LA REUNIÓN DE JUNIO se llevó a cabo a puerta cerrada, lejos de la intensa atención normalmente enfocada en Venezuela.
Alrededor de una mesa en forma de U en un hotel sobre el Canal de Panamá, funcionarios del Departamento del Tesoro distribuyeron una lista de compañías sospechosas que creen que altos funcionarios venezolanos han utilizado en todo el mundo para desviar millones de dólares en contratos de importación de alimentos pese a el hambre que se padece en la rica nación petrolera.
Esa reunión, y varias desde entonces, es parte de una campaña sostenida de la administración Trump para presionar al presidente Nicolás Maduro y castigar las billeteras de altos funcionarios de la administración socialista de Venezuela.
“Saben que los buscamos y saben que los perseguimos a nivel multinacional porque estamos empezando a ver cómo las redes se transforman y las nuevas compañías ficticias se ponen de pie y las existentes se debilitan”, dijo Marshall Billingslea, funcionario del Tesoro en el área de financiamiento al terrorismo, en una entrevista al margen de la reunión de junio.
En esa sesión, investigadores forenses de Estados Unidos y tres aliados conservadores de América Latina -México, Panamá y Colombia- rastrearon transacciones de compañías que se cree estaban controladas por un empresario vinculado al gobierno, según varios participantes que hablaron con The Associated Press sobre el tema a condición de guardar el anonimato porque las discusiones fueron privadas.
Desde que Donald Trump se convirtió en presidente, decenas de altos funcionarios venezolanos han sido sancionados por acusaciones de corrupción, abusos contra los derechos humanos y tráfico de drogas. El año pasado, el mandatario estadounidense incluso amenazó con una “opción militar” para destituir a Maduro y, junto con altos asesores y líderes latinoamericanos, planteó la posibilidad de invadir el país sudamericano.
El enfoque en la comida es deliberado, dijo Billingslea, quien dirigió el equipo de transición de seguridad nacional de Trump.
Una historia publicada por la AP en 2016 reveló cómo altos funcionarios venezolanos y miembros de las fuerzas armadas se enriquecían desviando dinero de los contratos de alimentos. Desde entonces, a medida que el hambre se ha extendido, Maduro ha logrado tener un control aún mayor de la distribución de alimentos, entregando cajas mensuales de productos básicos que los críticos califican como una forma de control social dictatorial.
Maduro dijo que comenzó a distribuir las cajas CLAP -el acrónimo de Comités Locales de Abastecimiento y Producción- como una forma de burlar la “guerra económica” que libran sus oponentes. Pero los críticos dicen que el mandatario venezolano esencialmente ha convertido los alimentos en armas, distribuyendo las cajas principalmente entre trabajadores del gobierno y sus seguidores.
A medida que Venezuela se ha sumido en la agitación, el programa CLAP se ha convertido en un tenue salvavidas para millones de personas que sufren debido a los estantes de los supermercados y la hiperinflación.
“Esto va más allá de la corrupción”, dijo Billingslea, quien estuvo acompañado en Panamá por Kenneth Blanco, director de la red de ejecución de crímenes financieros del Departamento del Tesoro. “Esto es, literalmente, saquear el único programa de red de seguridad social que queda”.
Billingslea no habló sobre individuos o entidades específicas en el radar del equipo de trabajo, pero dijo que es una prioridad ir tras el dinero robado de las importaciones.
Los participantes que hablaron con la AP a condición de guardar el anonimato dijeron que un empresario colombiano llamado Alex Saab fue un foco principal de las reuniones en la Ciudad de Panamá.
Saab ganó cierta prominencia en 2011 después de aparecer en la televisión estatal venezolana con el fallecido presidente Hugo Chávez para firmar un acuerdo para construir viviendas para el gobierno. Los investigadores dicen que ingresó al negocio de alimentos a través de Group Grand Ltd., con sede en Hong Kong, que según dicen lleva el sello distintivo de una compañía ficticia.
Group Grand recibió contratos para proporcionar al menos 11,5 millones de cajas de CLAP, según una hoja de cálculo del Ministerio de Alimentos de Venezuela obtenida por la AP.
Fiscales de Miami y Colombia han estado investigando a Saab por más de un año, dijeron a la AP cuatro funcionarios estadounidenses y colombianos con conocimiento de esas investigaciones. Todos hablaron bajo la condición de anonimato debido a lo delicado de la investigación.
El abogado de Saab en Miami, Richard Diaz, rechazó las acusaciones de cualquier mal proceder y dijo que su cliente ha sido sometido a escrutinio indebido y a una dura cobertura mediática debido a los falsos testimonios contra él. Agregó que si Estados Unidos tenía motivos para creer que las acusaciones eran posiblemente ciertas, su cliente habría sido acusado hace mucho tiempo.
Saab dijo en un comunicado que está siendo atacado por opositores del gobierno que buscan sabotear la economía de Venezuela.
“En cambio, deberían estar agradecidos de que a pesar de la mala prensa y el bloqueo internacional todavía hay empresarios dispuestos a invertir y creer en el país”, dijo.
Estados Unidos calcula que al menos el 70% del programa CLAP está siendo destruido por la corrupción.
Entre las transacciones que levantan banderas rojas se encuentra una factura de septiembre de 2017 presentada al Ministerio de Alimentos de Venezuela por Group Grand de 41 millones de dólares por leche en polvo a un precio de 6.950 dólares por tonelada métrica, más del doble del precio de mercado en ese momento. Se proporcionó una copia de la factura al AP.
La investigación cooperada entre Estados Unidos y otros países ya ha dado algunos resultados.
El 17 de mayo, tres días antes de que Maduro fuera reelegido, el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, actuando con información provista por Estados Unidos, anunció la incautación de 15 contenedores llenos con más de 25.000 cajas CLAP.
En un testimonio de la policía obtenido por la AP, el dueño de una empresa colombiana dijo que fue contratado por una firma portuguesa para armar y enviar las cajas a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, que según el Departamento del Tesoro es un vehículo frecuentemente utilizado por funcionarios corruptos para malversar fondos estatales.
Billingslea dijo que Maduro ha intentado en reiteradas ocasiones desviar la culpa de su propia mala gestión y negativa a enfrentar la creciente hambre.
“Si realmente quisieran alimentar a las personas, dejarían entrar la ayuda extranjera que se les ofreció“, dijo.
