mineros desaparecidos

Familiares de las víctimas echan de menos la ayuda que el gobierno regional les prometió, entre las que se incluían casas de Misión Vivienda y pensiones para esposas e hijos de quienes fueron presuntamente asesinados por la banda de “El Topo” hace 6 meses

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ÉL ERA UNO DE LOS QUE RECLAMABA. Una de los tantos que, durante varias noches, pidió que le devolvieran a su hijo en cualquier condición. En marzo pasado, junto a los familiares y amigos de otros 16 mineros desaparecidos en Tumeremo, cerró la Troncal 10 del sur del estado Bolívar para exigir que le regresaran el cadáver de su muchacho que ni siquiera tenía 21 años.

“Yo me siento como abandonado después de todo lo que pasó. Yo estoy prácticamente necesitado, porque él era quien me ayudaba. Aunque no me ha faltado la bendición de nuestro Señor, a mí más nunca me dieron respuesta del caso”, dice el padre de una de las víctimas de la masacre que ocurrió hace seis meses. Por seguridad, prefirió mantener su identidad en secreto.

El reclamo del hombre no se refiere a las investigaciones sobre la tragedia, sino a las ayudas que el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, prometió a los familiares de quienes murieron a manos del más poderoso de los pranes de las minas del municipio Sifontes: Jamilton Andrés Ulloa Sánchez, alias “El Topo”. Varios de los parientes consultados coinciden en que, aunque no se hizo público, el mandatario regional aseguró que indemnizaría a los padres, esposas e hijos de los asesinados, y que en algunos casos, hasta les entregaría casas de la Misión Vivienda.

El padre indicó que, ante la necesidad y el miedo, la esposa de su hijo se fue al centro del país con su bebé. “Yo lo poquito que tengo, si puedo, se lo mando. Aquí una vez nos dieron un poquito de comida, y nos dijeron que iban a ayudar a las mujeres, que nos iba a apoyar. Pero nunca pasó más nada”, contó.

La hermana de otra de las víctimas relató que su cuñada, esposa de uno de los asesinados, debió vender un terreno que ambos habían comprado porque ya no tenía dinero. “Se le acabó la plata y ella tiene un hijo de un año, mi sobrino. ¿Cómo iba a hacer para comprar un kilo de harina, que cuesta como 2.500 o 3.000 bolívares?”, agregó. La mujer mencionó también el combo de alimentos que le otorgó la Gobernación de Bolívar. “Nos hicieron ir hasta el Fuerte Tarabay a recoger la bolsa (2 kilos de harina de maíz, 2 de arroz, 1 aceite) un mes después de la masacre. Y más nunca volvieron a dar nada. Eso es una burla”, afirmó.

Seis meses de miedo

Otro familiar sentenció que, desde la tragedia, la vida en las minas de Tumeremo no ha sido igual. A pesar de que los yacimientos de oro llevan años bajo el control de delincuentes y de que ya se habían registrado desapariciones, los pobladores asistían confiados, sabiendo que no debían contrariar al pran. Pero luego de que “El Topo” acabara en un solo día con 17 personas, nadie se siente a salvo. “Antes iban niños, mujeres y todo. Pero ahora sólo van los hombres y tienen que ser muy precavidos”, relató el pariente.

“Pero hay que volver a la mina, ¿qué vamos a hacer? Este es un pueblo minero y vivimos del oro”, aseveró la tía de uno de los jóvenes asesinados. De las 17 personas que murieron, 15 eran menores de 30 años.

Para Américo De Grazia, diputado que presidió la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para investigar estos hechos, el balance de los últimos 6 meses transcurridos después de la tragedia no es nada satisfactorio, porque las masacres han seguido ocurriendo. “Ahora, los asesinatos no sólo los cometen los pranes o los criminales de las minas, sino también las OLP, y luego dicen que murieron en supuestos enfrentamientos. La muerte es lo que sigue operando en las minas”, señaló.

Se comenta en Maripa de la muerte de 8 mineros en el alto Caura.Sucre/Edo Bolívar.Al menos 3 cadáveres llegaron al CICPC/Cd Bolivar

— Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 11 de julio de 2016

La masacre del Caura este fin de semana se materializó en las minas del Playón.Se habla de al menos 8 muertos.Tragedia ambiental y humana — Americo De Grazia (@AmericoDeGrazia) 11 de julio de 2016

De Grazia se ha convertido en portavoz de algunos de estos sucesos. Desde la masacre, han muerto 21 personas en las minas y 8 de estas han caído en las 4 OLP que se han aplicado en la zona desde entonces. Entre los decesos se cuenta el de “El Topo”, el autor de la matanza de los 17 mineros.

El diputado resaltó que las operaciones de los militares se han materializado en minas de Tumeremo, El Dorado, El Callao, Guasipati, La Paragua y el Alto Caura, donde los mismos obreros han reclamado los malos tratos y los robos que les han hecho los mismos uniformados, quienes les quitan el oro que sacan de los yacimientos. “Es un hecho lamentable que sea el signo de la muerte el que está marcando la ‘limpieza’ de territorios mineros que hoy pretenden ser entregados a grandes transnacionales”, aseveró.

Todas las zonas afectadas por las OLP, según De Grazia, están dentro de los 112.000 kilómetros que abarcan la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional del Arco Minero del Orinoco, decretada el 24 de febrero de 2016, 9 días antes de la masacre de Tumeremo.

“¿Eso es casualidad? ¿Eso no nos levanta un mínimo de sospecha?”, acotó De Grazia, quien recordó que el 31 de diciembre de este año vence el plazo para que buena parte de las minas de Bolívar se entregue a la empresa canadiense Gold Reserve bajo el paraguas del mencionado decreto. Para esa fecha, más de 30 mil mineros deben haber sido sacados de ese territorio.

La sombra de “El Topo”

Al final de la tarde del pasado 6 de mayo, el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, informó al país que más temprano, una OLP había tenido como saldo la caída de “El Topo” y que parte de su banda, señalada también por la masacre de los mineros, había sido detenida. Ya para ese momento, la foto del hombre a quien también llamaban “El Don”, había circulado en las redes sociales. Vestía una camiseta roja con el logo de la estatal Pdvsa y las manchas de sangre ocupaban la mitad de su pecho y un área cercana a la garganta.

Pero en Tumeremo, los familiares de las víctimas dudan que su verdugo esté muerto. “Yo no creo que lo hayan matado, por la forma de ser de ese nombre, con tantos contactos. No creo que se hubiese dejado matar así, en una mina”, comentó la tía de uno de los mineros masacrados.

“Yo lo único que le digo a usted, es que hay mucha gente que dice que ese señor se fue a Valencia después de que nos quitó a nuestros hijos. Todas las familias tenemos dudas sobre la muerte de ‘El Topo’”, dijo el padre de uno de los mineros masacrados.

