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Lumay Barreto

Redacción Runrun.es Jun 14, 2017 | Actualizado hace 5 años
Los gobernadores electos por nadie
Los comicios para elegir a los gobernadores se realizarán en diciembre de 2017 de acuerdo al cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE), un año después de lo que establece la Constitución. Mientras la mayoría de los gobernadores cumplirán para ese entonces un año de gestión con su período vencido, siete estados del país han estrenado mandatarios elegidos a dedo por el chavismo y no por el voto popular. Casos parecidos también se dieron en tres municipios y sus respectivos alcaldes

 

Luisana Solano | @luisisolano

Paola Martínez| @mpaolams

LA VOLUNTAD Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS se ha violentado en más de seis ocasiones con la renuncia de gobernadores y consiguiente juramentación de nuevos mandatarios locales que no fueron elegidos por los ciudadanos, sin que el Gobierno dé importancia a las pospuestas elecciones regionales que debían darse antes de diciembre de 2016, cuando los cuatro años de gestión estatal llegaron a su fin.

Anzoátegui, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Sucre y Portuguesa se quedaron sin gobernadores entre 2016 y 2017, y fueron reemplazados por los secretarios de gobierno en la mayoría de los casos. Sin embargo, algunos de ellos no han sido los indicados por la legislación de cada entidad, y en otros, nombramientos relámpagos han puesto a personas ajenas al estado en posiciones específicas para que al darse la renuncia de los gobernadores, políticos escogidos a dedo queden en el cargo.

En el caso de los alcaldes, esta imposición de mandatario local se ha dado en tres estados: Apure, Aragua y Monagas. Si bien los 335 alcaldes electos en diciembre de 2013 finalizarán su mandato en el tiempo reglamentario de cuatro años, en estos estados hay localidades que han tenido a un burgomaestre electo por un Consejo Municipal controlado por el oficialismo por casi dos años. El CNE tampoco ha dado fecha para la elección de los alcaldes.

Estos son los casos:

El Gobernador que abandonó su estado para ser Constituyentista

Ameliach

El gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, renunció a su cargo el miércoles 14 para poder postularse como precandidato a la Asamblea Nacional Constituyente, cuyos requisitos exigen no tener ningún cargo activo.

Gustavo Pulido, quien ejercía la secretaría de Gobierno del estado, será el nuevo gobernador encargado.

Sin embargo, la responsabilidad de Ameliach hacia Carabobo queda en la línea delgada para la mitad de los carabobeños, quienes votaron por él en 2012. El diputado a la Asamblea Nacional por Carabobo, Juan Miguel Matheus, culpó al oficialista de abandonar el estado «para unirse al fraude Constituyente de Nicolás Maduro» y explica que la decisión lo hace parte de la conspiración en contra de la República, la cual trae consecuencias penales ineludibles. «El artículo 143 del Código Penal establece que quienes conspiren para cambiar violentamente la Constitución deben pagar con presidió de doce a veinticuatro años», precisó.

 

La monarquía de Barinas: Hugo, Adán y Argenis Chávez

Argenis Chávez

El “trono” barinés recientemente volvió al linaje Chávez con la ascensión al puesto de Argenis, hermano del difunto Hugo Chávez Frías. La corona de gobernador la llevó Hugo de los Reyes Chávez por diez años, hasta que su primogénito Adán Chávez la heredó en las elecciones del 2012.

Sin embargo, a principios del 2017 Adán tuvo que dejar el estado para ocupar el puesto de Ministro de Cultura que el presidente Nicolás Maduro le designó. La gobernación quedó en manos de Zenaida Gallardo, quien fue secretaria general de gobierno desde 2012.

La gobernadora encargada llevaba seis meses ejerciendo su cargo cuando el domingo 4 de junio de 2017 anunció que Argenis Chávez supliría al secretario general de Gobierno de Barinas, Argenis Aldazoro, quien antes era concejal y ahora se postuló como candidato a la Constituyente. Dos días después, Gallardo anunció su renuncia a la Gobernación.

En poco más de 48 horas Chávez pasó de ser secretario ejecutivo de Desarrollo Económico y comisionado para el área de economía productiva a Gobernador de Barinas, sin necesidad de las elecciones regionales que la oposición pide desde el año pasado. Y el trono volvió a los Chávez.

El salto de secretario a gobernador que ha ocurrido con puestos de otros estados se repite nuevamente en Barinas.

