Desde 1982 hasta la presente fecha, en Venezuela se han registrado cinco masacres en distintas zonas del territorio nacional y con un saldo de víctimas diferente en cada escenario. Estos hechos ocurrieron durante los gobiernos de distintos presidentes, unos copeyanos. otros adecos y otros chavistas. Pareciera que ninguna gestión democrática, de la ideología política que sea –izquierda o derecha– ha estado libre de estas violaciones de Derechos Humanos.
La primera de estas ocurrió en la ciudad de Cantaura, en el estado Anzoátegui, el 4 de octubre de 1982, época en la cual gobernaba Luis Herrera Campins. En esta ocasión hubo 23 víctimas pertenecientes al grupo del Frente Guerrillero «Américo Silva» del partido Bandera Roja. En esta masacre participaron seis organizaciones del Estado: Ejército Nacional de Venezuela, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Cuerpo Técnico de Policía Judicial (CTPJ), Dirección de Inteligencia Militar (DIM) y Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP).
En el estado Apure, específicamente en El Amparo, 14 pescadores fueron asesinados el 29 de octubre de 1988, cuando Jaime Lusinchi era el presidente de la República. Militares del Comando Específico «José Antonio Páez» (CEJAP), el General Humberto Camejo Arias, el Coronel Enrique Vivas Quintero –ambos pertenecientes al CEJAP– y el Jefe Nacional de Operaciones de la DISIP, Henry López Sisco, fueron los cuerpos policiales que participaron en esta masacre. Ramón Rodríguez Chacín, uno de los hombres de confianza del expresidente Hugo Chávez, también participó en esta masacre. Fue ministro de Interior y Justicia y, en la actualidad, es el gobernador del estado Guárico.
El 22 de septiembre de 2009, durante el gobierno de Hugo Chávez, efectivos de la Policía Metropolitana (PM) cometieron una masacre que acabó con la vida de 10 personas que, presuntamente, pertenecían a una banda delictiva que operaba en distintas zonas de la parroquia El Valle. El hecho ocurrió en el Barrio «El 70».
En Yumare, ubicado en el estado Yaracuy, funcionarios de la DISIP, bajo el mando del ya mencionado Henry López Sisco, asesinaron a nueve dirigentes sociales tras confundirlos con un grupo guerrillero. La masacre ocurrió el 8 de mayo de 1986, también bajo el mandato de Lusinchi.
Otra masacre que se registró bajo el mandato del expresidente Chávez fue la que ocurrió en el Municipio Raúl Leoni del estado Bolívar. Un grupo de 10 militares del Teatro de Operaciones número 5 (TO5) asesinó a seis mineros en el sector de La Paragua, en lo que se conoce hoy como «La masacre de La Paragua». El hecho ocurrió el 26 de septiembre de 2006 y estos 10 funcionarios fueron condenados más de un año después, el 18 de diciembre de 2007, según reseñó El Universal.
El viernes 4 de marzo de 2016, 20 años después de los sucesos de Yumare, habría ocurrido la que podría ser la mayor masacre de la historia democrática de Venezuela. En Tumeremo, estado Bolívar, habrían sido asesinados 28 mineros en una presunta acción conjunta de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y bandas delictivas.
A través de su cuenta en Twitter, Empresas Polar denunció que efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana desviaron 28.800 toneladas de Harina PAN en Maracaibo. El producto poseía la autorización para ser despachado en Makro, pero de igual manera fue decomisado y posteriormente desviado, sin ninguna explicación, a Fundamercado.
Ante lo ocurrido esta tarde en Maracaibo, Empresas Polar anunció que ejercerá acciones legales en su defensa porque este hecho viola la Ley del Sistema Nacional Integral Agroalimentario.
Durante las últimas semanas, Empresas Polar ha estado en el ojo del huracán tras recibir distintas amenazas por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En diversas ocasiones, el mandatario venezolano ha arremetido contra el presidente de esta empresa, Lorenzo Mendoza. «Llamo al apoyo de ustedes, no permitamos que Lorenzo Mendoza siga saboteando la economía del país», dijo Maduro a principios del pasado mes de febrero.
Alimentos Polar denuncia desvío arbitrario de 28.800 toneladas de Harina P.A.N. por parte de la Guardia Nacional, en Maracaibo.
