Luis Cedeño

Luis Cedeño, director ejecutivo del Observatorio del Delito Organizado aseguró que Venezuela no es un narcoestado sino una mezcla de varias cosas: cleptocracia, corrupción y narcotráfico. Además considera que el Gobierno busca llevar al pueblo venezolano a un estadio de debilidad moral, donde no puedan reclamarle a sus líderes sus faltas morales porque ellos también las han cometido.

Según el Índice de Percepción de Corrupción (IPC), Venezuela se ubica por segundo año consecutivo, como el país más corrupto de América Latina. “El país repitió su pobre calificación de 2015, 17 puntos sobre 100, con lo que quedó relegado al último puesto de la lista de 32 naciones de la región y a solo 10 lugares de la peor posición en la lista global de 176 que integran la edición 2016 del IPC, considerado como el indicador de corrupción más usado en el mundo”, según informa Transparencia Venezuela.

Cleptocracia = dominio de los ladrones

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra cleptocracia viene del griego clepto, ‘robo’; y cracia, ‘fuerza’ = dominio de los ladrones. Es el “Sistema de gobierno en el que prima el interés por el enriquecimiento propio a costa de los bienes públicos”.

 En julio de 2016, la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado realizaron el Foro “El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela” ¿Qué tipo de estado somos?, donde se profundizó en el análisis de la compleja problemática del impacto del crimen organizado en los diferentes ámbitos de Venezuela, no sólo como estado sino como país, con una situación socio-económica y política que cada día nos hace más vulnerable a este flagelo. 

En ese contexto Cedeño, comentó que existen algunos signos de la presencia de la Cleptocracia en Venezuela y enumeró algunos Indicadores que ilustran tal afirmación: 1. Maximizan los impuestos y el endeudamiento del país. 2. Monopolizan los actos de corrupción de gran volumen: Poligarquía y Nepotismo. 3. Usan fondos del Estado para pagar coimas a cambio de apoyos incondicionales de políticos, diputados, medios, periodistas, jueces y similares. 4. Capitalismo de Estado e Ideología totalitaria –de derecha o izquierda. 5. Reducen los servicios públicos, las calles se llenan de hoyos, las medicinas escasean, la educación empeora.

 La gravedad de la situación socio-económica que vive Venezuela actualmente, continúa siendo tema de diferentes medios internacionales. El pasado 28 de enero, el periódico La Nación de Argentina dedicó su editorial a este tema, titulando “Venezuela, un estado  fallido”, donde señala que “La situación de Venezuela se deteriora a pasos acelerados. Tanto es así que el país caribeño comienza a parecer un verdadero «Estado fallido», es decir, una nación con su institucionalidad completamente erosionada, por el fracaso de una ineficaz gestión de gobierno, con altísimos niveles de corrupción, criminalidad e inseguridad personal que se suman a una marcada degradación económica. Además, hay una cada vez más notoria intervención militar en el ámbito de la política. Las fuerzas armadas venezolanas son hoy responsables de la nada castrense tarea de asegurar la alimentación de su propio pueblo ante la incapacidad del gobierno de Nicolás Maduro. 

Como vemos Venezuela empieza a parecerse a esos “Estados Mafiosos”, donde participar en el gobierno, es una oportunidad para desarrollar negocios ilegales. “En la misma medida en que el Gobierno crea la gran oportunidad de generar dinero de forma muy rápida y muy fácil, a través de la distorsión económica y del control, hace que todo el mundo quiera hacerlo también. Es en este sentido que afirmamos que este Gobierno es un Gobierno criminógeno, que promueve la  criminalidad o desviación, en este caso”, precisó el Director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado. 

El estado mafioso funciona como delito organizado que genera diferentes modelos de negocio ilegales dentro del propio Estado y a su vez, los mecanismos para permitir tales ilícitos. En nuestro caso, lo están facilitando porque prácticamente el Sistema de Justicia y todos los jueces están controlados por estos poligarcas, lo que hace imposible que se haga justicia, o por lo menos que se haga justicia en Venezuela. Se hizo justicia en una corte norteamericana con estos sobrinos porque está fuera de del control del Estado mafioso venezolano. 

En Venezuela hay muchas otras oportunidades de estar al margen de la ley y de generar grandísimas fortunas, sea porque te dan un dólar a 10 bolívares y lo vendes a 4.000 bolívares, y eso en ninguna parte del mundo sucede. Venezuela no es un narcoestado por esta razón. Nos convertimos en un rompecabezas de actividad delictiva boyante, que además permea todas las instancias del Estado.

¿Corrupción como política de estado?