 

La gobernación que Luis Acuña cedió a Edwin Rojas

Luis Acuña y Edwin Rojas

Los sucrenses estrenaron gobernador en febrero, pero no fueron ellos quienes eligieron lo eligieron. Luis Acuña, quien resultó ganador de los comicios estatales en 2012 dimitió y dejó su cargo a Edwin Rojas, quien tenía apenas cinco días como secretario de gobierno tras haber sido diputado de la Asamblea Nacional por el Psuv.

“Son decisiones que está tomando el partido. En el estado Sucre la dirección de la revolución ha tomado la decisión de que Edwin Rojas asuma la rienda de la gobernación en esta etapa final para darle un impulso a los Clap y el carnet de la patria”, dijo el diputado oficialista Héctor Rodríguez sobre la renuncia del antiguo gobernador y la juramentación del nuevo.

El repentino salto de Rojas a gobernador coincide con las declaraciones del exgobernador del 17 de enero, cuando admitió que parte del estado Sucre está asediado por el tráfico de drogas. “Tenemos serias dificultades con todo ese eje de la zona norte. Como son zonas tan desguarnecidas han sido tomadas por el narcotráfico, eso tiene una incidencia en la seguridad. Falta muchísimo más por hacer. Tendríamos que erradicar toda esa invasión por esa zona”.

El 25 de enero, el mismo Acuña, durante la transmisión de su programa de televisión Punto de Cuenta, designó al diputado Rojas como secretario de gobierno del estado Sucre. Un día después, el gobernador volvió a salir al aire para desmentir los rumores que señalaban su pronta renuncia. “Yo no renuncio a ninguna de las tareas impuestas por la revolución”, dijo.

No había transcurrido una semana desde su nombramiento como secretario cuando, el 31 de enero, Edwin Rojas se encontró siendo juramentado como Gobernador del estado Sucre al haber renunciado Luis Acuña al puesto.

De acuerdo al diputado Robert Alcalá, el vicepresidente Tareck El Aissami también habría tenido algo que ver con su nombramiento. “El día lunes en la noche, por una llamada de Tareck El Aissami se ejecutó la renuncia del gobernador con el más alto nivel de rechazo en el país, casi 90% del electorado de Sucre rechaza a ese señor”, señaló en una entrevista para Unión Radio.

El vicepresidente y el ahora gobernador de Sucre se conocían desde antes. Ambos estudiaron en la Universidad de Los Andes (ULA) y además, Rojas sirvió como viceministro de Política Interior y Seguridad Jurídica cuando El Aissami era Ministro de Interior y Justicia.

«Colocan a Edwin Rojas como secretario general de gobierno y luego el Consejo Legislativo en una sesión ilegal que lo designa como gobernador encargado”, denunció Alcalá. Además resaltó que no se cumplió con el tiempo señalado en el art. 113 de la Constitución del estado Sucre para realizar la sesión -15 días- que se hizo fuera del Palacio Legislativo regional, lo cual debe ser aprobado por la cámara y solo puede convocar la directiva en caso de calamidad pública.

 

La de confianza

ElAissamiyBertho

El 4 de enero de 2017, Tarek El Aissami fue nombrado por el presidente Maduro como el vicepresidente de la República. A pesar de tener el periodo vencido, El Aissami seguía siendo gobernador del estado Aragua por lo que un día después el Consejo Legislativo del estado Aragua, de mayoría oficialista, designó a Caryl Bertho, militante del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR200) y Movimiento V República (MVR).

La nueva gobernadora de Aragua ha sido una persona de confianza para El Aissami, quien la designó como Secretaria de Gobierno, cargo que ejerció durante 4 años. Dos años antes de convertirse en gobernadora, Bertho fue candidata por el PSUV para el circuito 1 del estado Aragua de cara a las elecciones parlamentarias.

Durante el mandato de Tareck El Aissami es la segunda vez que se encarga de la Gobernación. En 2015 asumió el despacho por ocho días. Junto a Bertho está como Secretario de Gobierno Felipe Contreras, quien ejerció el cargo de presidente de FundAragua.

 

De una mujer revolucionaria a otra

FariasyGodoy

Erika Faría, militante del PSUV y del Frente Francisco de Miranda, fue gobernadora del estado Cojedes hasta el sábado 1 de octubre de 2016, cuando el presidente Nicolás Maduro la nombró ministra de las Comunas y Movimientos Sociales. El lunes 3 ofreció una rueda de prensa en el que anunciaba que la nueva gobernadora encargada del estado es Margaud Godoy, también del Psuv, quien se desempeñaba como secretaria de Gobierno.

