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Otto Pérez Molina

Jimmy Morales asume este jueves la presidencia de Guatemala

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GUATEMALA (AP) — La ilusión que generó la victoria del comediante Jimmy Morales en las elecciones presidenciales de fines del año pasado dio paso una sensación de desconfianza y ansiedad bastante palpable a 24 horas de la juramentación del nuevo mandatario.

El triunfo de Morales parecía representar el inicio de una nueva era tras décadas marcadas por la inestabilidad política, la pobreza, la corrupción y la violencia.

En la víspera de la ceremonia de traspaso de poder no se sabe cuál será su gabinete ni cómo piensa hacerle frente a los grandes desafíos que tiene por delante. Además, Morales sufrió un fuerte revés político cuando unos fiscales pidieron que se le quitase la inmunidad a un legislador y asesor aliado, acusado de violaciones a los derechos humanos durante la sangrienta guerra civil.

«Es un presidente que llega sin partido, sin cuadros y con un aparato estatal realmente en ruinas financiera e institucionalmente», dijo Edgar Gutiérrez, coordinador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad Estatal de San Carlos de Guatemala.

Gutiérrez dice que la expectativa sobre el gobierno de Morales nunca fue muy alta. Morales, un comediante y actor, llegó al poder en medio del rechazo de la población a la clase política y en particular al entonces presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Baldetti, quienes renunciaron ante la presión social y hoy guardan prisión acusados de corrupción.

Morales ganó la presidencia el 25 de octubre pasado de 2015, luego de que enormes movilizaciones contra la corrupción derribasen al gobierno y desde entonces no se le ha visto mucho, con excepción de una gira por los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana y una visita a organizaciones de inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos.

Los últimos 15 días ha estado recluido, sin presentaciones públicas ni declaraciones a la prensa hasta el miércoles cuando reapareció junto al Presidente en la entrega de 30 casas a personas damnificadas al deslave de tierra ocurrido en octubre pasado.

El presidente electo no cumplió una promesa de cubrir varios ministerios clave para diciembre, incluidos los de educación, economía, salud, defensa y del interior. Mientras no se sepa quiénes son los elegidos, persistirá la sospecha de que Morales puede acudir a la vieja clase política.

Según Gutiérrez, Morales debió aprovechar los últimos dos meses para forjar alianzas que facilitasen la gobernabilidad de este país, «pero no lo hizo».

El líder indígena Daniel Pascual pronostica un «gobierno débil».

Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina, una de las organizaciones más grandes del país que aglutina a indígenas y campesinos, dice que Morales no ha sellado acuerdos con las agrupaciones indígenas y campesinas y que eso provocaría problemas para responder a las demandas sociales.

«Ha dicho que hay algunos indígenas con él, pero no los que hemos venido a hacer propuestas de cambios estructurales», manifestó.

El vocero del presidente electo Heinz Heimann dijo, vía mensaje de texto a The Associated Press, que el equipo de gobierno de Morales «estará a la altura de las expectativas y las necesidades» de Guatemala.

«Instamos al pueblo guatemalteco, a los diferentes sectores, a que se integren al desarrollo nacional desde los diferentes áreas de acción, en lo público y en lo privado», expresó.

Pero no anticipó programas ni dio nombres de los nuevos ministros.

«No hay suspicacia en nuestro actuar, el gobierno se reserva el derecho de dar información de manera pertinente para mantener informada a la población», se limitó a decir.

A Morales se le complicaron las cosas cuando la fiscalía solicitó el retiro de la inmunidad de uno de sus principales asesores, el militar retirado Edgar Justino Ovalle, elegido diputado y quien ha sido vinculado con violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil de 1960-1996.

En el mismo caso fueron detenidos 13 militares retirados, muchos de ellos miembros activos de la Asociación de Veteranos de las fuerzas armadas, una agrupación que apoyó al partido Frente de Convergencia Nacional que llevó al poder a Morales. Ovalle es fundador de su partido.

Aunque Morales ha negado su vinculación con militares, numerosos observadores opinan que las últimas novedades lo han dejado sin un sector cercano a él, que influía en sus decisiones.

Para Gutiérrez, las detenciones de los militares constituyeron un llamado de atención. Fue como decirle «mire, señor Morales, seleccione mejor sus aliados, a las personas con las que va a gobernar, porque son personas que no califican, que tiene señalamientos graves», dijo el experto.

