La puesta en marcha de la Operación Zamora elevó a 77% el hacinamiento general en los centros para procesados militares, y obligó a los directores de los penales a instaurar sistemas de delación, que permitieran mantener el control celdas adentro
Venezuela tiene tres grandes centros para procesados militares: Ramo Verde, Santa Ana y La Pica. Las dimensiones de tales instalaciones permiten albergar a unos 540 detenidos. Pero una investigación de la organización Una Ventana para la Libertad determinó que, en septiembre de 2017, la población total en esos sitios llegaba a 961 personas. El hacinamiento superaba el 77% en promedio. En el anexo de Santa Ana llegó a ser superior a 214%.
Desde luego, en un país donde los internados judiciales “civiles” tienen niveles de hacinamiento de superan el 300%, los que están bajo el cuidado de la Fuerza Armada podrían parecer hoteles. Y ese es el término que muchos utilizan para describirlos. De hecho, durante la investigación se constató que una de las amenazas de las autoridades en tales lugares hacia los detenidos que consideran problemáticos es el inmediato traslado a instalaciones para presos comunes, como El Rodeo, Yare o El Dorado.
Las cárceles militares por excelencia, ubicadas en los estados Miranda, Monagas y Táchira, se hacen llamar “centros para procesados”. Pero al revisar la población interna se encuentra que en ellas también están mezclados los individuos aún sometidos a juicio con aquellos que ya fueron sentenciados. La proporción general entre procesados y penados podría ser 70/30, es decir, similar a la de los internados judiciales administrados por Servicio Penitenciario. Pero esta cifra cambia durante las épocas de conflictividad política y social, sobre todo luego de la activación de la Operación Zamora, por orden del presidente Maduro en abril de 2017, que militarizó las labores de preservación del orden público, así como también el enjuiciamiento de las personas privadas de libertad por protestar. El pretexto que dio en su momento el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino, fue que estos manifestantes incurrían en el delito militar de “ultraje al centinela” cuando atacaban a los guardias. Hubo, por cierto, personas que fueron apresadas por efectivos de la Policía Nacional y enviadas a instalaciones de la FAN, sin que hubiesen arremetido contra ningún efectivo castrense.
El hacinamiento prevaleciente en las cárceles de la Fuerza Armada acarreó otros efectos colaterales, como por ejemplo las deficiencias en la alimentación de los internos. Los familiares de los detenidos se ven obligados a asumir los costos de la comida. Otros dependen de la solidaridad de sus compañeros de reclusión. En Ramo Verde y La Pica, por ejemplo, es frecuente que un recluso cocine en una gran olla para dar también a quienes no tienen bocado.
Otro factor común son las condiciones generales de insalubridad y el retardo de la atención médica. En las cárceles de la FAN te bañas “cuando llega el agua”. En Táchira, esta situación ocasionó un brote de sarna, que tuvo que ser atendido por organizaciones no gubernamentales en condiciones de absoluta discreción, pues la dirección del penal no quería que esto fuese del conocimiento público.
Las tres cárceles de la FAN están bajo un sistema de dirección rotatoria, ejercida por un coronel o capitán de navío por lapsos que –teóricamente- no deberían superar los seis meses. Los designa el titular de Defensa, por intermedio de un director general de Servicio Penitenciario, que tiene el grado de general de brigada.
Desde luego, los directores de estas cárceles son oficiales que poco o nada entienden de penitenciarismo. Además, carecen de apego por el trabajo que desempeñan, y su mayor interés es evitar en lo posible que la instalación bajo su mando sea motivo de escándalos públicos. Cualquier información que se filtra sobre los castigos excesivos hacia algún detenido o sobre las condiciones generales de reclusión terminará afectando al propio detenido, quien con seguridad será castigado mediante “aislamiento celular” en una celda de 2 x 2, conocida como tigrito.
Como estos directores carecen de personal suficiente para imponer su régimen, en las cárceles de la FAN se instauró un sistema de delaciones, según el cual algunos elementos de la población penal reciben privilegios y poder en la medida en que contribuyen a identificar a los presos que están con murmuraciones o que tienen conductas no apropiadas. De manera que la aplicación de los castigos viene a ser un trabajo compartido entre la dirección del penal, el jefe de régimen y el delator, que generalmente es un individuo ya sentenciado y con mucho tiempo de permanencia en el lugar.
Estos castigos van desde el ya referido confinamiento hasta una golpiza, la privación de alimentos o el robo de las pertenencias del detenido, en el desarrollo de una supuesta requisa.
Breves
-En la última semana de noviembre, las autoridades mexicanas anunciaron que habían “rescatado” a diez venezolanas que supuestamente permanecían en la población de Toluca, atrapadas en una red de trata de personas que las obligaba a tener relaciones sexuales por lo menos cinco veces al día, en un motel llamado Gran Vía. Uno de los aspectos que se intentó determinar fue el mecanismo aplicado para captarlas en Venezuela, toda vez que provenían de distintos lugares del país. Según fuentes mexicanas, en todos los casos hubo un factor en común: las ofertas de empleo fueron conocidas a través de una misma página web, cuyos espacios eran usados por la organización para difundir la propuesta de trabajo temporal con visa de turista. Pero al llegar al territorio mexicano, las venezolanas eran despojadas de sus pasaportes, con el pretexto de que debían cancelar los préstamos que les habían hecho para financiar los pasajes y la estadía en México.
-A propósito de una nota publicada en esta misma sección, relacionada con el último informe de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), una fuente gubernamental indicó que la cifra de policías, militares y oficiales de seguridad, activo y retirados, víctimas de homicidio durante 2017 ascendió a 440 durante 2017. Esto representa un incremento de aproximadamente 5% con respecto al número de fallecidos de tales profesiones durante el año antepasado. Los estudios preliminares de la policía judicial indican que 217 decesos, es decir, poco menos de 50%, fueron producto de la resistencia al robo, ya sea del arma o del vehículo del policía, el militar o el escolta. Esto indicaría un cambio en las tendencias que se vieron al respecto durante los años precedentes. En 2017 hubo, además, 12 casos de muertes de individuos de estos sectores que fueron producto de sicariatos. El resto de los fallecimientos sería producto de “ajustes de cuentas” o problemas pasionales.
-El 15 de febrero, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, divulgó una circular en la que se instruye a los jefes de ese cuerpo sobre un nuevo procedimiento para registrar las reprimendas verbales que dan a los subalternos, en el cumplimiento de sus labores cotidianas. Según el máximo jefe de Cicpc, tales llamados de atención se quedan generalmente en meras palabras, y no gozan de mayor impacto, con lo que se repiten las conductas reprochadas. A propósito de esta nueva instrucción, el funcionario hizo una reflexión, que da cuenta del deterioro de la imagen pública del cuerpo detectivesco: “Históricamente, el Cicpc se ha caracterizado por su disciplina, legado de nuestros fundadores. Los líderes modernos, con mayor preparación académica, y un abanico de herramientas tecnológicas, han dejado a un lado lo importante de la disciplina (el horario, el vestir, el corte de cabello, la higiene personal, el respeto a la jerarquía, respeto al órgano regular, el trato al público, la discreción al portar el arma, el buen uso de las unidades, etc) por atender lo urgente como sería las desviaciones graves (extorsión, hurto, robo, corrupción, homicidios, etc). Los resultados están a la vista: pérdida de la credibilidad de nuestros conciudadanos, deterioro de nuestra imagen, críticas de nuestros predecesores, sociedad de cómplices”.