Según reseña Transparencia Internacional, el pago de sobornos por 98 millones de dólares a funcionarios venezolanos por parte de la empresa brasileña Odebrecht se sumó en 2016 a la larga lista de casos de corrupción multimillonaria en Venezuela, un registro que comenzó en 2001 con las revelaciones del Plan Bolívar 2000 y siguió con la entrega de más de 230 millones de dólares sin control por Cadivi y Cencoex para la importación de alimentos desde 2003, e incluye el robo del Fondo de Pensiones de Pdvsa o las colocaciones irregulares de dinero en el Banco de Andorra en 2015, por solo mencionar algunos.

La impunidad en estos y otros casos graves de corrupción, la actuación permisiva del Estado y los excesivos controles en todos los campos de la vida pública llevaron a Venezuela a ocupar por tercer año consecutivo el último lugar en el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional. 

“La impunidad y la corrupción forman una relación perversa que va creciendo. En Venezuela cada vez hay más leyes que fomentan la opacidad. La Contraloría General cada día sanciona menos el incumplimiento de las normas de transparencia. Es inexplicable que la Fiscalía venezolana no diga nada respecto a casos tan importantes como Odebrecht, en el que sus directivos aceptaron ante un tribunal que pagaron 98 millones de dólares en sobornos en Venezuela. Todo esto nos indica el poco interés que hay en la lucha contra la corrupción”, indicó Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela.

El Índice de Percepción de Corrupción (IPC), tiene una escala del 1 al 100,  en el que uno es más corrupto y 100 es el menos. De 176 países evaluados, Somalia es el peor ubicado en el mundo con 10 puntos, pero Venezuela es el peor de Latinoamérica y el Caribe con un indicador de 17 puntos. “El objetivo de esta medición es movilizar a los Estados a afinar su lucha contra la corrupción y en muchos casos se ha logrado, pero Venezuela siempre ha estado muy mal posicionada desde su creación en 1995”, dijo De Freitas. 

Indica Transparencia Venezuela que durante 2016, vimos que en todo el mundo la corrupción sistémica y la desigualdad social se refuerzan recíprocamente, y esto provoca decepción en la gente hacia su clase política y un contexto propicio para que se impongan los políticos populistas.

“El 69 por ciento de los 176 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 obtuvieron una puntuación inferior a 50, en una escala de 0 (percepción de altos niveles de corrupción) a 100 (percepción de ínfimos niveles de corrupción), y esto dejó en evidencia el carácter masivo y generalizado de la corrupción en el sector público a nivel mundial. Este año, fueron más los países que descendieron posiciones en el índice que los que escalaron puestos, y esto alerta sobre la necesidad de tomar medidas urgentes”, informa la organización internacional.

La Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado hicieron un llamado a las autoridades competentes para que tomaran medidas inmediatas para aclarar ante el país la grave situación que pone en evidencia la naturaleza “mafiosa” del gobierno venezolano, tras conocerse el viernes 18 de noviembre que sobrinos de la pareja presidencial venezolana fueron condenados en EE UU por narcotráfico.

A juicio de la organización, la decisión del jurado de una corte de Nueva York de declarar culpables a Efraín Campo Flores y su primo Franqui Francisco Flores de Freitas, por conspirar para importar, manufacturar y distribuir cocaína en Estados Unidos, deja al descubierto el extenso entramado de corrupción y actividades ilícitas que sustentan la disminuida institucionalidad y el casi inexistente estado de derecho en Venezuela.

En noviembre del 2015, el Observatorio de Delito Organizado publicó una nota editorial ¿Evidencias del “Estado Mafioso” en Venezuela?, llamando la atención en cuanto a las implicaciones de la detención de dos familiares directos de la familia presidencial venezolana por actividades de narcotráfico internacional, lo que se podía interpretar como una clara señal de la penetración de una amplia red en el poder político y económico de la nueva clase dominante en Venezuela.

Por lo tanto, el veredicto del pasado viernes, más allá de ser un incidente con la justicia norteamericana, es la confirmación de una práctica delictiva que el gobierno venezolano ha adoptado desde hace más de una década, exponiendo a la sociedad venezolana a los graves peligros que conllevan la relación con grupos de delincuencia organizada como lo son el tráfico de drogas, lavado de dinero, sicariato, contrabando, secuestro y extorsión, entre otros.

