Lo ocurrido la madrugada del domingo 19 de marzo, cuando dos funcionarios del Ejército venezolano murieron luego de ser atacados con cuchillos por los miembros de la banda Los Cachorros, integrada por menores de edad entre 6 y 17 años, es una muestra de que en el país urge la puesta en funcionamiento de programas destinados a la prevención del delito juvenil.
Fernando Pereira, coordinador de Cecodap, explicó que no ha habido un abordaje por parte de las dependencias gubernamentales que tratan de los niños que se encuentran en situación de calle para someterlos a un estudio psicológico y social destinado a investigar por qué se fueron de sus casas, o si los dejaron abandonados, con quiénes viven, su edad, su procedencia, sus características y su historia, de dónde provienen las armas con las cuales atacan a los que se niegan darles dinero y comida. La investigación también debería abocarse a ubicar los lugares de pernocta y con quiénes se reúnen para beber y consumir droga.
“Un estudio como este permitiría tener un diagnóstico sobre las condiciones en que se desenvuelven estos niños y adolescentes para luego establecer medidas, destinadas a su rehabilitación. Tampoco hay planes para prevenir este tipo de acciones, pese a que la Lopna lo establece. La mayoría de los pequeños que terminan convirtiéndose en infractores fueron víctimas de abusos, persecuciones por parte de la policía. Ellos se han desenvuelto en un ambiente hostil. El bulevar de Sabana Grande es un lugar donde prevalece la violencia, se cometen homicidios, robos y los pequeños han crecido en ese sitio que también ha contribuido a acentuar su conducta agresiva”, explicó el experto.
Mientras el Estado no asuma la responsabilidad de atacar el problema de raíz el número de delitos protagonizados por jóvenes seguirá en ascenso, según Pereira. “Hasta hace algunos años era frecuente ver a los muchachos caminar por el bulevar de Sabana Grande vendiendo flores, limpiando zapatos. Ahora agreden si no les dan comida, están armados, andan descalzos y con la ropa sucia, sin aseo. ¿Cuál organismo los está atendiendo?”.
Una estadística hecha por el Observatorio Venezolano de Violencia, muestra cómo ha ido en ascenso los homicidios, en los cuales los victimarios son jóvenes. La estadística da cuenta que 8 de cada 10 personas que ejecutan asesinatos tienen menos de 35 años. La mayoría de los homicidas son adolescentes y jóvenes que no llegan a los 25 años.
Para muestra un botón: cinco días después de haberse registrado el doble crimen de los militares en Sabana Grande, dos adolescentes encapuchados tirotearon al vocero de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción del municipio Díaz en la isla de Margarita. Los jóvenes se llevaron las bolsas de comida que serían repartidas a la comunidad.
De acuerdo con el análisis de la socióloga, Verónica Zubillaga, esa conducta violenta es un acto de sobrevivencia de estos grupos de muchachos que son excluidos, perseguidos. Ellos, en su mayoría, no están escolarizados, no tienen acceso a la comida, a la salud, están marginados. “Aquí no se trata de satanizar a los menores que cometen estos delitos, sino buscar las causas y las formas de prevenir, a través de programas”.
Pocas casas de protección. Son pocos los centros destinados a la puesta en marcha de medidas de protección para los menores de edad. Uno de ellos, es la Casa Don Bosco Sarría, ubicada en la parroquia Candelaria de Caracas. Leonardo Rodríguez está al frente del programa Patio Abierto que ofrecen en esa institución y que trata niños en situación de calle. Actualmente maneja una población de 12 menores con edades comprendidas entre 12 y 16 años. Estos muchachos se bañan y se alimentan diariamente en ese lugar. Son sometidos a una evaluación integral e individual. “Se estudia cada caso y se gestiona apoyo médico y terapéutico para reinsertarlos a la sociedad. La mayoría de los que atendemos tienen poco tiempo de haber abandonado sus estudios, algunos se dedicaban al bachaqueo”, explicó.
