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MP imputa a director de la cárcel de Los Llanos por la masacre
 Tarek William Saab informó que cinco militares están acusados de disparar contra los reclusos

 

El Ministerio Público (MP) imputó este miércoles 13 de mayo a Carlos Graterol, director del Centro Penitenciario de Los Llanos Occidentales ubicado en Guanare, estado Portuguesa, así como a cinco funcionarios de la Guardia Nacional (GN) y cuatro reclusos por los sucesos del 1° de mayo en la cárcel de Guanare que dejaron como resultado la muerte de 47 reclusos y 67 personas heridas. 

A través de una rueda de prensa, el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente (ANC), Tarek William Saab, detalló que Graterol fue imputado por ser cómplice necesario en el delito de introducción de armas de fuego en centros penitenciarios.

Además de Graterol fueron imputados los funcionarios primer teniente Castro Malaguera, sargento primero Manuel Torres Parada, sargento mayor de tercera Rodríguez Escalona, sargento primero Almeida Gudiño y sargento primero Rodríguez García. Cada uno de ellos por disparar contra los reclusos.

Los efectivos serán imputados por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad correspectiva, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.

Estas declaraciones las ofreció en el fiscal, después de casi 12 días de lo sucedido en el centro penitenciario Cepella.

«Los custodios de la Guardia Nacional no realizaron las maniobras necesarias para la contención de los internos», reconoció Saab, al tiempo que dijo que «pudieron haberse lanzado gases lacrimógenos, disparos al aire pero no lo que ocurrió. Lamentablemente para la contención optaron por hacer uso de armas de fuego recibiendo respuesta también por parte de internos armados», dijo el fiscal. 

 

Los GN que dispararon contra los reclusos de la cárcel de Cepella quedaron identificados como Alberto Castro Malagueta, primer teniente; Jesús Manuel Torres Parada, sargento primero; Yojangel Simón Rodríguez Escalona, sargento mayor de tercera, Jorge David Almeida Gudiño, sargento primero y Francisco José Rodríguez García, sargento primero. Los mismos serán presentados ante el tribunal competente y se les imputará por los delitos de homicidio intencional en grado de complicidad, homicidio intencional en grado de frustración y abuso de poder.

Según Saab,  «Ese día los internos, obedeciendo órdenes de un líder negativo apodado «Olivo», emprendieron unas protestas por supuestos hechos irregulares durante la visita e, incluso, traspasaron la cerca perimetral del centro penitenciario, agrediendo al director del penal», dijo.

Sin embargo, el día de la masacre se pudo conocer que los detenidos dijeron a sus familiares que el motín comenzó ante la negativa de los custodios de dejar entrar comida suficiente al penal. Durante la cuarentena por la covid-19, las visitas a los centros penitenciarios también están suspendidas.

*Con información de TalCual y El Pitazo
MP solicitará a Colombia extradición de Clíver Alcalá
El fiscal general informó que adelanta los trámites para solicitar la extradición de Alcalá y las investigaciones contra Juan Guaidó

 

Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), anunció este viernes, 27 de marzo, que solicitará a Colombia la extradición del mayor general retirado Cliver Alcalá Cordones, por estar involucrado en un plan que supuestamente pretendía asesinar al gobernante Nicolás Maduro y a otros voceros del oficialismo.

«Quiero informar que haremos los trámites pertinentes para solicitar la extradición de Alcalá y vamos a hacer la solicitud formal a Colombia, pues se trata de un criminal convicto y confeso que pretendía provocar una matanza en nuestro país», subrayó el titular del Ministerio Público en rueda de prensa transmitida en televisión nacional.

El 26 de marzo, Alcalá Cordones confesó al medio de comunicación colombiano WRadio su participación en un plan junto a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y asesores norteamericanos en contra de Nicolás Maduro. Según él, firmaron un contrato para la compra de las armas en el que aparece la firma de J.J. Rendón, Guaidó y los asesores.

Estas armas, según información ofrecida por el fiscal, fueron incautadas el pasado 23 de marzo en territorio colombiano; las mismas serían utilizadas contra las autoridades venezolanas por grupos de asalto entrenados en la nación vecina. Según la información que tiene el gobierno de Maduro la operación estaba dividIda en tres grupos, cada uno conformado por 20 personas, la mayoría por militares venezolanos retirados, entrenados en Colombia con la «anuencia de las autoridades».

«El primer grupo es comandando por Juvenal Sequea Torres, alias ‘tigre’, el segundo es comandado por Félix Adonai Mata Sanguineti, alias ‘josé’; y el tercero estaba establecido en Riohacha, y era comandado por Robert Levid Colina Ibarra, alias ‘pantera’”, detalló.

