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La Misión documentó varios casos de personas opositoras que fueron acusadas y procesadas por difamación o incitación a la intolerancia

La Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU señaló en su cuarto informe que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que conducen programas de televisión utilizan estos espacios para emitir declaraciones incriminatorias sobre opositores.

El informe se refirió específicamente al programa «Con el Mazo Dando», conducido por Diosdado Cabello, vicepresidente del partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

«Las declaraciones del vicepresidente del Psuv «amenazan la seguridad de las personas contras las que van dirigidas, ya que en ocasiones han desencadenado procesos penales arbitrarios», señaló el informe publicado este miércoles 20 de septiembre.

El texto agrega que este tipo de programas «crean una imagen negativa en la opinión pública contra los medios de comunicación independientes, las personas defensoras de los derechos humanos y las ONG».

La Misión documentó varios casos de personas opositoras que fueron acusadas y procesadas por difamación o incitación a la intolerancia. A continuación, algunos casos mencionados en el informe

Diosdado Cabello es uno de los funcionarios que regularmente ha acusado a miembros de la sociedad civil de corrupción y robo, según la Misión de la ONU. Por ejemplo, en su programa del 19 de diciembre de 2020, Cabello señaló una lista de ONG de haberse robado dinero de Venezuela y de tener cuentas a nombre de empresas fantasmas para el lavado de dinero.

En el programa del 19 de enero de 2022, señaló nuevamente a varios miembros de la sociedad civil, periodistas y comunicadores, que habían publicado críticas contra el Gobierno e información sobre derechos humanos, mostrando carteles con sus fotos y con la inscripción “Se busca” y “Ladrón”.

El informe de la Misión refiere que el  27 de enero de 2023, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, atacó al periodista Alexander González y al dueño del Diario de los Andes, Eladio Muchacho Unda, después de que el periódico publicara tres notas informativas sobre el acoso a trabajadores públicos obligados a participar en manifestaciones progubernamentales.

Durante su programa radial “Háblame Gerardo”, emitido por ocho emisoras desde la radio Paisana 92.5 FM, radio oficial de la gobernación de Trujillo, Márquez señaló al periodista y al dueño del periódico de formar parte de un “plan de golpe de Estado”.

El 12 de abril de 2023, el programa Con El Mazo Dando difundió una compilación de videos de supuestos “ataques contra Venezuela”. Esta compilación de videos mostraba a varios líderes políticos de la oposición asociándolos a presuntos actos terroristas, según Cabello.

Las declaraciones denigrantes y difamatorias más comunes entre las documentadas por la ONU son las que tildan a una persona de traidora a la patria simplemente por haber criticado al Gobierno, o las que resaltan supuestos vínculos entre estas personas y algún “enemigo de Venezuela”, como, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos.

En enero de 2021 se emitieron señalamientos contra varias ONG, medios de comunicación y sindicatos, que presuntamente recibieron fondos del Gobierno de Reino Unido para sus actividades legítimas de informar y defender derechos humanos. El portal de noticias de Globovisión, con línea editorial progubernamental, acusó a estas organizaciones de recibir financiamiento del gobierno británico para derrocar al Gobierno del presidente Maduro.

La Misión identificó que las declaraciones injuriosas y las acusaciones infundadas descritas arriba son regularmente hechas por las más altas autoridades del Estado, como el gobernante Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el diputado y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Muchas veces, estas declaraciones se hacen durante eventos oficiales como ruedas de prensa del presidente, actos públicos del Gobierno, y sesiones de la Asamblea Nacional.

En varias ocasiones, las autoridades venezolanas han difamado, hostigado y criminalizado a Provea y sus integrantes por su labor de defensa de los derechos humanos.

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Según el informe publicado del CCC, el país obtuvo un puntaje de 1.46 sobre 10 respecto a sus capacidades para detectar, castigar y prevenir la corrupción

@Luciapietf

Venezuela se posicionó por quinto año consecutivo en el último lugar del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) entre 15 países de América Latina. Según la evaluación publicada este año, el país descendió 0.17 puntos respecto al 2022, obteniendo un puntaje de 1.46 de un máximo de 10. 

El CCC es un estudio elaborado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, que mide la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción a través de tres categorías: capacidad legal, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación. 