En el contexto de las características de un “Estado Mafioso”, según reseña el periódico mexicano La Razón, el “sobrino de Maduro revela en audio que el chavismo opera el narco en Venezuela”, esta afirmación se desprende del material que forma parte de “las pruebas presentadas por la Fiscalía de NY en el juicio contra Efraín Campos y Francisco Flores” (…) En una grabación realizada por agentes encubiertos de la DEA, Efraín Campo, uno de los narcosobrinos de Nicolás Maduro reconoce que el control del negocio de la droga en Venezuela está en manos del chavismo”. En el país sudamericano operan “el Cártel de los Soles —controlado por altos oficiales de las Fuerzas Armadas— y, por otro lado, la gente del gobierno, que eran unos ejecutivos que habían estado trabajando (traficando droga) y entre todas las personas se encargaron de eliminar a todo aquel que intentaba entrar a trabajar al país”, confiesa Campo en una conversación del 26 de octubre del 2015 en Caracas con la DEA.

Otro dato que aporta el Observatorio de Delito Organizado a la descripción de un “estado mafioso”, es el aumento del número de funcionarios del gobierno venezolano y de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) involucrados en tráfico de drogas. Tras la detallada revisión mensual de más de veinte diarios de circulación nacional, regional e internacional y de emisiones televisivas de noticieros, entre el agosto 2015 y agosto de 2016, se reseñaron a casi 40 militares de alto y bajo rango, así como altos funcionarios del actual gobierno venezolano relacionados con este tipo de delito organizado”.

Hablan los expertos

Para poner en perspectiva los sucesos ocurridos estos últimos días, Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, resalta que “en algunas de las Ex Repúblicas Soviéticas se han instaurado nuevas formas de gobierno e instituciones que surgieron a partir de sus revoluciones. Tales gobiernos presentan algunas debilidades en cuanto a la solidez de su estado de derecho, así como de sus sistemas de contraloría, dejando el control de la institucionalidad del estado en manos de las nuevas élites, algunas corruptas y con poca formación política que vieron en el manejo del estado grandes oportunidades de enriquecimiento. Estas son llamadas en algunos casos “Estados Mafiosos”. Estos “estados” son controlados por una pequeña élite que puede estar conformada por familias dominantes (estilo la Cosa Nostra) o pequeños grupos de poder que se identifican con un “Poligarca”, que se define como un oligarca con poder político y gran poder económico oculto a través de testaferros, o una mezcla de estos», precisa Cedeño.

Tales consideraciones fueron debatidas el pasado mes de julio en el Foro “El desmantelamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela” ¿Qué tipo de estado somos?, actividad organizada por la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, con el objetivo, analizar en profundidad la compleja problemática del impacto del crimen organizado en los diferentes ámbitos de Venezuela, no sólo como estado sino como país, con una situación socio-económica y política que cada día nos hace más vulnerable a este flagelo.

¿Estado Fallido? ¿Estado Forajido? ¿Estado Delincuente?  ¿Estado Dual o Anómico? ¿Estado Mafioso?  “Más que acuñar una definición lo que pretendemos es demostrar la presencia y engranaje de la delincuencia organizada en el estado venezolano”, precisó al comenzar su presentación Marcos Tarre (autor con Carlos Tablante de la publicación “Estado Delincuente”). Tarre repasó con la audiencia las etapas de la Delincuencia-Estado: Primera etapa “Depredadora”: los criminales se expanden a costa de rivales y del Estado. Segunda etapa, “Parásita”: los criminales usan recursos del Estado para expandirse y mantener el poder. Y la tercera etapa, “Simbiótica”: los criminales crean un estado dentro del Estado. Afirma Marcos Tarre que “estas tres etapas conviven simultáneamente en Venezuela”.

“La República Bolivariana de Venezuela es considerada por la Comunidad Internacional y por los Organismo Multilaterales, que rigen la materia, como el principal puente de la salida de la droga desde Suramérica a hacia otros continentes”, como lo señaló la experta Mildred Camero, en el Foro “El tráfico de drogas ilícitas en Venezuela: ¿Institucionalidad comprometida?”, realizado el 31 de mayo de este año en Caracas.

“En Venezuela, el tráfico de drogas a nivel internacional, está en manos de ciertos grupos que ejercen funciones de seguridad nacional. En otras palabras, son miembros de nuestras fuerzas armadas, de los cuatro componentes y cuerpos policiales civiles”, indicó Mildred Camero, durante su exposición

* Con información de nota de prensa

EL OBSERVATORIO DE DELITO ORGANIZADO adelantó este jueves un registro de 40 funcionarios de las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y altos funcionarios del gobierno nacional que se han visto involucrados en el tráfico de drogas en un período entre agosto del 2015 y agosto del 2016.