La juramentación de Morales es seguida de cerca desde Washington y contará con la presencia del vicepresidente estadounidense Joe Biden, lo que tiene un significado especial: será la primera vez en 30 años de gobiernos civiles y democráticos que Estados Unidos envía un representante de ese nivel a un cambio de mando.

«Está claro que no es por Morales que viene, es porque el Triángulo Norte ha pasado de ser una de las cinco prioridades de seguridad nacional de Estados Unidos en el mundo», dice Gutiérrez, aludiendo a Guatemala, Honduras y El Salvador, países sacudidos por la violencia del narcotráfico, que está generando grandes oleadas migratorias de gente que intenta llegar por cualquier medio a suelo estadounidense. «Es una advertencia clara de que Guatemala ya está en el filo de ser calificado como estado fallido y la potencia más cercana y grande no está dispuesta a permitirlo».

Biden visitó el país el año pasado para participar en conversaciones con líderes de la región sobre un pedido de asistencia por 1000 millones de dólares destinado a mejorar la seguridad y la calidad de vida y a reducir las tasas de emigración.

Quienes quieren reformas profundas se muestran impacientes y convocaron para el sábado a una manifestación para recordarle al nuevo presidente que debe cumplir su promesa de campaña «Ni corrupto ni ladrón».

«A Jimmy Morales puede ser que le toleren la inexperiencia, la mala selección a unas gentes, que se equivoque, pero no le van a perdonar que haga oídos sordos o tolere casos de corrupción, ni sospechas de que él se involucre en eso», dijo Gutiérrez.

 

Embargaron seis fincas y una cuenta bancaria a Pérez Molina

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La Justicia de Guatemala ordenó el embargo de seis fincas y una cuenta bancaria del expresidente del país Otto Pérez Molina, quien dimitió el pasado 3 de septiembre vinculado a un escándalo de corrupción que lo tiene en prisión preventiva, informó hoy una fuente oficial.

El juez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda resolvió el pasado viernes embargar las seis propiedades que pertenecen al expresidente, así como la cuenta bancaria, según dijo este martes a los periodistas.

El pasado 12 de septiembre el mismo juez también ordenó embargar otras seis cuentas, con una cantidad total de 5,4 millones de quetzales en moneda local (alrededor de 692.000 dólares).

La medida implica que las propiedades y el dinero están fuera del comercio.

Villeda explicó que las fincas se encuentran en el municipio de Zaragoza, en el departamento de Chimaltenango, y que el embargo se dictó a petición del Ministerio Público (MP), quien cree que los bienes tienen «relación directa con Otto Pérez Molina».

La adquisición de dichas propiedades se hizo por medio de la empresa Vistas Servicios Electrónicos, S. A., cuyo representante legal es Víctor Hugo Hernández, quien se presume es testaferro del exmandatario.

La cuenta bancaria tiene un monto de 1,4 millones de quetzales (más de 183.000 dólares).

Se presume que los bienes habrían sido obtenidos como producto del dinero proveniente de actos ilícitos.

El expresidente, quien dimitió tras perder la inmunidad que ostentaba en el cargo, se encuentra en prisión acusado de dirigir la red criminal que operaba en el ente recaudador de impuestos, en complicidad con más de 27 personas.

La presunta estructura fue desarticulada en sus mandos medios el pasado 16 de abril por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y el 21 de agosto ambas entidades acusaron a Pérez Molina de comandar al grupo criminal.

La Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2011 en Guatemala, faculta a las autoridades para confiscar a los delincuentes los bienes adquiridos en actividades ilícitas y a su utilización por parte del Estado.

Desde que Pérez Molina reciba la notificación, que se presume que será hoy mismo, tiene dos días para presentar, si lo considera, un recurso o apelación.

Pérez Molina estará en prisión hasta que tribunal decida si será enjuiciado

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El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina esperará en la prisión de un cuartel militar hasta que un juez determine, en diciembre próximo, si existen motivos para enjuiciarlo por un caso de corrupción aduanera, decretó hoy el Juzgado B de Mayor Riesgo.

