Indocumentados

Una Corte de Apelaciones de Estados Unidos emitió el lunes un fallo que tumba dos medidas clave en materia migratoria de la Administración que preside Barack Obama destinadas a evitar las deportaciones de indocumentados, lo que a su vez abrió las puertas a un posible pronunciamiento del Tribunal Supremo.

La decisión del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, de avalar el bloqueo de dos medidas promulgadas por el presidente estadounidense y que benefician a unos cinco millones de indocumentados podría ser apelada por la Casa Blanca ante el Supremo.

Por dos votos a favor y uno en contra, los magistrados de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Arkansas y considerada una de las más conservadoras del país) avalaron el fallo de un juez federal de Texas que en febrero suspendió las medidas migratorias.

Se mantendrá así durante por los menos varios meses (hasta que el Supremo se pronuncie si es que la Casa Blanca interpone recurso) el bloqueo a la Acción Diferida (DACA) para los jóvenes inmigrantes y su equivalente para los padres (DAPA).

DACA ha protegido de la deportación desde 2012 a más de medio millón de jóvenes que entraron al país siendo niños y DAPA, que aún no se ha puesto en marcha, beneficiaría a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales.

Los demandantes contra estos programas son una coalición de 26 estados, en su mayoría republicanos, liderados por Texas y que sostienen que las medidas ejecutivas de Obama en inmigración son un cambio demasiado grande en la política del país como para que el presidente pueda actuar sin autorización del Congreso.

Por ello, exigen que estas se sometan primero a debate en la Cámara de Representantes y el Senado, actualmente controladas por los republicanos, lo que previsiblemente evitaría su aprobación.

El Gobierno, por su parte, asegura que está legitimado para actuar sin el visto bueno del Congreso y acusa a su vez a los estados de operar en un ámbito en el que las competencias son «exclusivamente» federales.

«La decisión del Quinto Circuito es una victoria ante el intento del presidente Obama de reescribir las leyes migratorias de nuestra nación en una afrenta a la Constitución», indicó el representante republicano por Virginia Bob Goodlatte.

Por su parte, el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez admitió que el fallo de el lunes puede ser «decepcionante para los millones que siguen atrapados en las sombras», pero que en ningún caso es «una sorpresa». «El camino está finalmente libre para que la Corte Suprema de Justicia confirme la legalidad del programa de DAPA y la ampliación de DACA», indicó el senador.

Del mismo modo que Menéndez, fueron varias las asociaciones latinas e inmigrantes que relativizaron el fallo del tribunal y urgieron al Gobierno a presentar recurso ante el Supremo. «Es importante que la comunidad inmigrante entienda que esperábamos esta pérdida. Pedimos que Obama apele a la Corte Suprema inmediatamente», dijo en Twitter Marielena Hincapié, directora ejecutiva del National Immigration Law Center.

«Esto es solo un contratiempo para nuestras familias. Seguiremos luchando hasta el Tribunal Supremo, donde venceremos. Urgimos a la Administración Obama a que apele sin demora esta decisión ante el Supremo», indicó la portavoz del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, recibió un nuevo revés judicial de manos de un tribunal de apelaciones, que decidió mantener la suspensión temporal que impide aplicar el alivio migratorio que el mandatario anunció hace seis meses para regularizar a cinco millones de indocumentados.

El primer golpe encajado por Obama se produjo en febrero, cuando el juez federal de Texas Andrew Hanen, a petición de 26 estados, en su mayoría republicanos y liderados por Texas, dictó la suspensión temporal de las medidas, horas antes de que comenzaran las solicitudes para la primera fase del programa, mencionó Efe.

La decisión de este martes de mantener la suspensión de la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans (Louisiana), una de las más conservadoras del país, supone un nuevo golpe para Obama, al que los republicanos acusan de haber propugnado una «amnistía» con medidas «inconstitucionales» sobrepasando su poder como Presidente.

