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Michele Bachelet

“Las puertas Bachelet”, nuevo método de tortura en las cárceles venezolanas

La represión y la tortura del régimen de Nicolás Maduro contra los presos políticos ha aumentado tras la visita que hizo a Venezuela la Alta Comisionada de los DDHH de la ONU, Michele Bachelet, hace dos meses, tanto que se han instalado en su honor las denominadas «puertas Bachelet» para criticar el régimen carcelario que sufren los opositores y disidentes.

En su rueda de prensa, la diputada Delsa Solórzano denunció que «han instalado unas puertas a las que llaman ‘Bachelet’». Los carceleros exclaman con un grito: «¿querías a Bachelet?, ahí la tienes», al referirse a las puertas metálicas a las que «les abrieron solo una pequeña hendidura para pasar la escasa comida», ha denunciado la diputada.

El nuevo método de tortura fue notificado por los abogados y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de atender a unos 40 y 50 civiles y militares que se encuentran detenidos en la sede principal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Boleíta, al norte de Caracas.

Los familiares de gran parte de estos presos, casi todos por motivos políticos, también han denunciado ser víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Estas nuevas celdas de máxima seguridad, de 2 por 2 metros, bautizadas con el nombre de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, están sin inodoro ni ventilación. No tienen rejas sino una puerta metálica con una pequeña ranura o rendija por donde pasan la comida.

La diputada Solórzano afirmó que a los presos de la DGCIM los mantienen esposados «todo el día y sólo les quitan las esposas para comer». Las celdas donde están recluidos no tienen ventilación ni luz solar, además el pozo séptico se encuentra dentro de ellas.
Torturas y tratos degradantes

En su informe la Alta Comisionada Michele Bachelet, publicado el 4 de julio, señaló a la DGCIM como uno de los cuatro cuerpos de seguridad donde se cometen torturas y otros tratos crueles, además de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas. Los otros tres órganos de tortura son el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia), el FAES (Fuerzas de Acciones Especiales) y la cárcel militar de Ramo Verde.

Además Solórzano dijo que teme por la vida de los militares Humberto De La Sotta, Igber Marín Chaparro y Ruperto Molina, al igual que Carlos Marrón (dueño de la página web Dólar Pro) «quienes llevan más de un mes sin ser vistos por familiares ni abogados».

También señaló que el buzo profesional Hugo Marino Salas sigue desaparecido forzosamente y es responsabilidad de la DGCIM. La diputada reiteró que «en esas condiciones corren peligro la vida y la integridad física de todos los presos políticos que se encuentra en la DGCIM».

«No se puede guardar silencio ante tanto horror. Tan solo la emisión de un informe, por contundente que este sea, no basta. Urge el pronunciamiento y acción internacional sobre este tema que obligue al cese de las torturas», aseveró la presidenta de la Comisión parlamentaria especial de Justicia y Paz. También pidió acciones inmediatas de Naciones Unidas y la oficina de Bachelet, al igual que la Organización de Estados Americanos.

Solórzano exigió a la Corte Penal Internacional «actuar de inmediato» en el caso de Venezuela. «¿Todo lo ocurrido no les basta para entender el carácter sistemático de la violación de DDHH en nuestro país? La indiferencia y falta de acción de organismos internacionales los hace cómplices de estos graves hechos».

Bachelet señala inconsistencia en data oficial de Venezuela sobre muertes violentas

LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha advertido en su informe sobre Venezuela inconsistencia en la data oficial sobre muertes en protestas ciudadanas y en ejecuciones extrajudiciales.

Un ejemplo: la data oficial en el documento es de 6.856 muertes por violencia policial. Esto significa 2.791 homicidios menos que los 9.647 registrados por la ONG Observatorio Venezolano de Violencia, a la que tuvo acceso la Oficina del Alto Comisionado.

Pero también señala el “acceso limitado”a la data oficial para constatar las violaciones, en el lapso de su evaluación desde 2018.

El documento que Bachelet presentó el viernes ante la Consejo Derechos Humanos de la ONU, reporta violaciones de los derechos civiles, políticos, de la alimentación, la salud y de la libertad de expresión. Y alerta sobre “una crisis que está arrasándolo todo”.