Aunque la muerte de “El Topo”, para el Ejecutivo, cierra el caso, hubo quienes indicaron que faltaban cabos por atar. “Él era autor material del crimen, pero nunca se dijo quiénes eran los autores intelectuales, los verdaderos interesados en que esas áreas fuesen desalojadas para poder negociarlas con grandes transnacionales”, denunció De Grazia.
“Esta película no ha terminado. Apenas comienza y va a tener efectos colaterales, un genocidio financiero, étnico, ambiental, político”, reclamó el parlamentario. Para él, las investigaciones han dejado más preguntas y respuestas, entre estas, el porqué el Gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez -–a quien se ha asociado con las mafias mineras– desmintió la masacre durante las primeras horas de los acontecimientos.

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«YA YO HOY ESTOY MÁS LÚCIDA», dice la madre de una de las víctimas de la masacre de Tumeremo, ocurrida hace poco más de 30 días. Afirma que ha retomado poco a poco su rutina, aquella que había perdido la noche del 4 de marzo pasado cuando le dijeron que su hijo había sido asesinado por la banda de «El Topo«, un hombre que tenía bajo su control la mayoría de las minas del municipio Sifontes del estado Bolívar. Ella reconoce que la primera quincena de marzo la pasó entre protestas, llantos e incertidumbre hasta que, finalmente, 10 días después de que su muchacho partiera hacia «la bulla» de Atenas para no volver, el Ministerio Público anunció que habían conseguido su cadáver. Sin embargo, ella nunca lo vio.

«Hoy me preocupa saber si enterré a mi hijo o no lo enterré», comenta la madre al otro lado de la línea telefónica. No vio las fotos que los funcionarios suelen tomarle a los cadáveres cuando los consiguen, tampoco pudo verificar si la ropa con la que lo encontraron era la misma que llevaba cuando salió de su hogar. Lo único que aseguraba que aquel cuerpo era el de su familiar era la palabra de las autoridades, quienes no pusieron evidencia alguna sobre la mesa.

La mujer recuerda cómo transcurrieron las horas siguientes al anuncio del hallazgo de los cadáveres. El martes 15 de marzo la llevaron hasta el Fuerte Tarabay junto con los familiares de las otras 16 personas que tampoco regresaron del pequeño yacimiento ubicado en las cercanías de El Miamo. Allí se supone que les mostrarían los restos hallados que habían estado enterrados en la vía a otra de las minas de «El Topo»: Nuevo Callao. Pero eso, en su caso, no ocurrió.

El hijo de la mujer estuvo entre los primeros tres que reconocieron los forenses. Los funcionarios del Ministerio Público le indicaron que no le mostrarían el cuerpo por el avanzado estado de descomposición en el que estaba. «Mi hija (la hermana de la víctima) dijo que no se iba a quedar conforme hasta verlo y se quedó en el Fuerte hasta la noche, pero tampoco lo vio», apuntó la señora. Al día siguiente, cuando los parientes volvieron al Fuerte, supieron que los muertos ya estaban en urnas selladas.

La mayoría de los familiares enterraron el 16 de marzo los féretros que les habían entregado horas antes. Los cofres funerarios sólo estaban identificados con una pegatina que llevaba el nombre de cada víctima.

Algunos familiares organizaron funerales, pero ni siquiera así pudieron ver los cadáveres de los suyos. Quienes prestaron los servicios se limitaron a preparar las nuevas urnas con cal y aserrín para evitar que la putrefacción saliera de la madera, pero no se atrevieron a abrir las bolsas especiales en las que habían sido metidos los restos. Dijeron que no tenían autorización.

A un mes de la masacre de Tumeremo, las dudas de los familiares sobre los procedimientos hacen pensar que hay elementos que quedaron en secreto. Entre los entrevistados, sólo a uno le devolvieron la ropa que llevaba puesta la víctima; a la esposa de otro le dijeron que habían conseguido un cuerpo con una malla externa que este tenía a raíz de una hernia, pero nunca se la mostraron; la hermana de uno de los muchachos afirma que a su hermano, que era muy alto, lo metieron en un urna pequeñísima. Ninguno vio fotos, ninguno vio el cadáver.

Pero la incertidumbre no se cierne sólo sobre los cuerpos y su identificación, sino sobre una serie de preguntas que aún no tienen respuesta: ¿por qué nunca se difundió una lista oficial de desaparecidos?, ¿por qué tampoco hubo una de los cadáveres hallados? Si hay uno de los desaparecidos que es hoy testigo protegido, ¿de quién es el cuerpo número 17?

Atenas, El Peregrino y Nuevo Callao

El viernes 18 de marzo, el mayor general Gustavo González López, ministro de Interior y Justicia, ofreció una rueda de prensa para mostrar los avances que había en la investigación de la masacre. Ese día habló de cómo ocurrieron los hechos, de los detenidos, de los testigos protegidos y también de la organización de las bandas que se habían disputado el poder de «la bulla» de Atenas: la del «Gordo Lizandro», que supuestamente había controlado hasta ese día la mina y tenía al barrio La Caratica de Tumeremo como centro de operaciones, y la de «El Topo», que presuntamente perpetró la matanza.

De acuerdo con los datos difundidos por el representante del Ejecutivo, desde la madrugada del 4 de marzo, «El Topo» instaló una alcabala de al menos 30 personas en las cercanías del fundo El Peregrino, en la vía hacia «la bulla» de Atenas, a donde diariamente acudían a trabajar personas de Tumeremo y otras localidades del sur del estado Bolívar. Allí, los delincuentes detuvieron a quienes se trasladaron en moto por el camino. Los clasificaron entre mineros y malandros. A los primeros, los amarraron, amordazaron y obligaron a permanecer en un descampado bajo el sol. A los últimos, los ejecutaron con armas de fuego.

Pero la matanza no fue sólo allí. En horas de la tarde «El Topo» y parte de su gente siguieron el camino hasta la mina, alrededor de las 4:00 pm, en donde asesinaron a otras cuatro personas. Esos cadáveres los montaron en un camión que estaba en el lugar y obligaron a su conductor a que los llevara al fundo El Peregrino, en donde aguardaban las otras víctimas. Allí descargaron los cuerpos que traían de Atenas y los montaron en un volteo. En total, 17 personas cayeron ese día: 16 recibieron disparos en la cabeza y sólo uno tenía un tiro en el pecho.