“¡Ay primo! El niño no aguantó. El niño murió”, se escuchó del otro lado del teléfono en la casa de Yusmery Chaparro la mañana del sábado 20 de febrero. Maikel Mancilla Peña, el mayor de los 4 hermanos de su casa y de los 11 primos de la familia, falleció esa madrugada con tan solo 14 años. El adolescente, luego de convulsionar repetidamente durante cinco días por no tener la medicación referida para su condición, perdió la vida.
Su muerte se une a la del pequeño hijo de Ricardo Medina, que en diciembre de 2015 y con tan solo tres años, falleció a causa de un cáncer de pulmón mientras esperaba el Cardioxane, un protector del corazón que le permitía recibir quimioterapia.
Maikel sufría de autismo severo y también era epiléptico, pero con los cuidados de su familia vivió una infancia apacible, según cuenta Yusmery, la tía. “Tenía dificultades por su condición y con el tiempo dejó de ser opción dejarlo en las escuelas especiales”, comenta. Su sobrino presentó la primera convulsión luego de cumplir 8 años y a raíz de eso le fue indicado un tratamiento para controlar los ataques. Tomaba anticonvulsivos como Diazepan y Lamotrigina, también sedantes, y sus horas dentro de casa se multiplicaron.
“Recuerdo que le pidieron evitar tener emociones fuertes, que no podía agitarse, sufrir tristezas, por lo que a veces permanecía sedado en cama”, relata la tía. Pese a ello, Maikel no dejó de jugar, brincar o sonreír con sus hermanos y primos, y hasta ayudaba en la cocina, “porque a él le encantaba la comida”, recuerda la señora.
La madre de Maikel, Yamaris Peña, es muy unida a sus tres hermanas. La muerte del mayor de los niños ha sido un golpe fuerte para toda la familia que reside en el mismo sector. La humilde casa materna, ubicada en la carretera vieja de Los Teques, era el punto de encuentro donde todos los primos se reunían para compartir y jugar.
El jueves 11 de febrero se agotó el último blíster de Lamotrigina que le quedaba a Maikel, y de nada sirvió que la familia entera se afanara en redes sociales para buscarla por todo el país. Su salud empezó a decaer y las convulsiones a hacerse cada vez más seguidas. Para el martes 16, ya no se daban cada tres horas sino cada hora y los lapsos de descanso eran menores por lo que lo llevaron al hospital Pérez Carreño.
La familia Chaparro denuncia que desde hace año y medio encontrar los medicamentos se ha hecho cada vez más difícil. Durante ese tiempo debieron buscarlos en varios establecimientos, incluidos Locatel, Fundafarmacia y Badan. Los costos eran elevados, dice Yusmery, “pero por lo menos se encontraban”. Este 2016 la escasez fue más severa. “Dejamos de conseguir las marcas que a él le pedían y se le empezó a administrar genéricos, cosa que tampoco es recomendada y de un tiempo para acá, nada”, dice la mujer.
El 11 de febrero de 2016, el Tribunal Décimo Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes negó una solicitud de medida preventiva anticipada por el desabastecimiento de medicamentos esenciales para niños y niñas. Este tribunal se retrasó 17 días para finalmente negar la solicitud realizada por CECODAP, una ONG dedicada a la protección, promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.
La ONG introdujo la medida preventiva el pasado 25 de enero debido a la escasez de fármacos que se está dando en todo el territorio nacional y que también ha afectado a los infantes. Esta medida busca garantizar el acceso a medicamentos esenciales para todos los niños, niñas y adolescentes, que, de acuerdo con la Ley de Medicamentos, son básicos, indispensables e imprescindibles, y deben ser asequibles en todo momento y en dosis apropiadas para todos los segmentos de la población.
En su decisión, el tribunal argumentó que negó esta medida preventiva «por no haber pruebas suficientes sobre la escasez de medicamentos» en el país. En su sentencia, este tribunal incluso obvia las declaraciones que hizo el pasado 29 de enero la ministra para la salud, Luisana Melo, quien admitió que había escasez de medicamentos en el país: «efectivamente existe desabastecimiento de medicamentos, pero se nota y se siente tanto porque en el 25% de medicinas que es de alta rotación y de alto consumo hay más déficit, por esto la población lo siente y está ocurriendo, es una situación que no la podemos negar».
Por otra parte, el propio Presidente de la República, en el decreto de Emergencia Económica, hace expresa referencia a las dificultades en el acceso de bienes y servicios esenciales en detrimento del derecho constitucional a la salud y a la alimentación.