Entre los funcionarios que aparecen reseñados en la investigación se encuentra: Néstor Reverol, Freddy Alirio Bernal Rosales, Cliver Alcalá, Amílcar Figueroa Salazar, Henry Rangel Silva, Ramón Emilio Rodríguez Chacín y Hugo Carvajal Barrio.

El registro hemerográfico, que recoge la información de 40 militares de alto y bajo rango incursos en el delito organizado, fue realizado mediante la detallada revisión manual de más de 20 diarios de circulación nacional, regional e internacional así como emisiones televisivas de noticieros y portales web de noticias.

De acuerdo al diario ABC de España reseñó en el 2015 que más del 80 % de la droga que sale a Europa y otros mercados pasa por Venezuela, cifra que de acuerdo al director del Observatorio y de la Asociación Civil Paz Activa, Luis Cedeño, deja al descubierto la gravedad del tráfico de drogas en Venezuela y considera que “las Fuerzas Armadas Nacionales son una de las instituciones más vulnerables a ser penetradas por el crimen organizado».

Para Cedeño, es de gran importancia la corrupción que acecha a las fuerzas armadas, puesto que son ellos los encargados de salvaguardar las fronteras y aduanas del país, justamente los lugares por donde la droga transita.

Para Mildred Camero, ex juez y ex presidenta de la Comisión Nacional Contra el Uso Ilícito de las Drogas (CONACUID), desde la Reforma a la Ley de Drogas en el 2005 que permitió a los componentes de la FANB a conocer e instruir en materia de drogas, se comenzó a agravar el tráfico de estupefacientes en el territorio nacional, debido a la falta de experiencia en materia de investigación, instrucción penal y demás aspectos. «De inmediato, se dan cuenta como el negocio de las drogas genera tanto dinero y de una manera u otra comienzan a compenetrarse con grupos de narcotraficantes, muchos se sienten identificados con la ideología política del régimen, y viene el acercamiento a los grupos subversivos como las FARC, los Paracos, y demás grupos de bandoleros que operan en la frontera colombo-venezolana», dijo Camero en entrevista realizada por el periodista Héctor Landaeta.

A continuación se presenta la lista de los 40 funcionarios registrados por el Observatorio de Delito Organizado:

*Con información del Observatorio de Delito Organizado

Dos sociólogos explicaron a Runrun.es cómo estos actos están influidos por la necesidad de conseguir comida o, al menos, bienes que puedan intercambiarse por obtener alimentos. Consideran que lo saqueos no pueden ser vistos solo como actos delincuenciales, aunque admiten que los criminales se valen de la población que protesta para estimular estos actos vandálicos

@loremelendez

EL ESTADO SUCRE LLEVA MÁS DE UNA SEMANA en los titulares de las noticias nacionales. Protestas, cierre de vías y saqueos han pasado a ser la expresión de un pueblo que se cansó de comer mangos y arenques. La tensión llegó a su nivel máximo este martes 14 de junio, cuando Cumaná, la capital de la entidad, fue el epicentro de actos vandálicos que se prolongaron durante horas y dejaron como saldo un muerto, 400 detenidos y decenas de comercios saqueados en al menos ocho zonas distintas de la ciudad.

El reporte de la sección Sucre del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) arrojó un dato clave. Aunque hubo mucha participación popular en los saqueos, quienes los iniciaron fueron, en gran medida, grupos delincuenciales que se infiltraron en las manifestaciones.

“En esta gran obra del hambre, la población es el coro y quienes llevan la voz cantante son los que están entrenados en violencia y delito. Una persona normal no se atreve a romper un vidrio. Pero si llega otra persona que lo rompe, entra al sitio y saca algo, el padre de familia que tiene hambre también entra y busca comida”, afirmó Roberto Briceño León, sociólogo y director del OVV.

Pero la actuación de los delincuentes en estos saqueos no elimina una de sus motivaciones principales. Para dos sociólogos especialistas en temas de violencia, lo sucedido en Sucre es una expresión más de la rabia y la impotencia que se siente en el país a raíz de la escasez de comida. Esto a su vez se asocia con los más de 200 saqueos y conatos de saqueos que se han producido en el país en lo que va de año. Sólo en mayo se contabilizaron 86 sucesos contra supermercados, mercados populares, depósitos y transportes de alimentos.

“El saqueo no se puede ver sólo como un acto delincuencial. Los criminales se valen de la población que protesta y se molesta porque no tiene comida en su casa aún teniendo dinero en el bolsillo. Los ladrones también tienen hambre y roban al igual que lo hicieron los policías en Cumaná y como lo hizo cualquiera. Estamos en un nivel de sobrevivencia y esta es una lucha descarnada. Ese es el comportamiento del ser humano y del animal que tiene que garantizar la comida a la familia y los hijos”, explicó Briceño León.

