Jueza

La jueza 12ª de juicio del Área Metropolitana de Caracas, María Eugenia Núñez, habría dictado prohibición de salida del país a 22 directivos de El Nacional, La Patilla y TalCual, medios de comunicación contra los que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, interpuso una acusación por difamación agravada continuada. La lista de personas la dio a conocer el periodista Edgar López en El Nacional.

Manuel Puyana, miembro de la junta directiva de TalCual, declaró que él sí vio la demanda cuando se presentó voluntariamente en el Tribunal 12, el lunes 11 de mayo. «Como ya estamos demandados estoy constantemente yendo a tribunales, me enteré que había sido ratificada la demanda el 5 de mayo, así que fui yo mismo a presentarme y firmé la aceptación de formar parte de la acusación», indicó.

Puyana confirmó que tiene copia de la demanda, por lo que dijo que ya es oficial. Cree que al resto de la gente no le ha llegado la citación, porque tomará tiempo en enviarla a cada uno de sus domicilios.

El director de La Patilla, Alberto Federico Ravell, dijo que aún no ha visto el contenido de la demanda, ni ha recibido la citación para presentarse en tribunales.

No he sido citado por ningun tribunal.La patilla no cambiara su linea editorial.El q no la debe no la teme.

— Alberto Ravell (@AlbertoRavell) May 13, 2015

Los señalados en la demanda de Cabello y afectados por las medidas impuestas por la jueza Núñez son:

1. Miguel Henrique Otero.
2. Mariana Otero.
3. Argenis Rafael Martínez Mota
4. Alberto Federico Ravell Arreaza
5. Isabel Cristina Ravell Nolck
6. José Simón Elarba Haddad
7. Oswaldo Karam Macía
8. Luis Carlos Serra Carmona
9. Juan Andrés Wallis Brandt
10. Omar José Delgado Lugo
11. Jorge Papatzikos Gianopulos
12. Vivianne de Lourdes Font Fernández
13. Ramón José Medina Simancas
14. Beatriz Cecilia De Majo de Algisi
15. Carmen Elena Macía Fortique
16. Leopoldo Eduardo López Mendoza
17. Teodoro Petkoff Malec
18. Juan Antonio Rafael Golia Amodio
19. Francisco Layrisse
20. Manuel Antonio Puyana Santander
21. David Alberto Morán Bohórquez
22. Ramiro Óscar Molina Ríos

Esta es la boleta de notificación de Puyana:

Boleta de Notificación de Manuel Puyana by runrunesweb

A un año de la detención de Christian Holdack en la sede de la Policía de Chacao —por haber sido acusado de participar en los sucesos del 12 febrero de 2014— la jueza Susana Barreiros negó la solicitud de que sea juzgado en libertad. La defensa del caso había pedido que se le otorgara una medida sustitutiva al asegurar que el joven sufre de un trastorno de estrés postraumático a raíz de los hechos violentos de febrero y porque no hay suficientes elementos de convicción para tenerlo detenido y ser llevado a juicio.

Ayer sus abogados tuvieron acceso a la copia de la sentencia, con fecha 6 de febrero de 2015, en la que Barreiros señaló —respecto al informe psiquiátrico y forense que diagnostica el problema de salud— que el trastorno de Holdack no produce interferencia ni incapacidad para diferenciar lo bueno y lo malo, ni para poder responsabilizarse de sus actos, refirió el abogado Rafael Quiñones sobre la decisión.

Ante la negativa de la jueza, Quiñones informó que el próximo miércoles 18 introducirán una acción de amparo “ante la violación al principio de igualdad constitucional”, pues recordó que al estudiante Marco Coello —a quien se le diagnosticó el mismo trastorno mientras se encontraba detenido— sí se le permitió ser juzgado en libertad.

Holdack es el único estudiante que aún permanece detenido desde el 12 de febrero de 2014, día en que se iniciaron las protestas en el país con motivo al Día de la Juventud. Fue aprehendido en Parque Carabobo y se le imputan los delitos de incendio, agavillamiento, instigación a delinquir y daños materiales. El 14 de febrero el Ministerio Público presentó a 16 estudiantes ante el Tribunal 26° de Control y quedaron privados de libertad Holdack y Coello, junto con Demian Martin, Ángel González, Luis Boada y Nelson Gil. A los dos días, el Tribunal 26° declinó su competencia al Tribunal 16° de Control, que fue el asignado al caso del dirigente político Leopoldo López. Desde ese momento los expedientes de ambos casos se unieron.

