Iglesia de Ocaña, donde se celebró la Convención de Ocaña. Acuarela de Carmelo Fernández (1809-1887). Imagen de wdl.org.es (intervenida por N. Silva / Runrunes)
Colombia vive una crisis política desde 1826, que conduce a la reunión de una Convención Nacional en Ocaña en la cual predomina el interés de las facciones interesadas en el control del poder. Se pretende la reforma de la ley fundamental para buscar caminos de salvación en un ambiente de fricciones y acusaciones. El enfrentamiento entre diversos entendimientos de la república, pero especialmente una hostilidad enconada entre los partidarios de Bolívar y los seguidores del general Santander, entre venezolanos y neogranadinos, impiden la posibilidad de acuerdos sobre reformas institucionales. La pugnacidad hace que el Libertador, sin votos suficientes para el control de las decisiones, no se presente ante los diputados. La posibilidad de su comparecencia provoca reacciones de protesta. Permanece en Bucaramanga, resguardado por sus tropas, y envía con edecanes su Mensaje como jefe del estado, fechado en 29 de febrero de 1828. El contenido se analizará someramente ahora.
Las observaciones del presidente demuestran que se está ante una realidad sin posibilidades de mantenimiento por razones esenciales, frente a un choque de intereses y ante una fricción legal cuyos resultados debían conducir a la disolución del establecimiento. Se debe insistir en este primordial punto para desechar la manida versión que atribuye el desmantelamiento de Colombia a intereses mezquinos, a la traición de la idea magna e impoluta que tuvo su fundador, cuando en realidad las circunstancias imponían la desmembración de las sociedades que la formaban.
Las afirmaciones que escuchan a través de mensajero los diputados de Ocaña anuncian la cercanía de una disolución irremediable.
La siguiente generalización avala lo señalado:
Debo decirlo: nuestro gobierno está esencialmente mal constituido. Sin considerar que acabamos de lanzar la coyunda, nos dejamos deslumbrar por aspiraciones superiores a las que la historia de todas las edades manifiesta incompatibles con la humana naturaleza. Otras veces hemos equivocado los medios y atribuido el mal suceso a no habernos acercado bastante a la engañosa vía que nos extraviaba, desoyendo a los que pretendían seguir el orden de las cosas, y comparar entre sí las diversas partes de nuestra constitución, y toda ella, con nuestra educación, costumbres e inexperiencia para que no nos precipitáramos en un mar proceloso.
Muestra el desacoplamiento entre las aspiraciones de los líderes y las peculiaridades de las circunstancias, o entre las metas fijadas y la inexperiencia de quienes las fijaron, que ha conducido a una situación calamitosa en sentido institucional. Tal es el punto esencial del testimonio, sin aludir expresamente a los intereses partidarios. Prefiere insistir en el desacoplamiento de los poderes públicos, anomalía dentro de la cual destaca la preeminencia del congreso frente a la autoridad del Ejecutivo.
Veamos su crítica del parlamento:
Hemos hecho del legislativo sólo el cuerpo soberano, en lugar de que no debía ser más que un miembro de ese soberano; le hemos sometido el ejecutivo, y dado mucha más parte en la administración general que la que el interés legítimo permite. Por colmo de desacierto se ha puesto toda la fuerza en la voluntad y toda la flaqueza en el movimiento y la acción del cuerpo social.
El derecho de presentar proyectos de ley se ha dejado exclusivamente al legislativo, que por su naturaleza está lejos de conocer la realidad del gobierno y es puramente teórico.
El arbitrio de objetar las leyes concedido al ejecutivo, es tanto más ineficaz cuanto que se ofende la delicadeza del congreso con la contradicción. Este puede insistir victoriosamente, hasta con el voto de la quinta o con menos de la quinta parte de sus miembros; lo que no deja medio de eludir el mal.
Prohibida la libre entrada a los secretarios del despacho en nuestras cámaras, para explicar o dar cuenta de los motivos del gobierno, no queda ni este recurso que adoptar para esclarecer al legislativo en los casos de objetarse algún acuerdo.
Debe recordarse que habla ante parlamentarios, es decir, ante los controladores de una supremacía que se extralimita en su papel de freno y contrapeso propio de las repúblicas, según considera, y que puede promover disputas para estorbar la marcha de la administración. Estamos ante una preocupación evidente en torno al papel de los políticos, que coloca en primer plano cuando quiere hablar de rectificaciones para provecho de la nación; pero, en especial, sobre la necesidad de reforzar el poder que representa.
Sobre ese punto, crucial en sus críticas, destaca lo siguiente:
El ejecutivo de Colombia no es el igual del legislativo (…) viene a ser un brazo débil del poder supremo, que no participa en la totalidad que le corresponde, porque el congreso se ingiere en sus funciones naturales sobre la administración judicial, eclesiástica y militar. El gobierno, que debería ser la fuente y el motor de la fuerza pública, tiene que buscarla fuera de sus propios recursos, y que apoyarse en otros que le debieran estar sometidos. Toca esencialmente al gobierno ser el centro y la mansión de la fuerza, sin que el origen del movimiento le corresponda. Habiéndosele privado de su propia naturaleza, sucumbe en un letargo, que se hace funesto para los ciudadanos y que arrastra consigo la ruina de las instituciones.
A nadie escapa que arrima la brasa para su sardina ante quienes la alejan del calor, pero también refiere la precariedad de una república descabezada. La guillotina parlamentaria la mutila con tajos en el cogote, señala en un discurso destinado a fortalecer la administración central, pero que también puede nacer de su posición cada vez más frágil en el palacio de gobierno.
Como su autoridad nace de sus hazañas bélicas y se sostiene en la plataforma militar, el análisis del papel del poder judicial se detiene en los excesos de los jueces cuando intervienen en asuntos castrenses.
Hemos dado por leyes posteriores a los tribunales civiles una absoluta supremacía en los juicios militares, contra toda práctica uniforme de los siglos, derogatoria de la autoridad que la constitución atribuye al Presidente y destructora de la disciplina que es el fundamento de una milicia de línea.
Agrega otras fulminaciones sobre el predominio del poder civil ante la autoridad y los hábitos militares, pero el fragmento parece suficiente para apreciar la profundidad de las críticas contra el entramado legal que conspira contra la salud de Colombia.
Hay más reparos que el lector puede conocer a través de la investigación de una fuente que no se ha revisado en forma exhaustiva, pero de las partes que se han mostrado puede afirmarse que estamos frente a un prólogo de la agonía de Colombia. Sus mismos creadores se ocupan de la liquidación, sin excluir al autor del Mensaje de Ocaña. Seguramente en sus regulaciones esté la razón del quiebre, sin que metamos en el saco de las explicaciones a factores como la perversidad de los políticos de la época, o como la traición a los ideales de un grande hombre. Entre todos levantaron un edificio condenado al derrumbe.
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Muchos expertos señalan que uno de los factores detrás de la violencia que experimentó Colombia por buena parte del siglo XX era la extrema debilidad y falta de recursos del gobierno central, que permitió que vastas zonas del territorio nacional estuvieran casi sin presencia estatal.