Para ello se basó en numerosos documentos oficiales, informes de fuentes abiertas, legislación y documentación jurídica, informes médicos y forenses, contenidos de medios de comunicación y redes, videos, y fotografías.

“El Alto Comisionado evaluó la credibilidad y la fiabilidad de todas las fuentes. También contrastó la información recopilada para confirmar su validez.

“Hay motivos razonables para creer que los patrones que se describen en el informe constituyen violaciones de los derechos humanos”, afirma Michelle Bachelet en el informe

Muertes de inconsistencia

La Oficina de la alta comisionada constata casos de represión selectiva y persecución por motivos políticos desde 2014. Argumenta que al agudizarse la crisis política, social y económica en Venezuela , las manifestaciones contra el régimen aumentaron a partir de 2014. Y hace énfasis en las protestas de 2017.

Según la data oficial, en 2017 ocurrieron 12,913 manifestaciones, 7,563 en 2018 y 3,251 entre el 1 de enero y el 12 de mayo de 2019 . Sin embargo, según la ONG Observatorio Venezolano de la Conflictividad Social (OVCS), se produjeron 9,787 manifestaciones en 2017, 12,715 en 2018 y 9,715 entre el 1 de enero y 31 de mayo de 2019.

En 2019, las fuerzas de seguridad no hicieron un uso excesivo de la fuerza en todas las manifestaciones, se indica la información oficial. Sin embargo, en ciertas protestas políticas, la GNB, la PNB, las FAES y algunas policías estatales y municipales hicieron un uso excesivo de la fuerza.

“Colectivos armados actuaron a menudo en coordinación con las fuerzas de seguridad. En muchos casos, estas acciones produjeron muertes y heridas graves”, refiere el informe.

“Según el Gobierno, no hubo muertes durante las manifestaciones en 2018 y reportaron 29 personas muertas entre enero y mayo de 2019 . Sin embargo, el OVCS registró 14 muertes en el contexto de manifestaciones en 2018. Inclusive la Oficina de la alta comisionada registró 66 muertes entre enero y mayo 2019”.

“Muchas personas manifestantes fueron detenidas arbitrariamente, así como maltratadas o torturadas. Las fuerzas de seguridad llevaron a cabo allanamientos ilegales de domicilios en contra de manifestantes”, precisa.

Resistencia a la autoridad

Al evaluar las “operaciones de seguridad ciudadana” para el control de la delincuencia en Venezuela, el informe señala otra incongruencia en muertes de personas.

Reporta que el número de muertes violentas resultantes de las operaciones como “resistencia a la autoridad”, “es inusualmente alto”.

En 2018, la data oficial registra 5.287 muertes violentas , en tanto que la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) notificó por lo menos 7.523 muertes violentas de esa categoría.

“Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, el Gobierno notificó 1.569 muertes violentas por “resistencia a la autoridad” . El OVV informó de al menos 2.124 de esas muertes entre enero y mayo de 2019”.

“La información analizada por el ACNUDH indica que muchas de esas muertes violentas pueden constituir ejecuciones extrajudiciales”.

Sostiene el informe que medidas como la militarización y el empleo de civiles en tareas de inteligencia y defensa, ante supuestas amenazas internas y externas, propician numerosas violaciones de los derechos humanos.

“Esta represión selectiva se manifiesta en una multitud de violaciones de los derechos humanos, que pueden constituir persecución por motivos políticos”, se concluye.

Acceso restringido

El informe de Bachelet indica que hubo “acceso limitado” a la información oficial en Venezuela para evaluar la situación de derechos humanos. Sin embargo, ocurre desde hace cinco años en ese país, según advierte.

La Oficina del Alto Comisionado “nota que el acceso a dicho material es limitado, ya que las publicaciones oficiales, incluso estadísticas, han sido escasas e inexistentes en algunos ámbitos, por lo menos desde 2015”.

El documento reconoce el rol de los medios de comunicación en el campo de los derechos humanos y pide poner fin a medidas de censura y se garantice el acceso a Internet y a las redes sociales.

Indica que “ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe medios de comunicación independientes”.