Farías expresó que Godoy no es ajena al trabajo que se realiza en el estado y a los tres días fue juramentada.

Godoy venía de ser viceministra de Participación Comunal, por lo que una semana después de asumir la función de gobernadora, el procurador del estado Cojedes, Alí Cisneros, tuvo que explicar que Farías había pedido un permiso temporal ante el Consejo Legislativo para asumir el cargo como ministra.

Una de las primeras acciones de Godoy fue designar como nuevo Secretario de Gobierno a Alberto Fermín Ulisse, comandante de la policía estadal, quien además fungía como jefe de seguridad y policía de la región.

Farías duró tres meses en el ministerio de Comunas. En enero de 2017 pasó a estar a cargo del Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana.

 

Tres alcaldes en un mes

BrullerbySuárez

Por los alcaldes, también se encuentra el caso de Delson Guarate. El alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, en el estado Aragua, y militante de Voluntad Popular fue detenido por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el 2 de septiembre de 2016 por supuestos delitos ambientales.

En apoyo a Guarate, al día siguiente de su detención, se instaló el ayuntamiento local donde se nombró como Alcaldesa Interina a Alicia Loreto, siguiendo las órdenes del alcalde detenido y según la resolución 138 con fecha de 30 de agosto 2016, que la dejaría en el cargo por 105 días.

Durante su designación como alcalde, Loreto manifestó que “asumo con dolor pero con mucho orgullo este reto por los próximos 105 días donde la meta es triunfar porque está prohibido fracasar”. Legalmente y amparados en la ley municipal, no hay un vacío de poderío, indicó, como lo quiso hacer ver representantes de la Cámara Municipal.

Semanas después, el 30 de septiembre, la asamblea extraordinaria del Concejo Municipal, apoyado por el gobierno, designó al concejal del Psuv Brullerby Suárez como alcalde encargado.

Suárez presidió la Cámara Municipal y fue apartado de su obligación para adjudicarse la alcaldía. El recién nombrado alcalde manifestó que luego de la aprehensión de Guárate “llegó la justicia” a ese departamento y se rescatará la zona castigada por la indolencia del Guarate.

 

La jugada contra VP

WilfredoOrdaz

En Monagas, tuvieron que incluso cambiar de alcalde de un día a otro. El 25 de agosto de 2016 fue emitida una orden de captura emitida en contra de, Warner Jiménez, alcalde del municipio Maturín, por la presunta comisión del delito de desviación de recursos de cinco obras. Ese mismo día, Jiménez firmó un permiso para ausentarse de la municipalidad por 15 días, contados desde el 26 de agosto hasta el 8 de septiembre, pues acudiría a Caracas a tramitar recursos para cancelar el aumento de salarios y el bono de alimentación decretado.

Acabado ese permiso, solicitó otro permiso ante la Cámara Municipal para ausentarse por 90 días más, pero al los ediles oficialistas no comparecer, recurrió a uno de 15 días. La última vez que se vio a Jiménez fue el mismo 25 de agosto y a través de mensajes en su cuenta de Twitter.

Durante esta segunda solicitud, designó como alcalde suplente a Antonio Goncalves, activista de Voluntad Popular.

Semanas después, el 30 de septiembre, los concejales del oficialismo designaron al presidente de la Cámara Municipal, Wilfredo Ordaz, como alcalde encargado. Ante esta acción, Jiménez, en base a sus atribuciones contempladas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, extendió el nombramiento de Goncalves desde el 29 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2016.

“El régimen solo quería quitarle alcaldías a  Voluntad Popular y meter presos a sus alcaldes legítimos: Delson Guarate, Daniel Ceballos y mi persona”, señaló el dirigente de la tolda naranja.

El 5 de enero de 2017, Ordaz fue ratificado en el cargo por los concejales oficialistas del Concejo Municipal de Maturín.

 

El gobernador que nadie quería

Reinaldo Castañeda y Castro Soteldo

El oficialista Wilmer Castro Soteldo llevaba dos períodos electo por el pueblo de Portuguesa como su gobernador. Ganó los comicios de 2008 y 2012, pero en enero de 2016 un mejor cargo lo obligó a dejar su puesto. El presidente Maduro lo nombró ministro de Producción Agrícola y Tierras.

