2019, VIENE CON UNA CARGA DE COMPROMETEDORAS Y EXIGENTES CONDICIONES. De entrada, enero habrá de ser tiempo de ingentes llamados de atención. Igualmente, de conmociones dado el agotamiento político que sobrellevan distintos factores políticos nacionales. Escenarios así, son propicios para inducir o más confusión, o mayor activación de aquellos sectores afectados por problemas que derivan de las correspondientes circunstancias.
La institucionalidad, contenida en los 350 preceptos trazados constitucionalmente, corre el riesgo de verse atropellada por el inmediatismo propio de contingencias definidas intempestivamente. Pero también, por el pragmatismo vulgar que repetidas veces se asume como criterio para tomarse decisiones que comprometen al alto gobierno. Incluso, a partidos políticos o grupos movilizados en virtud del repudio que se tiene ante medidas tomadas azorada e inconsultamente por cualquier instancia de la estructura gubernamental.
Sin embargo, en el seno de tan difícil escenario, surge otro problema. Problema éste que otras veces ha sido causa del desarreglo que ha sufrido la institucionalidad democrática. Justamente, por los desencuentros que a su interioridad se suscitan sin conciliarse las posturas que sacuden las realidades políticas, económicos y sociales a nivel nacional. Es el papel que juega la sociedad venezolana cuando da cuenta de la torpeza que exhibe al momento de actuar en el candente fragor de los arrebatos gubernamentales.
Los liderazgos que toman parte en los manidos manejos de conflictos que emergen tan rápido como se disipan, son insuficientes operativamente. Peor aún en lo conceptual. Las estrategias empleadas como vías de transigencia, se ven prontamente cansadas sin que se tengan a la mano fórmulas supletorias capaces de dominar o controlar las crisis en cuestión.
De esa manera, el caos comienza a fortalecerse en su génesis, en su forma y fondo, hasta que por alguna razón fundamentada en una justicia acomodaticia, se torna en posibilidad real de formalizarse como “condición legal” para escalar posiciones que, con el tiempo, ha permitido al gobierno central, anquilosarse como hasta ahora lo ha hecho. O sea, groseramente.
Es la muestra fehaciente de un país político, económico y social construido en un remedo de socialismo. Aunque igual puede decirse, que en un frustrada e inconsistente copia de capitalismo. Así ha sido, sólo que a golpe y porrazo. Sin embargo, ha sido la vía expedita para haberse enquistado a la profundidad como ahora lo está.
Eses fue el camino que el régimen logró edificar para afianzar sus desvaríos que terminaron malogrando la economía con la enfermedad del dólar. Y en consecuencias, con el invasivo virus de la hiperinflación. Aunque también, lograda a instancia de oscuros intereses que se movilizan desde lo más recóndito de la estructura gubernamental a manera de encubrir la corrupción como insumo del proselitismo accionado.
En el centro de la aludida crisis, el Estado venezolano ha extraviado argumentos para consolidarse desde los dictados de su ordenamiento jurídico. No sólo porque el gobierno permitió el desvanecimiento de valores. Sino además, porque perdió la visual de lo que constituye la institucionalidad sobre la cual se asienta la democracia en concomitancia con lo que representa el “debido proceso”. Y que a éste, se supedita cada determinación legal y constitucional. Es decir, en medio de tal desorden, se dilapidó el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia. Y por consiguiente, se disiparon condiciones en cuya base descansan principios que dan sustento a la constitucionalidad venezolana. Así cabe preguntarse, si es que Venezuela está o quedó ¿sin institucionalidad democrática?