Fuente: Ministerio de Interior y Justicia

En horas de la noche, los de «El Topo» liberaron al resto de los mineros. A todos los amenazaron con matarlos si contaban algo en el pueblo. Antes de dejarlos ir, cargaron el volteo con todos los asesinados y los condujeron hasta las cercanías de la mina Nuevo Callao. Una retroexcavadora fue trasladada hasta el sitio para hacer una fosa común de tres metros de ancho por cinco metros de profundidad. Durante el recorrido, atravesaron Tumeremo por la Troncal 10, escoltados con motos.

Según González López, la banda de «El Topo» se llevó consigo a un par de rehenes que fueron liberados 10 días después debido a la «presión policial». Uno de los cautivos fue Jairo Rojas Vaca, quien había sido declarado como desaparecido en la tranca que hicieron los familiares para reclamar los cadáveres. Su foto era una de las 17 que había en la pancarta con la que los parientes difundieron los nombres de los que no habían vuelto.

Los protagonistas

La banda de «El Topo», de acuerdo con lo expuesto por González López, tiene una estructura compuesta por personas de confianza, que colaboran con sus negocios y fechorías; encargados de armas y reclutamiento, además de cinco jefes de mina entre los que se cuentan dos de sus hermanos. Los últimos de su cuadro son sus sicarios: 18 personas, de las cuales se ha difundido la identidad de cuatro. Estos últimos estaban comandados por un jefe: alias «Toribio».

La estructura de la otra banda, la que supuestamente controlaba la mina, es más sencilla. Se trata de la organización liderada por Alixandro Lizandro González Montilla, alias “El Gordo Lizandro”, y José Enrique Zurita Arévalo, alias “El Potro”, quienes actuaban con la colaboración de alias “Coporo”, su lugarteniente. Todos, según el ministro, están reclamados por la justicia por extracción minera ilegal, extorsión y secuestro, y mantienen vínculos con “sectores políticos y financieros” del municipio.

El grupo, según las autoridades, cuenta con 15 sicarios y cuatro personas de alta confianza que son Joangel José Granados, alias Marihuana, y Lizangel Alexander Romero, conocido como «El gato» y los hermanos José Ángel Ruiz Montilla, alias «Tita» y José Armando Ruiz Montilla, alias “Ku”, todos solicitados.

Pero lo que no dijo el ministro fue que «Tita» y «Ku» fueron asesinados en la masacre junto a otro de sus hermanos: Nestor de Jesús Ruiz Montilla. De hecho, a su madre le fueron entregadas tres urnas que se velaron brevemente el 16 de marzo en la cancha del barrio La Caratica, donde vivían ellos y «El Potro».

«Pero por ahí se dice que uno de ellos está vivo, porque ya lo han visto en la calle», sentencia la hermana de otro de los asesinados. Por esa razón, en las calles de Tumeremo, muchos dudan que las identidades de los cuerpos coincidan con las de quienes habían sido declarados por los desaparecidos.

Los detenidos

El 10 de marzo se encontraron los primeros vehículos relacionados con el caso. La retroexcavadora que había sido utilizada para hacer la fosa en donde se enterraron los 17 cuerpos, en la vía a Nuevo Callao, fue hallada en los alrededores del sitio. Ese mismo día, en la madrugada, se dio con el paradero del camión que había trasladado a los cuatro cadáveres entre «la bulla» de Atenas y el fundo El Peregrino. También se encontró una camioneta Silverado que era, supuestamente, propiedad de «El Topo».

La primera detención ocurrió el 12 de marzo, cuando las autoridades capturaron a Rosa Zoraida Gil, conocida como «La Doña», presunta administradora de «El Topo». Su fundo, ubicado en el sector Las Guaicas, fue una de las paradas que hicieron los delincuentes después de enterrar los cuerpos.

Durante esa misma semana detuvieron a los hermanos Carlos y Manuel Balaguer, dueños de la retroexcavadora, y también a Luis Rueda, sobrino de Gil y presunto colaborador de «El Topo». El 18 de marzo capturaron a Francisco David Carache Zambrano, alias “Goliat”, quien se dedicaba a reclutar personas para que trabajaran en las minas controladas por «El Don».

La última detención de la que se tiene noticia es la de Edgar José Gómez Tremaria, hecha el 31 de marzo, vinculado a la banda de «El Topo».

Tumeremo, a un mes

«Aquí uno vive con la misma zozobra de todos los días», comenta el hermano de una de las víctimas, quien asegura que cada noche hay un muerto en el pueblo. Asegura que sabe de personas que han llegado al lugar para preguntar por la masacre, pues tienen familiares desaparecidos y temen que también hayan caído en «El Peregrino».

Dos de asesinatos ocurridos recientemente en Tumeremo guardan relación con el caso. Trascendió que en la madrugada del jueves santo, el pasado 24 de marzo, una pareja de motorizados le disparó a Luis Alberto Romero Malavé, de 15 años y Brayan Correa Villamizar, de 20, quienes estaban en la vivienda de un hijo de Rosa Gil. Fuentes policiales, consultadas por el Correo del Caroní, aseguraron que los muertos eran sobrinos de «La Doña».

El hombre señala que el peligro se corre fuera y dentro de las minas. Si bien la gente de «El Topo» ya no está en los yacimientos, sí lo están los militares y las comisiones que investigan la masacre. «Ellos han atropellado y hasta golpeado a los mineros, por eso quieren hacer una protesta en la plaza Bolívar», agrega.

Sus palabras concuerdan con una nota del Correo del Caroní en la que se indica que varias minas fueron militarizadas: Guacamaya, El Pilón, El Limón, Murciélago, La Luisa, Nuevo Callao, Hoja de Lata I-II y Vuelvan Caras. Allí es donde supuestamente han sucedido las irregularidades.

Mientras tanto, las familias, además de esperar justicia por la muerte de los suyos, aguardan por una indemnización que llegará a través del gobierno regional. Eso fue lo que prometió Francisco Rangel Gómez, la máxima autoridad del estado Bolívar, en una reunión que sostuvo con las madres y viudas de los que asesinados, días después de que consiguieron los cuerpos. «Él nos dijo que no había venido antes porque no quería que el caso lo agarraran como pura politiquería. A mí no me convenció», dijo la mamá de uno de los asesinados. A una de las viudas le prometieron una vivienda.

Hasta la tarde de este martes, los familiares no habían podido ver los restos encontrados el lunes en la vía que conduce a una de las minas controladas por «El Topo». En 8 horas, sólo se ha identificado a tres personas

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«Algunos de los cuerpos no corresponden con los ya denunciados como desaparecidos». Esta información fue proporcionada por el familiar de uno de los mineros masacrados el pasado 4 de marzo, quien desde las 9:00 de la mañana de este martes se encontraba en el Fuerte Tarabay, a la espera de los exámenes médicos-forenses practicados a los 17 cadáveres hallados este lunes en la vía a la mina Nuevo Callao, ubicada a hora y media de Tumeremo.