«La sentencia indica que CECODAP solo se limitó a mencionar algunos casos médicos que reflejan una supuesta escasez de medicamentos y no acompañó documentación alguna que sustentara fehacientemente un desabastecimiento de medicamentos. La sentencia también insinúa que, en función de la corresponsabilidad de la sociedad civil con el Estado, las familias son quienes tienen el deber de suministrar medicinas a sus niños y niñas», explicó la organización Acceso a la Justicia.
En el mismo texto, Acceso a la Justicia calificó la sentencia como un «importante retroceso en materia de protección de niños y niñas» y añadió que «un niño, niña o adolescente no se puede ver limitado o restringido por las carencias o limitaciones injustificadas en la dotación de medicamentos y es una responsabilidad ineludible del Poder Judicial garantizar el cumplimiento de este derecho y exigirle al Poder Ejecutivo que cumpla con sus obligaciones. El Poder Judicial no puede anteponer el poder a los derechos de los ciudadanos, y menos aún los derechos de los niños y niñas, y su salud».
CECODAP introdujo este miércoles 24 de febrero una apelación de esta sentencia, tras 12 días en los cuales no hubo despacho por parte del tribunal. «Ahora resta esperar que venza el lapso de la apelación, que es de cinco días, para que la Corte Superior reciba el expediente y fije una audiencia que se celebrará entre los 10 y 20 días siguientes a la fecha de recepción de dicho expediente. Es decir, el próximo pronunciamiento de este tribunal sobre la apelación de la ONG se dará, aproximadamente, dentro de un mes», afirmó Laura Louza, quien pertenece a la organización Acceso a la Justicia.
Tras conocer las nuevas medidas económicas que anunció el presidente Nicolás Maduro la noche del miércoles 17 de febrero, Caracas despertó con un calor que ahogaba a sus transeúntes, aunque quizá era un reflejo de la sensación que genera este paquetazo económico del Ejecutivo. Las acciones consisten en: devaluación de la moneda al fijar el precio del dólar oficial en 10 bolívares por cada dólar (antes era de 6,30 bolívares por dólar), el cierre de Abastos Bicentenario, ajuste en los precios de productos regulados, aumento del precio de la gasolina e incremento del salario mínimo y de los cesta tickets como las dos más esperadas, siendo estos dos últimos puntos los que tocan más de cerca a los ciudadanos en su día a día.
Se trata de anuncios que, según los expertos en la materia, acarrearán un mayor índice inflacionario en el país, renglón que, de acuerdo con las cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV), ya cerró el 2015 en 180,9 %.
«Sí, esos aumentos nos perjudican a todos», fue la frase más repetida por las personas que realizan diversas labores en la capital: desde dos empleadas de limpieza, pasando por un par de jóvenes que trabajan y estudian, contando también a un hombre que atiende un kiosco, a un taxista, y una señora que vende donas de chocolate, arequipe, y crema pastelera en Chacaíto (porque le resulta mejor que trabajar por un sueldo mínimo, como ella misma lo dijo), hasta llegar a un bombero de una gasolinera.
«Te voy a ser sincera, estamos sobreviviendo», dijo Vilma Guzmán, que utiliza el Metro de Caracas y un autobús para ir a su trabajo todos los días. «Sí, yo creo que me afectan un poco», añadió refiriéndose a las medidas tomadas por el Ejecutivo. «Si te pones a ver, entre la comida que puedas conseguir, entre el pasaje que vayas a cancelar, entre una medicina, una u otra cosa ya el sueldo no te va a alcanzar; por lo menos a mí ya no me alcanza», sentenció la mujer que necesita operarse una rodilla y la intervención cuesta alrededor de 429 mil bolívares, según comentó.
Un joven de aproximadamente 20 años de edad y que es obrero, dijo, mientras encendía un cigarrillo, que este aumento le afectará «mucho, porque al subir la gasolina, sube todo». Luego de exhalar el humo de su cigarro, añadió que ya él ha pagado hasta 300 bolívares por un pasaje de autobús para poder llegar hasta su casa en Catia, cuando lo normal son 20 o 30.