Investigación penal y órdenes de detención

«Como informamos ayer, hemos abierto una investigación penal contra Juan Guaidó, Clíver Alcalá y otros involucrados en este intento de golpe de Estado», destacó Saab, quien agregó que también solicitaron órdenes de aprehensión en contra de Clíver Alcalá y Antonio Sequea.

Dichas órdenes según el funcionario oficialista fueron acordadas por el tribunal por traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación. Además solicitó la orden de detención por este caso a Manuel Figuera, Juvenal Sequea, Rubén Fernández, Josnars Baduel y Víctor Pimienta. Recordó que este último fue uno de los «colaboradores en la fuga del ex alcalde de Guanta, Jhonathan Marín, procesado por el desfalco de la Faja Petrolífera del Orinoco».

Resaltó que los tres comandantes de los grupos: Juvenal Sequea Torres, Félix Adonai Mata Sanguineti y Robert Levid Colina Ibarra, ya tienen órdenes de aprehensión vigentes, solicitadas el pasado el 22 de marzo.

MP inicia nueva investigación en contra de Juan Guaidó y Clíver Alcalá
Esta sería la cuarta averiguación que se abre en contra de Guaidó desde enero de este año

 

El fiscal general de la República, designado por la ANC, Tarek William Saab, anunció este jueves 26 de marzo el inicio de una investigación en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó y el ex militar  Cliver Alcalá Cordones, por un supuesto plan de golpe de Estado en Venezuela.

A través de su cuenta en Twitter, Saab escribió que designó a dos fiscales del Ministerio Público (MP) para «adelantar las correspondientes averiguaciones en donde Cliver Alcalá declara públicamente que junto a Guaidó y asesores norteamericanos pretendían» hechos violentos en la nación.

La decisión se produce luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara al presidente, Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Tareck El Aissami, de estar supuestamente vinculados con terrorismo y corrupción.

Saab reiteró que el presunto plan habría sido organizado en Colombia, donde Alcalá Cordones llevaría a cabo la conformación de «tres campamentos en localidades para entrenar a grupos de asalto contra Venezuela».

 

La cuarta investigación contra Guaidó

La investigación anunciada este viernes es la cuarta que se abre en contra de Juan Guaidó desde enero de este año.

El pasado 29 de enero el propio Saab acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar una serie de medidas en contra de Juan Guaidó, a raíz de una investigación que la Fiscalía había iniciado por las protestas nocturnas que se hicieron el 22 de enero en diversas partes de Venezuela.

Tras esta solicitud, el TSJ dictó prohibición de salida del país, congelamiento de cuentas bancarias y prohibición para grabar o enajenar bienes contra el presidente de la Asamblea Nacional.

Posteriormente, el 12 de marzo de este año, Saab anunció una segunda investigación contra Guaidó, esta vez al responsabilizarlo por el apagón que afectó a todo el territorio nacional el pasado 7 de marzo y que duró varios días.

La tercera investigación, que precede a la actual, se debe a una presunta trama de corrupción ocurrida en Cúcuta (Colombia), con el manejo de recursos entregados a funcionarios de Guaidó para la ayuda humanitaria.

 

 

*Con información de UR y Crónica.Uno

MP vincula a exgerente de seguridad de Pdvsa en robo de bobinas de acero

El fiscal designado por la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, responsabilizó a un exgerente de Seguridad de Pdvsa de haber permitido junto con un exdirector de la empresa Plantas Móviles de Venezuela la sustracción de bobinas de acero galvanizado.

Saab aseguró que Fernando Ferreira (exgerente de Seguridad de Pdvsa), en conjunto con José Rincón (exdirector de Plantas Móviles de Venezuela), permitió que sujetos aún por identificar sustrajeran las referidas bobinas valoradas en 6 millones 390 mil dólares.

“Las bobinas estaban almacenadas en los patios de la Industria Chino Venezolana de Taladros, ubicados en Palital, municipio Independencia del estado Anzoátegui”, informó Saab. El faltante de las bobinas fue descubierto en octubre de 2019.

Tarek William Saab aseveró que el 7 octubre de 2019 fue retenida en un punto de control de la Guardia Nacional, una gandola que transportaba parte del material sustraído, luego de haberse encontrado una “guía” firmada supuestamente por Fernando Ferreira, que carecían del sello húmedo de Pdvsa.

“El propio Ferreira llamó al puesto de control indicando que se debía permitir la circulación de dicho material, en virtud de que estaba autorizada por su persona y un supuesto ministro”, comentó Saab, de acuerdo a las pruebas recabadas por el Ministerio Público (MP).