Dos de los tres jueces dictaminaron que las medidas deben seguir paralizadas, al esgrimir que los Estados gozan del amparo legal para presentar la demanda y que la Administración Obama no demostró que la suspensión pueda acarrear daños en la implementación de los cambios migratorios.

Los Estados basaron su demanda en el argumento de que, con las medidas migratorias, Obama había «sobrepasado» los poderes que tiene como presidente al haberlas aprobado por decreto -sin someterlas a un voto del Congreso- y había fallado así en su obligación de garantizar que las leyes son cumplidas.

Un portavoz del Departamento de Justicia consideró «decepcionante» la decisión de la Corte, aunque aseguró que las acciones ejecutivas del presidente son «coherentes» con la ley y con la Historia, pues «durante cinco décadas los presidentes han utilizado su poder para hacer cumplir las leyes migratorias». El Departamento de Justicia está analizando el texto y los siguientes pasos a adoptar, según un funcionario citado por la agencia Reuters.

Tras difundirse el fallo, la Casa Blanca también reaccionó y acusó a los magistrados de “malinterpretar los hechos y las leyes” y defendió que las medidas se integran dentro de los “límites” de la autoridad presidencial.

El Senado aprobó en junio de 2013 un proyecto de ley bipartidista para una reforma migratoria, pero la propuesta ni siquiera fue sometida a voto en la Cámara de Representantes y, por ello, Obama decidió emitir unas acciones ejecutivas en noviembre para frenar las deportaciones.

Contra esta decisión, el Gobierno de EE.UU. puede interponer un recurso ante el Tribunal Supremo, algo que podría favorecer a Obama, dado que la máxima instancia judicial de Estados Unidos emitió un fallo en 2012 que respaldó la discrecionalidad del Ejecutivo federal en la aplicación de las leyes de inmigración.

La decisión judicial ha despertado la indignación entre grupos proinmigrantes, que urgieron al Gobierno a elevar el tono y llevar la batalla legal al Tribunal Supremo.

«Hacemos un llamamiento al Departamento de Justicia para que continúe con sus esfuerzos para levantar esta suspensión y llevar el asunto, sin demora, ante la Corte Suprema», destacó en un comunicado Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Inmigrantes, una de las organizaciones más activas en esta pugna legal.

El fallo judicial también desató reacciones en el Congreso, donde el congresista demócrata por Illinois Luis Gutiérrez consideró la decisión «decepcionante pero no inesperada», y se mostró convencido de que finalmente saldrá adelante porque «la ley está sin duda del lado del presidente».

«Cuanto más tarde el proceso judicial, más difícil será imaginar a un candidato republicano para la Casa Blanca, porque el tema migratorio será definitivamente un tema de campaña», advirtió Gutiérrez, uno de los rostros más visibles en la lucha migratoria con la vista puesta en las elecciones presidenciales de 2016.

En el otro lado del espectro político, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, calificó de «victoria» para la Constitución y el Estado de Derecho el fallo judicial, que pone fin «a meses de ofuscación» del Gobierno de Obama, según dijo en un comunicado.

En el mismo sentido, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, advirtió de que los republicanos «seguirán de cerca» el caso para «frenar» la «extralimitación» de poderes del Presidente.

Desde el primer tropiezo judicial, Obama ha reiterado en varias ocasiones su compromiso para regularizar a cinco de los once millones de indocumentados que viven en el país, una propuesta que formuló por primera vez en 2008, cuando prometió una reforma migratoria que finalmente no pudo sacar adelante el Congreso.

Ahora queda por ver cuál será el siguiente movimiento del mandatario en una batalla legal, en la que cuestión de fondo es quién tiene autoridad para legislar sobre política migratoria, el Legislativo o el Ejecutivo.

En varias ocasiones, el Gobierno federal ha asegurado que posee autoridad única para aplazar las deportaciones, mientras que los estados reivindican su autonomía para decidir sobre unas medidas, que, según aseguran, les supondrán grandes perjuicios económicos.