A nivel regional, Uruguay (6.99) tuvo la puntuación más alta en el índice, seguido de Costa Rica (6.76), Chile (6.67), Perú (5.53), República Dominicana (5.42), Panamá (5.39), Argentina (5.07), Brasil (4.83), Colombia (4.78), Ecuador (4.68), Paraguay (4.61), México (3.87), Guatemala (2.86), Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46), de acuerdo al informe. 

Descenso general

En Venezuela, la variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó 18% y la relacionada con la calidad de la prensa cayó 15%, debido a la aprobación en enero del proyecto de «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», que obliga a las ONG a declarar sus bienes y revelar al Estado sus relaciones con donantes, lo que ha causado temor de sanción entre los miembros de estas instituciones.  

En la categoría «Sociedad civil y medios de comunicación», el país presentó una puntuación de 4.57 y se ubicó en el penúltimo lugar en Latinoamérica, por delante de Bolivia (3.62) y detrás de Guatemala (5.00).

Dentro de la categoría «Capacidad legal», la independencia y eficiencia judicial y de los organismos anticorrupción fueron las variables más bajas. Aquí, Venezuela  tuvo un puntaje total de 0.81, la última de la región. 

El mismo caso se observó en la categoría «Democracia e instituciones políticas», con un puntaje de 1.28. En este apartado, la variable más baja fue la que estudia los procesos legislativos y de gobierno, y la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas. 

El CCC advirtió que hay temas críticos a monitorear, como las elecciones presidenciales de 2024 y las primarias de la oposición en octubre de 2023, debido a la posibilidad de que «se produzca una persecución selectiva de activistas, líderes sindicales y políticos de la oposición en el contexto de las continuas protestas por parte de los trabajadores públicos y de la campaña previa a las elecciones». 

En el informe también se mencionó el monitoreo sobre las perspectivas de nuevas negociaciones entre el gobierno y la oposición, tras la reanudación del diálogo en noviembre de 2022 en Ciudad de México. 

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Según el estudio, los estados donde hay mayor migración interna son: Zulia (30.8%),  Bolívar (30.8%), Aragua (15.4%), y Sucre (23.1%)

Zonas de Venezuela se están despoblando por la migración interna, según datos del informe semestral “Vivir en Venezuela”, del Centro de Investigaciones Populares Alejandro Moreno (CIP). 

El estudio, publicado este miércoles, 26 de octubre, y realizado en 14 estados del país, arrojó que un 49% de los encuestados reconoció saber de personas que han migrado a otros estados del país en busca de mejores condiciones de vida. 

Según el estudio, los estados donde hay mayor migración interna son: Zulia (30.8%),  Bolívar (30.8%), Aragua (15.4%), y Sucre (23.1%). 

Entre los sitios a los que migran internamente los venezolanos están Caracas (35.9%), Zulia (capital) (28.1%), Carabobo (14.1%), Anzoátegui (10.9%) y Bolívar (zona minera) (10.9%). 

Migraciones externas 

El estudio reflejó que un 87,7% de los encuestados manifestó que personas de su núcleo familiar han emigrado, y un 43,6% ha pensado en irse del país.

Los problemas económicos siguen siendo el principal motivo para migrar. En cuanto a los países de destino, EE.UU es el principal, aunque otros países de Latinoamérica siguen siendo receptores de venezolanos, como Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Cuerpos de seguridad sobornan y abusan de su autoridad en las comunidades

El estudio reflejó que 47% de los consultados afirmaron que conocen de delitos cometidos por los cuerpos de seguridad, entre ellos sobornos, asesinato, trafico de armas y narcotráfico, sin dejar de lado el abuso de autoridad, que es el segundo más reconocido por los entrevistados.

Entre los principales delitos identificados por las comunidades y que fueron perpetrados por los cuerpos de seguridad destacan: Sobornos (51.9%), abuso de autoridad (17.8%), robos (11.1%), asesinatos (8.9%), tráfico de armas (5.2%), y narcotráfico (5.2%). 

Fallas de servicio y delincuencia, temas de más preocupación

Según los resultados del informe, los servicios de agua, luz y gas representan un problema para el 90.1% de las personas entrevistadas durante todo el semestre.

En el período de tiempo estudiado, el 21.9% de las protestas que se produjeron estaban relacionadas con el agua potable. 26.7% por fallas eléctricas, 30.5% por aguas negras y 21% por la falta de gas doméstico. 