 

 Investigaciones contra funcionarios del MP

 

El fiscal designado por la Constituyente informó también que descubrieron una trama de corrupción en la Fiscalía Superior del estado Falcón. Detalló que las autoridades que trabajan en este ente solicitaban a las personas altas sumas de dólares en efectivo cuando iban a ser presentados en tribunales, para imputarle un delito menor y así evitar que fuesen condenados.

Igualmente, aseguró que desde que está en el cargo “se han iniciado 187 investigaciones contra funcionarios del Ministerio Público: 78 están judicializados, 57 han sido privados de libertad y 14 ya han sido condenados”.

 

El caso de corrupción en Falcón se dio a conocer luego de que Kharim Jusef denunciara que fue víctima de extorsión por el exfiscal superior de Falcón, Diego Flores, quien acababa de ser removido del cargo.

Jusef había comprado 600 bultos de harina de maíz para sus supermercado, sin saber que la mercancía era robada. Luego de su detención, los abogados Nino Gómez y Félix Patiño se ofrecieron sacarlo del problema negociando con Flores a cambio de 40.000 dólares.

En las negociaciones también participó el fiscal 14º, Carlos Chirinos, y le indicaron a Kharim Jusef que por 35.000 dólares y uno de sus camiones de harina le imputarían un delito menos grave. El comerciante accedió y canceló $20.000 y entregó una camioneta Merú valorada en $11.000.

Nino Gómez recibió 5.000 dólares en efectivo antes de la audiencia y los otros 15.000 dólares se le entregaron a Darwin Padilla, escolta del fiscal Diego Flores, luego de que a la víctima le otorgaran medida cautelar sustitutiva de libertad.

Por este caso fue detenido Diego Flores y se solicitó orden de captura para Darwin Padilla, Carlos Chirinos y para los abogados Nino Gómez y Félix Patiño.

Por otra parte, Tarek William Saab indicó que el pasado 13 de febrero se solicitó orden de aprehensión contra Ibelize Ramos, fiscal auxiliar 7ª de Carabobo con Competencia en Materia de Delitos Comunes por omisión de la actuación fiscal. Tras una revisión, se observaron incongruencias con datos y fechas de dos causas. 

Al ser cuestionada por el error, Ibelize Ramos dijo haberse equivocado en esas y en 18 causas más “que se le habían olvidado en la gaveta”, por lo que omitió presentar el acto conclusivo en el lapso establecido.

El presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruíz, denunció el cierre “ilegal” del portal digital Venepress, después que se realizara un allanamiento a su sede.

Aseguró que los efectivos de seguridad que ejecutaron la inspección cambiaron este jueves las cerraduras de las puertas y prohibieron la entrada de los trabajadores.

“Bajo ninguna circunstancia es aceptable que como una medida de prevención o una medida cautelar, se decrete de manera unilateral el cierre de un medio de comunicación”, dijo.

Durante una manifestación que se llevó a cabo a las afueras del edificio ABA, ubicado en las Mercedes, resaltó que apróximadamente 30 periodistas están siendo afectados con esta medida.

 

Ruiz llamó a la ciudadanía a rechazar este tipo de acciones, por considerarlas como un “ataque” al ejercicio periodístico.

Entre las próximas acciones que tomará el SNTP junto con los trabajadores de Venepress está asistir a todas las instancias judiciales en Venezuela, para luego realizar las denuncias en organismos internacionales.

El caso también fue notificado a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos. Esperan que algún vocero de estas organizaciones fije posición en las próximas horas.

 

*Con información de UR y EN

El fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) designó dos fiscales con competencia nacional para la investigación del “plan conspirativo” presuntamente coordinado por la oposición, que “tenía como objetivo el asalto de instalaciones militares en el estado Sucre”.

“Apenas conocimos de esta lamentable noticia que coloca nuevamente a este sector radical que tomó por asalto la directiva de la Asambea Nacional (AN), para tratar de desestabilizar el país en estas navidades”, indicó en un contacto telefónico con la estatal Venezolana de Televisón.

 

El titular del MP criticó los intentos de socabar la paz en la nación durante el 2019 y denunció los intentos de golpe de Estado en contra del presidente Nicolás Maduro.

William Saab confirmó que el pasado jueves entregó al Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de allanamiento de inmunidad parlamentaria a varios diputados de la  Asamblea Nacional, “involucrados en tramas de corrupción”.

 

*Con información de Unión Radio

Más de 140 funcionarios del MP han sido procesados por corrupción

EL FISCAL DESIGNADO POR LA ANC, Tarek William Saab informó la mañana de este viernes 4 de octubre, que 140 funcionarios del Ministerio Público han sido procesados por corrupción desde el año 2017. 

“101 fiscales se encuentran bajo investigación penal y 48 están privados de libertad por los delitos de corrupción propia, abuso de autoridad y trafico de influencias”, dijo Saab.