El fallo de este martes enquista indefinidamente la implementación del plan migratorio. En febrero, estaba prevista la entrada en vigor de la primera parte de las medidas: se abría el plazo de aceptación de peticiones de la extensión del Programa de Acción Diferida (DACA) que beneficia a jóvenes sin papeles. Y este mes de mayo debía entrar en vigor un segundo y nuevo programa (DAPA) destinado a padres de ciudadanos estadounidenses o hijos con estatus permanente.

*Con información de El Universal y El País

El fenómeno de la emigración  se ha convirtiendo en uno de los más graves problemas del primer cuarto de este Siglo. La falta de de reglas claras ha creado múltiples obstáculos. Por una parte, millones de  indocumentados son víctimas sometidas al temor, la explotación y la penuria, mientras que otras veces vemos como fundamentalistas extranjeros actúan como protagonistas de dramas que afectan a los nacionales por sus actitudes de desequilibrio en la convivencia en su país de asilo.

El debate planetario debe centrarse en el difícil y complejo dilema de identificar respuestas que se fundamenten en la dignidad debida a los nuevos peregrinos de la esperanza en búsqueda de un destino mejor, pero imponiéndoles también reglas que deben cumplir en su nuevo Hogar de Asilo.

En el brillante mensaje del Papa Francisco ante la plenaria del Parlamento Europeo, el Sumo Pontífice desarrolla el tema al identificar el drama que se constata en las problemáticas asociadas a la inmigración recomendando “poner en práctica legislaciones adecuadas que sean capaces de garantizar al mismo tiempo la acogida a los inmigrantes adoptando políticas correctas, valientes y concretas”. “Es necesario actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos” afirma el Papa.

El grave problema de los inmigrantes indocumentados también estuvo en el centro de la intervención del Presidente Barak Obama de los Estados Unidos, quien adoptó una serie de medidas Presidenciales que benefician a cinco millones de ilegales –la mayoría de ellos latinoamericanos- a los que anunció su compromiso de permitirles que “salieran de las sombras” evitando ser deportados. La batalla por la legalización de los indocumentados constituirá un arduo debate en el Congreso, pero ya está introducido como una agenda impostergable.

El drama de los indocumentados en Estados Unidos afecta principalmente a los latinoamericanos, por lo que de inmediato el Presidente de México al igual que los Mandatarios Centro Americanos al aplaudir  ese respaldo inicial, dispusieron que sus Consulados en el país del Norte ayudaran a sus nacionales a acogerse a las nuevas facilidades.

Por supuesto que mientras otros Gobiernos de la región ofrecen medidas consulares y legales de apoyo a sus emigrantes, no pasa desapercibido el silencio y el hostigamiento de la administración del Presidente Maduro a sus ciudadanos, ya que en vez de ayudar a los cientos de miles de venezolanos que están en la diáspora, mas bien colocan obstáculos para perjudicar la opción de los nuevos emigrantes criollos, como se evidencia en múltiples ejemplos como el cierre del Consulado en Miami; la anulación de las becas a los estudiantes venezolanos; la ausencia del pago adeudado a las aerolíneas internacionales y el consecuente cerco que impide la salida de venezolanos; las dificultades para legalizar papeles para el exterior; las restricciones de CADIVI para la obtención de divisas y tantas otras trabas que demuestran la ausencia de respuesta a la nueva realidad de la emigración venezolana. En ese mismo sentido aumentan las dificultades de los indocumentados que viven en Venezuela: hijos de Colombianos nacidos en nuestra patria sufren a diario las dificultades cada vez mayores al no poder comprar productos que exigen cedulación, o ser tratados como paramilitares, contrabandistas o terroristas, volviendo a lanzarlos a las sombras y a las penurias cuando antes, el mismo Gobierno “cedulaba” para obtener votos! Urge una posición de Estado!

@milosalcalay