También exhorta al régimen de Nicolás Maduro a que se permita el libre acceso a la información de interés publico.

Codhez registró al menos 240 muertes que involucran a funcionarios policiales en el Zulia

La Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez) divulgó su boletín relativo a la documentación de los hechos de violencia en los que están involucrados funcionarios de seguridad del Estado venezolano, y que han supuesto la muerte de, al menos, 240 personas desde enero hasta junio de este año en el Zulia.

En el monitoreo realizado en los medios de comunicación de la región, se contabilizan al menos 182 hechos violentos con intervención policial que dejaron 240 personas muertas: 239 calificadas como presuntos delincuentes y un funcionario.

En 126 de los 182 hechos violentos (69,23%) estuvo involucrado algún cuerpo de seguridad nacional, 41 correspondieron a operaciones policiales con participación de algún cuerpo de policía regional (22,53%), y en 19 estuvieron involucrados cuerpos de seguridad municipales (10,44%). En algunos de estos casos, los cuerpos de seguridad actuaron conjuntamente. 

En este sentido, las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) son el órgano nacional que acumula más acciones violentas, participando en 46 con una incidencia porcentual del 25%, seguido del Cuerpo de Investigaciones Civiles, Penales y Criminalísticas (CICPC) con 32 hechos violentos (17%). Asimismo, entre los cuerpos de seguridad regionales involucrados en hechos violentos, destacó el CPBEZ que participó en 26 con una incidencia del 14,29%.

En relación con el panorama territorial, Maracaibo es el municipio con más hechos de violencia policial (28,72%), seguido por San Francisco (13,19%), Cabimas y Jesús Enrique Lossada, ambos con 7,14%, y luego, Lagunillas y La Cañada de Urdaneta, ambos con 6,04%. 

Sobre los rangos de edad, 89,74% de las personas que murieron en hechos violentos en los que estuvo involucrada la policía tenían 35 años de edad o menos. De los que se tienen datos, el grupo más grande son jóvenes de 25 años de edad o menos, que representan la mitad de los casos (50,42%).

En sintonía con lo establecido en el Informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, Codhez considera que ‘existen motivos razonables para creer que muchas de estas muertes constituyen ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad, en particular por el comando policial de las FAES’.

Desde 2018, en el Zulia se desarrolló una política que siguió la estructura y el discurso de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Es decir, con justificación en las graves circunstancias de inseguridad ciudadana, se han tomado acciones consistentes en allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.

En el Informe anual sobre la situación general de derechos humanos del estado Zulia de 2018, la organización no gubernamental alertó que al menos 279 personas fueron asesinadas por comisiones policiales y/o militares en supuestos enfrentamientos. En este sentido, Codhez exhorta al Estado venezolano dar cumplimiento a sus obligaciones de prevención, investigación, sanción y reparación integral a las personas víctimas de violaciones a la vida y al debido proceso.

Bachelet: Es la corrupción la causante de la emergencia venezolana

LA ALTA COMISIONADA para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet publicó el informe sobre la situación de Venezuela. 

En el informe, que presentará en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destacó que fue la corrupción, el desvío de recursos y la falta de mantenimiento las causantes de la crisis venezolana. Aunque alertó que las sanciones pueden agravar la situación de emergencia que atraviesa el país, deja bastante claro que el empeoramiento de la calidad en Venezuela empezó mucho antes de las restricciones impuestas por Estados Unidos y otros países de Europa.

Bachelet estuvo de visita durante tres días en el país y se reunió con distintos líderes políticos de Gobierno y oposición, además de organizaciones no gubernamentales y víctimas de violación de Derechos Humanos. 

Son cuatro los puntos claves del informe publicado por la Alta Comisionada, en donde refleja que el derecho a la alimentación, salud, libertad de expresión y los Derechos Humanos son vulnerados por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. Además recomendó de forma inmediata a disolver a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) “y establezca un mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan cuentas, así como que las víctimas sean reparadas”.

Presentamos los puntos más destacados del informe del Alto Comisionado:

Derecho económicos y sociales

En el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se refleja que la crisis económica se agudizó considerablemente entre 2018 y 2019. La economía seguía contrayéndose, la inflación se disparó y los ingresos públicos disminuyeron a raíz de una drástica reducción de las exportaciones de petróleo. 