En rueda de prensa, el fiscal precisó que las detenciones de los fiscales se han efectuado desde agosto del año 2017 en el área metropolitana de Caracas (26), en el estado Guárico (189, Lara (13), Bolívar (10), Zulia (9), Yaracuy (9), Barinas (8), Carabobo (8), Miranda (7), Anzoátegui (6), Flacón (5), Nueva Esparta (4), Sucre (4), Delta Amacuro (3), Mérida (2), Apure (2), Monagas (2), Portuguesa (2), Táchira (2), Trujillo (2), Aragua (1), Amazonas (1) y Vargas (1).

“Desde agosto 2017 hasta septiembre de 2019, el MP inició 44 investigaciones por casos de ejercicio ilegal de la minería. En ese lapso de tiempo se han imputado a 170 personas, 83 de las cuales permanecen detenidas”, detalló.

Al mismo tiempo, destacó que desde ese año se han realizado 10.400 investigaciones y han logrado 7.400 actos conclusivos. Así como también, 7357 imputaciones de las cuales se han obtenido 324 sentencias condenatorias.

 

 

*Con información de TC y UR

En lugar de investigar a Guaidó, el fiscal general de Venezuela debería investigar a Maduro, por Ignacio J. Alvarez

EN DÍAS RECIENTES EL FISCAL general de Venezuela, Tarek William Saab, tuvo acceso, por una parte, a dos fotos en las que el presidente (e) Juan Guaidó aparece con dos miembros de la banda narcoparamilitar “Los Rastrojos”, cuando cruzaba de Venezuela a Colombia, en febrero pasado, con el propósito de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Por otra parte, el fiscal general venezolano tuvo también acceso al discurso y a los mapas presentados el pasado 11 de septiembre al Consejo Permanente de la OEA por el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo. En tal ocasión, el ministro Holmes reveló, entre otros aspectos, detalles que vinculan al régimen dictatorial venezolano tanto con el ELN como con alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, fugitivos que, días después de ser calificados públicamente por Nicolás Maduro como “líderes de paz” y de anunciar éste que serían bienvenidos en Venezuela, anunciaron su decisión de retomar actividades guerrilleras.

En relación con las dos fotos, el presidente (e) Guaidó ha clarificado públicamente que es enorme el número de personas solicitan tomarse fotografías con él, que no conocía a las personas con quien aparece en dichas fotos, y que no tiene ninguna vinculación con ellas. Lo único que en principio revelan esas fotos es que en determinado momento el presidente (e) Guiadó y esas personas coincidieron en un lugar físico. Sin embargo, el fiscal venezolano anunció inmediatamente que “ante las graves evidencias que se han hecho públicas en las últimas horas, respecto a la vinculación de Juan Guaidó con el grupo narcoparamilitar conocido como Los Rastrojos, el MP informa que ha decidido abrir una investigación penal”. Se trata obviamente de una más entre las acciones infundadas y arbitrarias de persecución política que la dictadura venezolana ha emprendido contra Guaidó, sus familiares y sus colaboradores.

 

 

En contraste, ante las gravísimas y fundadas denuncias efectuadas por el ministro Holmes, con pruebas, de la “relación de cooperación entre los grupos armados y el régimen venezolano”, que constituye en sus palabras: “la mayor amenaza para la estabilidad democrática y la seguridad de la región”, y que evidencian la violación por la dictadura venezolana del deber establecido en la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU de “abstenerse de proporcionar apoyo activo o pasivo a las entidades y personas que participen en la comisión de actos de terrorismo”, el fiscal venezolano no ha iniciado absolutamente ninguna investigación.

Tal contradicción y doble estándar del fiscal venezolano ciertamente no sorprende. Al juzgar su actuación en el futuro será importante tener presente sus acciones, y quizás más relevante aun, sus omisiones. La impunidad que ha impulsado y garantizado es inolvidable e imperdonable. La principal labor del fiscal Saab ha sido dar luz verde a las violaciones masivas de derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, las detenciones arbitrarias y la represión brutal. A ello se suma apoyar, con su inacción, la alianza del régimen de Maduro con el ELN, con alias Iván Márquez, con alias Jesús Santrich, y con sus secuaces.

En lugar de ser parte integrante y fundamental de la dictadura, el fiscal Saab debería orientarse por instrumentos internacionales tales como las Directrices sobre la Función de los Fiscales, aprobadas por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, conforme a las cuales “los fiscales, de conformidad con la ley, deberán cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos, contribuyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del sistema de justicia penal”.

 

@IgnacioJAlvamar

 

* El autor es defensor internacional de derechos humanos, y, entre otros casos, es abogado de Juan Guaidó en casos de derechos humanos ante la OEA y ante la ONU. Las opiniones expresadas acá son exclusivamente del autor.