El estado de las vías, aseo, transporte y el alumbrado público, servicios que deberían ser garantizados por el Estado, presentan fallas que aquejan a las comunidades. 

Además de la presentación de los datos, el CIP lanzó oficialmente el Observatorio de las Dinámicas Comunitarias, una plataforma centrada en la presentación de una investigación basado en la convivencia humana.

*Puede leer el informe completo AQUÍ

Según la ONU, el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir a la disidencia, violando derechos humanos con actos de torturas y violencia sexual

 Palizas, descargas eléctricas, asfixia y otros métodos de torturas son aplicados por el Sebin y la Dgcim, según la Misión de la ONU

Este martes, 20 de septiembre, la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), organismos de inteligencia del Estado, fungen «como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad». 

La Misión en su informe analizó las cadenas de mando y las responsabilidades por las violaciones y los delitos cometidos y en ambos centros de detención, se determinó que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir y violar derechos humanos a través de torturas y violencia física y sexual. 

A continuación,  las claves del informe de la ONU sobre las violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por estos dos organismos de seguridad: 

Tratos crueles, inhumanos o degradantes

La Misión ha documentado 122 casos de víctimas que fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes perpetrados por agentes de la DGCIM entre 2017 y 2019. Los períodos de mayor incidencia de estos actos fueron 2018 y 2019.

Según el informe de la Misión, Iván Hernández Dala, jefe de la DGCIM, «ordenó torturas tanto físicas como psicológicas«, manteniendo a las personas detenidas en completo aislamiento, lo que se conoce internamente en la DGCIM como la “psicología del olvido”.

Esto consistía en proporcionarle a la persona detenida una hidratación y alimentación mínimas, prohibirle el contacto con sus familiares y ordenarle que durmiera en el suelo bajo una iluminación constante.

El informe señaló que casi todos los actos de tortura se llevaron a cabo en la sede de la DGCIM en Boleíta durante los interrogatorios. Las sesiones de tortura podían durar días o semanas. Algunas personas detenidas también fueron torturadas en períodos posteriores de detención en Boleíta, generalmente con el fin de extraer nueva información o para castigarlas.

La Misión informó que no solo se realizaban actos de tortura para demostrar el control de la DGCIM sobre las personas detenidas, sino también para «extraer una confesión, obtener información, castigar, intimidar, humillar o coaccionar».

Los funcionarios y las funcionarias de la DGCIM también maltrataban a las personas detenidas para extraer las contraseñas de sus teléfonos, redes sociales, correos electrónicos o cuentas bancarias, a veces para robarles dinero.

El documento detalló que, en casi todos los casos, las personas detenidas permanecían encapuchadas durante las sesiones de tortura, pero en ocasiones podían reconocer a sus torturadores por la voz o por el olor.

En algunos casos, las víctimas fueron testigos presenciales de actos de tortura infligidos a otras personas detenidas, pudiendo observar estos actos a través de las grietas bajo las puertas de las celdas. 

Violencia física 

La Misión tiene información sobre patrones de conducta en los métodos de tortura utilizados por funcionarios de la DGCIM, tanto por hombres como mujeres, contra las personas detenidas.

• Fuertes golpes con bates y objetos punzantes.
• Descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo.
• Asfixia con sustancias tóxicas y agua.
• Cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas.
• Esposas excesivamente apretadas.
• Posiciones de tensión conocidas como “el pulpo” y “crucifixiones”.
• Uso de un aparato llamado “señorita”, para levantar y deformar cuerpos y bajarlos a tanques de agua.

Violencia sexual y de género

• Violación con objetos.
• Amenazas de violación.
• Desnudez forzada, incluso durante actos de tortura.
• Golpes dirigidos a los genitales.
• Descargas eléctricas en los genitales.

Condiciones de detención

• Privación de alimentos y agua.
• Comer del suelo.
• Iluminación constante u oscuridad constante.
• Calor o frío extremos.
• Falta de acceso a los aseos.
• Denegación de tratamiento médico.
• Alimentación forzada de heces y vómitos.

Violencia psicológica y otros

• • Amenazas de muerte y de violación hacia la víctima y a sus familiares.
• Simulación o tortura real de otras personas detenidas.
• Períodos prolongados de aislamiento y confinamiento solitario.
• Administración de drogas supuestamente para obtener confesiones.
• Amenazas con animales vivos, incluso con perros.