El titular del juzgado, juez Miguel Ángel Gálvez, resolvió este martes dejar al imputado en prisión preventiva mientras el Ministerio Público (Fiscalía) concluye con las investigaciones en un plazo de algo más tres meses, que vence el próximo 7 de diciembre.

Será el 21 de diciembre próximo cuando se inicie la audiencia en la que se determinará si hay motivos suficientes para enjuiciar a Pérez Molina, quien renunció la semana pasada a la Presidencia de Guatemala para enfrentar a la Justicia por el caso «La Línea».

El expresidente, acusado por la Fiscalía de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, escuchó con incredulidad la decisión judicial que puso fin a tres días de audiencia, en las que negó estar implicado en la red de fraude aduanero.

Pero antes de abandonar la Torre de Tribunales en dirección a la cárcel, la misma en la cumplía «prisión provisional» desde el jueves pasado, el expresidente criticó el papel de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en su proceso y en la Justicia en general.

«Si hay cortes amedrentadas, si hay jueces amedrentados por la presión que les ejerce la Cicig como un ente supranacional, eso verdaderamente es una frustración», declaró el expresidente.

A su entender, el ente creado por la ONU en 2007 responde a intereses internacionales y no nacionales.

«Si esto me está pasando a mí como presidente, ¿qué le puede pasar a otro guatemalteco?», cuestionó el exmandatario, quien no dudó en criticar al juez y a la acusación de haberlo enviado a prisión sin tener pruebas sólidas en su contra, solo «pláticas» y referencias de terceros.

Dijo sentirse «frustrado» con la Justicia de Guatemala y volvió a defender su inocencia.

«No he evadido nada. He dado la cara en todo. No he participado en ninguna estructura criminal. Me siento tranquilo. Confío en que esto tiene que aclararse», declaró.

Durante la audiencia, el juez rechazó la petición del abogado defensor César Calderón, de dejar en arresto domiciliario a Pérez Molina mientras concluyen las investigaciones, debido a que uno de los delitos que se le imputan, el de asociación ilícita, no goza de ninguna medida sustitutiva.

«Este órgano considera que el peligro de fuga y obstaculización a la verdad no está superado», dijo Gálvez.

Explicó que su decisión se basa en que existe peligro de fuga y de obstrucción a la averiguación de la verdad en el proceso abierto al general retirado, de 64 años, máxime por el cargo que ocupó de presidente de la República.

Gálvez agregó que el peligro de que Pérez Molina pueda destruir, ocultar o modificar pruebas existe porque aún falta que se capture a por lo menos 14 integrantes de la red de defraudación aduanera.

No obstante, reiteró que esta medida es cautelar y no definitiva.

En un intento por revertir la decisión, Calderón recurrió al principio de libertad y proporcionó al juez dos pasaportes diplomáticos y uno ordinario de Pérez Molina.

Además dijo que la prisión preventiva es una «sentencia adelantada» que viola la presunción de inocencia.

La trama de corrupción «La Línea» fue desmantelada el pasado 16 de abril por el Ministerio Público y la Cicig, y hay cerca de una treintena de personas detenidas por el caso y ligadas a proceso, entre ellas la exvicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti.

De acuerdo con la investigación de las autoridades, la red operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria e ingresó más de 1.500 contenedores de manera ilegal al país para cobrarle los impuestos a los importadores y defraudar al Estado.

De Guatemala a Guatepeor ... por  Orlando Viera-Blanco

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«Mientras tanto «en ciudad gótica», el desmantelamiento, la criminalidad y la desolación campean. Es inevitable preguntarse por qué Guatemala sí y nosotros no»

 

Arde de ciudadanía Nueva Guatemala de la Asunción, mejor conocida como Ciudad de Guatemala. Otto Pérez Molina ha dimitido al cargo de Presidente de ese país, por estar implicado en actos de cohecho y corrupción contra su sistema aduanero. La CSJ falló a favor de investigar al presidente Otto Pérez Molina y el Congreso Nacional, aceptó la renuncia del mandatario. Todo un movimiento institucional difícil de creer en Latinoamérica, y menos para los venezolanos, que habiendo protestado mucho más, denunciado mucho más, padecido más corrupción, más atropellos, latrocinios, violencia e inmoralidades, a quien tenemos tras las rejas, ¡es al líder de la oposición! Qué nos tendría que decir Galeano sobre nuestras venas abiertas en Venezuela…

