La diputada Delsa Solórzano aseguró que han recabado más de 30 testimonios
La diputada de la Asamblea Nacional (AN), Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano-Miranda) informó que han recabado testimonios de personas que han sido víctimas de violaciones de Derechos Humanos en los enfrentamientos de Apure.
Solórzano indicó, en la sesión virtual de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, que han recibido denuncias sobre el uso indiscriminado de armas de fuego contra una población desarmada.
Igualmente se refirió al caso del asesinato de los miembros de la familia Ramírez Remolino y que el hijo mayor, quien es uno de los desplazados de la zona, es uno de los testimonios que ha denunciado los hechos. Habría explicado que su familia era campesina y que en el operativo preguntaban la nacionalidad de las personas y ellos portaban una cédula colombiana, porque tenían doble nacionalidad.
«Los testigos dicen que los asesinados fueron una joven madre venezolana, su cuñado y un niño de 17 años. Hoy todos los sobrevivientes temen por su vida», añadió.
Solórzano explicó que han recabado más de 30 testimonios que han sido remitido a los organismos internacionales.
«Estos hechos podrían configurar como un crimen de asesinato estipulado en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Se están realizando investigaciones independientes por parte de organismos internacionales en materia de Derechos Humanos», explicó.
En el debate de la AN también participó el diputado Luis Lippa (PJ-Apure) indicando que desde La Victoria, se han desplazado 4.700 hacia Colombia y que han recibido albergue por parte de las autoridades y también de familiares y amigos.
Aseguró que esta situación se da por la ausencia institucional de los organismos de seguridad y que eso permitió la ocupación de otras personas y la gente no sabe quién los puede atender. «Les tienen miedo a los cuerpos de seguridad y a los demás también, porque sienten que ha habido excesos, abusos, han perdido alimentos y han tenido pérdidas económicas», explicó.
Exigió que haya garantías de seguridad para que los venezolanos puedan regresar a sus casas y fincas. «Estas son personas humildes, trabajadores, productores que han vivido en esa zona en los últimos años teniendo miedo por sobrevivir a la crisis y ahora se suma un conflicto armado interno».
AN denuncia disputa por droga
El diputado Romel Guzamana (VP-Representación indígena) aseguró que en la zona hay una disputa por la droga. «Lo que pasó el 19 de marzo es la guerra por el territorio que jamás fue tomada en cuenta por este régimen, es totalmente desatendida y dejada a manos de terroristas», añadió.
«Los ataques, han matado y masacrado a varias familias campesinas indígenas, en vez de ayudar lo que hacen es masacrar y crean un falso positivo y ofenden a las familias como hicieron en El Amparo», aseveró el diputado.
También aseguró que los militares venezolanos sobrevolaron con aviones y helicópteros y sacaban a las personas de sus casas, las cuales fueron saqueadas. «Les llevaron televisores, nevera, comida, es una burla especialmente a esos campesinos trabajadores y que siempre fueron hostigados por el régimen de Maduro».
El diputado Williams Dávila (AD-Mérida) denunció que Apure ha quedado como el «epicentro de un sangriento ajedrez político» donde hay 110 trochas (pasos ilegales) y que son fuentes de financiamiento para grupos irregulares, guerrillas, policías y autoridades civiles y militares.
Eso, según el diputado de la AN, se sumaría a las 250 trochas que hay en Táchira y las 180 que hay en el estado Zulia. «Pasan carros, drogas, mercancías, hay un abandono total del Estado, no solo desde la seguridad, sino de la educación».
Dávila expresó que hay un micro Estado para poder mantener la estructura del «poder usurpado». «Lo que sucede en Apure no es ajeno al Zulia o el Táchira, porque es la fuente de financiamiento, se convirtieron en zonas de exterminio».
«Los crímenes que suceden ahí no son investigados por el Estado venezolano y Padrino López quiere montar un falso positivo, que lo ocurrido en Apure es una política diseñada por Colombia para desestabilizar la frontera», dijo el diputado.
Sin embargo, aseguró que la intensidad de los enfrentamientos se deben a la permisividad que tiene Nicolás Maduro con las disidencias de las FARC, «que ha permitido albergar terroristas y trae como consecuencia este desplazamiento. La pandemia fue utilizada para fortalecer su control».
También pidió que estos hechos llamen la atención de la región, al haber minas antipersonas en esa zona, «El hecho de que haya minas pone en peligro a la población y viola el tratado de Ottawa».