Celdas de torturas

La sede de la DGCIM se encuentra en Boleíta Norte. Según la Misión,  todos los sectores del Sótano 1 de la DGCIM, eran totalmente herméticos y no tenían luz natural.

Las celdas no tenían ventanas, sino un agujero en la puerta por donde se pasaba la comida. A través de ese agujero, los detenidos podían ver a otros detenidos, encapuchados, que eran llevados hacia o desde las sesiones de tortura.

La celda 4, denominada el “Cuarto de los Locos”, se utilizaba como zona de castigo y tortura. La celda mide unos 2 x 2 metros y no tiene fuente de luz ni de agua, mientras que sus paredes están cubiertas con colchones. Varios testigos le dijeron a la Misión que las condiciones en la celda eran extremadamente duras.

La Misión también recibió información sobre una celda a la que se referían como la “Nevera”, donde constantemente soplaba aire acondicionado muy frío, y donde al menos, un detenido pasó varios meses.

La Misión recibió información sobre otras celdas de tortura situadas en el Sótano 1: el “Ascensor” y la “Piscina”. La “Piscina” ha sido descrita como un tanque de petróleo, lleno de agua, con un dispositivo de tortura llamado “señorita” por encima, donde los prisioneros eran atados y luego sumergidos bajo el agua para ser torturados.

El “Ascensor” es un viejo ascensor que no funciona, en el cual las personas detenidas dormían, tanto dentro como en el pasillo exterior. También, se utilizaba como celda de castigo, y las personas detenidas permanecían en completa oscuridad cuando se cerraba la puerta.

Otros abusos y sus consecuencias

La Misión informó en su más reciente informe que estos tratos crueles de torturas han provocado lesiones físicas graves y permanentes en las víctimas.

Los casos identificados por la Misión incluían la pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas (tales como daños permanentes en los testículos), un embarazo perdido, sangre en la orina y costillas rotas, entre otros. 

Estos actos también provocaron traumas psicológicos graves y depresión. Las personas detenidas declararon sufrir estrés postraumático y tener pesadillas recurrentes. Al menos tres personas intentaron suicidarse durante su detención.

En varios de los casos investigados por la Misión, las víctimas no fueron llevadas a un profesional médico antes de su comparecencia inicial ante el tribunal. Los profesionales médicos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) evaluaron a las personas detenidas y certificaron que estaban en buen estado físico, a pesar de que tenían lesiones visibles.

En algunos casos, las evaluaciones forenses se hicieron días o meses después de que se llevara a cabo la tortura y cuando las heridas ya se habían curado. Esto incluye a un detenido que no recibió atención médica hasta varios meses después de haber sido torturado.

En otros, las personas también fueron sometidas a castigos severos mientras esperaban el juicio, incluidas represalias en caso de que se quejaran. Las personas detenidas también sufrían este tipo de maltrato si otras personas eran sorprendidas infringiendo las normas.

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El 72 % de la respuesta ofrecida en mayo y junio ha consistido en la distribución de alimentos, mientras que solo un 28 por ciento han sido actividades de producción

El informe de situación de Venezuela, publicado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA-ONU) este 26 de agosto reseñó que la falta de acceso a medios de vida continúa siendo «preocupante».

Además, resaltaron que la brecha entre las actividades de distribución de alimentos y el apoyo a los medios de vida sigue siendo un «desafío importante».

La OCHA explicó que las intervenciones a corto plazo corto plazo «no pueden disminuir la dependencia de la ayuda de los hogares vulnerables».

Según reporta la OCHA, las necesidades alimentarias en Venezuela siguen incrementando, pues durante los meses de mayo y junio, el precio de la canasta básica alimentaria aumentó y se mantiene por encima del nivel de ingresos económicos de familias en situación de vulnerabilidad. 

La situación genera «grandes desafíos» a la hora de asegurar una alimentación adecuada y, para afrontar esta situación, familias en situación de vulnerabilidad «dependen de redes de apoyo», incluyendo familiares en el exterior o de ayudas del Estado. 

Por otra parte, la OCHA asegura que la temporada de lluvias ha afectado «considerablemente» la producción de plátano, papa, zanahoria, caraotas o frijoles negros, cacao y coco, entre otros, en Zulia y Mérida.

También, recalcan que el sector ganadero se ha visto perjudicado, lo que genera poca disponibilidad y aumento en los precios de los alimentos.

