Organismos Internacionales

La diputada Delsa Solórzano aseguró que han recabado más de 30 testimonios

La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) informó que han recabado testimonios de personas que han sido víctimas de violaciones de Derechos Humanos en los enfrentamientos de Apure.

Solórzano indicó, en la sesión virtual de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, que han recibido denuncias sobre el uso indiscriminado de armas de fuego contra una población desarmada.

Igualmente se refirió al caso del asesinato de los miembros de la familia Ramírez Remolino y que el hijo mayor, quien es uno de los desplazados de la zona, es uno de los testimonios que ha denunciado los hechos. Habría explicado que su familia era campesina y que en el operativo preguntaban la nacionalidad de las personas y ellos portaban una cédula colombiana, porque tenían doble nacionalidad. 

«Los testigos dicen que los asesinados fueron una joven madre venezolana, su cuñado y un niño de 17 años. Hoy todos los sobrevivientes temen por su vida», añadió.

Solórzano explicó que han recabado más de 30 testimonios que han sido remitido a los organismos internacionales. 

«Estos hechos podrían configurar como un crimen de asesinato estipulado en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se están realizando investigaciones independientes por parte de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos», explicó.

En el debate de la AN también participó el diputado Luis Lippa (PJ-Apure) indicando que desde La Victoria, se han desplazado 4.700 hacia Colombia y que han recibido albergue por parte de las autoridades y también de familiares y amigos. 

Aseguró que esta situación se da por la ausencia institucional de los organismos de seguridad y que eso permitió la ocupación de otras personas y la gente no sabe quién los puede atender. «Les tienen miedo a los cuerpos de seguridad y a los demás también, porque sienten que ha habido excesos, abusos, han perdido alimentos y han tenido pérdidas económicas», explicó.

Exigió que haya garantías de seguridad para que los venezolanos puedan regresar a sus casas y fincas. «Estas son personas humildes, trabajadores, productores que han vivido en esa zona en los últimos años teniendo miedo por sobrevivir a la crisis y ahora se suma un conflicto armado interno». 

AN denuncia disputa por droga

El diputado Romel Guzamana (VP-Representación indígena) aseguró que en la zona hay una disputa por la droga. «Lo que pasó el 19 de marzo es la guerra por el territorio que jamás fue tomada en cuenta por este régimen, es totalmente desatendida y dejada a manos de terroristas», añadió.

«Los ataques, han matado y masacrado a varias familias campesinas indígenas, en vez de ayudar lo que hacen es masacrar y crean un falso positivo y ofenden a las familias como hicieron en El Amparo», aseveró el diputado. 

También aseguró que los militares venezolanos sobrevolaron con aviones y helicópteros y sacaban a las personas de sus casas, las cuales fueron saqueadas. «Les llevaron televisores, nevera, comida, es una burla especialmente a esos campesinos trabajadores y que siempre fueron hostigados por el régimen de Maduro». 

El diputado Williams Dávila (AD-Mérida) denunció que Apure ha quedado como el «epicentro de un sangriento ajedrez político» donde hay 110 trochas (pasos ilegales) y que son fuentes de financiamiento para grupos irregulares, guerrillas, policías y autoridades civiles y militares. 

Eso, según el diputado de la AN, se sumaría a las 250 trochas que hay en Táchira y las 180 que hay en el estado Zulia. «Pasan carros, drogas, mercancías, hay un abandono total del Estado, no solo desde la seguridad, sino de la educación». 

Dávila expresó que hay un micro Estado para poder mantener la estructura del «poder usurpado». «Lo que sucede en Apure no es ajeno al Zulia o el Táchira, porque es la fuente de financiamiento, se convirtieron en zonas de exterminio». 

«Los crímenes que suceden ahí no son investigados por el Estado venezolano y Padrino López quiere montar un falso positivo, que lo ocurrido en Apure es una política diseñada por Colombia para desestabilizar la frontera», dijo el diputado. 

Sin embargo, aseguró que la intensidad de los enfrentamientos se deben a la permisividad que tiene Nicolás Maduro con las disidencias de las FARC, «que ha permitido albergar terroristas y trae como consecuencia este desplazamiento. La pandemia fue utilizada para fortalecer su control». 

