Privativa

El Ministerio Público logró privativa de libertad para siete funcionarios del Eje de Vehículos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), y tres oficiales de la Policía de Carabobo por ser los presuntos responsables de la muerte de Albel Martínez Morales (22), José Barrientos Rojas (20) y un niño de 2 años de edad.

Tal hecho ocurrió el pasado 03 de marzo en el sector Bella Vista del barrio Las Flores, ubicado en el municipio Valencia del estado Carabobo.

En la audiencia de presentación, los fiscales 62ª nacional, 28ª y auxiliar de esa jurisdicción, Eddmysalha Guillén, José Antonio López y Anny Camejo, respectivamente, imputaron a los detectives del Cicpc Arianni Zambrano, Ronald Palacios, Gilbert Rivas, Omar Peña, Jean Carlos Olavarrieta, Joe Gómez, y el inspector Engenver Javier Moncada por los delitos de homicidio intencional calificado con alevosía por motivo fútil, uso indebido de arma orgánica, simulación de hecho punible y violación de domicilio.

Por estos mismos tipos penales fueron imputados el oficial en jefe del mencionado cuerpo de seguridad regional Nelson Colmenares, además de los oficiales agregados Héctor Salgado y Yeifer Angélica Negrín.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 10º de Control del citado estado dictó la medida privativa de libertad contra los 10 efectivos, quienes fueron remitidos al Centro Penitenciario de Carabobo, con sede en Tocuyito.

Alrededor de las 5:30 de la tarde del pasado 3 de marzo, las víctimas transitaban a bordo de una motocicleta por los alrededores del colegio Regino Peña, ubicado en Bella Vista, cuando fueron confundidas con otras personas durante un procedimiento policial.

Los funcionarios habrían disparado contra los jóvenes, hecho en el que resultó muerto el niño. Ante la acción, Martínez y Barrientos se dirigieron a un caserío del referido sector carabobeño; sin embargo, colisionaron contra una pared. Los efectivos les habrían disparado en reiteradas oportunidades ocasionándoles la muerte.

Producto de las investigaciones coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por la policía científica, se presume la responsabilidad de los funcionarios, quienes habrían simulado un enfrentamiento con las víctimas.

En este sentido, los seis detectives y el inspector resultaron detenidos en la subdelegación Bella Vista de ese cuerpo de investigación, mientras que los oficiales regionales fueron entregados por la Inspectoría de Coordinación de Actuación Policial de Carabobo.

Dichos procedimientos se realizaron en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por los fiscales del caso y acordadas por el Tribunal 10º de Control de esa localidad.

El Ministerio Público logró privativa de libertad para cuatro hombres que fueron aprehendidos tras la incautación de una bazuca militar, la cual fue hallada el pasado jueves 11 de febrero en el interior de una camioneta en la urbanización Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorri de Maracay, estado Aragua.

En la audiencia de presentación, la fiscal de la Sala de Flagrancia de esa jurisdicción, Lisbeth Toledo, imputó a Salomón Fernández (21), Héctor Godoy (20), así como a los hermanos José (23) y Edmundo Zaraza (20), por los delitos de posesión ilícita de armas de guerra, posesión ilícita de armas de fuego, aprovechamiento de cosas provenientes del delito, aprovechamiento de vehículo automotor y asociación para delinquir.

Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por la representante del Ministerio Público, el Tribunal 2º de Control de ese estado dictó la medida privativa contra los cuatro hombres, quienes permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de Aragua, en Tocorón.

La madrugada de este jueves, policías regionales desplegaron un operativo de inteligencia en el referido sector de Maracay, donde encontraron en el interior de una camioneta de uso oficial el armamento militar de guerra.

Minutos después, los funcionarios de ese cuerpo de seguridad capturaron a los cuatro hombres, quienes estarían vinculados con el hallazgo y habrían tratado de escapar ante la presencia de las autoridades.

Durante el procedimiento también se logró la incautación de un arma de fuego involucrada en un hecho delictivo.

El Ministerio Público logró privativa de libertad para los oficiales de la Policía de Aragua, Leandro Hernández (35), Osmar Ochoa (32), Yervis Deloza (27) y William Izarra (23), por presuntamente solicitar una alta suma de dinero a los familiares de una persona con arresto domiciliario, a cambio de no implicarlo en un caso de drogas.

 
El hecho ocurrió la tarde del 21 de agosto en la residencia del hombre, ubicada en barrio 23 de Enero, municipio Girardot del estado Aragua. Durante la audiencia de presentación, los fiscales 21º y auxiliar de esa jurisdicción, Rolando García y José Arreaza, respectivamente, imputaron a los oficiales por la presunta comisión de los delitos de concusión, peculado de uso, violación de domicilio, privación ilegítima de libertad, así como lesiones personales y agavillamiento.