Hace meses se introdujo ante la CSJ de Guatemala, una solicitud de antejuicio planteada por el diputado opositor Amílcar Pop de la bancada de WINAQ. Pop denunció a Pérez Molina por un escándalo de corrupción en el Seguro Social. José Baquiax, magistrado del Supremo, recibió la denuncia y por unanimidad se decidió remitir el caso al Congreso, al que «le corresponde formar una comisión investigadora para determinar si le retira o no la inmunidad a Pérez Molina», cuyo mandato terminaba en Enero/2016. En Abril funcionarios judiciales y un organismo avalado por la ONU, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), desmantelaron una estructura criminal que recibía sobornos de importadores para evadir pago de impuestos de aduana. Durante meses, decenas de miles de guatemaltecos salieron a las calles a pedir la renuncia de Pérez Molina y de Baldetti su VP… La investigación de la Cicig, organismo también adscrito a la Fiscalía, se centró en 40 casos de contrabando en las aduanas que dependen de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Y en base a esa investigación ambos entes presentaron una acusación formal contra el presidente, el 21 de agosto.

La red de corrupción, conocida como «La Línea», operaba desde hacía al menos un año. Así lo señaló para la BBC de Londres, Iván Velásquez, encargado de la comisión de la ONU, indicando que «tenía como objetivo cobrar sobornos a empresarios y usuarios de distintas aduanas del país a cambio de modificar lo que los importadores debían pagar al fisco». Iván Velásquez, por cierto, es un magistrado colombiano, que apodan «Iván el terrible», por su implacable desempeño en casos contra paramilitares. Habiendo sido designado Director Regional de Fiscalías de Medellín en 1997, emprendió una lucha frontal contra los grupos de autodefensas. La investigación permitió establecer cómo a través de 43 empresas de fachada en Antioquia y Córdoba y 495 cuentas bancarias, el paramilitarismo había movido más de 25 mil millones de pesos en pocos años. Después siendo consejero de la CSJ de Colombia (2000-2006), ordenó la investigación por crímenes de lesa humanidad, contra políticos elegidos gracias a la comisión de masacres, homicidios selectivos y desplazamientos masivos ejecutados por los grupos paramilitares. Hasta el momento, la Comisión ha permitido la condena de aproximadamente 50 congresistas Colombianos. Este es el hombre que ha estado al frente de la investigación del ahora exPresidente Pérez Molina, a través de la citada CICIG.

La investigación, implicó 80.000 escuchas telefónicas y 5.000 mensajes de correo electrónico revisados, encontrando referencias a «el uno» y «la dos» que, según la CICIG y la Fiscalía General, corresponderían a la participación de Pérez Molina y su VP, Roxana Baldetti. Ya superan 40 los implicados del gobierno en el escándalo. Todo un tinglado de articulación institucional entre la CSJ de Guatemala, Congreso, disidencia política, comunidad internacional (CICIG), órganos policiales y el pueblo guatemalteco, que dieron cuenta del cohecho y hacen justicia en defensa de su dignidad y de su democracia. A Otto Pérez Molina, no le quedó más que marcharse del cargo. Y ya está preso.

Mientras tanto «en ciudad gótica», el desmantelamiento, la criminalidad y la desolación campean. Es inevitable preguntarse por qué Guatemala sí y nosotros no. Por que en Guatemala trascendieron los poderes públicos y el poder ciudadano pulsado por 25.000 protestantes en Plaza de Armas y frente al Palacio Nacional. Y pensar que más de un millón marcharon por la libertad en Venezuela… El pueblo de Guatemala va a elecciones el próximo domingo para votar Presidente y 4.000 cargos públicos. No cree en la clase política, pero 7,5 millones de electores forjaron su transición y estarán vigilantes de su desempeño. Un precedente regio de un pueblo no va de Guatemala a Guatepeor. Experiencia que los venezolanos debemos ver y copiar muy de cerca, para ver si algo aprendemos… ¡Bien hecho Guatemala! Hasta su expresidente tuvo la dignidad de renunciar e irse diciendo «para poder enfrentar personalmente las acusaciones por corrupción y teniendo en cuenta, por sobre todo el interés del Estado».