Pese al intento de las instituciones del Estado de evitar la fuga de información sobre el caso de los mineros masacrados el pasado 04 de marzo en Tumeremo, al sur del estado Bolívar, durante la tarde de este martes se conocieron más detalles sobre el caso en el comando militar.

«Hay unos (cadáveres) que tiene tatuajes y que las familias que estamos acá no reconocemos, o características físicas que no concuerdan con los datos ya aportados (…) Tampoco nos han permitido ver los cuerpos, sino que ellos están haciendo todo con el ADN y la medicatura forense», reveló el hombre cuyo hijo se encuentra entre los ejecutados.

#Tumeremo Desde Tarabay me informa un familiar: Hay cuerpos que tienen rasgos y señales diferentes a los datos aportados por las familias

— Germán Dam (@GEDV86) 15 de marzo de 2016

También describió que un testigo tuvo un cara a cara con el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y le contó que fue obligado a cargar 25 cadáveres en un camión volteo. La respuesta del funcionario fue dirigirle unas palabras al general Jesús Mantilla Oliveros, jefe de la ZODi Guayana. «Hay que buscar porque debe haber otra fosa común», le dijo Saab al militar.

Saab informó posteriormente, vía Twitter, que los cadáveres conseguidos tenían heridas de armas de fuego.

La mina de Nuevo Callao, según los habitantes de Tumeremo, es un territorio controlado por «El Topo». Las autoridades también llevan a cabo una búsqueda en Hoja de Lata, otro de los puntos dominados por el presunto autor de la masacre.

Trabajo lento

Este martes se confirmó que hasta el Fuerte Tarabay llegaron 17 cadáveres. De estos, 15 eran hombres y dos eran mujeres. También se corroboró que el trabajo de identificación de los cuerpos ha sido lento. En ocho horas sólo se había podido identificar a tres de los muertos.

#Tumeremo En Tarabay llevan 8 horas haciendo exámenes medicos-forenses y sólo han logrado identificar a 3 de los 17 cuerpos — Germán Dam (@GEDV86) 15 de marzo de 2016

1. Lo revelado por @TarekWiliamSaab es grave. De ser sólo entre 3 y 6 los que correspondan con los mineros denunciados como desaparecidos…

— Germán Dam (@GEDV86) 15 de marzo de 2016

2. estaríamos hablando de que faltarían entre 14 y 11 cuerpos… lo que sumado a los ya encontrados daría un total de entre 31 y 28 víctimas

— Germán Dam (@GEDV86) 15 de marzo de 2016

Hay que recorrer hora y media de caminos de tierra para llegar al sitio exacto donde fueron encontrados los cadáveres de las víctimas de la masacre ocurrida el pasado viernes 4 de marzo al sur del estado Bolívar. El hallazgo se hizo este lunes, justo cuando se cumplieron 10 días de los asesinatos

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HABÍAN REMOVIDO LA TIERRA. En el suelo se veían los surcos, las huellas dejadas por una máquina pesada. Germán Dam Vargas y yo, como periodistas de Runrun.es, visitamos la zona de Nuevo Callao el pasado viernes, 11 de marzo, junto a un grupo de familiares de las víctimas de la masacre de Tumeremo. Los dolientes deseaban encontrar cuanto antes los restos de los suyos y no dieron con ellos, a pesar de que el sitio había sido elegido por los asesinos para sepultarlos. Para el momento, se cumplía una semana de la matanza que despertó lamentos y protestas que traspasaron fronteras. 

Ellos, los hombres que buscaban los cadáveres de los mineros, dejaron las motos en las que llegaron y se fueron a buscar hacia los matorrales. Pero los cuerpos no estaban allí. Para encontrarlos, no tenían que internarse en la selva. No estaban en un barranco, ni en un hoyo profundo, ni dentro de una mina como se había elucubrado. Tres días después de aquella excursión, se descubrió que los muertos estaban debajo de la vía que habían transitado. Encima tenían una montaña de arena. 

Los cadáveres fueron envueltos en bolsas negras, de acuerdo con el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, y arrojados a una fosa de cinco metros de profundidad y tres metros de ancho. Los cubrieron varias capas de tierra oscura, distinta a la que se veía en la superficie. En horas del mediodía de este lunes, se dio con su paradero. Los cuerpos de 17 personas fueron rescatados a hora y media del pueblo.

Conseguir a las víctimas en Nuevo Callao, sitio confirmado por una fuente que participó en la recuperación de los restos de las víctimas, corroboró lo que se decía en el pueblo: que un camión había atravesado todo Tumeremo con ellos. El volteo cubrió un trayecto de poco menos de tres horas y así fue desde el fundo El Peregrino, al norte de la capital del municipio Sifontes, pasó por el área urbana que se explaya por la Troncal 10, y luego anduvo por una carretera agreste hacia el sur durante al menos 90 minutos.

El camino de arena

“Yo no le voy a llevar la contraria a mi mamá, porque ella todavía piensa que mi hermano está vivo y que va a volver a la casa. Pero yo estoy seguro de que él está muerto. A mi hermano lo mataron ese día”. El hombre decía esta frase mientras su moto rugía. Llevaba, al menos, una hora de camino y su franela negra tenía las listas amarillentas del polvorín que se levantaba en la trocha de tierra. Su destino era Nuevo Callao, a dos horas del centro de Tumeremo, uno de los sitios en donde se presumía que estaban los cuerpos enterrados.

Para llegar a Nuevo Callao salió del pueblo en dirección al sur, hacia a la Gran Sabana, y luego de 10 minutos dobló  a la izquierda para toparse con los olores y desperdicios del basurero local: Pedeca. Después de allí, atravesó un sendero de tierra, cubierto por una arena que se levantaba con los más pasos más leves. En ese tramo, vio cómo la vía estaba flanqueada por hatos pequeños. Uno de estos era el de Rosa Zoraida Gil Salazar, la mujer señalada como la comadre y lugarteniente de “El Topo”, presunto autor de la matanza. Ella, quien también tenía una bodega en la zona, fue detenida este lunes por su presunta complicidad en la matanza de los mineros.

El camino siguió y el hombre pasó por la comunidad indígena de Las Guaicas. Cruzó una verja y de inmediato entró a Nuevo Callao, un territorio de árboles altos, calor espeso y suelos arcillosos que hacían que la moto saltara entre tanto desnivel y que el impacto de la travesía se sintiera en la espalda, en las rodillas. Allí, al final, está una mina del mismo nombre que “El Topo” controla desde hace varios años. En el pueblo pensaban que los cuerpos habían ido a parar a uno de los numerosos pozos excavados en ese lugar para explotar el oro. El tiempo diría que no fue así.

