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Los #Runrunes de Bocaranda de hoy 17.05.2019: MEDIO: ¡El avión!
MEDIO
¡EL AVIÓN!:

 

LA DECISIÓN DEL GOBIERNO de Estados Unidos de prohibir los vuelos desde su territorio hacia o desde Venezuela tiene otros destinatarios además de los simples y llanos pasajeros comerciales que ahora tendrán que pasar mas tiempo y gastar mas dinero para viajar entre los dos países. Las decenas de enchufados con aviones matriculados en Estados Unidos y reconocidos por la letra “N” en sus siglas así como algunos de los aviones oficiales del régimen propiedad de Citgo y PDVSA también se ven afectados. Muchos eludían, tanto oficialistas como privados, rutas mas largas aprovechando el poder transitar por cielos estadounidenses para luego desviarse hacia Europa, Asia y África ahorrándose combustible y tiempo de vuelo. Muchos tienen sus aviones en Opa-locka, Florida, y en otros aeropuertos de EE. UU. Hoy los viajeros normales tendremos (al tener mi pasaporte retenido por Maduro) que triangular con los destinos de Bogotá, Panamá, Dominicana y Costa Rica ya que desde las islas cercanas como Aruba y Curazao no hay vuelos con Venezuela, por ahora. Aruba, cuya frontera con ese país fue “trancada por un ímpetu de Maduro” y reabierta por Venezuela hace una semana, ahora esta cerrada por Aruba en retaliación a ese cierre sin motivo alguno. Quienes pagamos esos platos rotos somos los ciudadanos. Al régimen no le importa sino mas bien les agradan esas vicisitudes a los viajeros respondiendo con el estribillo falso y cansón de que “Venezuela se respeta”…

 

INSÓLITO:

La velocidad con la que desde el año pasado, mas aún desde el comienzo de 2019, se han estructurado mas de 50 apoyos globales al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela ha sido sorprendente para todo el mundo. El hecho de que esta misma semana Rusia y China hayan tenido alguna deferencia hacia el respeto a los parlamentarios o hacia el camino democrático o que en la OEA se haya logrado la petición de libertad para los diputados detenidos o que México rechazara esas detenciones es harto significativo. Indicativo de que hasta los socios comerciales o políticos no pueden desconocer la realidad del régimen de Nicolás Maduro.

 

EL CONTROL DE LA AYUDA:

Esto es en referencia a la Cruz Roja Venezolana: “En cada entrega se constituye una junta contralora conformada por el director del hospital, algún representante de la Federación Farmacéutica y la sociedad civil. Son entre 3 y 6 personas en cada junta y ellos, en coordinación, hacen el seguimiento y garantizan que la última milla de la ayuda llegue a los más necesitados”, explicó Luis Farías, director de Comunicación de la Cruz Roja Venezolana. En tales juntas, los directores de los centros de salud son los responsables entregar los datos de los beneficiarios de la ayuda humanitaria, así como el motivo y la fecha en la que se le entregó. Los reportes se hacen mensual o semanalmente. “Los medicamentos los está trayendo y desembarcando la Cruz Roja directamente en el hospital. Es una mentira que se le haya entregado un cargamento al Ministerio de Salud para que lo distribuya, no es así. La Cruz Roja gestiona su ayuda porque es independiente y trae la ayuda al hospital a donde se va a implementar y en ese hospital queda la junta contralora constituida”, subrayó.

 

Prohíben salir del país a 22 directivos de medios de comunicación

 

teodoro

 

La jueza 12ª de juicio, María Eugenia Núñez, impuso prohibición de salida del país a 22 directivos de El Nacional, La Patilla y Tal Cual, acusados de difamación agravada continuada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Como lo pidió Cabello el 23 de abril de 2015, cuando interpuso su acusación, la jueza Núñez también acordó que los 22 acusados deben presentarse una vez a la semana ante el tribunal.

La información trascendió extraoficialmente, pues los afectados no han sido formalmente notificados. También extraoficialmente se supo que el presidente de la Asamblea Nacional ratificó su acusación el 28 de abril y que el tribunal la admitió el 5 de mayo.

La acción judicial de Cabello se fundamenta en la reproducción en El Nacional, La Patilla y Tal Cual (entre otros muchos medios de comunicación nacionales y extranjeros) de la información publicada por el diario español ABC, a partir de los señalamientos de Leamsy Salazar, ex jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional. Salazar acusó a Cabello de estar involucrado en el tráfico internacional de drogas, específicamente de ser uno de los líderes del llamado Cartel de los Soles. La noticia publicada en ABC el 25 de enero de 2015 fue suscrita por el corresponsal en Washington Emili J. Blasco, y avalada por el director Bieto Rubido.

En la querella interpuesta por el presidente de la Asamblea Nacional se alega  que “desde el día 27 de enero de 2015 han venido en forma sistemática y progresiva apareciendo múltiples informaciones en El Nacional, Tal Cual y La Patilla, de los que desprendemos el grave perjuicio que estos medios han generado sobre nuestro representado, su reputación y honor”.

La Corte Interamericana de derechos Humanos, al sentenciar el caso Mauricio Herrera Ulloa vs Costa Rica, el 2 de julio de 2004, reivindicó la doctrina del reporte fiel, según la cual no incurre en delito el que reproduce información de terceros.

