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Mientras hablabas: los países y organizaciones que rechazaron la juramentación de Maduro
Paraguay retiró a su embajador y cortó relaciones, 19 países de la OEA firmaron una declaración conjunta para desconocer al gobernante y dos funcionarios estadounidenses se declararon en contra de la renovación

@loremelendez

 

Mientras Nicolás Maduro pronunciaba su discurso durante su juramentación como gobernante, varios países latinoamericanos ejecutaron acciones para rechazar el acto. Con declaraciones, resoluciones y comunicados, altos funcionarios fijaron posiciones que desconocieron a la nueva administración que apenas se instalaba.

A las palabras de los diplomáticos se unieron las protestas de venezolanos en el exterior, quienes desde distintas ciudades del mundo reclamaron la ilegalidad de la toma de posesión.

Paraguay a la cabeza

La primera nación en romper relaciones fue Paraguay. Su primer mandatario, Marito Abdo, minutos después de que Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, impusiera la banda tricolor a Maduro, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter para formalizar la disolución de estos lazos.

En el documento colgado en la web de la cancillería paraguaya se señala que ese país acogió en diciembre pasado la Declaración Ministerial del Grupo de Lima para desconocer al nuevo gobierno “por ser el resultado de un proceso electoral ilegítimo, que no contó con la participación de todos los actores políticos venezolanos, ni con la presencia de observadores internacionales independientes, y careció de las garantías y los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente”.

La ruptura, indica el comunicado, dispuso así el cierre de su embajada en Caracas, el inmediato retiro de su personal diplomático acreditado y la aplicación del Acuerdo para Supresión de Visas de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio, medida que afecta específicamente a funcionarios del gobierno de Maduro.

Bolton y Pompeo por Estados Unidos

Desde Estados Unidos, dos funcionarios se manifestaron en contra de la renovación del mandato de Maduro. El primero fue John Bolton, asistente a la presidencia de ese país en temas de seguridad nacional, el mismo que hace un par de meses anunció la imposición de sanciones para evitar que se hagan negocios relacionados con el oro venezolano que se extrae ilegalmente.

“Los Estados Unidos no reconocen la juramentación de la dictadura ilegítima de Maduro. Continuaremos con el incremento de la presión sobre el régimen corrupto, el apoyo a la Asamblea Nacional y el llamado a la democracia y a la libertad en Venezuela”, escribió en su cuenta en Twitter.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, también emitió un comunicado al respecto.

“Los Estados Unidos condena hoy la ilegítima usurpación de poder de Maduro tras las elecciones desleales e injustas que impuso al pueblo de Venezuela el 20 de mayo de 2018. Los Estados Unidos sigue firme en su apoyo al pueblo venezolano y seguirá utilizando todo el peso del poder económico y diplomático de los Estados Unidos para presionar por la restauración de la democracia venezolana. Hoy reiteramos nuestro apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela, la única rama legítima del gobierno debidamente elegida por el pueblo venezolano. Es el momento para que Venezuela comience un proceso de transición que pueda restaurar el orden constitucional y democrático mediante la realización de elecciones libres y justas que respeten la voluntad del pueblo venezolano”, dice el documento que destaca las sanciones impuestas desde el gobierno de Donald Trump.

“Es hora de que los líderes venezolanos tomen una decisión. Exhortamos a quienes apoyan este régimen, desde los empleados que sobreviven mediante subsidios de alimentos hasta las fuerzas de seguridad venezolanas que han jurado apoyar la constitución, a que no sigan permitiendo la represión y la corrupción y trabajen con la Asamblea Nacional y su líder debidamente elegido, Juan Guaidó, de conformidad con su constitución en un retorno pacífico a la democracia”, apunta el comunicado.

Loa 19 de la OEA

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución conjunta para “no reconocer la legitimidad del período del régimen de Nicolás Maduro desde este 10 de enero de 2019”. El acuerdo fue apoyado con 19 votos a favor, 6 en contra, 8 abstenciones y 1 ausencia.

La carta urge tanto a los Estados Miembros como a los Observadores Permanentes de la OEA a adoptar “las medidas diplomáticas, políticas, económicas y financieras que consideren apropiadas para contribuir a la pronta restauración del orden democrático en Venezuela”. Además, pide organizar nuevos comicios presidenciales, liberar a los presos políticos, implementar planes para atender la crisis humanitaria en Venezuela y exigir que esta sea aceptada por el gobierno de Maduro.

“Al asno se le reconoce por su rebuzno”

El ministro de Relaciones Exteriores chileno, Roberto Ampuero, afirmó en declaraciones públicas recogidas por la agencia EFE que el 10 de enero era “un día negro” para la democracia venezolana debido a la investidura de Maduro.

“Hoy es un día en el que Nicolás Maduro va a colocar una lápida sobre la democracia venezolana, pero estamos convencidos de que el pueblo venezolano se va a levantar algún día, pronto lo deseamos, de esa lápida para que la democracia vuelva a imperar”, dijo Ampuero en una rueda de prensa.