Como gobernador encargado quedó el contraalmirante Reinaldo Castañeda tras una discusión de siete horas entre los legisladores portuguseños y Castro Soteldo, ya que los legisladores opinaban que el cargo debía quedar en manos del foro político del Partido Socialista de Venezuela (Psuv) y no de un colaborador administrativo o amanuense.

Además, ya que la Constitución, en su art. 148, prohíbe desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, Castañeda tuvo que solicitar la baja militar, pero no se conoce si se hizo efectiva.

 

De Aristóbulo a Nelson Moreno

Aristobulo Istúriz y Nelson Moreno

Nelson Moreno es otro de los gobernadores a quien nadie eligió, y sin embargo ocupa la Gobernación de Anzoátegui desde el 7 de enero de 2016, en el cual se mantendrá hasta las elecciones regionales, para las cuales ya habrá cumplido medio período como gobernador.

En enero de 2016, Aristóbulo Istúriz fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo por Maduro, y en su lugar quedó Moreno, quien fungía como presidente del Consejo Legislativo.

 

Concejales dan golpe de Estado

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Otro episodio fue el vivido en Apure, Guasdualito. En 26 de febrero de 2015, el Concejo Municipal decidió arbitrariamente destituir a la alcaldesa Lumay Barreto, perteneciente al partido Voluntad Popular. Ellos informaron que declararon falta absoluta de la alcaldesa.

Los concejales Víctor Blanco, presidente de la Cámara, María Sonia Conde, José María Romero, Jerson Mansilla y Norberto Martínez solicitaron un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la constitucionalidad del acuerdo de declaratoria por abandono del cargo.

Este pronunciamiento por parte del máximo tribunal el 2 de junio de ese mismo año y acordaba como parte de una medida cautelar, la designación del oficialista Víctor Blanco como como alcalde encargado.

La alcaldesa destituida explicó en su momento que su salida fue acordada los cuatro concejales luego de que viajó en febrero a Caracas para participar en una reunión de alcaldes y pasó después tres días en la ciudad central de Barquisimeto.

Sin embargo, Blanco solo duró un año. En Julio de 2016 fue removido del cargo por concejales de la fracción opositora después de acusarlo de la malversación de por la malversación de aproximadamente 17 millones de bolívares. José Rubén Colmenares, del partido oficialista Podemos, quedó designado como alcalde encargado.

El TSJ multó por Bs. 34.500 a los cinco concejales que destituyeron a Blanco y les pidieron dar un paso atrás, pues a su juicio, están “usurpando” las funciones de alcalde.

Lumay Barreto: Me instalaré en Caracas para defender la voluntad del pueblo

 

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@AdrianitaN

 

La alcaldesa del municipio José Antonio Páez (estado Apure), Lumay Barreto, asegura haber sido víctima de un «golpe de estado» al ser destituida de su cargo. El martes 2 de mayo de 2015 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia de en la que se le acusa de haber abandonado su cargo. El documento, que aún no llega a sus manos, ordena el desalojo del despacho y el traspaso de la gerencia local al presidente del Concejo Municipal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Víctor Blanco.

Durante la tarde del miércoles 3 de junio de 2015 el alcalde del municipio El Hatillo, estado Miranda, denunció que sujetos armados vinculados con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) amenazan con tomar la alcaldía encabezada por Barreto.

¿Ausencia o cacería? 

El «abandono del cargo» se traduce en una ausencia de seis días. Barreto detalló, en conversación con Runrun.es, su itinerario de aquel momento. El 19 de febrero de 2015 se trasladó a Caracas para participar en una reunión convocada por la Asociación de Alcaldes, en rechazo a la detención del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; el 20 de febrero se trasladó a San Cristóbal, estado Táchira. Los días 21, 22 y 23, asegura, estuvo en Barquisimeto atendiendo asuntos médicos con su hijo. Finalmente, pasó la jornada del 23 viajando hacia Guasdualito.

El 27 de febrero de 2015 los cuatro titulares del Concejo Municipal emitieron un documento en el que solicitaban al TSJ su destitución, tomando como argumento su ausencia. «Ellos hicieron un acta, es un acta forjada en la que ponen un montón de días. Ese fue el único documento que recibió el TSJ. No han aceptado ni las facturas de la clínica de mi hijo, ni el documento firmado por la Asociación  de Alcaldes, ni nada», reclamó Barreto.

