José Ramón Sánchez Rodríguez

LA AUDIENCIA NACIONAL española rechazó extraditar a Venezuela a José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), acusado de haber blanqueado dinero sustraído de la estatal venezolana, argumentando que si es entregado se pueden violar sus derechos y ser sometido a “tratos inhumanos o degradantes“.

En un auto al que tuvo acceso la agencia de noticias EFE, la sección cuarta de la Audiencia entiende que no puede acceder a su extradición “por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva”, dada “la directa conexión existente en el presente caso con el derecho a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes” y su derecho “a la libertad”.

La Audiencia Nacional española celebró el miércoles 21 de noviembre la audiencia de extradición del venezolano, en la que la Fiscalía se mostró de acuerdo con su entrega y su defensa alegó que responde a una “persecución política”.

Según sostiene el abogado de Sánchez Rodríguez, Ismael Oliver, su defendido es primo lejano de Ramírez, aunque éste negó ayer parentescos familiares con él.

En la audiencia, el abogado aportó una serie de documentos de los malos tratos que están recibiendo dos detenidos en Venezuela por este caso: Diego Salazar, primo hermano de Ramírez, y José Enrique Luongo, que están internos en el centro conocido como “La Tumba”, los sótanos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Plaza Venezuela.

Estos documentos han sido clave para que la Audiencia Nacional rechazara la extradición de Sánchez Rodríguez, al entender que, de ser entregado, podría sufrir un trato parecido en el país suramericano.

Desde agosto, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano mantiene una solicitud de extradición contra Luis Mariano Rodríguez Cabello y Sánchez Rodríguez, señalados de cometer delitos de corrupción.

Sánchez Rodríguez, de 68 años de edad, fue detenido ese agosto por funcionarios de la Interpol en Madrid, luego de haber estado solicitado con notificación roja por el Juzgado Sexto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas por corrupción, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Es acusado de presidir una organización que en alianza con empresas panameñas se dedicaba a abrir cuentas bancarias en la Banca Privada de Andorra para blanquear más de 400 millones de dólares provenientes de contratos fraudulentos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala de Casación Penal, declaró procedente la solicitud de extradición activa al Reino de España de dos venezolanos señalados por casos de corrupción: Luis Mariano Rodríguez Cabello, una de las fichas de Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez; y de José Ramón Sánchez Rodríguez, quien presuntamente ayudó a lavar dinero del Estado por medio de la Banca Privada d’ Andorra (BPA).

De acuerdo con la nota de prensa del máximo tribunal, la petición se hizo para que tanto Rodríguez Cabello como Sánchez Rodríguez sean sometidos a un proceso penal en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de corrupción y tráfico de influencias, así como de legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Rodríguez Cabello está señalado de ser el testaferro de Diego Salazar, el polémico primo de Rafael Ramírez que presuntamente amasó su fortuna al manejar los contratos de seguros y reaseguros de Pdvsa. Fue detenido en diciembre pasado por blanquear capitales a través de una red que manejó fondos estimados en más de 2.000 millones de dólares entre 2011 y 2012, luego de pedir sobornos a empresas chinas para presentarlas en licitaciones de proyectos de energía.

A Sánchez Rodríguez, de 68 años, lo detuvieron esta semana funcionarios de la Interpol en Madrid, España, luego de haber estado solicitado con notificación roja por el Juzgado Sexto de primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas por los delitos mencionados.

Según las autoridades venezolanas, Sánchez Rodríguez estaba residenciado en la capital española y presidía una organización que, en alianza con empresas panameñas, se dedicaba a abrir cuentas bancarias en la BPA para blanquear más de 400 millones de dólares proveniente de contratos fraudulentos.

Las autoridades del Principado de Andorra intervinieron este banco en marzo de 2015 en el marco de una investigación por blanqueo capitales. Estados Unidos había denunciado que esta institución financiera fue empleada por bandas criminales para lavar fondos.

La nota de prensa del TSJ asegura que las autoridades venezolanas asumen el compromiso de que ambos venezolanos serán juzgados con las debidas garantías consagradas en la Constitución del país «relativas al principio de no discriminación; prohibición de desaparición forzada de personas; debido proceso; derecho a la integridad física, psíquica y moral; prohibición de ser sometido a penas, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes; derecho a un sistema penitenciario que asegure su rehabilitación y que no podrán ser juzgados por otros hechos distintos a los señalados en las solicitudes de extradición, cometidos con anterioridad a cada solicitud».