El hombre no andaba solo. Junto a otros familiares, se detuvo en varios puntos. Hasta el sitio los había movido, sobre todo, la cantidad de rumores que habían llevado a Tumeremo los mineros de la zona. Se dijo que un trabajador sintió olores putrefactos mientras cruzaba el camino. Se comentó que, en varios tramos de la vía, la tierra se había removido. Ahí, él mismo vio cómo el Ejército incautó días antes una máquina Payloader, un tractor excavador que había terminado en el estacionamiento del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) local. Otros les confirmaron que los cuerpos habían sido depositados a orillas del río Botanamo, porque ahí los había dejado el volteo que los trasladó. Las huellas, según ellos, se veían en el trayecto.

Ese viernes, una semana después de la masacre, no había un indicio de que los cuerpos estuviesen allí. Los familiares pararon en las dos explanadas de la vía, donde se notaba que habían trabajado las maquinarias, pero a pesar de merodear e internarse entre arboledas y matorrales, no consiguieron ninguna pista que los condujera a los cadáveres. En una de las incursiones, el hombre halló un tubo de crema para dolores musculares. Estaba casi nuevo. Podía ser de cualquiera.

Los cuerpos estaban en el sitio que nadie sospechó, en uno de los llanos donde el grupo se detuvo después de atravesar un puente de madera. Los distinguía un montículo de tierra frente al cual se habían estacionado las motocicletas. Ese día, ninguno pensó que el delito se intentaría cubrir de una forma tan burda. Germán, los familiares y yo, todos pasamos cerquita de los cadáveres de los mineros.

Unos metros más adelante estaba el río Botanamo, la última parada del trayecto. Ir más adelante, unos 20 minutos por la trocha, hubiese significado llegar a la mina y correr riesgos. «Ya ahí llegaron los malandros. Si cruzamos, lo que pueden hacer es secuestrarnos y hasta matarnos, como hicieron con mi hermano», dijo el hombre y volvió a su casa sin ninguna respuesta para su madre esperanzada.

Ofrecemos una cronología de las principales declaraciones oficiales sobre el caso de los mineros desaparecidos en Tumeremo, desde la primera versión que desestimó las denuncias de los familiares, hasta la confirmación oficial del hallazgo de los restos de varios de los mineros. 

Día 1: «Son falsas informaciones sobre mineros asesinados»

Fecha: sábado 5 de marzo de 2016

Vocero: Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado Bolívar

Declaración: Negó la presunta masacre de los 28 mineros cuyos familiares denunciaron la desaparición.

Día 2: «Promovemos una investigación que esclarezca la verdad»

Fecha: lunes 7 de marzo de 2016

Vocero: Tarek William Saab, defensor del pueblo

Declaración: Confirmó la conformación de una comisión mixta que se trasladaría a Tumeremo para agilizar la investigación sobre las denuncias de la desaparición de los mineros.

Día 3: «Continuamos la búsqueda de los presuntos desaparecidos en Tumeremo»

Fecha: lunes 7 de marzo de 2016

Vocero: Francisco Rangel Gómez, gobernador del estado Bolívar

Declaración: A través de su cuenta de Twitter, el gobernador informó que tras 2 días de «intenso trabajo», se continuaba con la búsqueda de los mineros desaparecidos.

Día 4: «Se ha acusado a la Fuerza Armada de ser los artífices, y en algunos casos cómplice, de una aberración como esta»

Fecha: martes 8 de marzo de 2016

Vocero: Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa

Declaración: Calificó como «aborrecible» la desaparición de los mineros e informó que había más de 1.000 soldados en la búsqueda de los mineros desaparecidos.

Día 5: «Le pedí al defensor del pueblo (…) que se fuera inmediatamente a establecer la verdad»

Fecha: martes 8 de marzo de 2016

Vocero: Nicolás Maduro, presidente de la República

Declaración: «Vamos a investigar hasta las últimas consecuencias (…). Se castigará con mano de hierro a quien esté involucrado».

Día 6: “Les garantizamos a esas personas (testigos) que sus nombres y apellidos están resguardados»

Fecha: jueves 10 de marzo de 2016

Vocero: Zair Mundaray,director general de Actuación Procesal del Ministerio Público

Declaración: Informó que fueron identificados 16 de los 28 mineros presuntamente desaparecidos el pasado 4 de marzo en Tumeremo, municipio Sifontes del estado Bolívar.

Día 7: «El grupo que actuó es de altísima peligrosidad»

Fecha: viernes 11 de marzo de 2016

Vocero: Tarek William Saab, defensor del pueblo

Declaración: El defensor informó que estaban identificados, con nombre y apellido, los autores del caso Tumeremo. “Las evidencias nos han llevado a que el grupo que actuó es de altísima peligrosidad (…). Los testigos han revelado, por ejemplo, que el jefe es un extranjero es de nacionalidad ecuatoriana”.

Día 8: «Logramos la identificación plena del planificador de estos hechos»

Fecha: sábado 12 de marzo de 2016

Vocero: Gustavo González López, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz

Declaración: “Logramos la identificación plena del planificador de estos hechos, este sujeto responde al nombre de Jamilton Andrés Ulloa Suárez”.

Día 9: «La cifra ha aumentado a 17, no significa que esa sea la cifra definitiva»

Fecha: domingo 13 de marzo de 2016

Vocero: Tarek William Saab, defensor del pueblo

Declaración: “Las autoridades venezolanas lograron identificar a 25 de los 28 mineros que permanecen desaparecidos luego de entrevistas con sus familiares».

Día 10: “Estamos convencidos que en total son 21 las personas desaparecidas”

Fecha: lunes 14 de marzo de 2016

Vocero: Luisa Ortega Díaz, fiscal feneral de la República

Declaración: La funcionaria calificó como una «masacre» los hechos.

Los restos de los mineros fueron hallados este lunes, en horas del mediodía. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, precisó que la cifra de víctimas es de 21. Sepa quiénes fueron los asesinados

@loremelendez | Visualizaciones de Jessica Aharonov

YA SE CUMPLIERON 10 DÍAS de la desaparición de los mineros de Tumeremo y, aunque todavía no se ha divulgado una lista oficial de las víctimas, sus familiares y vecinos se encargaron de difundir sus nombres a través de testimonios y de una pancarta que la semana pasada colgaba al lado de la protesta que mantuvieron por seis días. Allí estaban 17 fotos, aunque se habla de 28 personas que nunca volvieron a casa.

Las razones por las que se desconoce la identidad de los otros 11 mineros, radica en que no son de Tumeremo. A las minas del sur del estado Bolívar acuden personas de todo el país y es posible que los familiares desconozcan que dentro de las víctimas están los suyos.

