El ministro de Comunas, Elías Jaua, emitió un comunicado en el que asume responsabilidad por el escándalo de la niñera que ingresó un arma ilegal a Brasil, pero en los 11 párrafos no explicó asuntos medulares que todo el mundo se pregunta
Jesús Alberto Yajure @albertoyajure
Adriana Núñez @adrianitan
“ASUMO TODA LA RESPONSABILIDAD POR LO OCURRIDO”, expresó el ministro de Comunas, Elías Jaua, en un comunicado difundido el domingo 2 de noviembre de 2014 en el que intentó “aclarar” el incidente de la detención en Brasil, el 24 de octubre, de su empleada doméstica por tráfico internacional de armas. Sin embargo, el ministro omitió las referencias sobre la naturaleza dolosa del traslado de su empleada y su suegra en una aeronave de propiedad pública, entre otras irregularidades y contradicciones en su proclamado discurso socialista y a favor de los más desposeídos.
Peculado de uso, corrupción, tráfico de influencias, goce de privilegios “propios del capitalismo” y contrasentidos ideológicos son algunas de las faltas que le endilgan al ministro el diputado a la Asamblea Nacional por Proyecto Venezuela, Carlos Berrizbeitia; el dirigente de izquierda y fundador del partido Bandera Roja, Gabriel Puerta; la psicóloga, feminista y activista de izquierda, Hisvet Fernández; y la directora de Transparencia Internacional, Mercedes de Freitas.
El ministro de Comunas, Elías Jaua, no menciona –ni aclara– en su comunicado por qué Yaneth Anza, su empleada doméstica en funciones de niñera por más de 15 años y de quien dijo además que goza “de su entera y absoluta confianza”, viajó a Brasil en un avión propiedad de Pdvsa. Tampoco explica por qué iba su suegra en la aeronave.
“No se puede usar un bien o activo del Estado para el beneficio de tu familia”, responde el diputado Carlos Berrizbeitia al texto difundido por Jaua, en el que asume la responsabilidad por la detención en Brasil de su niñera, cuando desembarcó de un avión de Pdvsa en posesión de un maletín que contenía un arma de fuego.
“Al país no le interesa la explicación del ministro sobre el arma. Lo que tiene que explicar es porqué usó una aeronave de Pdvsa para trasladar a su niñera y a su suegra hasta Brasil”, dice Berrizbeitia.
El precio de dos boletos con la ruta Caracas-Sao Paulo en la aerolínea Avianca es de 3.926 euros (Bs. 45.934,2 calculado a tasa Sicad I y Bs. 400.452 a la tasa paralela), mientras que la aerolínea panameña Copa Airlines ofrece vuelos en la misma ruta por 3.157 dólares cada boleto. Jaua, nombrado “Protector del estado Miranda”, se ahorró el desembolso de esa cantidad mediante el uso de una aeronave de propiedad pública para trasladar a su entorno familiar.
Berrizbeitia destaca que además el ministro obtuvo una ventaja económica, beneficiándose no solo por el monto de los dos boletos aéreos para su suegra y la empleada, sino también por el costo de un vuelo privado en una aeronave propiedad de Pdvsa.
“Hay que sumarle el costo del combustible, los aranceles que se debe pagar por la aeronave al llegar al aeropuerto (Guarulhos, Sao Paulo) y el hángar; también por los honorarios del piloto y del copiloto, los viáticos y el alojamiento de la tripulación en Brasil. Todo eso está entre 25 y 30 mil dólares”.
En su “Aclaratoria al Pueblo de Venezuela”, el ministro de Comunas aseguró que viajó a Brasil para sostener reuniones con integrantes del Movimiento Sin Tierra; también expuso que visitaría Curitiba para agilizar los trámites para la importación de medicinas. El ministro no aclara por qué su agenda –en visita oficial– no fue comunicada a la Embajada de Venezuela en Brasil. Tampoco especifica por qué la representación diplomática de Venezuela en el vecino país no sabía de la llegada de su comitiva, que incluía a su niñera, Yaneth Anza, y su suegra.
Autoridades aeroportuarias en Brasil detuvieron a Anza el 24 de octubre en el aeropuerto de Guarulhos. Tres días después, el 27 de ese mismo mes, el ministro aparece en una nota informativa publicada por Telesur y VTV en la que afirma que se encontraba en Brasil gestionando la importación de medicinas a Venezuela para combatir la “guerra económica”. En el vídeo difundido no es posible apreciar a los interlocutores brasileños del ministro.
