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Liz Throssell

ONU pide a Trinidad y Tobago proteger los DDHH de migrantes venezolanos
El documento insta a los gobiernos a suspender todos los retornos forzosos en medio de la pandemia de COVID-19

La vocera de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Liz Throssell, denunció que los 16 niños y ocho adultos venezolanos deportados fueron enviados en condiciones muy precarias hacia Venezuela, y posteriormente regresaron Trinidad y Tobago, tras 48 horas en altamar con poco alimento y combustible.

En el comunicado publicado en la página web de las Naciones Unidas, dicha oficina hace la petición a las autoridades de Trinidad y Tobago de salvaguardar los derechos humanos de los niños refugiados y migrantes independientemente de su condición, incluso garantizando el acceso al debido proceso y las garantías procesales, de conformidad con el principio de no devolución.

«Todos los refugiados y migrantes, independientemente de su situación, tienen derecho al respeto y la protección de sus derechos humanos. Con respecto a los niños refugiados y migrantes, los Estados tienen un deber especial de cuidado: el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las decisiones que los afectan», indicó el comunicado. 

El documento insta a los gobiernos a suspender todos los retornos forzosos en medio de la pandemia de COVID-19 para salvaguardar la salud de los migrantes y las comunidades y, en cambio, proporcionar vías seguras y legales para los migrantes.

*Con información de El Impulso.

ACNUR reveló que 14% de los migrantes venezolanos han recurrido a la mendicidad
Tener relaciones sexuales para sobrevivir y la mendicidad son las actividades cotidianas a las que han sido sometidos los más de 4 millones de migrantes venezolanos a causa del régimen, según informe detallado de ACNUR

El más reciente informe de la ONU arrojó que un 14% de los migrantes venezolanos han recurrido a la mendicidad en la ruta desde el momento de su salida del país hasta el lugar de destino, e incluso a tener relaciones sexuales por supervivencia. Para demostrarlo más claramente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) realizó 7.846 entrevistas a individuos y familias que representaban en total a 19.600 venezolanos que se encuentran en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y República Dominicana.

Presentado en una rueda de prensa en Ginebra, el informe revela que un 34% no tenía ningún tipo de permiso de entrada o estancia en el país donde fueron encuestados, ya sea porque entraron de forma irregular o porque su permiso de estadía expiró. Sin embargo, el 29% de los mismos aseguró tener una visa de turista, el 20% un permiso temporal, y tan solo el 4 % un permiso permanente.

A causa de las numerosas restricciones y obstáculos que el régimen de Nicolás Maduro impone arbitrariamente a la población venezolana, y las dificultades en las medidas que han tenido que verse obligados los países vecinos del continente a tomar en cuanto a los millones de venezolanos que cada día arriesgan su vida para salir del país en busca de una calidad de vida normal, la portavoz Liz Throssell comentaba al respecto que dichas medidas podrían ser la consecuencia principal de esta situación.

«Hemos visto un aumento de restricciones fronterizas y requisitos para que los venezolanos puedan entrar en ciertos países, lo que ya hemos dicho que puede empujarlos a tomar rutas irregulares y exponerlos al tráfico de personas», dijo Throssell 

Asimismo, la mitad de todos los entrevistados en el recorrido de la ACNUR, aseguraron que al menos un miembro de su familia estuvo o está en riesgo debido a su origen; ya sea porque tuvo que recurrir a la mendicidad, enviar a niños menores de quince años a trabajar, o incluso porque han tenido en numerosas ocasiones que recurrir al sexo por necesidad de supervivencia.

Por otro lado, el estudio también reveló que el 52% de los niños no iban a la escuela, principalmente porque habían llegado poco antes o estaban en tránsito hacia otro país, aunque también hubo casos en los que no recibían educación por falta de documentos o de capacidad de las escuelas públicas.

Se denunció que el 21% de las personas entrevistadas tenía una necesidad de ayuda real y urgente por una enfermedad, por ser una mujer embarazada o lactante, una persona discapacitada o de la tercera edad. De igual manera se evidenciaron casos en los que varios menores de edad habían sido separados de su familia.

El informe reveló también que un 28% sufrió o fue testigo de uno o más incidentes que pusieron en peligro su vida o la de algún pariente, y que la mitad de ellos fueron asaltos a mano armada. En otros casos hubo ataques físicos (19%), amenazas y extorsión, (17%). Pero, de todos los incidentes, el 46% ocurrieron en Venezuela, antes de abandonar el país.