La respuesta del Estado ha sido lenta. Apenas el jueves, casi una semana después de los hechos, se reconoció que había 16 personas desaparecidas. Este domingo el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, dijo que podría hablarse «de un estimado total de 25 desparecidos». La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este lunes al mediodía que ya habían hallado los restos de los mineros y precisó que son 21 personas masacradas.

La mayoría de los desaparecidos acudió el pasado viernes 4 de marzo a «la bulla» adyacente al fundo Atenas, ubicada entre las poblaciones de Tumeremo y El Callao, al sur del estado Bolívar. Se trataba de un sitio en donde se había descubierto una veta de oro que los lugareños habían comenzado a explorar y explotar de forma artesanal desde diciembre pasado.

Varios de los que no regresaron están relacionados entre sí. Es el caso de las hermanas Mary Dalia y Marielys Ruiz, así como el de los Ruiz Montilla: José Ángel, Néstor de Jesús y José Armando. También los hermanos Junior Enrique Romero Ara y José Gregorio Romero Ara. La lista la completan José Gregorio Nieves, Ángel Ignacio Trejo Sosa, Jesús Alfredo Aguinagalde, Javier Cáceres Muñoz, Carlos José Carvajal Custodio, Roger Romero, José Carrasco, Gustavo Guevara Aguinagalde, Luis Díaz Guzmán y Cristóbal José Heredia Caña.

Casi todas las víctimas eran mineros tumeremenses. En la lista también hay cocineras e incluso un comprador de oro. Casi todos se habían desplazado hacia «la bulla» durante la mañana y el mediodía del día en el que desaparecieron. Otros, en cambio, se habían quedado a pernoctar en el lugar. Sus edades van desde los 19 a los 36 años. Dos de ellos tienen registro policiales. Estas son sus historias:

Las cosas no cuadran. Mientras que desde el Ejecutivo se ha manejado la hipótesis de que las desapariciones fueron producto de un enfrentamiento, los testigos apuntan que hubo una masacre, que las víctimas fueron asesinadas sin que se mediara palabra. ¿Una venganza?, ¿un «cambio de carro»?, ¿una limpieza? No está claro el porqué «El Topo», presunto responsable de lo sucedido, cegó la vida de más de una veintena de personas y si hay alguien detrás de esta acción

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EN TUMEREMO, LA MAYOR SECUELA de la desaparición de los 28 mineros  –16 según el Ministerio Público- es el silencio. Contar lo sucedido en esos primeros días, con todos los detalles que ameritaba, daba miedo. Las historias salían entre dientes si se relataban dentro del pueblo. Quienes hablaban con más libertad, lo hacían lejos de la protesta y sus dolientes. Sólo algunos se atrevieron a romper con el mutismo.

Cerca del mediodía del martes pasado, cuatro días después de que los mineros no volvieran a sus casas, un testigo llegó a la tranca. “Yo tenía que venir porque debía mostrarles dónde ocurrió todo”, señalaba la persona que, desesperada, se movía de un lado a otro para tratar de conseguir quien la transportara a ella y al equipo de Runrun.es al sitio para tomar fotos y difundirlas. Entre los matorrales, que se conseguían al avanzar entre los fundos Peregrino y San Ramón, había prendas de vestir rasgadas, billeteras, conchas de proyectiles y manchas de sangre en el suelo y en palos usados para golpear a los mineros. Hasta ese momento, ningún cuerpo de seguridad se había percatado del hallazgo que los mismos pobladores habían hecho, a pesar de que ya se lo habían advertido a quienes empezaron las investigaciones, con helicópteros, desde el domingo.

El lugar estaba apenas a 20 minutos en moto de la entrada de Tumeremo. Era el mismo que conducía hacia “la bulla” -nombre que se da al punto donde tres meses antes se halló un yacimiento de oro- cercana al fundo Atenas. Allí, según otro testigo, se instaló una alcabala formada por hombres armados que pertenecían a la banda de “El Topo”, quien controla las minas más grandes del municipio Sifontes del estado Bolívar.

Lo que dijo el testigo coincide con lo mencionado por otros mineros que, como él, fueron interceptados por los delincuentes. El ataque se hizo a través de una emboscada. Ninguno de los sobrevivientes ha hablado de un enfrentamiento entre las bandas que se disputan el oro en el sur de Bolívar. Se trató, de acuerdo con los relatos, de ejecuciones.

«Uno conoce todo esto porque por aquí los mineros pasamos todos los días», relató uno de los testigos que fue obligado a bajarse de su moto cuando llegó a la alcabala. Eran alrededor de las 11:00 de la mañana y a esa hora se topó con cientos de personas que ya estaban amordazadas, amarradas, algunas sentadas y otras de rodillas, en un descampado cercano.

Allí, bajo el sol, los de “El Topo” mantuvieron a los mineros mientras que sus motos se quedaron estacionadas al otro lado de la vía. Escucharon disparos y sonidos de motosierras. Sólo al caer la noche, los hombres armados dejaron que el grupo de prisioneros volviera a sus casas. A esa hora, ya la masacre se había consumado. Un camión se había llevado los cadáveres.

Un vistazo a 2015 permite ver que los asesinatos de mineros son una constante. En enero del año pasado, seis cayeron baleados en Morichal Largo; en abril, mataron a cuatro en la mina La Catatumba; en junio, dos más murieron en un enfrentamiento en El Callao; en agosto, entre cuatro y siete mineros fueron masacrados en Bochinche-Corregente; en diciembre, un par se desplomó en la mina Tomy. En Tumeremo, lo que impactó esta vez a la población no fueron las desapariciones en sí mismas, sino el número y las voces de los dolientes, quienes de inmediato salieron a reclamar la devolución de los cadáveres para poderlos enterrar.

“La bulla” del rebusque

En Tumeremo, varios entrevistados señalaron que «la bulla», situada a dos horas de camino en moto desde Tumeremo, había representado para muchos la forma de rebuscarse. En diciembre, cuando fue descubierta, era fácil hacerse con decenas y hasta cientos de gramos de oro en un día. La prosperidad no tardó en atraer a los hampones.

«Yo mismo fui pa’ allá y quedé embombao. Coroné el 25 de diciembre. Ese día madrugué y me fui pa’ Atenas y conseguí un cochano -oro puro, sin ninguna aleación- de 700 gramos (unos 21 millones de bolívares si se considera que cada gramo cuesta 30.000 bolívares). Para ese momento, aquello no lo controlaba nadie, pero después se llenó de malandros», apunta otro habitante del pueblo minero.

Ese testimonio se ajustó con el de otros pobladores que no están relacionados entre sí: ir hasta el sitio era conseguir un buen fajo de dinero en apenas un día. Otro hombre treintañero que ha laborado como minero de forma ocasional admitió que cuando «la bulla» explotó, se acercó para ir a sacar algunos gramos de oro. Pero el sitio, según él, ya en enero estaba tomado por delincuentes que vigilaban cada paso y cobraban la mitad de lo que se extraía. «Así no se podía trabajar», rezongó.

