra de fundos y tierras productivas de la región. La falta de autoridad, que imponga “orden y seguridad”, pone en riesgo la paz social del país, afectando de forma directa la economía nacional y el empleo en el campo.

La UCEZ, manifiesta su preocupación por el conjunto de agresiones que continúan sufriendo los sectores productivos. Este tipo de acciones en nada contribuye a solucionar los problemas de desabastecimiento que está atravesando Venezuela.

Hacemos un llamado a las autoridades de la región, y en especial al Gobernador Francisco Arias Cárdenas, para que interceda e intervenga ante esta situación que pone en riesgo derechos constitucionales, como: el derecho al trabajo de hombres y mujeres que laboran por forjar un mejor destino para sus hijos, el respeto a la propiedad privada, y también los derechos económicos consagrados en la Carta Magna. En este sentido la UCEZ expresa su profunda preocupación por la
afectación de los ingresos de los trabajadores del campo. Es condenarlos a no poder garantizar el sustento diario de sus familias. ¡Llegó la hora de acabar con todo aquello que genera mayor pobreza y necesidad!.

Es un deber ofrecer así como también es un derecho, el poder recibir una justa y oportuna actuación por parte de las fuerzas de seguridad que permita la restitución de sus legítimos derechos a quienes hacen del campo su noble labor.

Repetir los errores y las malas acciones del pasado no traerá buenos resultados. Seguir apostando por el modelo de intervenciones, confiscaciones e invasiones es una irresponsabilidad que seguirá profundizando la escasez de productos como la leche y la carne. El hambre que hoy se vive, es consecuencia de los disparates que durante 17 años ha paralizado la producción del campo venezolano.

Un Estado fallido con un Gobierno forajido: Hampa, milicia, policía y economía por Alexander Guerrero

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¿Porque todos juntos, y porque la economía? Hay dos pilares fundamentales para que un país crezca sustentablemente, independiente de los eventos que ocurran en el ciclo económico como por ejemplo la caída en los proteicos del petróleo, y en general de los commodities, o materias primas.

Quizás la acción más sencilla del individuo es trabajar para satisfacer sus necesidades, en la sociedad actual el hombre ofrece sus experticias, lo ejerce con eficiencia y competitividad, y lo cambia por salarios, expresados en valores monetarios. Es la via del progreso económico y social, las condiciones de vida mejoran, pero exige, reglas de juego, donde su libertad y su propiedad no son negociables. Se reconoce por origen natural que de la producción y riqueza son cosas del hombre; de su familia, su país o comunidad, y a ellos se debe, las reglas del juego se disponen de tal manera que, el propio hombre no debe quedar a expensas del Estado.

Pero, este es su hechura, un Frankenstein que lo destruye y el hombre se empobrece cuando su propio Leviatán (Buchanan, Riggs) – el Estado- es capturado por grupos de interés políticos, militares, mercantiles, crean sus revoluciones. Son procesos políticos donde el hombre confunde sus derechos y deberes y cae subyugado, convertido en su servil, son los socialismos, los fascismos, los nazismos, los comunismos, los estados totalitarios y fallidos, todos son parientes entre sí. Venezuela es un claro ejemplo que esas perversidades pasan en estos tiempos.

En esas condiciones el Estado pierde su sentido, en manos de esos grupos, deja sus obligaciones de lograr que todos respeten las leyes, y que los individuos sean entre si iguales ante el Estado, ante las leyes, que garantice un Estado de Derecho, el respeto a la propiedad de terceros y frente al propio Estado, cuyos extremos lo tenemos cuando este es capturado por bandas que lo ocupan para la captura de renta por medio de la violencia. Ya el Estado no es el ente dedicado a disminuir los costos de transacción que protegen sus cosas, su familia y sus vidas, de manera que su actividad creadora de riqueza no sea fulminada, como por ejemplo por la inseguridad, el crimen, la impunidad cultivada por organismos del propio Estado/Gobierno fallido, fiscales, policías, e inclusive las fuerzas armadas.