Según declaraciones de Jaua, Anza viajó a Brasil con el fin de trasladar algunos documentos necesarios para gestionar el ingreso de su esposa, Natacha Castillo, en un centro de salud de Sao Paulo. Sin embargo, ninguno de los documentos hallados en manos de la niñera tiene que ver con la historia médica de Castillo; por el contrario, en el interior del maletín se hallaron documentos como la Ley Orgánica de las Comunas y la Ley Orgánica del Poder Popular; otros que hablan de “derrota permanente del enemigo” de “marcar y neutralizar al enemigo” y de “cómo hacer frente a las crisis y los conflictos reales”.
También se encontró la “agenda política del Plan del gobierno revolucionario, lo que debe hacer, cuándo, dónde y cómo”, un documento llamado “Elecciones Legislativas 2015. Asamblea Nacional: Hacia una estrategia Ganadora” y otros escritos de carácter político o propagandista.
El ministro afirmó en su comunicado que asume toda la responsabilidad del incidente y también defendió a la niñera Yaneth Anza de supuestos “descalificativos clasistas, sexistas y racistas”. Para una parte de la ciudadanía, es cuando menos contradictorio que un funcionario con un discurso obrerista, de izquierda, marxista, a favor de los más desposeídos y contra la explotación, disfrute de los privilegios y lujos propios que ofrece el capitalismo, a razón de: viajes de carácter personal en aviones privados, vacaciones en hoteles de lujo, un equipo de seguridad personal que ronda los seis guardaespaldas y hasta una niñera para que cuide de su prole.
La psicóloga, docente, feminista y dirigente de izquierda ligada a Bandera Roja, Hisvet Fernández, destaca: “El problema no es el arma, porque esa es una excusa, un pretexto para un tema más importante, que es la corrupción. Jaua se ha caracterizado por tener un discurso encendido contra una burguesía y a favor de los más humildes, pero goza de los mismos privilegios que proporciona el sistema capitalista, y con exageración. Basta con ver las escuelas a las que asisten los hijos de los altos funcionarios. Son todas escuelas para las élites, bilingües. Ellos se dicen marxistas, pero no saben nada de marxismo. Esta gente está llena de resentimiento y odio. Y el marxismo plantea una lucha de clases, no un odio de clases. Los altos dirigentes conforman una élite”.
El dirigente político y fundador del partido Bandera Roja —de ideología marxista— Gabriel Puerta, advierte que “este régimen no es socialista, se han hecho ricos, han generado una oligarquía financiera”. Al ser consultado sobre el uso de bienes del Estado para el uso y disfrute de la familia del ministro, que configura un delito de peculado, responde: “Habría que ver qué trámites se hicieron antes de que se abordara el avión. Pdvsa es una empresa del Estado, pero es autónoma. Hay una gran inmoralidad en esta gente que denunció “las colitas” de Pdvsa en otros tiempos y ahora usa los bienes del Estado arbitrariamente. Eso no tiene defensa alguna”.
Sin embargo, no encuentra en el tema de la empleada doméstica un problema, aunque el constructo marxista pueda muy seguramente considerarlo un privilegio reservado a la burguesía: “Rechazo la diatriba [con el tema de la niñera]. Es lógico que ellos tengan alguien que les ayude, porque tienen una posición en el Gobierno. ¿Cuál es el problema con que tengan gente que los ayude? Cuánta gente de alcaldías y gobernaciones de oposición no tiene gente que los ayuda. Por eso creo que no tiene caso discutirlo?”
Otra pregunta sin respuesta es por qué un integrante del gabinete de Gobierno se encuentra en la necesidad de portar un arma de fuego personal en un país que se encuentra embarcado en un plan de seguridad -Plan Patria Segura-, el vigésimo en quince años.
El 11 de marzo de 2013 el presidente Nicolás Maduro, en medio de un discurso en el que rechazaba la inseguridad en Venezuela, invitó al ministro Jaua a visitar el barrio más peligroso de Petare, “sin armas y a pie con nuestro pecho abierto, sin miedo, para hablar con esos jóvenes y decirles que cesen la matanza y las armas y que vengan aquí con Cristo redentor”.
Jaua admitió que el revólver Smith & Wesson calibre .38, hallado en posesión de su niñera, le pertenece. El funcionario aseguró en el comunicado que el arma estaba “debidamente acreditada”. No obstante, el artículo 21 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, indica que el permiso de porte de arma de fuego se encuentra restringido para “las personas naturales que demuestren la efectiva necesidad de proteger su integridad física ante la amenaza potencial de un peligro inminente”. Además, señala que el permiso tiene una vigencia de dos años, lo que sugiere que la “sensación de inseguridad” del funcionario data de, al menos, 24 meses atrás.
