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Ley contra la Corrupción

Ministerio Público citó en calidad de imputado a director de Pdvsa por presunta corrupción

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El Ministerio Público citó en calidad de imputado al actual director interno de Petróleos de Venezuela, Orlando Enrique Chacin Castillo, por estar presuntamente incurso en procesos irregulares para la adquisición de vehículos en el transcurso de su gestión como director ejecutivo de exploración de Pdvsa Oriente.

El fiscal 50º nacional, Marcos Palacios, citó al hombre para que se presente el próximo viernes 14 de julio a las nueve de la mañana, conjuntamente con sus abogados defensores a fin de que le sean imputados delitos previstos en la Ley contra la Corrupción.

Tal trámite deriva de una investigación iniciada por el Ministerio Público, tras un procedimiento de auditoría interna efectuada en Pdvsa durante el cual se detectó que Chacin Castillo habría adquirido automóviles a través de un comité de contrataciones designado a dedo.

Con tal figura irregular se concretó la cancelación de los carros, por vía de emergencia, en moneda extranjera y con sobre precio, a pesar de que la licitación había sido pactada en bolívares.

Es preciso destacar que posteriormente uno los vehículos adquiridos le fue asignado a Chacin Castillo para su uso personal.

 

Proponen reforma legislativa para agilizar la recuperación de fondos y activos robados a la nación

Alejandro Rebolledo

 

Este jueves 10 de marzo fue consignada ante la Secretaría de la Asamblea Nacional, una “Propuesta de Reforma Parcial de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, realizada por Alejandro Rebolledo, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en materia de prevención de lavado de dinero y demás delitos afines al crimen organizado.

El objetivo de la reforma, explica Rebolledo, es actualizar y fortalecer la base legal para incorporar mejores prácticas, instrumentos novedosos y procedimientos efectivos, para el combate de la delincuencia organizada, cuyos procedimientos son cada vez más ágiles.

“Nosotros creemos que no es necesaria una nueva legislación en materia de recuperación de activos, sino reformar la legislación vigente basada en reforzar la cooperación internacional y en la asistencia legal mutua”, dijo.

El también director del Instituto de Altos Estudios de Derecho (IDAED), argumenta que esta reforma es necesaria para agilizar la recuperación de los fondos y activos que hayan sido transferidos por medio de actos de corrupción y otros delitos, a cuentas de sociedades y particulares en el extranjero a disposición de mafias que se amparan a la sombra del poder político y financiero en nuestro país.

“Para los fines de recuperación de activos, es necesario contar con canales más eficientes en materia de asistencia mutua y cooperación judicial internacional, así como tratados, pactos convenciones y acuerdos vigentes en la materia, suscritos por la República Bolivariana de Venezuela”, explica Rebolledo.

Hasta 20% de recompensa para quienes denuncien casos de corrupción

Dijo Rebolledo que “es necesario el rescate de instrumentos jurídicos como la denuncia de actos de delincuencia organizada y el sistema de protección del denunciante, para recuperar y estimular esa útil fuente de información”.

Con esta reforma, enfatizó, se pretende restituir el uso de herramientas que permitan rescatar esa fuente de información, estimulando la denuncia de buena fe, e inclusive recompensar al denunciante, con hasta 20% del valor del monto recuperado, cuando a través de tales denuncias se logren sentencias condenatorias, confiscación y recuperación de bienes producto de actos de delincuencia organizada.

De acuerdo con investigaciones del IDAED, el mayor temor de la gente es que el dinero que se logre recuperar vuelva a estar a disposición del Estado. “Nosotros decimos que este dinero debe ir a las víctimas, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha contra la delincuencia organizada; a los denunciantes y después al Tesoro Nacional”, explicó.

¿Qué aspectos de la Ley se propone reformar?

“Es apremiante adecuar la legislación venezolana en materia de Prevención y Control de los Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, a las nuevas recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero del año 2012, conocidas como los Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo y de las Armas de Destrucción Masiva”, explicó Rebolledo.

La reforma propone incorporar en la LOCDOFT:

  • Nuevas forma delictivas, tales como, el Contrabando, la Evasión Fiscal, el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas.
  • Publicación oficial del listado de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y establecer el criterio para la desclasificación de las mismas.
  • Definir el criterio de identificación del Beneficiario Final dentro de las estructuras financieras de las empresas y beneficiarios de operaciones financieras asociadas con delitos de delincuencia organizada.
  • El control de prácticas que atentan contra la transparencia de la gestión pública, como por ejemplo, “La Vuelta Giratoria”.
  • Creación de la estructura jurídica y marco regulatorio necesario para supervisar las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras susceptibles a la Delincuencia Organizada”.

Rebolledo concluyó señalando que: “La corrupción no tiene color político, tiene aliados de turno. Cuando ves que hay debilidades institucionales es cuando necesitamos endurecer las leyes. Nadie quiere politizar este tema, sino que las instituciones se fortalezcan para funcionar bien. No podemos seguir solo en el diagnóstico, tenemos que aumentar los esfuerzos para hacer que la Ley se cumpla. Hoy no hacemos nada solo imputando, acusando y condenando. Si no recuperamos los activos, no lograremos resultados efectivos contra la delincuencia organizada”.

 

TSJ declara que hay méritos para enjuciar al diputado Juan Carlos Caldera

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El Tribunal Supremo de Justicia declaró que hay méritos para enjuciar al diputado Juan Carlos Caldera por la presunta comisión de los delitos de suposición de valimiento y legitimación de capitales previstos y sancionados en los artículos 79 de la Ley contra la Corrupción y 35 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En la decisión publicada por el Tribunal Supremo de Justicia se refiere que queda sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta por Caldera.

“Con lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesto por la abogada Luisa Ortega Díaz, actuando en su condición de Fiscal General de la República, contra el Diputado a la Asamblea Nacional, ciudadano Juan Carlos Caldera López, en consecuencia, hay Mérito para su enjuiciamiento por la presunta comisión de los delitos de Suposición de Valimiento y Legitimación de Capitales previstos y sancionados en los artículos 79 de la Ley Contra la Corrupción y 35 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, respectivamente2” refiere la decisión.

Se ordenó notificar a la Asamblea Nacional sobre la decisión para que deliberen sobre el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.