 

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En Venezuela en los últimos dos décadas, un proceso político pervertido, en nombre de una extraña redención social de corte fascista y comunista irrumpió afectando las libertades, las políticas, las económicas y el respeto a la vida. En esa trilogía natural del individuo, se devela una agenda política dirigida a empobrecer al individuo, a la sociedad. Ese proceso político, se organiza para la represión política, en persecución de sus libertades, perseguido por el odio bajo diseño de política pública, en un fenómeno dirigido a afectar la libertad económica del individuo, bajo expropiaciones, nacionalizaciones, controles sobre la acción humana y en un organizado esquema legislativo, la penalización de la actividad económica sujeta al lucro, una condición natural de la propiedad privada.

Es complejo deterioro se ejecutó a velocidad, los ya precarios niveles de seguridad personal y su derecho a la vida, esta vez bajo una agenda que imponía su acción sobre y en contra de los derechos políticos. Grupos de presidiaros y ex presidiarios fueron convertidos en círculos de represión, castigo y crimen denominados bolivarianos; el Estado/Gobierno politizó la justicia, los mecanismos de protección individual se relajaron los requisitos básicos para el nombramiento de los jueces, fiscales, en muchas ocasiones el currículo vitae era cambiado por el prontuario de individuos que habiendo delinquido fueron convertidos en jueces y fiscales.

Los poderes públicos encargados de la contraloría, la fiscalía, y el ciudadano se desconocieron rápidamente, la competencia por la eficiencia y probidad desapareció para dar paso a la solidaridad política de correligionarios a quienes solo se les pedía y pide lealtad a un proceso político bautizado de patria o muerte. El Estado se ha nutrido de las expropiaciones de la propiedad de individuos, de sus familias, de socios,  y con ello los empobrece. En el mismo curso de esos eventos en el campo de la producción, y en paralelo, se “expropió” a las policías municipales que habían mitigado la delincuencia en la medida que su descentralización permitió disminuir la impunidad y su origen económico y político.

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Estos servicios que habían empoderado a la sociedad civil, fueron centralizados políticamente con el objetivo de defender, a todo costo, un proceso político que le otorgaba el monopolio de gobernar a las agrupaciones comunistas y fascistas enmascaradas en una supuesta revolución social y económica que se aliaba con el lumpen, grupos de desclasados por delinquir, así como con fuerzas militares y milicias paramilitares en momentos que la sociedad civil reclamó sus reivindicaciones políticas y del mejor vivir. Las consecuencias a la vista en el crecimiento hiperbólico del crimen (ver grafica).

Las consecuencias las podemos ver en las estadísticas de auge del crimen, lo que mostraba que el ciudadano había perdido no solo sus libertades, sino que su vida había perdido valor. El crimen toma forma múltiple, el Estado y gobierno pierden el control de él con o sin voluntad, y en muchas ocasiones, aunque informalmente en su favor. Así llegan armas de guerras a manos de bandas de delincuentes, se ejerce un curioso control sobre el sistema penitenciario, el cual desde luego pierde su nombre, el Estado pierde consecuentemente el control sobre las cárceles bajo una curiosidad justiciera de humanizar el entorno de vida del condenado. Todo ello contribuyo al crecimiento acentuada de la impunidad que devela la complicidad entre cuerpos policiales, militares, y civiles armados, con los llamados “camaradas del hampa”. El Estado ya es fallido, no hay derecho la vida, y el gobierno es forajido, perdió sus razones de hacer respetar la ley.

Las estadísticas de secuestros, robos, asesinatos,  crímenes de todo tipo, no estaban desligadas del proceso de descapitalización de la economía del sector privado, de miles de empresas cerradas  intervenidas, expropiadas, nacionalizadas por el gobierno, de cientos de miles de venezolanos a una extraña diáspora buscando otros horizontes para su familia y vivir sin los problemas de acá, junto a las libertades políticas  reprimidas violentamente por cuerpos armado policiales, militares, y en innumerables oportunidades acompañados de grupos y colectivos violentos al margen de la ley, conformando una espesa niebla de intereses de todo tipo, menos los republicanos. En los últimos años, no es fácil deslindar las fronteras del político, lo económico, el crimen, el narcotráfico, el lavado y legitimación de capitales, corrupción, asociaciones internacionales con grupos calificados por la ONU como terroristas, la vida ciudadana se africaniza, no bajo un concepto étnico, sino que la escasez de recursos busca defender los privilegios logrados por revolucionarios frente al trabajador que solo vive de sus sudor, manos e inteligencia.