Aunque el Gobierno ha decretado varios aumentos de salario mínimo, su poder adquisitivo ha disminuido hasta el punto de que ya no se le puede considerar como un salario de subsistencia. 

El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida. Aunque el Gobierno afirmó que destina 75% de su presupuesto a la inversión en el área social.

Derecho a la alimentación

El programa de asistencia alimentaria, conocida como “cajas CLAP”, no cubre las necesidades nutricionales que son elementales para la gente. 

Los entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces al día y que consumían pocas proteínas y vitaminas.

Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo.

Derecho a la salud

Los familiares de los pacientes tienen que suministrar todos los productos de primera necesidad como agua, guantes e inyectadoras.

Hay falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando una escasez del 100%. La tasa de embarazos adolescentes se ha incrementado en un 65% desde 2015.

Violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos. 

Programa y políticas sociales

El ACNUDH recabó testimonios de mujeres, incluyendo lideresas sociales, amenazadas por otros líderes comunitarios y por grupos armados civiles pro-gubernamentales y excluidas de los programas sociales.

Medidas coercitivas unilaterales

La gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas son de naturaleza selectiva y consisten en prohibiciones de viaje y una congelación de activos dirigidas a unas 150 personas, incluyendo altos funcionarios de Gobierno, o embargo de armas.

La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras publicadas por el BCV el 28 de mayo de 2019 muestran que los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente mucho antes de agosto de 2017.

Libertad de opinión y expresión

En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación independiente. 

Internet y las redes sociales se han convertido en los principales medios de comunicación e información de la población, limitando aún más el acceso a la información independiente de las personas que tienen acceso a Internet. 

Represión selectiva y persecución por motivos políticos

Las instituciones responsables de la protección de los Derechos Humanos, como la Fiscalía General, jueces y Defensoría del Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes.  

Los medios de comunicación oficiales difunden la retórica de que la oposición y activistas de DDHH son”traidores” y “agentes desestabilizadores”. Por ejemplo, a través del programa televisivo “Con el mazo dando”, presentado por el presidente de la ANC. 

El ACNUDH documentó un número creciente de detenciones arbitrarias de familiares, particularmente de mujeres, de presuntos opositores políticos. 

Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos

Se somete a mujeres y hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana y degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencia sexual, privación de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas.

Uso excesivo de la fuerza y muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad.

Al ACNUDH le preocupa que las autoridades puedan estar utilizando a las FAES y a otras fuerzas de seguridad como instrumento para infundir miedo a la población y mantener el control social. 

Acceso a la justicia y reparación adecuada para las víctimas

En el informe, el gobierno reconoce que existe un problema con el acceso a la justicia en la mayoría de los casos donde se violaron los derechos humanos  y pidió al ACNUDH que les ayude a resolver el problema. 

La falta de independencia de los poderes y la corrupción en el poder judicial son obstáculos a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación.

El Ministerio Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. 

Casi dos años después de su creación, la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública no ha publicado su informe sobre la violencia política que tuvo lugar entre 1999 y 2017. 

Grupos en situación de riesgo

La situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de muchos pueblos indígenas. La militarización por parte del Estado ha provocado violencia e inseguridad con la presencia de bandas criminales organizadas y grupos armados. 

La extracción de minerales en los estados Amazonas y Bolívar y ha fomentado violaciones de diversos derechos colectivos como el derecho a mantener las costumbres, modos de vida y tradiciones. También ha generado daños ambientales proliferación de enfermedades como el paludismo producto de la contaminación. 

En el estado Bolívar, las comunidades Pemón que se oponen al Gobierno, en particular las autoridades y los/as dirigentes indígenas, se enfrentan a una represión selectiva por parte de los agentes del Estado. El ACNUDH documentó siete muertes de indígenas en circunstancias violentas en 2019. 

Personas migrantes y refugiadas

El número de personas que se ha visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado drásticamente desde 2018, alcanzando alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de 2019. 