El sociólogo apuntó que en los comercios afectados hubo destrozos más allá de lo necesario. “Eso está relacionado con la inmensa molestia de la población por los abusos del Estado en la distribución. Lo que pasó en Cerezal –donde hubo protestas durante tres días y murió un joven de 21 años a causa de la represión de las fuerzas de seguridad– , el hecho de que no llegaba la comida de los Comités Locales de Almacenamiento y Producción (Clap), causa una irritación que provoca estas situaciones”, dijo.

En un comunicado del OVV, Briceño León destacó que los CLAP constituían un mecanismo de exclusión social y de segregación y que habían creado una “sensación de injusticia” en la población.

“Los CLAP son una manera de generar lealtad política mediante la distribución de la comida que deja fuera a los no afectos al Gobierno que hoy son la inmensa mayoría. Son una forma privada de distribución, porque los comités no son parte del Estado, pero sí tienen filiación política. Vamos hacia una protesta y molestia generalizada en el país con saqueos, estallidos y enfrentamientos cada vez mayores, ante los cuales la única alternativa que le queda al Gobierno es la represión”.

El momento de la tensión

Luis Cedeño, sociólogo y director de la ONG Paz Activa, relaciona los saqueos con la tensión social del momento actual, la cual está determinada por los medios que se utilizan para conseguir un fin.

“En este caso –detalló– el fin es la comida y el medio para obtenerla es el saqueo. Si el medio no está disponible, si es inaccesible, la tensión se incrementa porque esto significa que la gente no tiene los medios para alcanzar los fines”, sentenció.

Dentro de su análisis, el especialista incluyó otros factores que han impulsado los saqueos, como la ausencia de la autoridad y la matriz de la guerra económica, difundida desde el gobierno de Nicolás Maduro, que sitúa a los comerciantes y empresarios como los culpables del desabastecimiento y los altos precios. Por eso son ellos quienes sufren los ataques.

El “homo economicus” saquea

En cada saqueo, señaló Cedeño, hay promotores que incitan al acto vandálico. Estos suelen ser individuos que están fuera de la ley, tal como los que actuaron en Cumaná. Hay otros que son observadores, que están alrededor de los primeros y que pueden decidir el siguiente rol a cumplir en el momento. “Es ahí cuando se desdibujan los niveles morales, cuando bajan los niveles de tolerancia y se decide si se participa o no en el saqueo”, recalcó el especialista. Por último, hay otros que en lugar de actuar, permanecen como espectadores y sancionan o increpan a los saqueadores para ejercer un control informal.

Pero incluso quienes saquean, arrastrados o no por el comportamiento del grupo, lo hacen de una manera racional. Allí influye la postura del “homo economicus”, término con el que se designa al ser humano como elemento del proceso de la producción y el intercambio de bienes económicos.

Es en ese proceso que la racionalidad apunta no sólo hacia los bienes escasos, sino hacia aquellos que tienen más valor. Por eso, Cedeño consideró que los saqueos a tiendas que no venden productos alimenticios no pueden ser sacadas del contexto del hambre que se sufre en el país. Al final, el bien que se robe podrá ser también intercambiado por comida.

“En una situación de escasez como esta, cualquier cosa tiene un valor intercambiable. Quien saquea tiene un comportamiento racional, porque actúa para conseguir comida para lograr la sobrevivencia. Lo que no es racional es el daño excesivo que se produce en ese momento”, completó Briceño León.

Para la ONG Paz Activa, es evidente la consolidación de las denominadas “megabandas”, grupos de delincuencia organizada, se erigen como una amenaza real a la estabilidad política y social de nuestro país, así quedó esta semana cuando luego de varios días, un operativo militar y policial, muriera uno de los delincuentes más buscado del país, José Antonio Tovar Colina, alias “El Picure”.

En un trabajo realizado por el periodista Javier Ignacio Mayorca para el Observatorio de Delito Organizado, resaltó “que los‘ toques de queda’ eran anteriormente una de las expresiones más palpables del monopolio de la fuerza reservado al Estado a través de sus instituciones castrenses. En Venezuela, los hubo en febrero de 1989 luego de los disturbios conocidos como el “Caracazo”; e igualmente luego después de las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992. También durante la crisis política posterior al a los sucesos del 11 de abril de 2002. En todos estos casos, fueron ordenados por el Presidente de la República y ejecutados por el ministerio de la Defensa. Sin embargo, los de 2016 (En Tumeremo y Maracay – 4 febrero 2016) fueron implantados por organizaciones delictivas y se cumplieron”.

Otro aspecto revelador que desarrolla Javier Ignacio Mayorca, es la reseña de un artículo de John P. Sullivan, donde éste señala que las insurgencias criminales “desafían al Estado generando violencia criminal de alta intensidad que erosiona la legitimidad y la solvencia de las instituciones”.  Este articulista del Small Wars Journal estableció cuatro fases o niveles de estos procesos:  Comienzan como insurgencias locales; Intentan instaurar un Estado paralelo; Combaten al Estado; y por último, Implosión estatal. El Estado pierde la capacidad para contener a estas fuerzas criminales, como ocurrió en Guinea Bissau.

Mayorca, indica que algunos hitos de los procesos de gestación de una insurgencia criminal como la que vive el país son tan escandalosos y evidentes, que han sido reportados a través de los medios convencionales y electrónicos, aún en condiciones de alta censura y control como los que caracterizan a la actualidad venezolana. Pero no todos son registrados, ni siquiera denunciados formalmente. “El rezago es una de las características del accionar de los cuerpos de seguridad venezolanos. Ya sea por desconfianza de la ciudadanía, negligencia, descuido o incluso complicidad con factores delictivos por parte de policías y militares, lo cierto es que cuando las investigaciones comienzan los procesos de insurgencia criminal llevan unos pasos adelante”, apunta el periodista.

“Es fundamental un accionar firme en contra de las megabandas pero con respeto a sus Derechos Humanos. Las FANB se declaran en guerra contra un enemigo interno, donde el objetivo que se traza es la eliminación física del mismo. Es una política de mano dura, que aunque sea aplaudida por algunos y genere réditos políticos, establece un peligroso precedente para futuros planes de seguridad ciudadana”, explica  sociólogo director de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

El día de hoy fue presentado el Foro “Corrupción Policial”, actividad organizada por la Asociación Civil Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado el cual contó con la participación del experto en la temática, Marcos Tarre y Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado.

Luis Cedeño, Director Ejecutivo de Paz Activa y del Observatorio de Delito Organizado, quien contextualizó el tema de la corrupción policial en el marco de delito organizado y la seguridad ciudadana, señaló que “la función policial es una de las más importantes dentro de cualquier sociedad, y debe ser valuada conforme al importante servicio que presta en cuanto a la protección de personas y bienes. Más allá de esta función, hoy día es la primera línea de interconexión entre los ciudadanos y los diferentes niveles del Estado. Es por ello que debemos realizar esfuerzos extraordinarios para brindarles la remuneración y beneficios sociales que garanticen la lealtad a la institución y a los ciudadanos a cuales sirven, sobre cualquier otra oferta para tentar desviar su función”, enfatizó Cedeño.

Por su parte Marcos Tarre,  destacó que “la creciente ola de violencia y criminalidad que se desató a partir de 1999 y generó una perdida directa en la calidad de vida de todos los venezolanos y un nuevo imaginario colectivo. Impactados por los efectos de la violencia, sometidos a una escalada criminal sin precedentes en la historia, los venezolanos dejaron de preocuparse por otros problemas, sufriendo los efectos de la violencia sin apreciar sus causas, y una de ellas es precisamente la corrupción. La criminalidad violenta, el homicidio, secuestro, atraco o violación tienen un poder mediático lógicamente mayor que el de los delitos no violentos. En la medida en que fue aumentando la violencia criminal se fue opacando la corrupción”, precisó el ponente del Foro.

El programa se desarrolló en tres partes. La primera revisó antecedentes; definición y tipos de corrupción policial; variables que favorecen la corrupción policial; dimensión e indicadores; cómo detectar la Corrupción Policial. En la segunda, se hizo una evaluación de las variables para controlar la Corrupción Policial en Venezuela: Los necesarios controles que requieren los cuerpos policiales; la Asamblea Nacional; la Fiscalía General de la República; la Defensoría del Pueblo; Supervisión Interna; Asuntos Internos o Inspectoría General de Servicios; Organizaciones No Gubernamentales y defensores de derechos; medios de comunicación y control ciudadano; todo complementado por algunos ejemplos de casos. Y en la tercera parte se habló de las comisiones para la Reforma Policial; el impacto de la Corrupción Policial; ¿Por qué y cómo denunciar?,  y por último, las conclusiones y recomendaciones.

Tarre mencionó otro aspecto fundamental sobre las causas de la degeneración, es que “desde los más altos niveles la corrupción llegó a los niveles intermedios y continuó hasta los más bajos y favoreció a los que están al margen de la Ley. Para ellos fue el motor para potenciar todo tipo de delitos ofreciendo lo que cualquier delincuente anhela: impunidad. Y esa corrupción llegó y se instaló también en los cuerpos policiales y otras autoridades responsables de la seguridad ciudadana. En ellos aparecieron los “cómplices necesarios” para delitos como el secuestro, el sicariato, la extorsión y el tráfico de drogas o de armas hacia los centros penitenciarios. La corrupción generó impunidad y favoreció la consolidación de bandas delictivas, lo que se tradujo en más sangre y violencia”.

El Director Ejecutivo de Paz Activa, Luis Cedeño resaltó la importancia de “considerar al sistema de justicia como un sólo organismo donde subsisten varios componentes que deben coordinar esfuerzos; iniciando por las policías, pasando por los tribunales y concluyendo en el sistema penitenciario; todos deben garantizar funcionamientos adecuados para que el sistema de justicia funcione adecuadamente”.

Con este foro Paz Activa y el Observatorio de Delito Organizado, continúan una serie de actividades propuestas durante este año 2016 para analizar en profundidad la compleja problemática del impacto de la corrupción en la ciudadanía y en el crimen organizado.

Expertos en derechos humanos analizan lo que se conoce de la supuesta masacre y aseguran que podría tratarse de desapariciones forzadas. Esto ubicaría el hecho en las categorías de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad

DE CONFIRMARSE LA MASACRE de los 28 mineros desaparecidos en el estado Bolívar, estaríamos frente a crímenes de lesa humanidad. Las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales no son hechos nuevos para las comunidades mineras del sur del país, sin embargo, la magnitud de esta masacre y la presunta participación de cuerpos de seguridad del Estado, son elementos que diferencian este caso, a juicio de cuatro organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos consultadas por Runrun.es

Lexis Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz, aseveró que las organizaciones de derechos humanos tienen como prioridad “los testimonios y las peticiones de las víctimas; creemos que todas sus denuncias tienen que ser investigadas; no se puede tener a sus familiares sin respuesta; tiene que haber alguien, ya sea la Fiscalía, la Defensoría, el Ministro de Interior y Justicia o el Ministro de la Defensa, que dé respuesta acerca de dónde están los 28 mineros que no aparecen”.

Rendón resalta una irregularidad en el manejo oficial de la denuncia: “Es una irresponsabilidad del gobernador del estado Bolívar haber desestimado las denuncias de los familiares de los mineros desaparecidos; mientras ellos no aparezcan, todas las organizaciones de defensa de derechos humanos estaremos demandando respuestas; pero mientras más tiempo corra, habrá más espacio para la impunidad”.

“Las denuncias de algunas personas que se hacen llamar sobrevivientes describen una masacre de trabajadores de la minería; esa situación no es nueva, lo que evidencia cómo el Estado ha cedido espacio para que se establezcan mafias y grupos delictivos”, dijo Rendón.

La coordinadora del Laboratorio de Paz explica que la ausencia de una denuncia formal no impide que se abra una investigación. “Hay un hecho público y notorio: una comunidad entera denunciando la desaparición de sus familiares; eso obliga al Estado a abrir una investigación de oficio; sí tiene que haber una denuncia formal, pero su ausencia no es una limitación para abrir la investigación. La Defensoría sabe que desde el mismo momento en que la comunidad denuncia esta desaparición, debe investigar para ofrecer respuestas”.

Las 3 características de la masacre

Tres características destacan del caso de la presunta masacre de los 28 mineros en Tumeremo: la magnitud, el comportamiento de las autoridades y el tipo de crimen, explica Liliana Ortega, directora de Cofavic. “Si esos casos se comprueban, estamos hablando de presuntas desapariciones forzadas de personas, de presuntas ejecuciones extrajudiciales, y de presuntos casos de tortura, es decir, los casos más graves que establece el derecho internacional, los denominados crímenes de lesa humanidad”.

Ortega aclara que hasta que los hechos se investiguen, sus impresiones se basan exclusivamente en la información que han aportado los familiares de las presuntas víctimas a través de los medios de comunicación. “Sobre este caso en particular, únicamente podemos hablar con base en la información que se ha hecho pública; pero sí es importante conocer el contexto más amplio: en Venezuela, entre 2000-2008, de acuerdo con cifras oficiales del Ministerio Público (MP), se evidenció que el promedio de presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales asciende a 1.044 casos por año; la cifra más alta de América Latina”.

El culpable habitual: “presuntos enfrentamientos”

Cofavic realizó un monitoreo independiente en 23 estados del país, en el cual contabilizó 1.107 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en 2014. Del total de los casos registrados, 92% corresponde a presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que 7,8% a presuntas torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; 0,2% de la muestra se refiere a casos de desaparición forzada.