Después de admitida la demanda, que en este caso habría ocurrido el 5 de mayo, cada uno de  los 22 acusados por Cabello debía ser citado personalmente por el tribunal, cosa que no habría sucedido. El presupuesto de validez de todo juicio, de cualquier naturaleza, es la citación, pues de lo contrario se trataría de un proceso a espaldas de los afectados, lo cual implica una violación del debido proceso.

En el escrito acusatorio suscrito por Cabello se argumenta que la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante el tribunal de la causa obedece a “presunciones razonables” de peligro de fuga y de obstaculización de la justicia, conforme a lo establecido en los artículos 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal.

Los señalados en la demanda de Cabello y afectados por las medidas impuestas por la jueza Núñez son: Miguel Henrique Otero, Mariana Otero, Argenis Rafael Martínez Mota, José Simón Elarba Haddad, Oswaldo Karam Macía, Luis Carlos Serra Carmona, Juan Andrés Wallis Brandt, Omar José Delgado Lugo, Jorge Papatzikos Gianopulos, Vivianne de Lourdes Font Fernández, Ramón José Medina Simancas, Beatriz Cecilia De Majo de Algisi, Carmen Elena Macía Fortique, Leopoldo Eduardo López Mendoza, Teodoro Petkoff Malec, Juan Antonio Rafael Golia Amodio, Francisco Layrisse, Manuel Antonio Puyana Santander, Alberto Federico Ravell Arreaza, Isabel Cristina Ravell Nolck y David Alberto Morán Bohórquez.

El curso de la querella

Con la legitimidad que le da ser uno de los acusados, Manuel Antonio Puyana Santander se encargó personalmente de seguirle el curso a la demanda de Diosdado Cabello.

“El mismo 25 de abril, el caso fue remitido al Tribunal 12° de Juicio. Desde entonces, todas las semanas me apersoné al juzgado para revisar el contenido de la querella. El 29 de abril me entrevisté con la jueza y la secretaria. Me dijeron que no podía ver el expediente hasta que la demanda fuese ratificada por Cabello. Y hasta el 4 de mayo insistieron en que debía esperar por la ratificación. ‘Eso es así y punto’, me señalaron ante tanta insistencia de mi parte”.

Puyana informó que el 11 de mayo se enteró de que en el expediente consta que la ratificación se formalizó el 28 de abril y que, el mismo 5 de mayo, cuando se admitió la demanda, la jueza había decretado la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante el tribunal contra los 22 acusados.

“Yo me di por notificado porque me presenté al tribunal, e incluso solicité que me asignaran un defensor público, pues nadie quiere incumplir la voluntad del acusador”, dijo Puyana.

Bajó la importación de cohetes en Navidad 2014

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Los juegos pirotécnicos también están escasos. Hasta el primer semestre del año, apenas se importó 16% de lo que ingresó a Venezuela en 2013

 

Lisseth Boon | @boonbar 

 

Las pocas detonaciones de juegos pirotécnicos que se escuchan en las navidades 2014 en comparación a otras temporadas no es una simple sensación de escasez. Se deben no sólo a la prohibición de venta informal de cohetes (publicado en Gaceta Oficial No. 39.812) sino también a la caída de la importación de este tipo de mercancía en el último año.

Hasta el primer semestre de 2014, ingresó al país apenas 16% de lo que Venezuela compró en materia de artículos de “fuegos artificiales, cohetes de señales, petardos y demás artículos de pirotecnia”. Es decir,  este año se importaron 2 millones 642 mil 679 dólares en esta mercancía frente a $ 16 millones 40 mil 352 de 2013, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

China es el principal proveedor de fuegos artificiales a Venezuela. De acuerdo con el INE, 93% ($14.881.753) del total importado esta mercancía provino del país asiático el año pasado.

En 2013, año en que falleció el expresidente Hugo Chávez,  se registró la mayor importación de fuegos de artificio en el último lustro. Entre 2010 y 2013, la compra de artículos pirotécnicos en el extranjero aumentó casi 5 veces al pasar de $ 3,9 millones a $ 16 millones, según el INE.

Uno de los episodios en el que más se hizo sentir el uso oficial de los fuegos artificiales fue a mediados de abril de 2013, cuando el recién elegido presidente Nicolás Maduro anunció un “cohetazo” en respuesta al candidato de la oposición, Henrique Capriles Radonski, quien convocó a un cacerolazo nacional para protestar en contra de la proclamación del  aspirante a suceder a Chávez.

 

Prohibidos

La venta informal al detal y transporte de fuegos artificiales en vehículos no autorizados fueron prohibidos a mediados de diciembre de 2014. Así lo ratificaron organizaciones como Protección Civil y Gobierno del Distrito Capital, que confirmaron que su comercialización sólo está permitida hasta el 31 de diciembre en el Complejo Deportivo El Poliedrito, en Coche y en la Universidad Santa María, ubicada en Petare, ambos en Caracas. Agentes de las policías municipales, Policía Nacional Bolivariana y Guardia Nacional tienen la potestad de decomisar la mercancía prohibida. El artículo 262 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna) establece que quien venda, suministre o entregue a un adolescente fuegos artificiales, será penado o penada con prisión de tres meses a un año.