Si existiese un manual de uso de la flota de aviones de Pdvsa, es un secreto reservado solo al Estado y la alta dirigencia de la empresa estatal. No es la primera vez que un funcionario utiliza una aeronave de propiedad estatal para su uso personal. El mismo ministro Elías Jaua es reincidente en esta práctica. Runrunes y el diario El Confidencial Digital de Tenerife (España) reportaron en agosto de este año el desembarco de Jaua, entonces Canciller, en el archipiélago de Canarias para disfrutar de unas vacaciones. El “protector de Miranda”, que viajaba con su familia y un séquito de diez personas en un avión de Pdvsa, se hospedó en un hotel de lujo.
La Ley Orgánica de Bienes Públicos, promulgada vía Decreto 9.041 por el expresidente Hugo Chávez el 12 de junio de 2012, establece:
Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, considera que el caso del ministro Jaua y su niñera es sólo la punta del iceberg en las prácticas dolosas contra el Estado. Pero también subraya tres aspectos importantes: (1) Jaua debe responder por el tema del peculado y aprovechamiento de los activos y bienes del Estado para uso de sus familiares y entorno; (2) el Ministerio Público tiene la obligación de actuar de oficio por notitia criminis para establecer responsabilidades y sanciones; y (3) los ciudadanos tienen el derecho –y merecen– saber toda la información referente al caso.
“Los funcionarios están reeditando delitos que fueron muy utilizados para atacar a IV República, como las ‘colitas’ en aviones de Pdvsa. Jaua tiene que responderle al país por el peculado, debería explicar por qué ordenó a la empleada viajar en un avión del Estado cuando bien pudo pedir que le enviasen el maletín y documentos vía valija diplomática o por correo privado. Jaua evadió la responsabilidad por el uso del avión, pero también sus cómplices: todos los que participaron, autorizando el viaje, los recursos, y el despegue”.
Para De Freitas, portavoz de la lucha contra la corrupción, el incidente es complejo y tiene muchos matices y responsables:
“¿Cuáles son las políticas que rigen el uso de los aviones de Pdvsa? Debe existir un conjunto de normas que regulen el uso de estas aeronaves y de cualquier bien público. Esta información debe ser de dominio de todos los ciudadanos. Los venezolanos tenemos derecho a saber cómo se usan los aviones de Pdvsa, cuántas veces y quiénes viajan, porque esos son fondos públicos, pertenecen a todos los venezolanos. Tenemos derecho también a saber quién autorizó el viaje de la niñera y la suegra de Jaua, por qué lo hizo, porque es un cómplice. Cómo es que un ministro manda a su niñera a que le traslade un maletín y se usa un avión entero para eso”.
¿Cómo es que la “Nanny” no consiguió el arma?
El ministro Jaua no especifica en su carta cuál es el modelo del arma de fuego incautada a su niñera por las autoridades brasileñas. Sin embargo, el informe del diario Folha de Sao Paulo del 24 de octubre de 2014 revela que Anza portaba un revólver Smith & Wesson calibre .38 “oculto” en el maletín de trabajo del funcionario.
Según las especificaciones del fabricante el cañón del arma mide entre 4,7 y 10,2 centímetros de largo y entre 1,875 y 4 pulgadas de ancho», dependiendo del modelo. Su peso ronda los 450 gramos. Su precio mínimo es 469 dólares (23.435,93 bolívares a tasa Sicad II) y el máximo es 1.019 dólares (50.919,43 bolívares).
Medios rojos trasnochados
Los medios de comunicación oficiales más importantes no difundieron informaciones sobre el turbio viaje de la niñera de Jaua a Brasil. Correo del Orinoco, La Iguana y Venezolana de Televisión reseñan en sus portales web el comunicado emitido por el ministro, sin embargo, no muestran rastro de la noticia original del hallazgo.
La Iguana reflejó también las declaraciones del gobernador de Miranda, Henrique Capriles, en torno a este caso. En un texto plagado de descalificativos el portal dirigido por Miguel Pérez Pirela acusa a Capriles de “atacar” a la niñera Anza.
Un usuario de la página Aporrea publicó un texto en la sección “Contraloría” en el que exige al gobierno “aclarar” el asunto suscitado por el ministro de las Comunas en Brasil. Para YVKE Mundial y el Diario Vea el caso no existió.