Ortega ofrece otro dato: 99% de los casos de violaciones de derechos humanos no llega a juicio. “La línea de investigación del MP en los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales es muy pobre; generalmente se conforma con la versión oficial de presuntos enfrentamiento”.

La directora de Cofavic lamentó que en la mayoría de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, el MP no aplique un estándar internacional conocido como el Protocolo de Minnesota, el cual está diseñado específicamente para poder determinar si se está o no frente a ejecuciones extrajudiciales.

Entre los criterios que aplica este Protocolo están determinar cómo se produjeron los disparos para saber si las víctimas fueron asesinadas bajo custodia; y determinar si hay evidencias de tortura.

Justamente con relación a este aspecto, Ortega destaca que “uno de los problemas principales que encontramos en nuestra estadística, es que en 47% de los casos podrían tener presunta participación, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas,  Penales y Criminalísticas. Eso genera un problema muy serio de falta de independencia, porque ese es el organismo que tiene el control del sitio del suceso, del cadáver, y de la investigación inicial de los hechos. En Venezuela, es muy difícil que un funcionario que presuntamente haya participado en una violación de derechos humanos, pueda ser investigado de manera autónoma”.

Reactivación del Arco Minero y el repunte de la violencia

El coordinador de Provea, Inti Rodríguez, explica que desde hace unos 3 años se vienen presentando situaciones de violencia en el estado Bolívar por el control de las minas de oro, no obstante, dice que “pareciera que con el decreto relativo a la reactivación del Arco Minero del Orinoco, se están generando mayores situaciones de enfrentamientos violentos”.

Con la publicación en Gaceta Oficial de la ley que reserva al Estado la explotación de oro, se crea además la figura de las Brigadas de Mineros, las cuales estarán compuestas por órganos del Poder Popular y particulares que se constituyan en cooperativas.

“Esta figura de las Brigadas de Mineros podría estar alentando estos enfrentamientos por el control de las minas, con la intención de poder negociar con el Estado el otorgamiento de las concesiones”, afirma Rodríguez.

“Es muy peligrosa esta figura de las Brigadas de Mineros porque no se explica bien cómo se implementará. En el caso de los mineros de Tumeremo, no dudamos de los testimonios de las víctimas porque no se trata de algo nuevo. Lo que evidencia que el Estado no ha hecho nada para evitar o detener esta situación”. El coordinador de Provea afirma que no se trata solamente de un problema de mafias o de grupos delictivos, sino de una situación alentada y tolerada por el propio Estado, a través de una parte importante de funcionarios, especialmente militares, que estarían involucrados.

Delito organizado y violación de derechos humanos

El representante de la organización Paz Activa, Luis Cedeño, señala que si se confirman los hechos y la participación de grupos de seguridad del Estado que presuntamente estarían involucrados, “estaríamos en presencia de delito organizado, ya que el interés económico en la zona es muy grande, vinculado con serias violaciones de derechos humanos”.

“Si hubo involucramiento de funcionarios del Estado que trabajaron en conjunto con bandas criminales, estos serían culpables no solo de cargos criminales, sino de violación de derechos humanos. Repito, si se llega a comprobar que hubo participación de algún cuerpo de seguridad del Estado o de algún funcionario electo, para asesinar y desaparecer a una persona, se trataría de una violación de derechos humanos; delitos de lesa humanidad que no prescriben”, argumenta Cedeño.

“Hay que eliminar el patrón de impunidad que caracteriza al Estado, el cual da pie a que hechos de este tipo se repitan; lo mínimo que los ciudadanos esperan del Estado es que proteja el derecho a la vida. Lamentablemente, más allá de la estadística de 99% de impunidad, lo que esa palabra significa es que aquellos que matan hoy, podrán seguir matando mañana”, asevera Cedeño.

Así debe ser la investigación:

Liliana Ortega describe tres características que deberían tener las investigaciones sobre denuncias de violaciones de derechos humanos:

1.- La investigación debe ser independiente, es decir, que aquellos cuerpos de seguridad que presuntamente están involucrados, deben ser apartados de la investigación.

2.- No depende del impulso de las víctimas el resultado de la investigación, depende del Estado, es decir, que el miedo de los familiares y presuntos sobrevivientes a denunciar formalmente los hechos, no debe impedir que el Estado dé inicio a la investigación.

3.- La investigación tiene que ser conclusiva, esto es, que debe producir resultados y ofrecer respuesta a las víctimas.