Por Acceso a la Justicia
LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR EL PRESIDENTE Nicolás Maduro tras las elecciones del 20 mayo no dejan duda de que el Gobierno persistirá en las políticas de control e intervención que han destruido la economía nacional, la cual a finales de junio alcanzará veinte trimestres consecutivos en recesión.
El esquema aplicado por el jefe de Estado es el mismo que usaba el fallecido presidente Hugo Chávez, anunciar que planteará una solución a la problemática del abastecimiento y la inflación –Maduro omitió que el país padece su primer ciclo hiperinflacionario–, para luego insistir en la aplicación de una de las principales causas de la actual tragedia económica: la intervención u ocupación, esta vez contra los mercados municipales.
La medida anunciada el pasado 28 de mayo replica otras tomadas por Maduro, como los casos Daka (2013), juguetes Kreisel (2016), panaderías y Makro (2017). En la práctica, la ocupación de estos negocios ha seguido igual diseño: tomar posesión total o parcial de las empresas –mediante decreto o resolución administrativa–, para asumir la gerencia y proceder a rematar la mercancía en inventario.
En esta ocasión, el primer mandatario justificó que “el pueblo clama un proceso de saneamiento en todos los mercados municipales del país, y que saquemos esposadas a todas las mafias” culpables de la especulación y el acaparamiento.
Si bien Maduro indicó que firmaría un decreto para instrumentar la ocupación de estos conglomerados de negocios, pasadas más de dos semanas fue el vicepresidente del Área Económica, Tareck El Aissami, quien informó de una primera oleada de intervenciones “temporales” que afectaron a ocho mercados (tres en Caracas, dos en Barquisimeto y Maracay y uno en Valencia).
El funcionario argumentó que la medida sancionatoria está contemplada en la Ley Orgánica de Precios Justos, y se puede aplicar por indicio de delitos como especulación, acaparamiento y alteración fraudulenta de precios o de los servicios. Además, aclaró que serán noventa y siete los mercados “abordados” en todo el país.
Conocidas estas actuaciones, Acceso a la Justicia observa que tanto la acción emprendida contra estos negocios como las razones esgrimidas contrarían la Constitución, ya que las ocupaciones y confiscación de mercancía para ser vendida a descuento sin procedimientos y juicios previos violan la propiedad privada, la libertad económica y el debido proceso.
Lo dicho está expresamente consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 17), y en los artículos 115 y 116 de la Constitución; el primero garantiza el derecho a la propiedad privada y el segundo estipula que “no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme los bienes de personas naturales y jurídicas”.
Asimismo, al someter a los mercados municipales a los designios del Ejecutivo Nacional se atenta contra el principio de descentralización establecido en la Constitución, ya que por su naturaleza y tradición estos espacios son regentados por las alcaldías. La propia Ley Orgánica del Poder Público Municipal (56.2.f) entrega como competencia a los ayuntamientos todos los servicios públicos, incluidos estos establecimientos.
El esquema
Aunque la Constitución y tratados internacionales condenan que se despoje arbitrariamente de su propiedad a personas y empresas, el Ejecutivo Nacional amparado en leyes aprobadas durante la presidencia de Hugo Chávez –como la Ley de Precios Justos que fue reformada por Maduro, pero data de 2011– ha mantenido la política de adueñarse de los medios y bienes de producción con expropiaciones, intervenciones, tomas y confiscaciones.
Entre 2005 y 2017 Cedice ha monitoreado 125.246 actuaciones contrarias a los derechos de propiedad, de las cuales 11.852 se dieron el año pasado. En lo que va de 2018, el registro apunta a que hasta la primera quincena de abril ha habido 3.125 ataques.
De manera que lo que ocurre con los mercados municipales calca las acciones emprendidas contra la propiedad privada en poco más de una década. En el caso de Chávez, la redistribución de la riqueza y la instauración del socialismo del siglo XXI sirvieron de marco para que una Asamblea Nacional (AN) sin presencia opositora (2005-2010) aprobara un conjunto de normas que a la postre le permitieron conformar un aparataje de empresas e industrias fraudulento, ya que un gran porcentaje provino de expoliaciones.