En los alrededores de un kiosco, estaban dos mujeres sentadas en un muro mientras conversaban entre ellas y veían pasar los carros. Una comentó que es viuda y que tiene dos hijos, por lo cual la situación se le hace un poco más complicada con estas nuevas medidas porque aumentará el pasaje de autobús, entre otras cosas. Pero, a pesar de eso, dijo estar de acuerdo con el aumento de la gasolina si va a ser para el beneficio de todos los venezolanos. La otra, un poco mayor en comparación con la primera, dijo que tiene seis hijos y 18 nietos, y que siempre busca la manera de ayudarlos a todos, pero con estos ajustes se vuelve más complicado. «Uno ya no tiene cesta básica, uno no sabe lo que es comprar cesta básica, sino lo elemental (…) Pero pasa lo siguiente: te aumentan el salario, pero todo está por las nubes», comentó la madre viuda.
María Velazco, que viene del interior del país también se refirió a cómo podrían afectarle estas nuevas medidas económicas: «De muchas maneras, comenzando por el pasaje porque aumenta el gasto en las camionetas, yo por lo menos soy del interior del país, entonces eso aumenta». Sobre el aumento salarial, dijo que este incremento «(no sirve) para absolutamente nada porque al aumentar el salario mínimo, aumenta todo y no haces nada».
Otra joven caraqueña que estaba acompañando a Velazco, expresó que «el aumento de la gasolina es algo que realmente nos afecta a todos, es global, nos afecta totalmente porque por medio del transporte se transportan, valga la redundancia, todas las cosas que consumimos, lo que gastamos, lo que sea. Entonces, considero que es una locura. No es una solución para el país, sino un problema más». Cuando se refirió al salario, Génesis Montezuma concluyó: «Creo que somos, si no estoy equivocada, uno de los países con el salario mínimo más bajo, y no solo eso, sino que simplemente no nos alcanza para nada porque ¿cuánto cuesta un pantalón? ¿En cuánto está la cesta básica? El cesta ticket no te va a alcanzar para nada porque con tres o cuatro kilos de carne se te va la mitad de eso y hasta mucho más; los productos básicos no los consigues y tienes que comprárselos al bachaquero, ¿para qué te sirve el cesta ticket si el bachaquero no lo acepta?».
«Beneficios sí podría traerlos, pero depende de quién administre esos ingresos», dijo el encargado de un quiosco mientras atendía a un par de clientes. «Los reales van a quedarse en la tarjeta, en el cesta ticket y ¿cuándo van a sacarlo de ahí?», aunó al referirse a la escasez que se vive en el país. Asimismo, consideró que el aumento del bono alimenticio fue importante, pero que no habrá qué comprar, lo calificó como «un arma de doble filo».
Sabrina Medina, que vive de vender de donas cerca de la estación del metro de Chacaíto, considera que el aumento del salario mínimo sí afectará negativamente a los venezolanos «porque la devaluación viene muchísimo más grande; cada día todo viene más caro. Con el aumento de la gasolina el que tenía algo a 100 bolívares, lo va a querer poner en 1.000, así sea que lo que él va a invertir sea mínimo», dijo una comerciante informal.
«Eso son cortinas de humo como para hacer relleno, o sea, dime ¿qué haces tú con 11 mil bolívares mensuales? Por eso que yo trabajo en la economía informal, y este es un producto que yo ofrecía en un buen precio y esta mañana me lo subieron casi al doble. Me costaban entre 60, 70 y ya te la suben a 100 bolívares y te obliga a venderlas en 200, y la economía no te va a dar para eso», agregó Medina cuando se refirió al 20% de aumento del salario mínimo.
Orlando Pacheco, quien trabaja como taxista en Caracas y vive en Guarenas, comentó que estas son unas «medidas disfrazadas para terminar de sacarle el dinero de los bolsillos a los venezolanos». Además, calificó al Gobierno como «arruinado», al mismo tiempo que dijo que el Ejecutivo no tiene «ni para comprar una vela».
Tras realizar el recorrido por diversas zonas de Caracas, las declaraciones de estas personas parecen indicar que esa sensación de ahogo no fue por el calor que se vivió durante el día, sino por la situación económica que, como todos presienten, derivará en una crisis más profunda. Unas medidas económicas que le colocan el agua al cuello a los ciudadanos que «sobreviven» en un país en donde, paradójicamente, escasea hasta el agua.
Empresas Polar denunció el secuestro de cinco camiones que se encontraban distribuyendo productos de Cervecería Polar y Pepsi-Cola Venezuela para atender a los clientes de la zona oeste en Caracas.