Violaciones al derecho a la alimentación y la salud son los motivos principales de los venezolanos para abandonar el país. Otros son la violencia, la inseguridad y el colapso de los servicios públicos. 

Los venezolanos también se enfrentan con obstáculos para obtener o legalizar documentación, lo cual vulnera su derecho a salir del propio país y su derecho a tener una identidad. 

Guaidó convocó a manifestación para este #5deJulio

DESDE UN ENCUENTRO CIUDADANO en San Felipe estado Yaracuy, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó convocó una manifestación a nivel nacional el próximo viernes 5 de julio.

El presidente de la Asamblea Nacional consideró como un error calificar la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachellet, como una solución. 

“Es el momento de reunir esas iniciativas para el cese de la usurpación y salir de la dictadura, esa es la estrategia de Venezuela“, dijo Guaidó.

“No hay una solución mágica para la crisis. Nos encantaría que fuera hoy, de una vez, y les digo que hoy no es un capricho pedir soluciones urgentes”, agregó Guaidó.

Bachelet: El gobierno ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención

LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH), Michelle Bachelet, dijo que dejara una oficina permanente en Caracas y solicitó al gobierno de Maduro cumplir varios compromisos durante la visita de 48 horas que realizó en Venezuela.

La ex presidenta chilena sostuvo un encuentro con representantes de  medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía antes de partir.

“Ha sido una corta pero crucial visita para mí. Se va a quedar una presencia de mi oficina en el país por primera vez. Es muy importante continuar monitoreando. Solicitamos al gobierno varios compromisos”, dijo. 

“El gobierno ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención. Vamos a trabajar por tener una oficina de mayor peso, pero vamos a tener a dos personas que se van a quedar monitoreando la situación y los proyectos de asesoría técnica en materia de acceso a la justicia”, acotó.

“El propósito de mi visita fue mantener una relación más cercana y fluida con el Estado, la sociedad civil y, por cierto, con familiares y víctimas. Fue profundamente doloroso escuchar testimonios de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, o de violencia política, por no ser partidarios del régimen. Sus historias son desgarradoras, todos demandan justicia”, enfatizó la representante de la ONU.

“Escuche el testimonio de un hombre que me contó como su hermano fue asesinado por el Faes. Un padre me mostró las medallas que su hijo había logrado antes de ser asesinado en una protesta en el 2017. Recibí el testimonio de un familiar de una persona que fue quemada viva”, detalló.

 

Declaración de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet al final de su visita a Venezuela

Caracas, 21 de junio de 2019

Buenas tardes y gracias por estar aquí.

Esta ha sido una corta pero crucial visita para mí. Es, además, la primera visita oficial de un Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela. Me iré de Caracas esta noche, pero se quedará una presencia de mi Oficina en el país por primera vez. Hemos alcanzado un acuerdo con el Gobierno para que un pequeño equipo de dos oficiales de derechos humanos permanezca aquí, con el mandato de proveer asistencia y asesoría técnica y, muy importante, continuar monitoreando la situación de derechos humanos en Venezuela.

Agradezco al Gobierno su invitación, su cooperación y su compromiso con mi Oficina, incluyendo al equipo técnico que visitó el país en marzo.

Previo a mi visita, solicitamos al Gobierno varios compromisos, y hemos podido alcanzar varios acuerdos, además de la ya citada presencia de los oficiales de derechos humanos. Tenemos el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura y para determinar los principales obstáculos en el acceso a la justicia en el país. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y sus familiares por obtener justicia ante las graves violaciones de derechos humanos. Espero sinceramente que nuestra evaluación, nuestra cooperación y nuestra asistencia ayude a reforzar la prevención de la tortura y el acceso a la justicia en Venezuela. El Gobierno también ha aceptado que mi equipo tenga acceso pleno a los centros de detención para poder monitorear las condiciones de detención y hablar confidencialmente con los privados de libertad. El Ejecutivo también se ha comprometido a trabajar para permitir un acceso más amplio a los distintos mecanismos de derechos humanos, incluidos los expertos independientes de Naciones Unidas, conocidos como relatores especiales.