 

@ovierablanco

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Al expresidente Pérez Molina lo entristece no poder votar el domingo

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El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, acusado de corrupción, expresó hoy su tristeza por no poder votar el próximo domingo, día en que la población está convocada a elegir a las nuevas autoridades del país para el periodo 2016-2020.

«Personalmente estoy muy triste, no solo por eso si no por todo lo que está pasando», dijo el exgobernante en declaraciones a periodistas al concluir la audiencia en la que prestó su primera declaración ante el juez Miguel Ángel Gálvez.

Pérez Molina, quien renunció a la Presidencia para someterse a la Justicia, pasará el fin de semana en la cárcel del cuartel militar Matamoros, en la capital guatemalteca.

A ese lugar lo remitió ayer el juez en condición de prisión provisional, como medida de prevención y por temor a una fuga.

Guatemala celebrará elecciones generales el domingo para elegir presidente, vicepresidente, 158 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 338 corporaciones municipales.

En el caso de que ninguno de los 14 candidatos que se disputan la primera magistratura consiguiera el 50 por ciento más un voto, habrá una segunda vuelta el 25 de octubre próximo entre los dos más votados.

El que resulte vencedor sustituirá en la Presidencia el 14 de enero de 2016 a Alejandro Maldonado Aguirre, exvicepresidente que ayer fue investido en el alto cargo tras aceptar el Congreso la renuncia de Pérez Molina.

Durante la audiencia de dos días, en la que el Ministerio Público pidió ligar a proceso al expresidente por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, Pérez Molina defendió su inocencia y dijo que las denuncias en su contra son «mal intencionadas» y que carecen de sustento.

El juez dijo que analizará todos los medios de prueba que se han presentado durante la audiencia y que dará a conocer su fallo el próximo 8 de septiembre.

Pérez Molina: Si me hubiera querido ir del país, lo habría podido hacer

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Otto Pérez Molina, que renunció hoy a la Presidencia de Guatemala para someterse a la Justicia por denuncias de corrupción y cuya prisión provisional ordenó este jueves un juez, dijo que si se «hubiera querido ir del país» lo habría hecho.

«Si me hubiera querido ir del país lo habría podido hacer. Incluso hace dos días o el mismo día de ayer. Pero siempre lo dije: voy a respetar el debido proceso y voy a dar la cara», dijo Pérez Molina a periodistas en el Juzgado B de Mayor Riesgo.

El exmandatario fue imputado este jueves de tres delitos por la Fiscalía, que lo acusa de dirigir una red de corrupción en el ente recaudador de impuestos, caso por el que renunció para enfrentar a la Justicia.

«No estamos dispuestos a salir huyendo ni corriendo. Estamos dispuestos a asumir la responsabilidad para aclarar esta situación», agregó el exgobernante y general retirado, quien fue enviado a prisión provisional por el juzgado.

El ya expresidente se acercó a los medios tras la audiencia y ratificó nuevamente su inocencia, desvinculándose de las más de 35 escuchas telefónicas presentadas por el Ministerio Público (MP) en su contra durante la diligencia judicial, incluida una en la que le da órdenes al exdirector del ente recaudador de impuestos.

Las pruebas exhibidas, dijo Pérez Molina, «no tienen consistencia» y algunas de las supuestas evidencias que lo comprometen «están basadas únicamente en las escuchas».

«Eso lo hablaré mañana con el juez, cuando me toque hablar, para hacerle saber con todo respeto cuáles son los puntos de vista para que él tenga argumentos suficientes para poder discernir entre lo que presentó el MP y lo que yo aclare», agregó Pérez Molina.

Pérez Molina, de 64 años, fue ingresado este jueves en una cárcel que funciona en el cuartel militar Matamoros, en la capital, como ordenó el juez Miguel Ángel Gálvez.

Un tumulto de personas apostadas en la ruta gritaba «si se pudo» al paso del vehículo que transportó a Pérez Molina desde la Torre de Tribunales hasta el cuartel militar.

«Corrupto», fueron otras de las consignas, mientras la Policía se abría paso para ingresar al exmandatario a la instalación.

De acuerdo a las investigación de las autoridades, Pérez Molina supuestamente coordinó la trama de corrupción en el ente de impuesto en complicidad con 28 personas, incluida Roxana Baldetti, la exvicepresidenta que por el mismo caso renunció en mayo pasado al cargo y está en prisión preventiva desde el 21 de agosto.