Respuesta humanitaria

La OCHA señaló que en los últimos meses los socios de la organización han beneficiado a 273.930 personas con actividades como distribución de canastas alimentarias a 8.588 familias en 17 estados del país.

De igual forma, han provisto de alimentación escolar a 190.298 personas, y se alcanzaron 1.601 centros escolares en 10 estados del país.

Esta actividad se ha visto impulsada en gran parte por las intervenciones del Programa Mundial de Alimentos (WFP), que está implementando sus actividades con socios nacionales y locales en Anzoátegui, Barinas, Falcón, Monagas, Trujillo y Yaracuy. 

En un esfuerzo por reforzar las áreas de actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, más de 13.300 personas fueron atendidas a través de actividades enfocadas en atender necesidades nutricionales por medio de la producción y transformación de alimentos.

También, 3.041 personas recibieron asistencia técnica y capacitación para el impulso de actividades productivas en el contexto rural y urbano. Se impartieron sesiones de formación y educación vocacional para generar actividades productivas que fomenten el mantenimiento, protección y creación de medios de vida.

El 72 % de la respuesta ofrecida en mayo y junio consistió en distribución de alimentos, mientras que solo un 28% fueron actividades de producción.

«La delicada situación se traduce en que persiste la necesidad de incrementar la asistencia relacionada con medios de vida y reforzar la resiliencia de personas en situación de vulnerabilidad», indica la OCHA. 

«El sector agrícola y las áreas rurales requieren de mayor atención porque tienen un gran número de personas con un poder adquisitivo limitado, a pesar de que el 88% de la población venezolana está ubicada en centros urbanos», señaló el informe. 

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De acuerdo con el informe de HRW, el Gobierno venezolano ha cometido abusos contra la población civil del estado de Apure en el marco de un operativo militar contra grupos irregulares

Este lunes, 26 de abril, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, calificó como «infame» el informe que consignó Human Rights Watch (HRW) ante la Corte Penal Internacional (CPI) y las Naciones Unidas, en el que se acusa al Gobierno de cometer «abusos aberrantes» en la región occidental del estado Apure.

En un mensaje publicado a través de su cuenta en Twitter, Arreaza ha afirmado que las acusaciones tienen lugar «ante la imposibilidad de derrocar al Gobierno bolivariano» y las hacen «agresores contra Venezuela».

«Artículos del New York Times y otros medios, así como un infame informe de HRW, buscan nuevamente aumentar la presión intervencionista», dijo Jorge Arreaza.

En la misma publicación, el funcionario de Maduro afirmó que la denuncia de HRW se produce «ante la imposibilidad de derrocar» al Gobierno venezolano, al tiempo que señaló a «los agresores contra Venezuela» de coordinar sus «acciones mediáticas».

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De acuerdo con el informe de HRW, el Gobierno venezolano ha cometido abusos contra la población civil del estado de Apure en el marco de un operativo militar contra grupos irregulares.

Esta campaña coincide con la confesión de miembros de la oposición golpista que, desde EEUU, han aceptado que se desarrolla una guerra híbrida contra #Venezuela con el fin generar caos y violencia. #VenezuelaSeRespeta

— Jorge Arreaza M (@jaarreaza) April 26, 2021

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En el texto destacan el interés tanto del MP como del Estado venezolano por cooperar con la Fiscalía de la CPI

Este viernes, el Ministerio Público (MP) entregó un segundo informe a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la situación de Venezuela aunque sin develar el contenido de dicho documento, el cual califican de «extenso».

A través de su cuenta en Twitter, el fiscal impuesto por la extinta asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab informó que dicho informe se genera en respuesta a los requerimientos realizados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI).

En el texto destacan el interés tanto del MP como del Estado venezolano por cooperar con la Fiscalía de la CPI, además de cumplir con «estricto apego» a las obligaciones internacionales adquiridas con la ratificación del Estatuto de Roma del año 2000.

Cabe acotar que hasta el momento se desconoce el contenido del informe. Sobre Venezuela la Fiscalía de la CPI investiga dos aspectos: Si funcionarios del Estado venezolano, entre ellos Nicolás Maduro, son responsables de violaciones a los DDHH en el contexto de manifestaciones gubernamentales a partir de 2017; o si en el país se cometen crímenes de lesa humanidad debido a sanciones por parte de Estados Unidos.