También pidió que estos hechos llamen la atención de la región, al haber minas antipersonas en esa zona, «El hecho de que haya minas pone en peligro a la población y viola el tratado de Ottawa». 

 

Se ha dicho, que “en el saber pedir está el modo de dar y recibir” lo cual, desde la perspectiva de la diplomacia, tiene una importante significación. Sobre todo, en el contexto de la política. Pudiera verse como una invocación al hecho de actuar en correspondencia con necesidades de mutua demanda entre partes adversas. En este sentido constituye un recurso de comunicación asertiva pues como mecanismo de persuasión, tiene la capacidad de lograr el proceso de negociación o acuerdo requerido ante una situación de apremio. Tanto es así, que la diplomacia puede entenderse no tanto en cómo reclamar soluciones, que en cómo pretender una respuesta sin que la contraparte caiga en cuenta del carácter de aprobación asumido ante lo solicitado. O sea que sin hablar mucho, puede conseguir lo suficiente. Quizás, fue lo que advirtió Winston Churchill cuando asintió que “el diplomático es una persona que primero piensa dos veces y finalmente no dice nada”. Así lo adujo, para que se comprendiera que la diplomacia se supedita a aquel principio político según el cual es ineludible demostrar que “las actitudes son más importantes que las aptitudes”.

La diplomacia, tal como la estila su praxis actual, incitada por la dinámica política que en la actualidad le caracteriza, no siempre es respetuosa de los procesos y procedimientos que rigen el ejercicio de la democracia. Las dificultades surgen cuando la renuencia atosiga la conducta del diplomático toda vez que responde a comportamientos de obstinada condición o de extremista disposición. No termina de reconocer que lo importante no es tanto atender los corrillos de pasillo, como averiguar lo que está pensándose o maquinándose tras las apariencias. Sobre todo, en momentos en que las oportunidades parecieran no remontar la cuesta de las circunstancias. Razón tuvo Pitágoras para exhortar que, ante situaciones críticas, toda persona debe medir sus deseos, pesar sus opiniones y contar sus palabras. Sentencia ésta que bien orientaría el oficio del diplomático en medio de toda discusión que comprometa su actitud política.

Sin embargo cuando la obstinación envuelve las emociones que invaden el ámbito diplomático, tienden a desvirtuarse formas que son necesarias a los fines de preservar el carácter recíproco por el cual se valora el Derecho Diplomático. Asimismo, se enrarecen la vías políticas que atribuyen sentido a la diferencia que reina entre las acepciones de Política Exterior, Diplomacia y Derecho Diplomático. Su confusión, acarrea serias consecuencias al Derecho Internacional el cual pauta necesarios acuerdos y negociaciones entre Estado-Naciones.

El cuadro que vive el continente americano, de cara a los múltiples cambios que están produciéndose, plantea una diplomacia acorde con exigencias de estratégica condición política. Precisamente la situación que ahora caracteriza a Venezuela, en el fragor de la grave crisis política que padece, y que arrastra otras crisis de tipo económico y social, demanda una diplomacia que haga concordar un discurso de presuntuoso interpretación con una realidad de exasperada situación. No obstante más pudo la pobreza intelectual y cultural al primar el nombramiento de la actual canciller de la República, que la necesidad inminente de contar con una personalidad preparada en materia diplomática que supiese manejarse ante las normas y usos conexos que rigen las relaciones formales entre los Estados, y de estos con otros sujetos del Derecho Internacional. He ahí el problema toda vez que hay quienes en materia diplomática se entregan a hablar de cosas, de gente. Pero no tienen la capacidad para hablar de ideas. Quizás, porque carecen de ellas.