“Todos conocemos el estilo del dictador de Venezuela Nicolás Maduro y sabemos que su forma predilecta de referirse a quienes piensan distinto es a través de la descalificación personal. Como ustedes saben, al asno se le reconoce por su rebuzno”, completó.

Horas más tarde, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, publicó un comunicado en el que su administración oficialmente desconocía a la del gobernante venezolano y respaldaba a la Asamblea Nacional.

“Instamos a Nicolás Maduro a que transfiera de forma provisional el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional para que se realicen a la brevedad nuevas elecciones presidenciales conforme a los estándares internacionales”, se lee en la nota, en la que se añade que se analizarán otras medidas en coordinación con el Grupo de Lima “para ayudar al pueblo venezolano a superar esta triste, extendida y dolorosa tragedia que afecta a Venezuela”.

(Más) Tarde pero seguro

Poco después del fin del discurso, el gobierno de Perú ratificó su respaldo a la Asamblea Nacional, reiteró que no reconoce la legitimidad del nuevo periodo presidencial de Maduro y llamó a consultas, a través de su cancillería, a la encargada de Negocios de la embajada peruana en Venezuela, Rosa Álvarez. Un día antes se publicó una lista de casi 100 funcionarios –que incluyen al gobernante y a su esposa, Cilia Flores– que tienen prohibida la entrada a esa nación.

Lista de Ciudadanos Venezol… by on Scribd

Mauricio Macri, presidente de Argentina, tuiteó con la etiqueta . “Su poder no es auténtico, aunque trata de escabullirse en la victimización. Maduro se presenta como el presidente perseguido. Pero él no es la víctima, Maduro es el victimario”, dijo en uno de los tres mensajes que envió por esa red social.

Horas antes, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Jorge Faurie, adelantó que pese a no reconocer al gobernante, no habrá cambios en la sede diplomática de Caracas.

“Para velar por los intereses de nuestros connacionales y las empresas que todavía quedan en Venezuela, nosotros no vamos a interrumpir las relaciones diplomáticas… Es más, hemos mantenido el diálogo con las fuerzas de la oposición, que están muy interesadas en tener canales de diálogo para transmitir y hacer conocer todas las preocupaciones”, comentó el funcionario durante una entrevista en una televisora argentina reseñada por el diario Clarín.

Al final de la tarde, la Cancillería argentina anunció que, al igual que Paraguay, suspendería el Acuerdo de Exención de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales con Venezuela, para así prohibir el ingreso al país del sur “de integrantes de alto nivel del régimen venezolano”.

“La Unidad de Información Financiera (UIF) emitirá un alerta al sector financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas venezolanas o controladas por el Estado venezolano”, destaca la comunicación.

Panamá también se pronunció en contra del nuevo período presidencial de Maduro y, aunque no anunció ninguna medida diplomática para reafirmar este rechazo, sí se adelantó que el gobierno evalúa los sucesos ocurridos en Venezuela.

“Todas las opciones están sobre la mesa. Yo creo que estos temas son temas delicados y que es importante no apresurarse. Nos mantendremos vigilantes de la evolución de la situación”, indicó Isabel de Saint Malo, vicepresidenta y canciller panameña.

Finalmente, desde la Unión Europea se emitió una declaración en la que ratificó que las elecciones presidenciales de mayo de 2018 no fueron justas ni libres.

“La UE lamenta profundamente que se hiciese caso omiso de su llamamiento ‘para que se celebren nuevas elecciones presidenciales de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano’ y que el presidente Maduro emprenda hoy un nuevo mandato sobre la base de elecciones no democráticas”, señala el comunicado.

“Se ha alejado así aún más la posibilidad de una solución constitucional negociada, a medida que sigue degradándose la situación política, económica y social en el país y aumentan los estragos de la crisis sobre la estabilidad de la región”, apunta el documento que también insta a Maduro a reconocer a la AN, a liberar a los presos políticos, respetar el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales y “a hacer frente de inmediato a las acuciantes necesidades de la población”.

Provea frente al 10 de enero: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos

EL PROGRAMA VENEZOLANO DE EDUCACIÓN-ACCIÓN EN DERECHOS HUMANOS (Provea) emitió un comunicado en el que fija posición sobre el acto de juramentación de Nicolás Maduro para un segundo período presidencial 2019-2025.

A continuación, el texto íntegro:

1) Como consecuencia de haberse convertido Nicolás Maduro en representante de una minoría electoral, a partir de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, su gestión tomó una serie de decisiones arbitrarias que alejaron a su gobierno de la democracia con la intención de mantenerse irregularmente en el poder. En mayo de 2016 diversas organizaciones de derechos humanos, agrupadas en el Foro por la Vida, calificamos como ruptura del orden constitucional la aprobación de un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que configuró una normativa para justificar y alentar la actuación de los Poderes Públicos al margen y sobre la Carta Magna, e incrementar la exclusión y persecución por razones políticas. Por otra parte sus políticas han aumentado la crisis económica, generando mayores penurias en la población y obligando a millones de venezolanos a salir forzosamente del país.
2) El 14 de mayo de 2018, cuarenta y tres organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos alertamos que las elecciones del 20 de mayo de 2018, donde se elegiría un presidente para Venezuela para el período 2019-2025, no serían libres ni creíbles, debido al grave incumplimiento de diferentes garantías para el ejercicio del derecho a la participación política mediante el sufragio, entre ellas la actuación de un Consejo Nacional Electoral que no garantizaba transparencia e independencia como arbitro electoral. Un día después, Provea acudió a la sede del Tribunal Supremo de Justicia para introducir un recurso ante la Sala Electoral para impugnar la convocatoria de dicho proceso electoral, el cual fue desestimado por una Magistratura cooptada por el partido de gobierno. La supuesta elección de Nicolás Maduro para un segundo mandato fue consecuencia de un proceso electoral abiertamente ilegal y fraudulento.
3) Con las decisiones tomadas a partir de diciembre de 2015, que afianzaron un gobierno dictatorial y más excluyente, Nicolás Maduro perdió la legitimidad de desempeño en el ejercicio de sus facultades como presidente de la República. A partir del 10 de enero de 2019 tampoco poseerá legitimidad de origen en lo que pretende ser un segundo período presidencial en funciones.
4) La Constitución no prevé los mecanismos a seguir ante la instalación de un gobierno de facto consecuencia de un fraude electoral. Cualquier iniciativa para lograr la transición a la democracia debe promover la realización de elecciones libres, creíbles, y con garantías para la libre participación política mediante el sufragio de todos los electores y organizaciones, que restablezcan a corto plazo la plena vigencia de la Carta Magna de 1999. Para ello, la Asamblea Nacional juega un rol fundamental como el único poder público legitimado por el pueblo para conducir este proceso.
5) La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela debe ser el marco de actuación tanto para los sectores que aspiren el regreso del Estado de derecho como para el proceso de reinstitucionalización democrático del país. Esta Carta Magna establece, en su artículo 138, que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos.
6) Reconocemos y alentamos todos los esfuerzos, tanto de los organismos internacionales de protección de derechos humanos como de la comunidad internacional, para aumentar las presiones diplomáticas que logren el pronto restablecimiento tanto del orden constitucional como de la propia democracia en el país. Apoyamos las sanciones individuales sobre funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos, así como la aplicación de los diferentes mecanismos internacionales (Carta Democrática Interamericana, Protocolo de Ushuaia, entre otros) acordados soberanamente entre los diferentes países, entre ellos Venezuela, para abordar la ruptura democrática en cualquier Estado de la región. Sin embargo, como lo hemos reiterado en otras comunicaciones, cuestionamos cualquier sanción económica contra el país que puedan agravar la ya precaria situación generada por la emergencia humanitaria compleja en salud, alimentación y pobreza.
7) Solicitamos a los países de la región que ante cualquier consecuencia derivada de la instalación del gobierno de facto que pretende instalarse en el país a partir del 10 de enero de 2019, se mantengan y generen todos los mecanismos posibles para continuar su observación y acompañamiento de la situación venezolana. Asimismo, se dé respuesta oportuna y adecuada, según los estándares internacionales sobre migración, a las solicitudes de asilo por razones políticas y estatus de refugio a los venezolanos que migren forzosamente del país como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja y la persecución política.
8) Rechazaremos cualquier tipo de intervención armada a Venezuela como mecanismo de resolución de la crisis. Abogamos por acciones contempladas en la normativa internacional sustentadas en la reivindicación de la paz y los mecanismos diplomáticos.
9) Invitamos a todas las organizaciones sociales y populares de la región a denunciar la ausencia de legitimidad del gobierno de facto que pretende establecerse en el país a partir del 10 de enero usurpando funciones al margen de la Constitución de 1999 y la Carta Democrática Interamericana. Asimismo, los alentamos a solidarizarse con los esfuerzos de los sectores que promueven el regreso de la democracia a Venezuela.
10) Advertimos que la instauración de un gobierno de facto, no libra a los funcionarios en usurpación de funciones de su responsabilidad en el ejercicio del poder y las consecuencias de decisiones que violen y afecten la dignidad humana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró ilegítimo al gobierno de sustituyó a Manuel Zelaya en Honduras, estableciendo que “el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En efecto, de este informe se desprende que las violaciones a los derechos humanos que se denuncian son consecuencia directa de la ruptura del orden constitucional. Por ello, la Comisión considera que el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras es necesaria para que se den las condiciones para la efectiva protección y cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de ese país.”
11) La respuesta frente la crisis política y social es clara: la movilización y presión conjunta de la sociedad civil democrática, las organizaciones sociales venezolanas, la Asamblea Nacional, los organismos internacionales de protección de derechos humanos, la comunidad internacional, y el pueblo en su ejercicio intransferible de soberanía y deber de restablecimiento del orden constitucional, con el firme propósito de detener el avance del gobierno de facto.
12) A pesar de los obstáculos y adversidades, Provea y el resto del movimiento de derechos humanos venezolano continuaremos en el país documentando las violaciones de derechos humanos y acompañando a todas las víctimas, sin discriminación alguna, en su anhelo de verdad, justicia y reparación.