Celebro la liberación del parlamentario opositor Gilber Caro, que se encontraba en custodia del servicio de inteligencia SEBIN. Asimismo, recibo con beneplácito de la liberación de Melvin Farías y Junio Rojas, aunque hago un llamado a las autoridades a liberar a todas las personas que están detenidas o privadas de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica.

El propósito de mi visita fue abrir un espacio que permita mantener una relación más cercana y fluida con las autoridades e instituciones del Estado, la sociedad civil y las víctimas de derechos humanos. Mi deseo era venir y escuchar a todos los actores para poder trabajar con ellos hacia el respeto, la promoción y la protección de todos los derechos humanos de todos los venezolanos.

Durante mi visita me reuní con el presiente, Nicolás Maduro Moros, y con varios ministros de Gobierno y otros altos cargos, incluyendo el Canciller, el Ministro de Defensa y el del Interior, y aquellos a cargo de las carteras relacionadas con los derechos civiles, políticos económicos, sociales y culturales. También mantuve reuniones con al Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. De igual manera, sostuve una reunión con el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y otros parlamentarios de distintos partidos políticos, así como con el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente.

También conocí a víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos y a sus familias. Escuché el testimonio de un hombre que me explicó cómo su hermano fue torturado, humillado y asesinado por oficiales encapuchados de las FAES que allanaron su casa, así como muchas otras familias destrozadas porque sus seres queridos tuvieron el mismo destino. Un padre me mostró orgulloso el trofeo y las medallas que su hijo había ganado jugando al baloncesto antes de ser asesinado mientras participaba en una protesta en 2017. Una madre me relató el asesinato de su hijo de 14 años durante las manifestaciones del 30 de abril de este año. Escuché los testimonios de algunas personas que fueron privadas de libertad y sufrieron terribles torturas, como también cientos de violaciones contra partidarios del Gobierno. Conocí el testimonio de una madre de un joven que fue quemado vivo durante las protestas de 2017 y que pasó 15 días agonizando en el hospital antes de fallecer. Una joven me narró cómo su padre fue asesinado por defender el derecho a la tierra de los campesinos. Sus historias son desgarradoras y muestran la desconfianza que tienen en las autoridades estatales. Todos demandan justicia. Un sacerdote de la Iglesia para los Pobres nos compartió apasionadamente acerca de cómo los pobres y los grupos más vulnerables son los que más están sufriendo. No se trata de política, dijo, sino del sufrimiento de la gente.

Me he comprometido a continuar transmitiendo estas demandas y abogar por la justicia y la reparación para ellos, sean quienes sean los perpetradores. Soy consciente de que hay miles de otras víctimas y sus familias con las cuales no tuve la posibilidad de encontrarme, pero déjenme decirles algo: Su lucha por la justicia es importante, no solo por lo que ustedes han sufrido, sino por lo que significa para todos los venezolanos. No están solos.

He escuchado las voces de los manifestantes que luchan por la protección de sus derechos, y las de aquellos que buscan reparación por el daño que han sufrido. He encontrado a representantes de la sociedad civil, sindicalistas, líderes religiosos, empresarios, y académicos de todo el espectro socio-económico y político. Me he entrevistado con representantes de la comunidad internacional y con las agencias de las Naciones Unidas en Venezuela.

Todos me han transmitido como la situación humanitaria en Venezuela se ha deteriorado de forma extraordinaria, incluyendo el derecho a la alimentación, el agua, la salud, la educación y otros derechos económicos y sociales. El Gobierno ha lanzado proyectos en un esfuerzo de asegurar acceso universal a programas sociales, para lo que ha dedicado el 75 por ciento del presupuesto nacional. Sin embargo, hemos oído el testimonio de venezolanos, que a pesar de tener un empleo – muchos en el sector público enfrentan dificultades para adquirir medicinas o comida.

La situación sanitaria sigue siendo extremadamente crítica a causa de múltiples factores, la escasez de medicinas y equipamientos, el éxodo de los profesionales de salud, el deterioro de la calidad del agua y del saneamiento, y los apagones eléctricos. El costo y la falta de anticonceptivos en las farmacias ha contribuido a un aumento de los embarazos adolescentes, y de la mortalidad materno-infantil. Los trabajadores de la salud me han descrito como equipamientos médicos, como las máquinas de rayos X, escasean o no están en funcionamiento; y las personas que viven con enfermedades crónicas me han alertado sobre la falta de medicamentos esenciales para su supervivencia. He hecho un llamado al Gobierno para que proporcione los datos relacionados con la situación sanitaria y otros derechos socio-económicos que permita evaluar la situación y apoyar de forma adecuada.