El Congreso aceptó la dimisión de Pérez Molina y juramentó este jueves a Alejandro Maldonado, hasta ahora vicepresidente, como el nuevo jefe del Estado, un cargo que ejercerá hasta el próximo 14 de enero, cuando culmina el período de 4 años para el que fue elegido el ahora exmandatario.

Dictan prisión provisional para el expresidente Pérez Molina

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El juez Miguel Ángel Gálvez ordenó hoy la prisión provisional del expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, acusado de liderar una red de defraudación conocida como «La Línea».

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«Esta es únicamente prisión provisional y no preventiva», aclaró Gálvez en la primera audiencia del caso, y ordenó el traslado a una cárcel en el Cuartel Militar Matamoros, en la capital, de Pérez Molina, quien hoy dejó de ser presidente de Guatemala luego de que el Congreso aceptó su dimisión.

El juez explicó que la medida de arresto provisional obedece al peligro de fuga y busca garantizar tanto la vida de Pérez Molina como que mañana continúe la audiencia de primera declaración del imputado.

El abogado del exmandatario, César Calderón, trató de impedir la prisión provisional al interponer un recurso, por considerar que se violaba la presunción de inocencia, pero el juez lo rechazó.

«La prisión provisional es para garantizar la seguridad de Pérez Molina», enfatizó el juez, que convocó para mañana la continuidad de la audiencia.

La Fiscalía imputó este jueves a Pérez Molina los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera.

Pérez Molina es acusado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU, de dirigir una red de corrupción en el ente recaudador de impuestos, en complicidad con al menos 28 personas, incluida Roxana Baldetti, quien renunció a la vicepresidencia en mayo pasado y cumple arresto preventivo por el caso.

El oficial de la Policía Nacional Civil (PNC, Julio Cordón), fue delegado por el juez para trasladar a Pérez Molina al cuartel Matamoros.

EFE Sep 03, 2015 | Actualizado hace 9 años
Renunció el presidente de Guatemala

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El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado de corrupción, renunció al cargo con el fin de «mantener la institucionalidad del Ejecutivo», informó hoy una fuente oficial.

Pérez Molina, el primer presidente desaforado de la historia del país, está acusado de liderar la red de corrupción aduanera «La Línea» y desde ayer miércoles pesa sobre él una orden de captura.

El portavoz oficial de la Presidencia, Jorge Ortega, precisó a Efe que el presidente firmó la carta de renuncia a las 19:00 hora local del miércoles (01:00 GMT del jueves).

El objetivo, aseguró, es «mantener la institucionalidad y el orden que corresponde dentro del Estado», además de enfrentar «de manera individual» el debido proceso en su contra.

El general retirado perdió su inmunidad y privilegios el martes tras el voto unánime de 132 diputados, después de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo acusaran el 21 de agosto de corrupción.

De acuerdo con la investigación de más de 18 meses de ambas entidades, Pérez Molina supuestamente dirigía la red clandestina dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con la complicidad de al menos 28 personas, incluida la exvicepresidenta (2012-2015) Roxana Baldetti, en prisión desde el 21 de agosto.

El portavoz presidencial manifestó que la decisión de Pérez Molina «sí» fue difícil pero que, a pesar de ella, el presidente sigue defendiendo su inocencia.

No obstante, agregó, el desarrollo de los eventos lo obligaron a tomar esta decisión.

La carta de renuncia ya fue entregada al Congreso a las 23:58 hora local del miércoles (04:58 GMT del jueves) y, por la coyuntura política, el «escenario está claro» y esperan que el pleno la acepte.

El juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado B de Mayor Riesgo, dictó ayer miércoles una orden de detención contra el mandatario.

Ortega declaró que no sabe si este u otro fue el detonante para que Pérez Molina decidiera dejar el cargo.

El abogado personal del presidente, César Calderón, indicó ayer a Efe que para evitar que Pérez Molina sea llevado «a la fuerza» por las autoridades, acudirán de forma voluntaria ante el juzgado esta mañana, aunque no especificó la hora.

El mandatario, quien tomó posesión del cargo el 14 de enero de 2012, había reiterado desde que fue acusado que no iba a dimitir para garantizar la celebración de las elecciones generales del próximo domingo.