A diferencia del comunicado anterior, Tarek William Saab no repitió la invitación a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y su equipo para que visiten el país con el objetivo de realizar las entrevistas y visitas de campo que se requieran como parte de los dos exámenes preliminares pendientes sobre Venezuela.

#COMUNICADO… el Ministerio Público (Venezuela) entregó este jueves #4Feb un extenso segundo informe a la CPI @IntlCrimCourt@que se suma al del #30Nov del 2020, con la voluntad de cumplir y dar contundente respuesta a las solicitudes remitidas por dicha instancia internacional pic.twitter.com/iBKv7NBA5g

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) February 5, 2021

El primer informe del MP

El pasado 30 de noviembre de 2020, la Fiscalía venezolana entregó un informe sobre la situación de derechos humanos (DDHH) en el país a las Corte Penal Internacional.

La fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, consideró en noviembre de 2020 que existen «fundamentos razonables para creer» que se han producido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El mismo tribunal abrió en febrero de 2018 un examen preliminar a Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.

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“Entre enero y octubre de 2020, se documentaron 215 casos relacionados con agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, desapariciones forzadas y amenazas contra medios y reporteros”, señala el informe

El Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas se conmemora cada 2 de noviembre desde 2013. Esta fecha reivindica la lucha por hacer justicia en los casos en los que los trabajadores de la prensa han sido víctimas de agresiones, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, secuestros e incluso asesinatos. IPYS Venezuela se suma a esta lucha y presentó “Reporteros asesinados: Los rostros de impunidad”. 

Si bien en Venezuela el asesinato contra los trabajadores de la prensa no es un flagelo de altas cifras, tales hechos representan la expresión más extrema de la violencia y la más grave violación a los derechos humanos de un individuo. En simultáneo, otras garantías ciudadanas se ven vulneradas, como el derecho a informarse, a denunciar y a la libertad de prensa.

En Venezuela, desde 2002 se han registrado 18 homicidios a reporteros en nueve áreas geográficas del país, de acuerdo con datos de IPYS Venezuela. El Área Metropolitana de Caracas ha sido el escenario con la mayor cantidad de hechos, enumerando cinco asesinatos contra trabajadores de la prensa, luego Aragua (3), Cojedes (2), Lara (2), Sucre (2), y en Anzoátegui, Carabobo, Monagas y Zulia fue perpetrada la muerte de un periodista en cada entidad en manos de las fuerzas públicas o el crimen organizado.

Según los registros de esta organización, a lo largo de estos años, 11 de  18 trabajadores de la prensa fueron asesinados mientras ejercían sus labores informativas, o posterior a haber realizado denuncias y publicaciones de investigaciones, columnas de opinión o declaraciones sobre hechos de corrupción, narcotráfico y contrabando. La poca información de los otros siete casos no permitió precisar las reales vinculaciones de sus asesinatos con la labor informativa.

Una característica particular es que los seis trabajadores de la prensa asesinados en los últimos siete años, es decir, desde 2014, eran simpatizantes oficialistas, dirigentes políticos del chavismo o disidentes críticos del proceso revolucionario. Álvaro Cañizalez Godoy (2014), Ricardo Durán (2016), Yolman Briceño (2017), Alí Domínguez (2019), José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, (ambos en 2020), compartían el mismo interés por el activismo político del chavismo, aunque algunos eran detractores de la administración y políticas de  dirigentes regionales.

El informe de Ipys precisó que “el asesinato contra estos trabajadores de la prensa a lo largo de los años, deja en evidencia la progresiva escalada de violencia que viven los medios de comunicación y los reporteros en todo el territorio a la hora de realizar coberturas informativas o denunciar sobre hechos de interés público”. 

El reporte concluyó que la cultura de la impunidad se ha instaurado en el país. Además de señalar que “entre enero y octubre de 2020, se documentaron 215 casos relacionados con agresiones físicas, detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, desapariciones forzadas y amenazas contra medios y reporteros”, en este informe.

“IPYS recuerda al Estado que es su responsabilidad garantizar los mecanismos necesarios para la seguridad y protección de los trabajadores de la prensa como recomiendan organismos internacionales como la Unesco. La garantía de no repetición de las violaciones contra los miembros de los medios de comunicación es un compromiso adquirido por el Estado, así como procesar a los involucrados en hechos que atenten contra la integridad de los reporteros y del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información”, concluyó el informe.

*Puede leer el informe completo AQUÍ