Ese ha sido y sigue siendo el problema que, reiteradamente, ha puesto en ridículo a Venezuela cada vez que organismos internacionales, como es el caso de la Organización de Estados Americanos, requieren de la asistencia o presencia de la representación “diplomática” del país ante ineludibles convocatorias. Lo que recién se vivió en Washington, en el Consejo Permanente de esa organización, luce difícil de calificar toda vez que el papel de la representante por Venezuela, no atinó a actuar con la moderación y cordura que el encuentro motivaba. El estilo ramplón de la forzada “diplomática”, deslució más que de costumbre pues no sólo quiso desconocer el objeto del llamado institucional. Sino que además, pretendió desconocer altaneramente el orden según el cual se establecía la agenda de la reunión. Tanto así, que le fue elevado un reclamo dada la confusión que su intervención avivó y que no llegó a advertir. Al punto, que su retorno al país motivó una campaña con tal grado de desinformación, que la cúpula gubernamental la aprovechó para torcer la esencia del referido acontecimiento y manipularlo a su entero antojo deformando de esa manera, verdades y realidades.

La resonancia de la intervención de la canciller venezolana en la OEA, no sólo puede calificarse como la apología de la desfachatez. También, como un elogio a la locura ideológica encauzada por la involución que ha retraído el desarrollo del país en concordancia con la ineptitud y codicia de sus gobernantes. Las incoherencias expuestas en nombre de la “diplomacia socialista”, repercutieron espantosamente en el discurrir de un continente que, políticamente, viene zafándose de trampas populistas que, sobre naciones con historiales de democracia, tramó la tirantez de proyectos totalitarios que han pretendido desplazar las libertades y derechos humanos para sustituirlos por verticalismos propios de despotismos militaristas. Con la vergüenza del caso, eso fue lo que terminó llamándose: el efecto “Delcy”.

@ajmonagas

 

Durante un debate de la comisión del Poder Popular y Medios de comunicación Social de la Asamblea Nacional, su presidente el diputado Tomás Guanipa indicó que integrarán el informe presentado por la organización Espacio Público y el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa, para ampliar los argumentos que se llevarán ante los organismos internacionales en los que se denunciará el estado de la Libertad de Expresión y de la Prensa en Venezuela.

Tomás Guanipa dejó claro que «vamos a hacer todas las gestiones necesarias, está comisión que representa a la Asamblea Nacional, electa el 6D, va a elevar a instancias internacionales lo que está ocurriendo con la violación a los derechos humanos en cuanto a la libertad de expresión en Venezuela para que sea un tema que sea debatido en todos los foros multinacionales que existen en el mundo, para que abran los ojos sobre lo que en Venezuela está ocurriendo y esta es una razón para que promovamos un cambio en Venezuela».

Tomás Guanipa indicó que «cuando un gobierno intenta a través de mecanismos institucionales y toda una infraestructura que le permita mantener el control hegemónico sobre lo que se informa en Venezuela, es absolutamente inaceptable para un país que se llame democrático. En Venezuela hay censura, hay censura cuando los medios de comunicación televisivos se le dan concesiones por uno o dos años, en vez del tiempo establecido en la ley».

A juicio del diputado, en el país se evidencia la censura en los medios cuando a las emisoras radiales no se les renuevan las habilitaciones a pesar de cumplir con los requisitos necesarios, o cuando existen más de 1500 emisoras clandestinas que responde a una línea editorial de gobierno y estas no son fiscalizadas.

«Hay censura cuando se monopoliza la venta del papel periódico y su importación y se distribuye a medios públicos y deciden ellos, como lo dijo el mismo presidente del Complejo Maneiro, a quien venderlo y a quien no, haciéndole un daño gravísimo con bienes que son del Estado a medios que son patrimonio de los venezolanos», acotó.

Por su parte, Carlos Correa de Espacio Público presentó un informe detallado de las irregularidades y situaciones que se convierten en violaciones flagrantes al derecho a la información y la libertad de expresión de los venezolanos.

Correa propuso a los integrantes de la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación que realicen cambios en los instrumentos jurídicos que regulan a la comunicación y al código procesal penal para hacer «menos restrictivas y punitivas» las sanciones y más garantes del Derecho.

El Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marcos Ruiz al hacer uso del derecho a palabra reiteró la necesidad de controlar las agresiones a periodistas, fotógrafos y los trabajadores de los medios de comunicación, para que estos hechos no sigan repitiéndose en el país.