 
Estos tipos penales están tipificados en el Código Penal y en la Ley contra la Corrupción, que en su artículo 62 establece: “El funcionario público que por retardar u omitir algún acto de sus funciones, o que por efectuar alguno que sea contrario al deber mismo que ellas impongan, reciba o se haga prometer dinero u otra utilidad, bien por sí mismo o mediante otra persona, para sí o para otro, será penado con prisión de tres (3) a siete (7) años y multa de hasta el cincuenta por ciento (50%) del beneficio recibido o prometido”.
Luego de analizados los elementos de convicción presentados y ante la solicitud de los representantes del Ministerio Público, el Tribunal 9º de Control de Aragua acordó la medida privativa de libertad contra los cuatro hombres, quienes se mantienen en la estación policial José Félix Ribas, en Maracay.

 
La tarde del referido día los funcionarios de ese cuerpo de seguridad se habrían presentado arbitrariamente en la residencia de la víctima, quien mantiene una medida cautelar consistente en arresto domiciliario por estar incurso en un procedimiento penal, y sin mediar palabras lo trasladaron a la Comisaría de Santa Rosa, en el municipio Girardot.
Seguidamente, habrían contactado a familiares del hombre a fin de exigirles la suma de 300 mil bolívares para no involucrarlo en un caso de drogas. Horas después, los hoy imputados recibieron una parte de la suma de dinero acordada y soltaron al hombre, tras haberlo golpeado en reiteradas oportunidades.

 
Ese mismo día, un familiar denunció la situación ante el Ministerio Público. A partir de ese momento, los fiscales del caso coordinaron la práctica de varias diligencias de investigación y se logró determinar la presunta vinculación de los oficiales con lo ocurrido.

 
El 26 de agosto, Izarra, Hernández, Ochoa y Deloza fueron capturados en Maracay por efectivos de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía de Aragua, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordada por la mencionada instancia judicial.

El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres efectivos policiales adscritos a la Coordinación de Garantía de Detenidos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Lara, por su presunta responsabilidad en el abuso sexual a un detenido que se encontraba en los calabozos de ese centro.

 
El hecho se registró el lunes 17 de agosto, en la referida sede que opera en el sector Pata de Palo, parroquia Catedral de Barquisimeto.

 
En la audiencia de presentación, el fiscal 21º de Lara con competencia en materia de Protección de Derechos Fundamentales, Carlos Muñoz, imputó a Eviley Carcamo Castillo (29), Jefferson Justo Parra (24) y Johanny Pérez Campos (36) por presuntamente incurrir en los delitos de trato cruel, violación y quebrantamiento de pactos y principios internacionales.

 
Una vez evaluados los elementos de convicción expuestos por el fiscal, el Tribunal 5° de Control de Lara dictó la medida privativa de libertad contra los dos hombres y la mujer, quienes permanecerán recluidos en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental David Viloria, en Barquisimeto.

 
La noche del pasado lunes, hubo un intento de motín en el citado centro. Seguidamente, efectivos de la PNB llevaron a cabo un procedimiento y lograron controlar la situación.
Tras la actuación policial, trasladaron a los reclusos a una zona común, lugar donde Carcamo Castillo, Justo Parra y Pérez Campos habrían tomado a uno de los privados de libertad y lo abusaron sexualmente con un objeto punzopenetrante, hecho que le causó a la víctima graves heridas.

 
Es preciso destacar que el pasado miércoles 26 de agosto fueron capturados los tres policías, en virtud de órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por la mencionada instancia judicial.

El Ministerio Público logró privativa de libertad para la exgerente de Logística y la exjefa de Contabilidad de Quimbiotec C.A., Yadira Naranjo y Susana Rodríguez, respectivamente, por su presunta vinculación con la utilización de divisas otorgadas por el Estado venezolano para la contratación de seguros de vida que benefició a la directiva de esa empresa.

Tales irregularidades ocurrieron en el período de 2007 a 2011, lo cual representa un daño patrimonial de un millón 325 mil 389 dólares.

Quimbiotec es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de hemoderivados y otros productos químicos y biológicos de alta calidad, desarrollados con tecnología de punta. En la actualidad, es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

En la audiencia de presentación, la fiscal 53ª nacional y auxiliar, Ivana Ricci y Edgar Ramírez, respectivamente, imputaron a las mujeres por la presunta comisión del delito de peculado doloso propio, en la modalidad de distracción.

Tal delito se encuentra previsto y sancionado en la Ley contra la Corrupción y en concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

De acuerdo con los elementos de convicción y tras la solicitud del Ministerio Público, el Tribunal 1º de Control de Miranda dictó medida privativa para las mujeres y fijó como sitio de reclusión el Instituto Nacional de Orientación Femenina, ubicado en Los Teques.

La investigación inició el 06 de mayo de 2015, cuando el Ministerio Público recibió una denuncia, a través de la cual manifestaron que de acuerdo con una auditoría realizada el 13 de agosto de 2014, se determinó que en el citado período crearon un caja chica en moneda extranjera, la cual no poseía ningún instructivo y sólo fue manejada directamente por las gerencias General y la de Administración y Finanzas de esa empresa.