La confesión vino acompañada de otra revelación: «Yo le digo una cosa: los que mataron allí eran malandros. Habría dos o tres inocentes, pero los demás eran malandros», dijo el treintañero. Para él, lo sucedido fue de un “cambio de carro”, frase del vocabulario carcelario que designa un cambio violento del mando de un determinado lugar.

El porqué de la masacre

Los mismos testigos y pobladores aseguraron que, en las últimas semanas, “la bulla” no estaba dando tanto oro como en sus primeros días. A pesar de ello, al menos 300 motos entraban a diario en el sitio. El viernes 4 de marzo, ninguna ingresó y de ello se percataron los mineros que habían pernoctado cerca del fundo Atenas.

Un testigo que había permanecido una semana en “la bulla” relató que cerca de las 5:00 pm de ese viernes, se escucharon cuatro disparos. “Un muchacho vino a avisarnos que habían matado a dos mineros, una chama y un chamo, y nosotros corrimos a escondernos”, apuntó.

El refugio fue un cerro cercano, desde donde el testigo pudo ver lo ocurrido. Los cuerpos estaban en el mismo lugar donde habían sido tiroteados, justo en la entrada de la mina. Los hombres, armados con fusiles y vestidos de negro, habían llegado en dos carros de “chasis largo”, un Toyota verde y uno blanco, además de un camión en donde recogieron los cadáveres. En ese último vehículo había otras dos víctimas que habían sido asesinadas por los lados del fundo Atenas. Uno de ellos fue Gustavo Guevara quien, de acuerdo con los testimonios, confundió la caravana de los delincuentes con la que llevaba comida a los mineros todos los días. Al salir a su encuentro, fue baleado.

El argumento de la matanza que da el testigo es el mismo que han repetido otros que vieron los hechos.

“Ellos llegaron diciendo que iban a hacer limpieza, que ellos tenían orden de acabarlos a toditos, que se iba a acabar lo de estar robando celulares, de estar robándose motos y de estar quitándole a la población el 50 por ciento de lo que se saca. Ellos llegaron con esa y en esa entraban todos. De repente yo ahorita no estuviese contando la historia, porque si el chamo no llega a avisar, a toditos nos matan. Al que saliera corriendo le iban a disparar”, afirmó el testigo que amaneció en el cerro y escapó por una trocha distinta a la principal. Junto a él había una veintena de personas.

“Eso no estaba echando oro”

El testigo duda que la masacre haya sido producto de una disputa de poder, o de un “cambio de carro” como lo dijo un habitante de Tumeremo. Él, que estuvo desde que se descubrió el yacimiento, señaló que los de Cicapra, un sindicato de Guasitapi, se habían llevado más de 100 kilos de oro durante las primeras semanas de “la bulla”. Luego entró gente de “El Callao” que pudo conseguir cochanos de hasta 800 gramos. Pero de ahí en adelante, el control pasó a estar en manos de la banda de El Potro y El Gordo, dos delincuentes que viven en el barrio La Caratica, al este de Tumeremo, que cobraban a los mineros la mitad de lo que extraían. Sin embargo, ya el mineral no brotaba como en sus inicios.

“De ahí eso estaba muerto, por eso es que yo digo que eso (el cambio de mando) no tiene sentido, porque si es para apoderarse de la mina, eso no estaba echando oro. Ese día iba a entrar la máquina para trabajar”, agregó el testigo.

“El Topo”, de acuerdo con los pobladores de Tumeremo, tiene bajo su poder al menos una decena de las minas más grandes del municipio Sifontes. Su ganancia proviene de la compra del oro de esos yacimientos: los mineros están obligados a vendérselo todo a él, al precio que él decida, a cambio de que les costeen las herramientas que necesitan. Que haya cometido una matanza con estas características sólo para hacerse del control de una mina pequeña y empobrecida, genera sospechas. ¿Para qué ‘limpiaba’ un espacio que no le daría cuantiosos cochanos?

Otro poblador de Tumeremo aseveró que la masacre fue producto de una venganza. La gente de “El Potro” se hizo pasar por la de “El Topo” para poder controlar la mina. Cuando este último se enteró, fue a buscar a los malandros que actuaban en su nombre. Por eso los asesinó.

En el pueblo tampoco dejan de circular los rumores sobre las relaciones que “El Topo” ha mantenido con quienes están en el poder, algo que le ha consolidado en el control de tantas minas dentro del estado y que le ha dejado actuar a sus anchas en la desaparición de decenas de mineros. Los pobladores aseguran que ante cualquier desacuerdo, el “don”, como le gusta que le llamen, asesina y echa los restos de sus víctimas en los barrancos -hoyos en la tierra escarbados para seguir las vetas del oro- que están en sus predios.

“Aquí lo que nadie ha dicho es que ‘El Topo’ se reunió con el gobernador (de Bolívar, Francisco Rangel Gómez) antes de la masacre”, afirmó un tumeremense que merodeaba la tranca, cita que Runrun.es no pudo confirmar. El mandatario regional negó la matanza horas después de que los familiares de los desaparecidos cerraran la Troncal 10 para exigir que les devolvieran los cuerpos de los suyos. Lo mismo hizo con el caso de La Paragua, en 2006, cuando el Ejército en El Papelón de Turumbán acabó con la vida diez mineros. Hasta este domingo, Rangel Gómez no había visitado Tumeremo después de los hechos.

Lea más: Todo sobre los mineros desaparecidos de Tumeremo

Expertos en derechos humanos analizan lo que se conoce de la supuesta masacre y aseguran que podría tratarse de desapariciones forzadas. Esto ubicaría el hecho en las categorías de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad

DE CONFIRMARSE LA MASACRE de los 28 mineros desaparecidos en el estado Bolívar, estaríamos frente a crímenes de lesa humanidad. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales no son hechos nuevos para las comunidades mineras del sur del país, sin embargo, la magnitud de esta masacre y la presunta participación de cuerpos de seguridad del Estado, son elementos que diferencian este caso, a juicio de cuatro organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos consultadas por Runrun.es

Lexis Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, aseveró que las organizaciones de derechos humanos tienen como prioridad “los testimonios y las peticiones de las víctimas; creemos que todas sus denuncias tienen que ser investigadas; no se puede tener a sus familiares sin respuesta; tiene que haber alguien, ya sea la Fiscalía, la Defensoría, el Ministro de Interior y Justicia o el Ministro de la Defensa, que dé respuesta acerca de dónde están los 28 mineros que no aparecen”.