La alcaldesa admitió que son contadas las opciones que tiene para defender la decisión de los electores apureños. «No acatar una orden del TSJ significa encarcelamiento», señaló. Barreto aseguró que, en el momento en que la sentencia del máximo tribunal del país llegue a sus manos, procederá a «instalarse» en Caracas para «defender la voluntad del pueblo».

Lumay Delfina Barreto del Orbe, integrante del partido opositor Voluntad Popular, fue electa el 8 de diciembre de 2013 por la preferencia de 37,78% de los votantes (11.006 personas).  Dulce Useche, la abanderada del PSUV, obtuvo 10.049 votos en la contienda.

¿Qué dice la ley? 

Temporada-de-alcaldes

A pesar de que la Ley del Poder Público Municipal, en su artículo 87, establece que los alcaldes y gobernadores pueden ausentarse hasta por 14 días sin solicitar permiso, Barreto asegura que notificó informalmente a los miembros de su despacho sobre las razones de su viaje.

Para la mandataria, su destitución es una «retaliación por el éxito de la marcha del sábado 30 de mayo». «Esto da vergüenza. Este Gobierno es una dictadura. Todos los poderes están presos del PSUV», dijo.

En este video puede verse la sesión del Concejo Municipal de la localidad apureña, en la que se toma la decisión en contra de Barreto. En la reunión se establece la acusación contra la alcaldesa, sin mayores especificaciones.

 

Los habitantes de Guasdualito están «muy molestos» y «han tenido enfrentamientos», mientras partidarios del PSUV recorren la localidad en motos, según Barreto.  La alcaldesa aseguró que sus electores le han manifestado su temor a que «vuelvan los paramilitares» a la zona. «Esto antes, hace pocos años, era horrible. Cobraban vacuna a los comerciantes, a las familias. Nosotros hemos logrado parar eso», señaló.

El antecedente más cercano del debate sobre la destitución de un funcionario público por ausencia física fue el del presidente de la República, Hugo Chávez. El primer mandatario se ausentó de su cargo durante tres meses continuos por motivos de salud. Tanto la Asamblea Nacional, como el Tribunal Supremo de Justicia otorgaron los permisos respectivos y se negaron a declarar al funcionario en ausencia absoluta, a pesar de que faltó al compromiso constitucional de juramentarse el 10 de enero de 2013. La Sala Constitucional del máximo tribunal acuñó el concepto de «continuidad administrativa» para justificar la falta.

Voluntad Popular rechaza destitución de la alcadesa Lumay Barreto

lumay barreto voluntad popular

El partido político Voluntad Popular emitió un comunicado en rechazo a la destitución de la alcaldesa del municipio José Antonio Páez, Lumay Barreto.

En el documento, la asociación califica como «arremetida por parte del presidente Nicolás Maduro» la medida cautelar por parte de la Sala Constitucional y expresa que la decisión  de designar al presidente de la Cámara Municipal, responde a una estrategia política.

«El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) separó temporalmente del cargo a la alcaldesa Barreto y designó a dedo al presidente de la Cámara Municipal, quien es militante del PSUV, mientras emite una decisión definitiva. Sin embargo, sabemos que el máximo tribunal, como ya nos tiene acostumbrado, dilatará la decisión para dejar de alcalde encargado a una persona que no ganó con los votos del pueblo. Este nuevo atentado responde al ataque perpetrado por concejales de la cámara municipal el 27 de febrero de 2015, cuando intentaron crear un supuesto de falta absoluta por parte de Barreto, el cual no está previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal», reza el documento.

Voluntad Popular apoya a la alcadesa del municipio José Antonio Páez y advierte de la inconstitucionalidad de la decisión por parte del Poder Judicial.

«De concretarse la destitución que le pretenden hacer a la alcaldesa, se establecería una nefasta jurisprudencia para que el régimen dé un golpe de estado bajo el amparo del TSJ a los alcaldes democráticos, convirtiéndose en otra demostración del carácter antidemocrático y centralizado del actual gobierno. A su vez, se pondría en peligro el funcionamiento del Poder Ejecutivo y Legislativo de manera descentralizada, tal como lo expresa nuestra Constitución».