Las causas de esta inmensa crisis económica -la cual se ha exacerbado dramáticamente desde 2013- son diversas, y he hablado con el Estado sobre la necesidad de resolverlas urgentemente con el apoyo de las agencias de las Naciones Unidas que recientemente han podido reforzar su presencia en Venezuela. Me preocupa que las sanciones impuestas este año por Estados Unidos sobre las exportaciones de petróleo y el comercio de oro están exacerbando y agravando la preexistente crisis económica.

Nuestro informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela mandatado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, que se presentará el 5 de julio de 2019, contendrá mucha más información basada en evidencias, así como análisis objetivo relativo a todos los aspectos de derechos humanos que acabo de destacar, además de recomendaciones constructivas sobre cómo avanzar.

En este tiempo de grave crisis económica, social y política, he hecho un llamamiento a líderes de todo el espectro político para que intenten encontrar una manera de confrontar los desafíos y el sufrimiento del pueblo de Venezuela. Para ello, todas las voces deberían ser incluidas. Las crisis solo pueden ser resueltas a través de la participación significativa, franca e inclusiva de diversos actores de la sociedad.

He apelado a todos los líderes políticos a que participen constructivamente con el diálogo facilitado por Noruega y con cualquier otro esfuerzo para intentar enfrentar la actual situación política en Venezuela. El destino de más de 30 millones de venezolanos reside en la voluntad y la habilidad de sus líderes para colocar los derechos humanos de la gente por encima de cualquier ambición personal, política o ideológica. Entiendo el escepticismo de algunos en Venezuela acerca de la posibilidad de que cualquier de estas negociaciones prosperen, pero la grave situación en el país debe instar a los líderes a intentarlo. Mantener posiciones arraigadas en cualquiera de los dos lados solo agravará la crisis, y los venezolanos no pueden permitirse que se deteriore aún más la situación en el país.

Hago un llamado a dar pasos audaces hacia un compromiso para dejar a un lado las ganancias cortoplacistas y enfocarse en logros a medio y largo plazo para todo el país. Las negociaciones pueden dar frutos solo si son inclusivas y si las partes involucradas dan una respuesta a la urgencia real de la situación.

Nuestra Oficina está lista para dar asistencia y asegurar que los derechos humanos de todos los venezolanos sean plenamente protegidos. Nuestra presencia aquí posibilitará trabajar con las instituciones estatales, la sociedad civil y el sistema de Naciones Unidas.

Sebastián Piñera gana presidencia de Chile con amplio margen

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Con un 54,56% de los votos -correspondiente el 96% de las mesas escrutadas-, el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, ganó la segunda vuelta presidencial tras imponerse por un amplio margen al abanderado de la Nueva Mayoría, Alejandro Guillier.

A pesar de que se esperaba una contienda estrecha, el ex mandatario superó por más de nueve puntos al senador por Antofagasta quien alcanzó un 45,43% de las preferencias. De esta manera, Piñera retornará a La Moneda el próximo 11 de marzo y recibirá nuevamente la banda presidencial de las manos de Michelle Bachelet.

Las celebraciones en el comando de Piñera comenzaron pasadas las 19 horas, cuando los primeros conteos marcaban una tendencia clara a favor del ex jefe de Estado. Desde el comando de Guillier, en tanto, se mostraron “sorprendidos” por la extensa ventaja que obtuvo el abanderado de Chile Vamos.

Lea la nota completa en La Tercera de Chile

Con un claro favorito, la campaña electoral chilena entra en semana decisiva

Chile Piñera y Bachelet

La campaña presidencial chilena entró hoy en su última semana previa, con el conservador Sebastián Piñera como el favorito para ganar las elecciones del 19 de noviembre y, eventualmente, la segunda vuelta un mes después si es que no alcanza en primera ronda el 50 por ciento más uno de la votación.