Este mismo esquema es el que ha seguido Maduro, quien ha esgrimido la tesis de la guerra económica para seguir apoderándose de los activos del sector privado. Desde enero de 2016 el Gobierno mantiene en condición de emergencia económica y estado de excepción al país, lo cual además de ser inconstitucional –ya que el plazo tope para esta figura es de sesenta días prorrogables por una sola vez y debe ser aprobada por la AN– prolonga el origen de todos los males de la economía: centralización de la producción, control de precios, costos y cambio, entre otras políticas que hoy por hoy condenan a la pobreza y al hambre a la población.
Asimismo, en los últimos tiempos estas medidas se han combinado con acciones que han escalado el conflicto con el sector privado, primero siendo permisibles con gobernaciones y alcaldías en la intervención del proceso de distribución de rubros básicos, lo que obligó al sector pecuario a vender parte de su producción a las autoridades regionales o locales a precios por debajo de las estructuras de gasto, y más recientemente con fiscalizaciones que han desembocado en confiscaciones y muerte.
Es el caso del homicidio de Carlos Tarazona, ganadero del municipio Junín del estado Táchira, quién era propietario del matadero donde fue ultimado en un operativo de inspección liderado por el ministro de Agricultura Urbana y jefe de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal, en mayo pasado.
El funcionario calificó de “capo” a Tarazona y aseguró que estaban enfrentando “mafias”, pero diversas versiones lo desmintieron y señalaron que fue asesinado como parte de la práctica de amedrentamiento y represión que ejerce el Gobierno en contra de todos los que discrepan de su política.
Este entramado de acciones no sólo ha minado la capacidad del país de suplir las necesidades de la población en materia alimentaria, y otras áreas vitales circunscritas a las garantías constitucionales de todo venezolano a tener calidad de vida, sino que también mantiene sometido al tejido productivo por la falta de seguridad jurídica.
Espera y efecto
Al igual que en otros casos de medidas arbitrarias, en las últimas semanas los mercados municipales se mantienen expectantes sobre el efecto que tendrá la decisión que prácticamente militariza sus actividades, pues la Gran Misión Abastecimiento Soberano, a cargo del ministro de la defensa, general Vladimir Padrino López, es la encargada de “adecentar” estos establecimientos.
Por ahora, las actuaciones del Gobierno comienzan a generar caos como en otras ocasiones, pues algunos gobernadores y alcaldes han optado por no esperar las instrucciones presidenciales y han adelantado intervenciones que ya tienen víctimas: detenciones y confiscaciones. También amenazas como la del mandatario de Barinas, Argenis Chávez, quien advirtió que todos los mercados de su región serán ocupados.
Mientras inician las intervenciones, las consecuencias de su aplicación son claras para todo el sector: más indefensión para los actores de la cadena productiva y la profundización de la escasez estructural que padece el país, pues habrá menor oferta de productos, mientras los consumidores perderán la opción que representan los mercados municipales.
El presidente de Fedenaga, Carlos Albornoz, además introdujo un elemento que vuelve a dejar en evidencia la intención gubernamental de mantener sometida a la población y al sector productivo. Advierte que la intervención se aplicará “para administrar el déficit y armar los CLAP con lo poco que llegue. Porque no hay efectivo para importar, ni esperanza de producir”.
Las bolsas y cajas de alimentos distribuidas por los CLAP, creados con el tercer decreto presidencial 2.323 del 13 de mayo de 2016 sobre la emergencia económica y el estado de excepción, adquirieron un estatus que le permite al Gobierno usarlos para “la correcta distribución y comercialización de productos de alimentos y de primera necesidad”, así como para “mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país”.
Lo reseñado muestra que, con cada acción en materia de producción y distribución de rubros básicos, el Gobierno fortalece su idea y acción de usar estas áreas vitales de la economía como arma de dominación política en procura de mantenerse en el poder. Todo lo ejecuta, sin importarle que violenta derechos y garantías constitucionales, y condena al país y a su población a la pobreza y la necesidad.