 

Lea el comunicado completo aquí

Voluntad Popular condena categóricamente la usurpación y pretensión inconstitucional del régimen de Nicolás Maduro de destituir de su cargo a la alcaldesa del municipio José Antonio Páez del estado Apure, Lumay Barreto, que constituye una nueva arremetida de Maduro en contra de nuestra organización y de la lucha pacífica emprendida por nuestro coordinador nacional, Leopoldo López, quien se encuentra en huelga de hambre desde hace 9 días en la cárcel militar de Ramo Verde.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) separó temporalmente del cargo a la alcaldesa Barreto y designó a dedo al presidente de la Cámara Municipal, quien es militante del PSUV, mientras emite una decisión definitiva. Sin embargo, sabemos que el máximo tribunal, como ya nos tiene acostumbrado, dilatará la decisión para dejar de alcalde encargado a una persona que no ganó con los votos del pueblo. Este nuevo atentado responde al ataque perpetrado por concejales de la cámara municipal el 27 de febrero de 2015, cuando intentaron crear un supuesto de falta absoluta por parte de Barreto, el cual no está previsto en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

De concretarse la destitución que le pretenden hacer a la alcaldesa, se establecería una nefasta jurisprudencia para que el régimen dé un golpe de estado bajo el amparo del TSJ a los alcaldes democráticos, convirtiéndose en otra demostración del carácter antidemocrático y centralizado del actual gobierno. A su vez, se pondría en peligro el funcionamiento del Poder Ejecutivo y Legislativo de manera descentralizada, tal como lo expresa nuestra Constitución.

La medida cautelar de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia también es consecuencia de la contundente manifestación pacífica y democrática organizada por Lumay Barreto en Guasdualito, el sábado 30 de mayo, en la cual con el respaldo de miles de ciudadanos se exigió la fecha de las elecciones parlamentarias con presencia de observación internacional calificada, libertad para los presos políticos y el cese de la represión y persecución, la cual ratificó el despertar del pueblo venezolano hacia una Venezuela Unida por el Cambio.

Asimismo, Lumay Barreto ha servido como muro de contención a la guerrilla y narcotráfico que anteriormente dominaban este municipio fronterizo con Colombia, por lo cual el régimen busca desesperadamente recuperarlo para devolverles el control a estos grupos irregulares que tanto daño le han hecho a nuestra Venezuela.

Debemos alertar que sobre todas las autoridades electas, alcaldes de la Unidad, especialmente los de nuestro partido, existe la permanente amenaza de destitución por el simple hecho de disentir del régimen de Nicolás Maduro. Basta con recordar las insistentes visitas de comisiones de la Contraloría a los despachos de los alcaldes Patricia de Ceballos (San Cristóbal, Táchira) y David Smolansky (El Hatillo, Miranda), así como el sabotaje constante a la gestión del alcalde Delson Guarate (Mario Briceño Iragorry, Aragua) por parte del gobernador del estado, Tareck El Aissami.

Desde Voluntad Popular ratificamos nuestro apoyo a la alcaldesa Lumay Barreto, a los servidores públicos de la institución y a los habitantes del municipio Páez, quienes están trabajando por la construcción de La Mejor Venezuela de Paz, Bienestar y Progreso. Hoy más que nunca seguimos en la lucha para lograr que un país en Todos los Derechos sean para Todas las Personas y donde los designios de la voluntad popular no sean desdeñados por el dedo inquisidor del régimen y su modelo fracasado.

Con información de Voluntad Popular 

Asociación de Alcaldes por Venezuela rechaza destitución de alcaldesa Lumay Barreto

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La Asociación de Alcaldes por Venezuela emitió un comunicado en el que rechaza la destitución de alcaldesa Lumay Barreto, del municipio José Antonio Páez del estado Apure por parte de una medida cautelar de la Sala Constitucional.

«La medida cautelar de la Sala Constitucional es improcedente, en primer lugar, por la incompetencia de ese Tribunal. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia otorga competencia a esa Sala para conocer de demandas de intereses difusos y colectivos cuando esa demanda tenga transcendencia nacional. Al dictar medida cautelar sobre un acuerdo del Concejo Municipal del Municipio José Antonio Páez, que pretende destituir a la alcaldesa Barreto, la Sala Constitucional actuó fuera de sus competencias legales», reza el comunicado.

En el documento, la asociación explica que en la ley del Poder Público no existe la figura de abandono del cargo, es decir, el cargo de alcalde sólo «se pierde ante una de las causas de ausencia absoluta taxativamente establecidas en esa norma», expresa el texto.