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El gobierno nacional y regional en una buena cantidad de estados y municipios entran en fase de descomposición donde lo que priva son intereses de grupos económicos, mercantiles, criminales, del narcotráfico, que hacen de la frontera su hábitat natural produciendo su acelerado empobrecimiento, como es el caso de la colombovenezolana. Todo ello en agregado afecta sobre manera la actividad económica de las clases medias y sectores emprendedores medios y populares en virtud que la actividad económica había perdido rentabilidad bajo el efecto de la espesa nube de intereses políticos cuya distancia del delito no es posible contabilizar. A menudo, policía, grupos armados políticamente motivados, presidiarios, “pranismo”, militares constituyen una ancha franja de intereses comunes constituyen un mercado donde los derechos de propiedad son del que los puede defender violentamente.

Una buena porción del millón y medio de venezolanos en la diáspora se estimuló al ostracismo personal y familiar para protegerse de la pérdida de las barreras sociales destinadas a la defensa de lo propio, libertad, propiedad y particularmente la vida. La descapitalización del “capital humano” viene por efecto múltiple de fenómenos económicos, sociales y políticos, como la hiperinflación, la contracción de la economía motivada ésta por los controles de precios y control de la ganancia y el lucro, incentivos naturales a los derechos económicos y el progreso familia, pero también porque la vida pierde valor, y el esfuerzo creador y emprendedor del individuo se lo consumó la defensa de su vida.

La indefensión y la impunidad, pareadas con la descomposición social y económica, alcanzó extremos, como lo muestran índices de prosperidad, miseria, de incentivos para los negocios, de la corrupción, de la propiedad y derechos económicos, el Estado y Gobierno caracterizados por la opacidad y carencia de transparencia nos llevó a los primeros lugares del crimen a la vida, corrupción, opacidad y no transparencia, indicadores de miseria que cubren desempleo, inflación y contracción de la economía, el país de mayor inflación en el mundo, donde el Estado de Derecho no existe, en un entorno donde cohabitan un Estado fallido con un gobierno forajido.

El ciudadano de menores recursos aprisionado por los controles, decide arbitrar precios regulados con libre mercado, el bachaquero de la frontera se convierte en el ciudadano más remunerado del mercado informal, pero constituye un serio o indicador de empobrecimiento global en la comunidad. En términos de costos beneficio la ecuación le da resultados negativos, el gobierno en autos de la agenda de empobrecimiento, abrazó al bachaquerismo hasta convertirlo en cliente del régimen de contarles, racionamiento y escasez. Digamos que en un sector de privilegiados que hacen sus vidas al margen de las instituciones, el pan de hoy y en hambre de mañana.

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En la defensa de la vida, la propiedad y los derechos políticos, el venezolano ha incrementado considerablemente el gasto con lo cual su rentabilidad económica como trabajador, empresario, emprendedor, ha disminuido considerablemente lo que en un medio hiperinflacionario lo ha empobrecido a niveles inéditos en el continente. Venezuela es el país en el mundo que muestra mayor velocidad de empobrecimiento el cual ya alcanza al, 70% de la población, donde un salario mínimo, de 15 dólares, ha disminuido la renta del criminal donde cualquier cosa para apaga la vida bien para un teléfono, una arepa, unos zapatos, cualquier bien de 5 dólares de precio puede ser requerido por un criminal que ciega la vida de su propietario.

La vida se ha abaratado porque no hay recursos para protegerla, el Estado y el gobierno renunciaron a hacerlo, y en ocasiones no hay manera de deslindar entre el crimen y su actor, oficio político, militar, o mercenario de una ideología del empobrecimiento. En el diagrama mostramos los nexos de la inseguridad y de los costoso que se ha convertido su defensa.

 

@AlexGuerreroE