La «limpieza» ordenada por el Gobierno dentro de la industria petrolera ha sacado trapitos sucios hasta de los niveles más elevados. A Rafael Ramírez, quien se encargó de administrarle a Chávez por una década la generadora de casi todas las riquezas del Estado, también lo han puesto bajo el reflector fiscal.
Las denuncias esgrimidas desde hace años sobre una corrupción gigantesca en Pdvsa, ignoradas o desestimadas como «campaña contrarrevolucionaria» por las autoridades, ahora son presentadas por esas mismas autoridades como su gran hallazgo. El principal señalado no tardó en reaccionar, acusando a su vez a sus inquisidores de conformar una cábala de estafadores que acabaron con el legado del «comandante eterno». En fin, ante los ojos de los venezolanos ha habido un lamentable espectáculo de atribuciones de culpas por delitos y fracasos que han contribuido con el calamitoso estado del país, esgrimidas con el descaro de quienes estuvieron en contacto constante con el lodazal y ahora pretenden que los vean como inmaculados.
Pdvsa está mal. Muy mal. Por primera vez las autoridades reconocen que hay un problema no menor. Sin embargo, todo el camión de estiércol lo descargan sobre Ramírez y compañía, como si aquel no hubiera sido colocado donde estuvo y mantenido largo tiempo ahí por Chávez. Porque no puede haber ninguna mancha que ensucie la obra política del fundador del movimiento gobernante, nada que sirva para cuestionar el culto cosechado en torno a su figura.
Pero el paso de Ramírez y sus adláteres por Pdvsa, así como todo lo que ello ha significado para la empresa, no puede ser disociado de las desiciones de Chávez y de la manera en que el chavismo ha llevado las riendas de Venezuela. Es una historia de barbaridades que tienen sus orígenes en la misma visión del poder que, en esencia, no ha cambiado.
Sería necio negar que desde que se hizo efectiva la estatización del petróleo en Venezuela, en los albores de 1976, la renta producida por el mismo ha permitido a la República financiar gigantescos proyectos concebidos bajo el halo de políticas sociales, enfocadas a menudo en el beneficio de los sectores más humildes de la población. También es cierto que tal administración de los recursos petrolíferos llevó en más de una ocasión al desarrollo de estructuras clientelares para salvaguarda de intereses partidistas. Todo esto, aunado a posibles deficiencias gerenciales, puede generar críticas como parte del debate público sobre el papel del Estado en el sector nacional de hidrocarburos, sobre todo desde un punto de vista liberal.
Sin embargo, Pdvsa antes de 2002 estaba lejos de ser el desastre actual. A pesar de lo argumentado en el párrafo anterior, la compañía siempre mantuvo un margen de autonomía financiera y administrativa con respecto a los ocupantes de Miraflores y sus intereses políticos. Esa es la diferencia entre una empresa del Estado y una empresa del Gobierno o, peor, del partido oficialista. A nadie en los años 70 u 80 se le hubiera ocurrido afirmar que Pdvsa era «blanca blanquita» o «verde verdecita».
Además, independientemente del porcentaje de renta petrolera destinado a proyectos sociales públicos, una porción quedaba para inversión en la propia Pdvsa. No hay que ser un Rockefeller para comprender que una petrolera necesita fondos cuantiosos para mantener sus actividades de extracción y refinación. También para exploración de yacimientos nuevos y la innovación industrial.
Pues bien, todo esto le resultó chocante a Chávez. En un país donde la palabra «socialismo» representaba un concepto no muy digno de confianza, es probable que el teniente coronel devenido en jefe de Estado considerara indispensable consolidar su apoyo con políticas sociales gigantescas de ejecución rápida. Para eso hacía falta dinero y ahí estaba la renta petrolera, pero con el problema de que el funcionamiento tradicional de Pdvsa no era adaptable a tales fines. Así que el control de la compañía por el chavismo debía ser ilimitado. Ello consiguió un primer gran escollo en la gerencia de la empresa, apegada a la cultura de autonomía. Chávez la descabezó en 2002, en uno de sus arranques de mandamás. Creyendo que cometía una gracia, despidió a los gerentes molestos con un pito, como un árbitro que expulsa a jugadores de un partido de fútbol. La meritocracia, filosofía que sustentaba la jerarquía en la empresa, fue objeto de burlas y descalificaciones por parte del «comandante».
En poco tiempo, la nueva Pdvsa, la «roja rojita», comenzó a tomar forma, de la mano de un nuevo tren de administradores comprometidos con el proyecto chavista, entre los cuales Rafael Ramírez ascendió más que nadie. Desapareció la meritocracia y fue reemplazada por la lealtad a Chávez (y a la elite oficialista tras la muerte de este) como principal criterio para la asignación de responsabilidades.
Década y media después, los resultados están a la vista. Los «bondadosos y desinteresados revolucionarios» que se hicieron con la conducción de Pdvsa ahora son denunciados por sus camaradas como una partida de ladrones. Además, a la corrupción se agrega el terrible desempeño. Por un tiempo parecía que las actividades de la compañía iban viento en popa. Un Chávez emocionado declaró en 2012 que para 2019 Venezuela debía estar produciendo seis millones de barriles diarios por mes. Pero en noviembre del año pasado, de acuerdo con cifras de Pdvsa reportadas a la OPEP, el bombeo fue de apenas poco más de 1,8 millones de barriles. Durante 2016, la producción mensual promedio fue de más de 2,3 millones. Es decir, hubo una caída de 23%. Los expertos señalan, espantados con razón, que es el desempeño más bajo desde los años 80. Con una nómina muchísimo más grande que la de entonces y luego de haber pasado por el boom de precios más espectacular de la historia, estamos produciendo más o menos lo mismo que hace treinta años.
¿Cómo puede el Gobierno explicar semejante despropósito? Pues justamente para eso es la tal limpieza, después de la cual todo debería marchar de maravilla. Como con los planes para garantizar la seguridad ciudadana, para abastecer los anaqueles con «precios justos» y para torcerle el brazo al dólar innombrable, la elite oficialista lanza un nuevo «ahora sí saldremos adelante» en Pdvsa. Todo indica que, para variar, la solución mágica será aumentar la influencia de los militares en la industria, bajo el cansino argumento de que «la disciplina y el patriotismo» castrenses bastan para enmendarlo todo. Sin embargo, la experiencia del control de la distribución de alimentos por los uniformados da razones de sobra para mantener una postura escéptica sobre el porvernir próximo del sector. Así entra Pdvsa en 2018, año en el que se avisora un agravamiento de la crisis nacional que injustamente ha sido impuesta a los venezolanos con tal de mantener en el poder a un grupo minúsculo de privilegiados.