Piñera, que ya gobernó entre 2010 y 2014, y otros siete candidatos se disputan los votos de poco más de 14 millones de chilenos habilitados para participar en los comicios, donde el sufragio es voluntario.

“Vamos a ganar esta elección para la que nos hemos preparado durante mucho tiempo”, aseguró hoy el ex presidente, quien, de acuerdo con casi todas las encuestas conocidas hasta ahora,ganaría cómodamente la primera vuelta con entre un 40 y 45%, cifra todavía insuficiente para que evite la segunda vuelta programada para el 17 de diciembre si ninguno de los candidatos alcanza la mayoría absoluta.

Es tal la confianza del dirigente conservador que dijo saber desde ya qué es lo que va a hacer “desde el primer día” cuando asuma por segunda vez la presidencia de su país el 11 de marzo de 2018.

“Vamos a transformar a Chile en ocho años en un país desarrollado”, dijo el magnate (dueño de una fortuna de 2.700 millones de dólares, según la revista Forbes) en la presentación de su programa de gobierno y encandilar a un sector empresarial y a unos mercados que anhelan su victoria, tras cuatro años de cambios impulsados por la presidenta socialista.

En la eventualidad de una segunda vuelta, Piñera se enfrentaría al periodista Alejandro Guillier, el candidato de un oficialismo que llega fragmentado a estos comicios y a quien los estudios de opinión asignan entre un 20 y un 25%.

El objetivo de Guillier es defender las reformas del gobierno de la Nueva Mayoría, de centroizquierda, de Bachelet. “Vamos a ir a la primera vuelta como una especie de primarias del mundo progresista, pero yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos vamos a concurrir a reagruparnos para la segunda vuelta y ahí vamos a entrar a una clara competencia con la derecha”, dijo el otrora rostro televisivo.

“Una diferencia de 25 puntos entre uno y otro es una buena diferencia, es muy difícil de alcanzar”, admitió hoy José Miguel Insulza, ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA).

El también ex canciller, quien es candidato a senador por su partido, el socialista, en una región del extremo norte del país, señaló que en una segunda vuelta se tiene que juntar toda la centroizquierda.

Además de Guillier, en primera vuelta participarán la senadora Carolina Goic, presidenta del Partido Demócrata Cristiano (PDC), la principal formación del oficialismo, que, sin embargo, se apartó del bloque por diferencias internas con algunos de sus integrantes, entre otros con el Partido Comunista.

Los chilenos encontrarán también en la papeleta los nombres de la periodista Beatriz Sánchez, quien representa al Frente Amplio, un conglomerado que reúne, entre otras agrupaciones, a los verdes, humanistas y liberales de izquierda.

También han presentado sus candidaturas el ex socialista Marco Enríquez-Ominami, quien se postula por tercera vez a la presidencia; Eduardo Artés, un ardiente defensor del régimen de Corea del Norte, por el Partido Comunista Acción Proletaria; y el senador Alejandro Navarro, del izquierdista partido País, un declarado aliado del Gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro.

El octavo candidato a la presidencia de Chile es José Antonio Kast, un diputado ultraconservador que admira al régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

De llegar a la primera magistratura, Kast propondrá clases de religión en todos los colegios públicos del país y derogará una ley de aborto en tres causales aprobada recientemente, entre otras iniciativas.

Junto con las elecciones presidenciales se renovará por completo la Cámara de Diputados, que sube de 120 a 155 miembros, y parcialmente el Senado, que aumenta de 38 a 50.

El presidente que llegue el próximo 11 de marzo a La Moneda recibirá un país con una economía en alza, impulsada por la subida de los precios del cobre (tras años de caídas), que llevó al principal productor mundial del metal rojo a un crecimiento medio del 1,8% en los años de mandato de Michelle Bachelet.

La actual presidenta llevó a cabo un ambicioso plan de reformas, entre ellas la educativa, que instaló un sistema progresivo de gratuidad en la educación superior. Aprobó la unión civil, que beneficia a las parejas homosexuales, y el aborto terapéutico.

*Con información de agencias dpa y AFP