Tras las labores ejecutadas por el Ministerio Público, se detectó que el organismo suscribió contratos de pólizas de vida con empresas extranjeras ubicadas en Estados Unidos para los gerentes de Quimbiotec, las cuales no estaban inscritas en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora.

Estos contratos no tenían ningún soporte contable y hasta ahora no se han localizado los documentos físicos.

Conviene destacar que el pago de los seguros se realizó con dólares otorgados por el Estado venezolano que tenían el único fin de adquirir distintos productos relacionados con la naturaleza de la compañía.

Por tal motivo, las mujeres fueron aprehendidas el pasado 21 de julio de 2015, en atención a órdenes de aprehensión solicitadas por el Ministerio Público y acordadas por la referida instancia judicial.

Omar Estacio, abogado del Alcalde Antonio Ledezma, acudió este martes al Palacio de Justicia donde consignó un recurso de apelación contra la medida  privativa de libertad dictada por el juez sexto control, Miguel Graterol, contra  la máxima autoridad Metropolitana de Caracas.

La defensa afirmó que se agrega un nuevo argumento en la apelación, basado en la nulidad de las pruebas incriminatorias contra Ledezma, en vista de que canal del Estado transmitió una serie de evidencias del expediente antes de ser decretada la privativa de libertad del mandatario metropolitano, contaminado el caso.

Estacio no puntualizó las evidencias, pero  aseguró que se tratan de videos, de actas de declaraciones de testigos que han sido difundidas por programas transmitidos por VTV; uno de ellos conducido por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, el pasado 15 de febrero.

“Esta trasmisión de evidencias no solamente es ilegal, sino que contamina de nulidad de las mismas, por cuanto contravienen el objeto para la cual fueron colectadas. Las evidencias son para ser utilizadas dentro de la investigación, no para ser difundidas con antelación por medios oficiales o cualquier otro, para criminalizar a quienes allí aparecen o de crear prejuicios a los funcionarios creadores de la justicia”, explicó.

“No vamos a dejar de ejercer ni un sólo recurso procesal, como tampoco vamos a transigir en la defensa vehemente de los derechos de Ledezma. Cada día que pasa en la defensa crece la convicción que son delitos totalmente inconducentes. En cuanto al delito de asociación para delinquir, es un delito de negocios; así fue aprobado por la Convención de Palermo cuando se estableció el tratado internacional para reprimir operaciones mafiosas, en la Ley contra la Delincuencia Organizada esta aprobada en Venezuela en ejecución de ese tratado”, citó.

Sobre el delito de conspiración que se le acusa al alcalde Ledezma, Estacio indicó que también apelaron puesto que en el documento firmado por los dirigentes Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López, no hay nada que diga que Ledezma quiera cambiar la forma republicana que se ha dado en la nación. “En la sentencia del 10 de noviembre del año 2009 del TSJ, expresa que cambiar la forma republicana que se ha dado en la nación trata de una conspiración, ya sea implantar en Venezuela una dictadura, una monarquía o principado. Y tenemos la seguridad que cualquier lector de este documento constatará que no hay elementos de esa naturaleza”.

Comentó que el pasado domingo acudieron a la Cárcel de Ramo Verde para  visitar al Alcalde Metropolitano Antonio Ledezma, quien según Estacio “se encuentra bien físicamente, muy firme en la defensa y en el sostenimiento de sus convicciones.  Las condiciones de reclusión son decorosas”. Dijo que fueron tratados con cortesía y dentro de los estándares internacionales. “A los familiares se le negó el acceso por cuestiones administrativas, las autoridades dieron unas excusas y nosotros las aceptamos”.

Escuche la entrevista completa aquí:

El Ministerio Público logró privativa de libertad para Ricardo David Marcano (18), por presuntamente haber robado y lesionado al exjugador profesional de baloncesto Carl Herrera Allen (48), hecho ocurrido el pasado sábado en un establecimiento de comida vía playa El Agua, en el municipio Antolín del Campo, estado Nueva Esparta.

Los fiscales 24º nacional y 3° de esa jurisdicción, Didier Rojas y Ermilo Dellan, respectivamente, imputaron al joven por presuntamente incurrir en los delitos de robo agravado y lesiones personales graves, ambos previstos y sancionados en el Código Penal

La audiencia se llevó a cabo en el Tribunal 3° de Control de Nueva Esparta, instancia que a solicitud del Ministerio Público acordó la privativa de libertad contra Marcano, para quien fijó como sitio la sede Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en el Helicoide, Caracas

De acuerdo con la información preliminar, en horas de la tarde del referido día, Herrera, quien se desempeña como director técnico del equipo de baloncesto Gigantes de Guayana, se encontraba en un local de comida en el mencionado lugar, cuando dos hombres le dispararon con la intención de despojarlo de sus pertenencias.

Posteriormente, el día lunes 22 de diciembre el joven se presentó ante la sede de la fiscalía 3ª de esa jurisdicción con la finalidad de colocarse a la orden del sistema de justicia penal venezolano.

De inmediato, los fiscales solicitaron una orden de aprehensión por vía de excepción la cual fue acodada por la mencionada instancia judicial.