Dentro de la complejidad de la inmigración a la que han tenido que ser sometidos los venezolanos a causa del régimen autoritario instalado en el país, en Suramérica parece que las alternativas se agotan para ofrecer refugio a los inmigrantes mientras que, al mismo tiempo, la situación se agrava al punto de salirse fuera del control de los Jefes de Estado vecinos.

Tan solo un 15% de los entrevistados había solicitado asilo, aunque otro 26% expresó su intención de hacerlo también. La mayoría de los que no han utilizado este procedimiento es porque lo desconocen, mientras que otros creen que si lo hacen ya no podrán regresar a Venezuela. Por su parte, ACNUR recalcó que a pesar de que una minoría ha presentado formalmente una petición de asilo, los sistemas que lo gestionan en cada país se encuentran ya saturados por la magnitud del flujo diario de los venezolanos.

Así, más de 4 millones de venezolanos han abandonado su país, empujados involuntariamente por un deterioro de las condiciones de vida y el escaso acceso a servicios básicos en los últimos años. De los que están en algún país receptor del continente, el 48% están empleados en la economía informal y, de estos, 19% son vendedores ambulantes. El otro 18% está completamente desempleado.

Según informó ACNUR en un artículo del 7 de junio del presente año, el ritmo de salida diario de los inmigrantes venezolanos ha sido de unos 695.000 a fines del año 2015. Y en solo siete meses, desde noviembre del año 2018, el número de refugiados y migrantes aumentó en un millón. Por su parte, Eduardo Stein, Representante Especial conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos, comentaba al respecto en aquel entonces que “estas cifras alarmantes resaltan la necesidad urgente de apoyar a las comunidades de acogida en los países receptores. Los países de América Latina y el Caribe están haciendo su parte para responder a esta crisis sin precedentes, pero no se puede esperar que sigan haciéndolo sin ayuda internacional”

Según este informe, antes de salir de Venezuela, un 35% de los inmigrantes tenían un empleo, de los cuales 18% eran empresarios y 10% funcionarios públicos.

 

Nuevo estudio de ACNUR sobre personas venezolanas que huyeron de su país revela que la mitad de las familias entrevistadas enfrentó o continúa enfrentando riesgos específicos durante su viaje.https://t.co/pTECKdfWrM— Acnur/Unhcr Américas (@ACNURamericas) 19 de julio de 2019

 

Lea aquí el Plan de Respuestas Regional para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Enero-Diciembre 2019): https://bit.ly/2LvLwbA

 

*Con información de EFE

ONU: Nadie debería estar obligado a votar el domingo en Venezuela

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El alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos consideró este viernes que nadie debería estar obligado a votar el domingo en Venezuela, donde está prevista la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, organizada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y criticada por la oposición.

«Estamos muy preocupados», dijo en Ginebra la portavoz del alto comisionado, Liz Throssell, considerando que «deben respetarse los deseos del pueblo venezolano de participar o no en esta elección», según reseñó AFP.

Según Throssell, «nadie debería estar obligado a votar y quienes deciden libremente participar en esta elección deberían poder hacerlo en total libertad».

El alto comisionado llamó a las autoridades venezolanas a que gestionen las manifestaciones contra la Constituyente de conformidad con las reglas internacionales en materia de derechos humanos.

También dijo estar especialmente preocupado por el hecho de que se hayan prohibido todas las manifestaciones hasta el próximo 1 de agosto.

Maduro amenazó con entre 5 y 10 años de cárcel a quienes boicoteen la votación. La agencia de la ONU también pidió a los opositores que se mantengan pacíficos.

«Esperamos que la elección prevista el domingo, si tiene lugar, se desarrolle de forma pacífica y respetando los derechos humanos», declaró la portavoz.

La elección de los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente encargada de reescribir la Constitución venezolana llegó en un momento de máxima tensión en el país. La oposición, que se niega a participar en el proceso, considera que es un recurso del presidente Maduro para perpetuarse en el poder, sortear a la Asamblea Nacional (AN) -de mayoría opositora- y evitar la elección presidencial prevista a fines de 2018.

El Gobierno asegura por su parte que la futura Asamblea Constituyente, para la que no se definió la duración del mandato, aportará paz y permitirá la recuperación económica del país.