Lea el comunicado completo aquí

La Asociación de Alcaldes por Venezuela expresa su más contundente rechazo a la pretensión ilegal de destituir a la alcaldesa Lumay Barreto del cargo confiado por los ciudadanos del municipio José Antonio Páez del estado Apure, mediante el voto popular.

La medida cautelar de la Sala Constitucional es improcedente, en primer lugar, por la incompetencia de ese Tribunal. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia otorga competencia a esa Sala para conocer de demandas de intereses difusos y colectivos cuando esa demanda tenga transcendencia nacional. Al dictar medida cautelar sobre un acuerdo del Concejo Municipal del Municipio José Antonio Páez, que pretende destituir a la alcaldesa Barreto, la Sala Constitucional actuó fuera de sus competencias legales.

La Sala Constitucional, actuando como una suerte de Juez de ejecución del Acuerdo (para lo cual no tienen ninguna competencia), y no como Juez garante de la Constitución, obvió toda valoración sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad del Acuerdo de la Cámara municipal. Hubiese bastado un análisis somero para concluir que ese Acuerdo constituye un acto viciado de exceso de poder que, por evidente, carece de cualquier fuerza ejecutiva.

No existe en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal la figura del abandono del cargo. El cargo de Alcalde solo se pierde ante una de las causas de ausencia absoluta taxativamente establecidas en esa norma. Sólo pasados 90 días luego de declarada una ausencia temporal es que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal le da facultades a los concejales para determinar si esa falta temporal puede asumirse como ausencia absoluta. Se evidencia en el texto del ilegal acuerdo de cámara, copiado textualmente por la decisión del TSJ que esto jamás ocurrió.

La sentencia cautelar de la Sala Constitucional, dictada fuera del marco aplicable a este tipo de demandas, acordó la ejecución del Acuerdo, a pesar de que ese acto, de manera manifiesta, creó un supuesto de falta absoluta no prevista en la LOPPM, con lo que el TSJ pretende avalar un acuerdo para que el presidente del Concejo Municipal usurpe el cargo de Alcalde,  todo ello en detrimento del derecho de los electores únicos soberanos en el municipio que eligieron a su alcaldesa por mayoría indiscutible de votos y en detrimento de la autonomía municipal, que requiere cuando menos- el respeto del mandato popular del Alcalde.

La Asociación de Alcaldes por Venezuela exige al Tribunal Supremo de Justicia que revoque la inconstitucional e ilegal medida cautelar dictada en contra de la alcaldesa Lumay Barreto que pretende suspenderla del ejercicio del mandato popular que le dio el pueblo. La referida sentencia cautelar adolece de errores inexcusables en derecho y convierte a la Sala Constitucional en un juez ejecutor. Igualmente debe revocarse la admisión de semejante acción que disfrazada de supuesto amparo para la protección de intereses difusos y colectivos, esconde lo que en realidad es un conflicto entre poderes municipales.

Con información de  Prensa de Asociación de Alcaldes por Venezuela 

 

 

En video: Destitución de Lumay Barreto por concejales del PSUV

LumaryBarreto

 

Los concejales del Consejo Municipal de Páez del estado Apure, durante la sección de este jueves 26 de febrero, acordaron “ilegalmente” destituir a la alcaldesa de esta jurisdicción, Lumay Barreto, por abandono del cargo. En un video se muestra como dicha cámara, de mayoría oficialista, viola el artículo 87 de la Constitución que establece destitución cuando la ausencia es mayor de 15 días.

Buscando amparo ante la ilegalidad cometida, en el registro se evidencia como los concejales Víctor Blanco, presidente de la Cámara, María Sonia Conde, José María Romero, Jerson Mansilla y Norberto Martínez solicitan que “un pronunciamiento al Tribunal Supremo de Justicia sobre la constitucionalidad del presente acuerdo de declaratoria por abandono del cargo de la ciudadana Lumay Delfina Barreto del Orbe, alcaldesa del municipio José Antonio Páez, del estado Apure, constituye una falta absoluta en ejercicio de sus funciones”.

Al respecto, la alcaldesa Lumay Barreto afirmó que continuará al frente de su cargo. “Ni renuncio, ni me renuncian. Fui electa por el pueblo y eso se respeta. Me quieren vetar porque no soy oficialista”. Recordemos que en diciembre de 2013, Barreto fue electa alcaldesa con 11.006 sufragios, equivalentes al 37,78% de la votación.