Se conoció que los franquiciados y transportistas de estas unidades fueron interceptados violentamente por un grupo de motorizados en la avenida Sucre de Catia, quienes impidieron la distribución de estos productos que demandan los consumidores de dicha zona.
Gritando consignas políticas, tomaron posesión de las llaves de los camiones, rayaron las unidades y despojaron a los transportistas de sus celulares. En el sitio también se encontraban camiones de otras empresas.
Este escenario de violencia generó la interrupción momentánea de la distribución en la zona hasta tanto se normalice la situación y se pueda garantizar la seguridad de los franquiciados y transportistas.
Empresas Polar rechaza contundentemente estos hechos violentos que generan más zozobra en la población venezolana. A juicio de la organización, esta acción podría formar parte de la campaña sistemática de ataques contra Empresas Polar a través de medios de comunicación oficiales.
Empresas Polar ejercerá las acciones legales que sean pertinentes para defender sus derechos y garantizar el abastecimiento regular de sus productos, conforme lo establece la ley, contribuyendo así con la seguridad alimentaria de los venezolanos.
El Presidente de la subcomisión de Energía y petróleo, Diputado Jorge Millán, informó que el presidente de Corpoelec, Luis Motta Dominguez, no asistió a la interpelación citada por su despacho para este miércoles, con la finalidad de abordar el tema de la crisis eléctrica en el país.
En este sentido, Millán explicó que esta comisión pretende buscar soluciones para atender el grave problema que está viviendo el país con respecto a la situación eléctrica.
«Hemos invitado al Ministro y presidente de Corpoelec quien presentó excusas y nosotros lamentamos esta situación”, dijo.
El Diputado aseguró que se han dedicado muchos recursos del Estado Venezolano y hoy en día no se satisface la demanda de los ciudadanos, la cual no es respondida por quienes dirigen el gobierno.
El parlamentario anunció que para este jueves se llevará el tema de la crisis eléctrica a la plenaria de la Asamblea Nacional, para que los responsables de la misma puedan darle la cara al país.
«Ya basta que sigan robando el dinero de los venezolanos, que sigan desfalcando a nuestro país y mientras tanto no haya respuestas, y quienes paguen los platos rotos son los ciudadanos que hoy ven disminuida su posibilidad de tener un servicio básico como lo es la electricidad», manifestó el diputado.
Concluyó asegurando que «no es posible que con más de 61 mil millones de dólares invertidos en sistema eléctrico, sigamos teniendo la misma capacidad instalada eléctrica del 2013».
El gobernador de Miranda y líder de la oposición, Henrique Capriles Radonski, anunció en rueda de prensa la activación del referendo revocatorio para sacar a Nicolás Maduro de la Presidencia de la República. Esta es una de las cinco vías constitucionales para el cambio de gobierno.
1. «Ahora vienen con el cuento de que la renta petrolera se agotó, pero aquí lo que se agotó es el Gobierno de Nicolás Maduro».
2. «Venezolanos ha llegado el tiempo constitucional de revocar el Gobierno de Nicolás Maduro. Saldremos a recorrer las calles para lograrlo».
3. «Los civiles no damos golpes de Estado, y yo soy civil; no tengo armas lo que tengo es Constitución y votos».
4. «Aquí se le ha dado tiempo y poder de sobra a este Gobierno. Han tenido todo y Venezuela está destruida y con la inflación más alta del planeta».
5. «Nicolás Maduro va a ser el primer presidente revocado de la historia de Venezuela».
6. «Hemos tenido que aguantar ataques de lado y lado. Esperar no es un acto de cobardía; y al país hay que saberlo conducir».
7. «La enmienda es una competencia que tiene la Asamblea, pero esa enmienda sin haberse aprobado ya anuncia su muerte. Sabemos cual es la dificultad que tiene».
8. «El tribunal psuvista, no tiene nada de supremo ni de justicia».
9. «Que se apruebe la enmienda es una tarea de la Asamblea Nacional; pero nosotros en paralelo activaremos el referendo revocatorio».
10. «Se necesitan 3.899.273 firmas para activar el revocatorio. Hasta el gato quiere firmar».
11. «En Anzoátegui conocen bien a Miguel Perez Abad; y a ese le encanta el control de cambio».
12. «Cada día que pasa Nicolás Maduro en el poder la inflación sube 2% «.