Rendón resalta una irregularidad en el manejo oficial de la denuncia: “Es una irresponsabilidad del gobernador del estado Bolívar haber desestimado las denuncias de los familiares de los mineros desaparecidos; mientras ellos no aparezcan, todas las organizaciones de defensa de derechos humanos estaremos demandando respuestas; pero mientras más tiempo corra, habrá más espacio para la impunidad”.

“Las denuncias de algunas personas que se hacen llamar sobrevivientes describen una masacre de trabajadores de la minería; esa situación no es nueva, lo que evidencia cómo el Estado ha cedido espacio para que se establezcan mafias y grupos delictivos”, dijo Rendón.

La coordinadora del Laboratorio de Paz explica que la ausencia de una denuncia formal no impide que se abra una investigación. “Hay un hecho público y notorio: una comunidad entera denunciando la desaparición de sus familiares; eso obliga al Estado a abrir una investigación de oficio; sí tiene que haber una denuncia formal, pero su ausencia no es una limitación para abrir la investigación. La Defensoría sabe que desde el mismo momento en que la comunidad denuncia esta desaparición, debe investigar para ofrecer respuestas”.

Las 3 características de la masacre

Tres características destacan del caso de la presunta masacre de los 28 mineros en Tumeremo: la magnitud, el comportamiento de las autoridades y el tipo de crimen, explica Liliana Ortega, directora de Cofavic. “Si esos casos se comprueban, estamos hablando de presuntas desapariciones forzadas de personas, de presuntas ejecuciones extrajudiciales, y de presuntos casos de tortura, es decir, los casos más graves que establece el derecho internacional, los denominados crímenes de lesa humanidad”.

Ortega aclara que hasta que los hechos se investiguen, sus impresiones se basan exclusivamente en la información que han aportado los familiares de las presuntas víctimas a través de los medios de comunicación. “Sobre este caso en particular, únicamente podemos hablar con base en la información que se ha hecho pública; pero sí es importante conocer el contexto más amplio: en Venezuela, entre 2000-2008, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público (MP), se evidenció que el promedio de presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales asciende a 1.044 casos por año; la cifra más alta de América Latina”.

El culpable habitual: “presuntos enfrentamientos”

Cofavic realizó un monitoreo independiente en 23 estados del país, en el cual contabilizó 1.107 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en 2014. Del total de los casos registrados, 92% corresponde a presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que 7,8% a presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; 0,2% de la muestra se refiere a casos de desaparición forzada.

Ortega ofrece otro dato: 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no llega a juicio. “La línea de investigación del MP en los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales es muy pobre; generalmente se conforma con la versión oficial de presuntos enfrentamiento”.

La directora de Cofavic lamentó que en la mayoría de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, el MP no aplique un estándar internacional conocido como el Protocolo de Minnesota, el cual está diseñado específicamente para poder determinar si se está o no frente a ejecuciones extrajudiciales.

Entre los criterios que aplica este Protocolo están determinar cómo se produjeron los disparos para saber si las víctimas fueron asesinadas bajo custodia; y determinar si hay evidencias de tortura.

Justamente con relación a este aspecto, Ortega destaca que “uno de los problemas principales que encontramos en nuestra estadística, es que en 47% de los casos podrían tener presunta participación, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas,  Penales y Criminalísticas. Eso genera un problema muy serio de falta de independencia, porque ese es el organismo que tiene el control del sitio del suceso, del cadáver, y de la investigación inicial de los hechos. En Venezuela, es muy difícil que un funcionario que presuntamente haya participado en una violación de derechos humanos, pueda ser investigado de manera autónoma”.

Reactivación del Arco Minero y el repunte de la violencia

El coordinador de Provea, Inti Rodríguez, explica que desde hace unos 3 años se vienen presentando situaciones de violencia en el estado Bolívar por el control de las minas de oro, no obstante, dice que “pareciera que con el decreto relativo a la reactivación del Arco Minero del Orinoco, se están generando mayores situaciones de enfrentamientos violentos”.

Con la publicación en Gaceta Oficial de la ley que reserva al Estado la explotación de oro, se crea además la figura de las Brigadas de Mineros, las cuales estarán compuestas por órganos del Poder Popular y particulares que se constituyan en cooperativas.

“Esta figura de las Brigadas de Mineros podría estar alentando estos enfrentamientos por el control de las minas, con la intención de poder negociar con el Estado el otorgamiento de las concesiones”, afirma Rodríguez.

“Es muy peligrosa esta figura de las Brigadas de Mineros porque no se explica bien cómo se implementará. En el caso de los mineros de Tumeremo, no dudamos de los testimonios de las víctimas porque no se trata de algo nuevo. Lo que evidencia que el Estado no ha hecho nada para evitar o detener esta situación”. El coordinador de Provea afirma que no se trata solamente de un problema de mafias o de grupos delictivos, sino de una situación alentada y tolerada por el propio Estado, a través de una parte importante de funcionarios, especialmente militares, que estarían involucrados.

Delito organizado y violación de derechos humanos

El representante de la organización Paz Activa, Luis Cedeño, señala que si se confirman los hechos y la participación de grupos de seguridad del Estado que presuntamente estarían involucrados, “estaríamos en presencia de delito organizado, ya que el interés económico en la zona es muy grande, vinculado con serias violaciones de derechos humanos”.

“Si hubo involucramiento de funcionarios del Estado que trabajaron en conjunto con bandas criminales, estos serían culpables no solo de cargos criminales, sino de violación de derechos humanos. Repito, si se llega a comprobar que hubo participación de algún cuerpo de seguridad del Estado o de algún funcionario electo, para asesinar y desaparecer a una persona, se trataría de una violación de derechos humanos; delitos de lesa humanidad que no prescriben”, argumenta Cedeño.

“Hay que eliminar el patrón de impunidad que caracteriza al Estado, el cual da pie a que hechos de este tipo se repitan; lo mínimo que los ciudadanos esperan del Estado es que proteja el derecho a la vida. Lamentablemente, más allá de la estadística de 99% de impunidad, lo que esa palabra significa es que aquellos que matan hoy, podrán seguir matando mañana”, asevera Cedeño.

Así debe ser la investigación:

Liliana Ortega describe tres características que deberían tener las investigaciones sobre denuncias de violaciones de derechos humanos:

1.- La investigación debe ser independiente, es decir, que aquellos cuerpos de seguridad que presuntamente están involucrados, deben ser apartados de la investigación.

2.- No depende del impulso de las víctimas el resultado de la investigación, depende del Estado, es decir, que el miedo de los familiares y presuntos sobrevivientes a denunciar formalmente los hechos, no debe impedir que el Estado dé inicio a la investigación.

3.- La investigación tiene que ser conclusiva, esto es, que debe producir resultados y ofrecer respuesta a las víctimas.