La representante de la Defensoría del Pueblo, María Eugenia Torres Dugarte, y la fiscal de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, Adriana Salazar, han abogado por Holdack, pero Barreiros se ha negado a concederle la libertad condicional para que recupere su salud.

Su esposa, Aurora Armesto, aseguró que los continuos dolores de cabeza que sufre Holdack se han incrementado. “El encierro le está generando mucha ansiedad y depresión. Tiene problemas de insomnio y está como en un estado de alerta siempre. A veces no come, a pesar de que le llevo comida todos los días desde el primer día de su detención”, contó Armesto.

Sus familiares esperaban que luego de un año preso esta vez le fuese otorgada la medida cautelar. “Esperábamos que la jueza se mostrara más atenta a la salud de Christian. Él ha asistido a todas sus audiencias y cuando no lo ha hecho ha sido por justificaciones médicas”.

Vía El Nacional

El segundo proceso penal contra el alcalde destituido de San Diego, Enzo Scarano, comenzó como un caso de violencia de género que se desempolvó para mantenerlo preso el mayor tiempo posible. Ahora la Fiscalía pretende imputarle el delito de ataque al centinela, sancionado en el artículo 501 del Código Orgánico de Justicia Militar con presidió de entre 14 y 20 años.

La persecución contra Scarano marcó un hito en la historia judicial del país. Nunca antes la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se había erigido en tribunal penal para condenar a una persona, como en el caso del ex alcalde por el delito de desacato a la orden de impedir las protestas que ocurrieron en San Diego a partir de febrero de 2014. Fue un juicio sumarísimo (apenas demoró una semana) que dejó en entredicho el derecho al debido proceso y, para mayor gravedad, acarreó la destitución de un funcionario elegido por votación popular. Así ocurrió el 19 de marzo, cuando Scarano fue condenado a 10 meses y 15 días de prisión. Desde entonces está preso en Ramo Verde. Un procedimiento similar aplicó el TSJ al alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos.

La Fiscalía no cesó en su empeño de someter a Scarano y desempolvó un caso ocurrido el 14 de abril de 2013, en el contexto de las elecciones presidenciales. El Ministerio Público acusó al ex alcalde por violencia física en contra de tres mujeres que el 16 de abril de 2013 denunciaron que irrumpió en el centro de votación Lisandro Alvarado, violentó una puerta y causó lesiones a las tres mujeres. Una de las presuntas víctimas es Raymar Cusatti, que integraba el contingente militar del Plan República destacado en el referido centro de votación. Ella habría sido la centinela atacada por Sacarano. Además, Cusatti aseguró que por la actuación violenta de Scarano el proceso electoral se interrumpió durante 25 minutos, por lo cual la Fiscalía también pretende imputarle delitos electorales.

El debate oral y público comenzó el 3 de noviembre ante la jueza Primera de Juicio de Violencia contra la Mujer de Caracas, María Elizabeth Bencomo. En esa oportunidad declararon las tres presuntas víctimas y un testigo promovido por la Fiscalía.

“Sorpresivamente el abogado de las mujeres, Gilberto Landaeta (ex fiscal recordado por su controversial actuación en el caso Danilo Anderson) planteó la posibilidad de ampliar la acusación. La Fiscalía no estuvo de acuerdo y la jueza lo declaró sin lugar”, informó el apoderado de Scarano, Joel García.

Aunque la jueza no podría revocar su decisión, el 5 de noviembre, cuando se celebraría la segunda sesión del debate oral y público, informó que la Fiscalía había solicitado la anulación de todo el proceso y su reinicio a la etapa de imputación para formularle nuevos cargos a Scarano, precisamente ataque al centinela y delitos electorales.

García indicó que el lunes 10 de noviembre la jueza Bencomo debe dar una respuesta. Si acoge la solicitud fiscal el caso de Scarano sería juzgado por un tribunal militar y sus defensores tratarían de oponerse a través del planteamiento de un conflicto de competencia.

El abogado defensor considera que ha hecho todo lo que la ley permite para demostrar la inocencia de Scarano, pero dice ser consciente del carácter político de la persecución contra el dirigente opositor que figura como enemigo personal del vicepresidente del PSUV y gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach.