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Gonzalo Himiob Santomé

Foro Penal denuncia muerte de cuatro personas y desaparición de otras nueve en zona fronteriza con Brasil

ALFREDO ROMERO, DIRECTOR DE FORO PENAL, OFRECIÓ UN PRIMER BALANCE de fallecidos luego de los hechos violentos del fin de semana en las fronteras de Venezuela este lunes 25 de febrero.

Romero indicó que al menos cuatro personas fueron asesinadas en la Gran Sabana y en todo el territorio nacional 58 personas habría resultado heridas, hasta la presentanción de este informe.
«15 personas fueron agredidas con balas y una de ellas falleció en la Gran Sabana. En San Antonio del Táchira se registraron 15 heridos de bala. Un total de 58 a nivel nacional hasta el momento. En la localidad de Boa Vista, frontera Brasil – Venezuela, fueron heridas con impacto de bala dos personas, las cuales se encuentran en terapia intensiva actualmente. Es impactante el número de heridos por impacto de bala, sólo en Santa Elena de Uairén el 22FEB hubo 17 heridos, eso sin contar los afectados por armas blancas o perdigones».
Romero explicó que el Foro Penal verificó que los civiles armados que han disparado en Ureña son colectivos, pero en la frontera con Brasil ha sido la Guardia Nacional y el Ejército.
Romero hizo énfasis en la situación del pueblo Pemón, ubicado en la frontera con Brasil. «El ataque al pueblo indígena es condenando por el mundo entero (…) Vamos a hacer una denuncia especial sobre este ataque. Hay varios desaparecidos. La información se sigue actualizando. Se presume que están en el fuerte de Escamoto, en Santa Elena de Uairén».
Sobre los detenidos este fin de semana, Romero infomó que registraron 32 detenciones en todo el país. «Por ahora tenemos un grupo grande desaparecidos, 9 desaparecidos. En la zona de Ureña tenemos denuncias de ataques a hospitales, a personas, allanamientos de casas. El Foro Penal no puede informar nada que no haya verificado con sus propios ojos. Hemos ido al SEBIN de Puerto Ordaz y no se encuentran detenidos en el lugar, tenemos un grupo de 9 personas desaparecidas en la zona de Pacaraima», explicó.
Gonzalo Himiob-Santomé, director de Foro Penal, indicó que: «Mientras estamos hablando acá, los indígenas se encuentran escondidos resguardando su vida. Desde el 23FEB, 9 indígenas siguen presos injustamente. Es muy difícil comunicarse en Santa Elena de Uairén ya que no cuentan con luz, teléfono ni Internet. Foro Penal  contabilizó,  que solo en la comunidad indígena fueron heridas de bala 14 personas el 22FEB. También hay 10 personas detenidas y 9 se encuentran desaparecidas. Nuestro llamando es a la comunidad internacional a prestarle atención a lo que está pasando con los indígenas. Hacemos un llamado al gobierno a proteger la integridad de los activistas de DD.HH. que están en esas zonas».
Gonzalo Himiob denunció la persecución contra líderes indígenas se debe a que intentaron impedir que un convoy militar pasara. También allanaron un hotel donde pernoctaban periodistas. Tuvieron que dejar sus pertenencias allí y huir. Los habrían buscado para detenerlos.
«Al día de hoy hay en total más de 7.900 personas sometidas a medidas cautelares. Es importante recordar que en Kumarakapay, la mayor parte del pueblo que no fue arrestado o herido, está escondido en la selva», indicó.
Foro Penal cifra en 989 los presos políticos en Venezuela

EL FORO PENAL VENEZOLANO informó a través de su cuenta en Twitter que la cifra de presos políticos en Venezuela ascendió a 989 luego de nuevas detenciones.

El director de la ONG, Gonzalo Himiob, dijo a Efe que esta “es la cifra más alta” de presos de conciencia que se haya registrado en Venezuela, donde «nunca» se había llegado «a los extremos que tenemos ahora».

El Foro Penal explicó que desde la pasada lista de 966 presos que estaban registrados para el 31 de enero, fueron excarceladas 33 personas y posteriormente se incluyeron otras 56.

La mayor parte de estos detenidos son civiles, con 904, de los cuales 11 son adolescentes y 8 son miembros de pueblos indígenas.

Integrantes del mundo militar, de varios rangos, completan el total con 85 encarcelados, mientras que 102 mujeres se encuentran detenidas por razones políticas.

 

 

Cecodap desmiente rumores de reclutamiento de jóvenes en Venezuela

FERNANDO PEREIRA, Coordinador del del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), afirmó en una entrevista en El Pitazo Radio que el rumor sobre el posible reclutamiento forzado de jóvenes en el interior del país, para integrar la filas de este componente militar hasta los momentos es falso. 

“Debemos decir con toda responsabilidad, que desde Cecodap no hemos logrado confirmar ninguno de esos rumores”, dijo Pereira.

El coordinador de Cecodap señaló que ha recibido varias llamadas alertándolo por la situación. Sostiene que con dichos rumores se puede estar intentando «sembrar miedo» en la sociedad para impedir movilizaciones en rechazo a Nicolás Maduro.

El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob, explicó que hasta horas de la tarde del 30 de enero no había ningún caso confirmado, en el que un venezolano hubiese sido raptado para recibir algún tipo de entrenamiento militar.

Himiob aclaró que este tipo de prácticas constituyen crímenes de guerra, así como las detenciones arbitrarias incurren en crímenes de lesa humanidad.

Después de que el 29 de enero Nicolás Maduro dijera que la meta de la milicia venezolana es llegar a dos millones de integrantes antes del 13 abril, se hizo viral en el país un rumor sobre el posible reclutamiento forzado de jóvenes en el interior del país, para integrar la filas de este componente militar.

 

Foro Penal dice que no se puede conceder amnistía a quienes violan derechos humanos

ALFREDO ROMERO, DIRECTOR EJECUTIVO DE FORO PENAL advirtió que no puede haber impunidad con una ley de amnistía.

Romero indicó que no se puede favorecer a aquellos quienes cometieron violaciones de Derechos Humanos.

Por su parte, el abogado de la ONG Gonzalo Himiob señaló que la amnistía propuesta por la Asamblea Nacional debe ajustarse a pautas internacionales.

«No se puede conceder la amnistía a quienes incurrieron en crímenes de guerra o de lesa humanidad», explicó.

Aclaró que una cosa es la amnistía y otra cosa es el otorgamiento de beneficios procesales como parte de una transición.

 

Contravoz: Condiciones y escenarios, por Gonzalo Himiob Santomé

ANALICEMOS LOS HECHOS. Juan Guaidó, Presidente de la AN, no declaró el 10E que asumía por mandato constitucional el cargo de Presidente encargado o interino de Venezuela. Al día siguiente, el 11E declaró textualmente su apego a los artículos 233, 333 y 350 de nuestra Carta Magna, y convocó a la ciudadanía, a la comunidad internacional y a la Fuerza Armada Nacional a respaldarle para poder cumplir las funciones que le atribuye específicamente el artículo 233 de la Constitución. Pese a que eso en sí mismo no significa que Guaidó haya aceptado expresa e individualmente la responsabilidad constitucional que le corresponde, definitivamente sí implica, siendo lógicos, que entiende y acepta que el artículo 233 de la Constitución venezolana le ha convertido, ipso iure, o lo que es igual, de inmediato y en justo derecho, en Presidente interino de Venezuela, con todo lo que eso significa. Eso sería coherente además con su declaración expresa, esa sí ya formulada claramente en varias oportunidades, de la usurpación de funciones a cargo, en este momento, de Nicolás Maduro.

Con respecto a estos hechos, ¿qué nos dice el derecho? El hilo de la continuidad del poder no debe romperse. El gobierno no debe quedar acéfalo. La Constitución, con sus altas y bajas, está diseñada para que eso no ocurra y para garantizar la estabilidad de la República. Cuando no existe un Presidente legítimo que tome posesión de su cargo, de inmediato, sin necesidad de decreto o de providencia previa, se activa el artículo 233 de nuestra Carta Magna, y según en el momento en el que se produzca la ausencia absoluta, otros funcionarios asumen la cualidad interina de Jefe de Estado, de Jefe de Gobierno y de Comandante en Jefe de la FAN.

Si, cualquiera que esta sea, la falta absoluta se produce antes de que se dé la toma formal de posesión del cargo (lo que debió ocurrir el 10E) el que debe asumir, porque es su responsabilidad constitucional, la conducción interina del Estado y del Gobierno, y la cualidad interina también de Comandante en Jefe de la FAN, es el Presidente de la AN. Si la falta absoluta se produce después de la toma formal de posesión (dentro de los primeros cuatro años del periodo presidencial o dentro de los dos últimos años de dicho periodo) el que asume el cargo que queda “vacante”, por así decirlo, es el Vicepresidente Ejecutivo. Esto es lo que ordena el Art. 233 de nuestra Carta Magna, que sigue plenamente vigente.

Ahora bien, ¿basta que Guaidó haya declarado su apego al Art. 233 de la Constitución para considerar que ha aceptado sin cortapisas y sin el menor atisbo de duda la responsabilidad que la Constitución y las circunstancias han puesto sus hombros? Lógicamente, y seguro seré criticado por ello, debo decir que no. Para que hilo constitucional mantenga su continuidad y no se dé un vacío de poder tienen que darse al menos dos condiciones, una de fondo y otra de forma: La primera, de fondo, exige que el llamado por nuestra Carta Magna a asumir la presidencia interina, en este caso el Presidente de la AN, exprese de manera inequívoca y clara que está dispuesto a aceptar la responsabilidad que recae sobre sus hombros; y la segunda, de forma, que tome posesión formal del cargo a través de su debida juramentación ante el órgano del Poder Público que representa a la totalidad del pueblo venezolano, que es el parlamento.

El primer requisito, de fondo, no es una nimiedad. Es muy importante porque, aunque una cosa es lo que dice el derecho, en la realidad, en los hechos, puede darse el caso de que el llamado a asumir, ante una ausencia absoluta, la Presidencia Interina de la República, sea quien sea, no quiera o no pueda hacerlo, caso en el cual sí se materializaría, definitivamente, un vacío de poder.

Volviendo a nuestra realidad actual, con respecto al cumplimiento de la primera condición, la de fondo, al día de hoy existen dudas que deben ser despejadas. Es lógico afirmar que, si ya Guaidó declaró su apego al Art. 233 de la Constitución, de manera tácita o implícita está a la vez señalando que acepta que dicha norma le convierte, de inmediato, en Presidente encargado o interino de nuestra nación. Así lo ha asumido buena parte de la población en Venezuela, más movida a ello por su deseo de que así sea y por la esperanza de cambio que por lo que en realidad y objetivamente se desprende, hasta ahora, de las palabras textuales de Guaidó. Pero aun cuando esa, la de asumir el cargo de Presidente Interino, hubiese sido la intención del Presidente de la AN en sus discursos, la verdad es que para muchos el mensaje no quedó claro, no solo para miles de venezolanos, que han expresado sus dudas a través de diferentes medios y por medio de las redes sociales, sino además para un importante número de medios y analistas internacionales (les invito a revisar las noticias y reseñas sobre el acontecimiento) y para la comunidad internacional.

Es verdad, hasta ahora la OEA, a través de su Secretario General, saludó a Guaidó como nuevo Presidente Interino de Venezuela, y el gobierno de Brasil reiteró su apoyo y reconocimiento a la AN como la “autoridad ejecutiva” de nuestro país, pero nótese que Brasil habló de la AN como cuerpo colegiado, no mencionó a Guaidó, ni destacó su cualidad, personal e intransferible, de Presidente Encargado o Interino de Venezuela, lo cual, aunque nos duela, en el lenguaje diplomático significa mucho. Más allá de estas dos expresiones, y de las que le atribuyen a Maduro la cualidad de usurpador, al menos hasta el momento en el que finalizo estas líneas, ningún otro país u organismo internacional ha declarado que reconoce a Guaidó como Presidente Interino de Venezuela y, aunque nadie está en la cabeza de los demás, no es descabellado atribuir esa falta de pronunciamientos expresos y directos sobre este punto, por ahora, a las dudas que ha generado la falta de expresión de voluntad clara y precisa de Guaidó.

Lo mismo ocurre con las FAN, que tampoco han recibido un mensaje claro. En mi criterio, no contribuye a despejar estas dudas la insistencia de Guaidó (así lo expresó tanto el 10E como el 11E) en que la cadena de mando “está rota”. En la mentalidad militar, que tiene por pilares fundamentales (Art. 328 de la Constitución) la disciplina, la obediencia y la subordinación, eso no es posible, no existe, y flaco favor se le hace a la nación cuando a quienes tienen el monopolio de las armas, que en coyunturas como las que vivimos desempeñan un papel crucial, se les dice que ahora no tienen autoridad civil a la cual subordinarse, que “no hay cadena de mando”, pues básicamente con ello lo que se les plantea es una disyuntiva, para los militares, hasta cierto punto insalvable: La de tener que elegir entre obedecer a un Comandante en Jefe ilegítimo o no obedecer a nadie.

La solución a estos primeros problemas es muy sencilla, y está en manos de Guaidó. Él, si así lo decide, debe expresar claramente y sin florituras que acepta la responsabilidad que el Art. 233 de nuestra Constitución le impone, y que en consecuencia asume la Presidencia Interina de Venezuela, asumiendo además la dirección de la acción de gobierno, la representación internacional del Estado y el carácter de Comandante en Jefe de la FAN. Esta expresión, cabe destacarlo, es personal, pues no es a la AN, como cuerpo colegiado, a la que nuestra Carta Magna, en su Art. 233, le asigna en estos casos las funciones del Presidente de la República, sino al Presidente de la AN a título individual. Si Guaidó no expresa clara y asertivamente que él, a título personal y como Presidente de la AN, está aceptando el cargo de Presidente Interino de Venezuela, (y reitero, esta es una decisión muy personal, pues no está exenta de riesgos graves, que todos conocemos), la verdad, por dura que sea, es que quien estaría generando una situación de vacío de poder sería él mismo. Estaría incurriendo en una omisión constitucional muy grave, y lo que es peor, se estaría él mismo situando en una posición de especial vulnerabilidad, porque la experiencia demuestra que no es lo mismo perseguir, o encarcelar, a un diputado (el gobierno ya lo ha hecho antes, dispuesto a pagar el costo político interno y externo que ello le representa) que perseguir o encarcelar a un Presidente, aunque sea interino, legítimo, en funciones, y además reconocido como tal por buena parte de la comunidad internacional. La relación costo/beneficio, que es lo que valora el poder cuando persigue políticamente a quienes se le oponen, es muy diferente en cada caso, especialmente en la coyuntura actual, cuando los ojos del mundo están sobre nuestra nación.

Con respecto a la segunda condición, la de forma, que implica la toma formal de posesión del cargo, juramentándose ante la AN para el desempeño del mismo, hasta ahora esta no se ha dado. Algunos, incluso sorprendentemente algunos abogados, alegan que estas formalidades no son necesarias, pero lamentablemente sí lo son. Para proteger y garantizar la democracia, y esto deberíamos haberlo aprendido ya, son importantes tanto el fondo como la forma. Además, tal toma de posesión y el juramento consustancial a ésta, tienen un efecto y un impacto simbólico incuestionable, especialmente, y esto hay que decirlo, para el mundo militar que, como bien lo apuntaba el constitucionalista Asdrúbal Aguiar en una reciente entrevista, es un mundo de símbolos y formalidades. No se le puede pedir a la comunidad internacional, ni a los militares, y ni siquiera a la ciudadanía en general, que acepten como Presidente, así sea como Presidente encargado y temporal de una nación, a una persona que no toma formal posesión del cargo y que no jura consecuentemente cumplir bien y fielmente con las obligaciones inherentes al mismo. Se trata de un gesto importante que, además, demuestra a propios y a ajenos que existe en quien lo ejecuta la disposición a cumplir cabalmente con sus funciones y, además, la de asumir las responsabilidades que de ellas derivan. Esto no puede ser desdeñado ni descartado como si fuese una suerte de formalidad “intrascendente”.

¿Cumplir con esta formalidad implica que cesará de inmediato la usurpación presidencial denunciada por Guaidó y que ha sido aceptada como tal por millones de venezolanos y por un sector importantísimo de la comunidad internacional? Evidentemente, no ¿Implica que Maduro de inmediato desalojará Miraflores y pondrá la orden del pueblo su cargo? Tampoco. Mucho menos significa que podrán realizarse elecciones libres dentro del término de los 30 día consecutivos que ordena nuestra Carta Magna. Pero sí implica, de manera clara, que no se ha roto la continuidad en el poder, que no hay vacíos en el mismo, que la nación tiene sin dudas un Presidente legítimo, respaldado por los votos que lo llevaron a la AN y por el mandato constitucional que lo colocó en dicha posición; que los militares tienen en efecto un Comandante en Jefe al cual están indiscutiblemente subordinados y que Venezuela cuenta con un representante legítimo ante la comunidad internacional. Atentar contra ese estado de las cosas, como ya se dijo, encarcelando o deponiendo por la vía de las armas y de facto al Guaidó como Presidente interino, significa para Maduro y para quienes le siguen un costo político mucho más alto, nacional e internacional, que el que supone perseguir a un diputado, por muy Presidente de la AN que sea.

El último elemento a considerar es el apoyo popular. No son solo Guaidó, la AN, las FAN o la comunidad internacional los que deben jugar un papel protagónico de ahora en adelante y dependiendo de lo que suceda. En eso a Guaidó no le falta razón. Si los venezolanos no le apoyamos en las inmensas cargas que le tocará llevar, si así las acepta y asume, le estaremos dejando solo a merced de una jauría que no dudará ni un segundo en neutralizarlo, acabando a la vez con nuestras esperanzas de cambio, “como sea”. En ese sentido, la pelota también está en el campo de la ciudadanía, en su campo y en el mío estimado lector que, aunque con sobrados motivos, que no viene al caso comentar, tenemos razones válidas para desconfiar de algunos líderes opositores, también tenemos que ponernos a la altura del momento histórico y dejar de lado nuestras decepciones y enconos para entender que, al final del día, esta lucha no es de uno ni de unos pocos, sino de todos nosotros.

@HimiobSantome

Todas las muertes son una, por Gonzalo Himiob Santomé

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No había podido sentarme a escribir. Entrego mis columnas normalmente los viernes, o a más tardar los sábados, pero la masacre de El Junquito estaba aún demasiado reciente, y los hechos, vertiginosos, no parecían cercanos a, por lo menos, un punto suspensivo, a un momento en el cual uno pudiera tomar aliento y decir que la primera parte de la triste ordalía había terminado. Además, este es un tema muy delicado, al que hay que acercarse con mucha prudencia y mucho respeto, así que preferí dejar pasar unos días y calmar un poco el ánimo y la indignación. Ya los cuerpos han sido inhumados, o al menos eso es lo que parece, y la vorágine de la semana pasada se ha convertido en herida que no se cura, una dolorosa, abierta, sangrante, pero al menos una que nos permite unos momentos de reflexión desde el dolor.

Empiezo por sincerarme: Nunca vi a Óscar Pérez como un héroe. Eso no quiere decir que pensara que sus actos fueran parte de una macabra tramoya del gobierno, o que su cruzada fuera parte de un espectáculo del que unos pocos, acá o allá, vaya usted a saber cómo o por qué, pudieran sacar provecho. Tampoco cuestioné ni avalé sus intenciones, pues como muchos venezolanos que ahora se muestran arrepentidos, quizás más llevados a ello por la crudeza y el impacto de los acontecimientos que a consecuencia de un proceso de verdadera contrición, carecía de elementos que me permitieran afirmar o negar si en el fondo él y sus compañeros soñaban de verdad con un país diferente, quizás cercano o parecido al que yo mismo sueño. Tal vez si lo hubiese conocido personalmente la historia sería diferente, pero ese no fue el caso, así que, en defensa de la coherencia, tan necesaria en estos tiempos, no le veo sentido a darme golpes de pecho ni a hacer mea culpa.

No lo vi como un héroe porque no creía, y sigo sin creer, en los cambios políticos que se imponen a fuerza de balas y de bombazos. Puedo entender (más no compartir, porque ese es mi derecho, y por ello lucho cada día y como puedo en el frente que me toca) que millones sientan, a la luz de los acontecimientos recientes y pasados, que de un régimen como este no se sale pacíficamente, o que otros tantos crean, cerradas todas puertas institucionales, y roto el cántaro de nuestra paciencia, que la hora de la violencia ya llegó; pero ponerme en esos zapatos y comprender esa postura no significa que esté de acuerdo con esos caminos. Salvando las distancias, y sin querer hacer comparaciones en este momento muy delicadas, pero válidas pese a las marcadas diferencias (Óscar Pérez no mató ni ordenó matar a nadie, no arrasó a plomo limpio La Casona ni destrozó las puertas de Miraflores con una tanqueta) nunca está de más recordar que, como dice el viejo refrán, el camino al infierno está hecho de buenas intenciones. La experiencia en otros países, y más allá, casi 30 años de nuestra historia reciente deberían bastarnos para haber aprendido la lección: Por muchas emociones que mueva, especialmente en tiempos duros y de crisis, no siempre el tipo “arrecho” que se alza en armas contra el poder establecido es luego el mejor referente. Lo que del fuego nace siempre termina en cenizas, y en estos temas, como en casi todo lo demás en la vida, tan importante es el fondo como la forma.

Sin embargo, hecha la advertencia creo importante destacar que, más allá de nuestro acuerdo o desacuerdo con lo que haya hecho o dejado de hacer Óscar Pérez en vida, lo que le hicieron a él y a sus compañeros es un crimen muy grave que no puede quedar impune, y más allá, es parte de un modo de hacer, de una sistemática manera de actuar del poder, que ha develado la cara más oscura de quienes, aferrados al poder “como sea”, ya no se cuidan ni siquiera de mantener las apariencias en lo que respecta al respeto que le deben, al ser gobierno, a los DDHH en general y, más allá, al derecho a la vida en particular, cuyo goce, como bien lo ha destacado la Corte Interamericana de DDHH, es un requisito previo para el disfrute de todos los demás derechos humanos. “Si no se respeta el derecho a la vida –ha dicho la Corte Interamericana en reiterados fallos sobre ajusticiamientos, como en el caso “Villagrán Morales y otros” (sentencia de 1999) en Guatemala, y el caso sobre la operación “Chavín de Huantar” (sentencia de 2015) en el Perú- todos los derechos humanos carecen de sentido”. Y esa es una verdad como un templo.

El irrespeto al derecho a la vida, el más esencial de nuestros DDHH, se ha hecho al parecer la constante en nuestro país. Más allá de los asesinatos durante las protestas, parte de la misma tergiversada y criminal manera de entender el poder, el caso de Óscar Pérez no sería más que la punta más visible de un inmenso iceberg que ha cobrado la vida de miles de personas –delincuentes o no, ese no es el punto- de la mano de un gobierno que so pretexto de la lucha “contra la delincuencia” o ahora contra el supuesto “terrorismo”, ha roto todos los límites a los que está sometido. Y no lo digo yo, lo dicen desde organizaciones tan serias como PROVEA y COFAVIC (esta última registra en los últimos años más de 7000 ejecuciones extrajudiciales) hasta la misma Fiscal General de la República, la depuesta Luisa Ortega Díaz, que habla de más de 8000 y ha llevado el caso, incluyendo nombres y apellidos de los ajusticiados en supuestos “enfrentamientos” con las fuerzas de seguridad venezolanas, especialmente en el contexto de las OLP, al Tribunal Penal Internacional

Les ruego a mis lectores más radicales que la sola mención del nombre de la fiscal no les haga, en este punto, arquear las cejas. Créanme, conozco de sus omisiones y excesos pasados y tengo mucho que reprocharle. Lo que quiero destacar es que la realidad de la muerte como consigna y método ha sido denunciada tanto por un lado de la acera, el que cree o creyó en lo que llaman “el proceso”, como por el otro, el que se ocupa de velar por los DDHH, sin importar quién sea el que esté en el poder.

De comprobarse la veracidad de tan graves denuncias, Óscar Pérez sería entonces, al menos de lo que se sabe hasta ahora de lo ocurrido, que el gobierno no ha querido o no ha podido desmentir, la cara más visible y reciente de una realidad mucho más profunda que ha enlutado a miles de familias, especialmente en los estratos más humildes, y con menos capacidad mediática, de nuestra población. Y entendámoslo sin pensar desde las tripas: el Estado tiene la obligación de resguardar, desde una dimensión negativa (no aplicar, por ejemplo, la pena de muerte, formal o no, prohibida absolutamente por nuestra Constitución) y también positiva (protegerlo y garantizarlo), el derecho a la vida, así como el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y a ser juzgado por tribunales independientes, objetivos e imparciales, de todos los ciudadanos, tanto si se trata del más correcto y decente venezolano como si se trata del más abyecto criminal.

En esto no cabe hacer distinciones porque, en primer término, hacerlas nos lleva a aceptar, lo cual es inadmisible, que los DDHH admiten concesiones a conveniencia, basadas en impresiones personales y acomodaticias sobre lo que es o deja de ser una persona y, en segundo lugar, porque caer en ese juego significa desconocer que en sistemas como el nuestro la etiquetica de “delincuente” se la pone el poder a discreción a quien le plazca, cuando quiera, y sin respetar ni los más básicos preceptos que lo limitan a actuar dentro de las reglas del Estado de Derecho. Hoy es a unos, pero mañana puede ser a cualquiera.

El gobierno, además, no ha hecho más que levantar sospechas. El que no la debe, no la teme, dicen en mi pueblo, y acá al parecer, sobre todo en estos tiempos en los que todo se sabe en tiempo real y la verdad, que es muy terca, siempre se impone, la deuda es muy alta y, en consecuencia, el temor también. El irrespeto a los familiares, que tienen derecho a la justicia, y a disponer de los restos de sus seres queridos conforme a la ley y a sus creencias, ha sido por demás revelador. El ostracismo y la opacidad del gobierno (particularmente llamativos el silencio del Fiscal General designado por la ANC y el de su “sucesor” en la Defensoría del Pueblo) no han servido a la impunidad, sino a la verdad y, en lo que luego se verá como un gravísimo error político, ha sido el mismo poder el que le ha dado a sus opuestos una imagen y un rostro en torno a los cuales unificarse. Desde el hecho mortal en sí mismo, hasta el momento de las inhumaciones, no hizo el poder más que convertir a un hombre, a un ciudadano como cualquier otro, a un ser humano normal, en una idea, o más allá, en un ideal. Llevar vivos a juicio a Óscar Pérez y a sus compañeros, quizás, los hubiese mantenido humanos, con virtudes y defectos, falibles, cercanos, y en país como el nuestro, en el que todos los días pasa algo que de inmediato acapara nuestras atenciones, tal vez los hubiese condenado al olvido y a la intrascendencia. Asesinarlos ha generado el efecto contrario, se les ha hecho inmortales y trascendentes. Con ellos el olvido ya no es opción. He allí el más grave error (político) cometido por el gobierno en toda esta situación, y de esos errores es que se nutren el ánimo de justicia y los expedientes que luego llevan a los culpables de este tipo de abusos (recordemos a Fujimori y a Montesinos, y a otros tantos, que en su momento se sentían intocables) a la justicia internacional.

Hoy es Óscar Pérez (y muchos otros, además) los que son calificados, sin haber sido siquiera juzgados cabalmente por ello, y valiéndose el Estado de todo su poder mediático, como “terroristas” y “delincuentes” tratando el gobierno de justificar lo injustificable, pero mañana podemos ser tú o yo, por el simple hecho de alzar nuestra voz contra los abusos y los excesos del poder o sencillamente porque el gobierno necesita de chivos expiatorios para apuntalar su narrativa –eso que llaman la “verdad oficial”- sobre cualquier hecho de trascendencia nacional. Puede tardar, pero en esos casos la justicia llega. Hoy la cara visible es la de Óscar Pérez, pero comparten su sino todos aquellos muchachos de un barrio cualquiera que quedaron atrapados en una redada, fueron también vilmente asesinados por funcionarios policiales o militares, y luego fueron “disfrazados” de “antisociales” solo para que sus homicidas quedaran impunes ¿Cuántos “delincuentes”, supuestamente “abatidos en enfrentamientos” –la prensa, hay que decirlo, a veces avala ese lenguaje sin investigar a fondo los hechos- son en realidad jóvenes honestos cuyo único pecado fue el de estar en el lugar y en el momento equivocados? ¿Cuándo nos tocará a los demás recibir ese hachazo criminal y demoledor? Todos estamos en esa lista, nos guste o no, pero el miedo es un arma de doble filo. Nadie en sus sanos cabales, sin importar su ideología, puede querer vivir sometido permanentemente al temor de la muerte empoderada e impune, y de allí a desear que las cosas cambien, y a actuar en consecuencia, no hay más que un paso.

Ayer fueron muchos. Pienso en Leonardo Ruiz Pineda, y hasta en Jorge Antonio Rodríguez (sí, el padre de los Rodríguez), por solo mencionar unos, ambos asesinados en terribles y criminales circunstancias, también señalados como “criminales” en su momento y también disfrazadas sus muertes de lo que no eran, pero ahora son muchos otros. Antes era inaceptable, ahora también lo es. Cuando cualquiera es asesinado de esa manera todos morimos un poco, que no nos quepa duda. Todas esas muertes, al final, son nuestras, a todos nos atañen, a todos nos afectan. Son una sola.

@HimiobSantome

Foro Penal considera que el diálogo detuvo las liberaciones de presos políticos

Foro Penal

El director del Foro Penal, Gonzalo Himiob Santome, dijo que al final del año pasado lo que se produjo en el país no fueron liberaciones sino excarcelaciones de presos políticos que pudieran ser revocadas en cualquier momento.

En rueda de prensa, el abogado explicó que son medidas concedidas en la generalidad de los casos que en cualquier momento pueden ser revocadas, por lo que no considera correcto que se les califique como liberaciones.

Agregó que “el órgano que las ordena es un órgano francamente incompetente para meterse en estos asuntos, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Como los tribunales no saben cómo manejar esa usurpación de funciones, todavía no tenemos claro en qué términos y bajo qué condiciones se van a manejar estas excarcelaciones”.

Por su parte, el director Ejecutivo del Foro Penal, Alfredo Romero, estima que ese proceso fue un fracaso, y solo en el 2018 irían ocho presos políticos. “Desde el 24 hasta ahora ha habido más de 20 presos políticos”.

También expresó que, a su parecer, “el diálogo detuvo las liberaciones” pues “la tasa de liberaciones que se mantenía bastante positiva hasta diciembre, disminuyó (…) El Gobierno lo que ha hecho es liberar espacios en los centros de reclusión para meter gente presa”.

Resaltó que desde 2014 hasta acá había “un acumulado de 1.283 presos políticos, acumulado histórico. Se había logrado la excarcelación e incluso la liberación plena de aproximadamente 1.020 personas, lo cual era francamente positivo. Eso se acabó en diciembre”.

“Desde ese momento hasta ahora se han producido cerca de 20 nuevos arrestos por motivos políticos, en los cuales 18 casos ya tenemos más o menos precisado qué ha pasado”, explicó Himiob. Destacó que “de este bloque de 18 casos tenemos cuatro nuevos presos políticos y además tenemos en este momento a cinco personas cuyo destino es incierto porque siguen encarcelados pero no han sido presentados en tribunales”.

 

 

La cifra que maneja esta ONG es de 214 presos políticos restantes.

 

*Con información de Unión Radio y Noticiero Digital

Gonzalo Himiob Sep 17, 2017 | Actualizado hace 7 años
Los motivos, por Gonzalo Himiob Santomé

Oposición-mesa-dialogo

Sí. El dialogo como forma de resolución de todo tipo de conflictos debe ser siempre la primera carta a la mano de cualquier verdadero demócrata. Pero tengámoslo claro, en las recientes “muestras de apertura al diálogo” del gobierno venezolano no hay buena fe, ánimo conciliatorio ni sanas intenciones. No se trata de una valoración netamente subjetiva, este es un juicio que elaboro desde el análisis de los resultados objetivos de las que han sido las iniciativas similares desde 2014. Si esto es así, sobre todo tomando en cuenta que las protestas generalizadas y masivas, que lograron arrinconar al gobierno y poner en evidencia la verdadera naturaleza del régimen, fueron neutralizadas por el propio liderazgo político opositor, ¿cuáles son las razones por las que el gobierno de Maduro vuelve a sacar de su mazo la barajita del “diálogo”?

En primer lugar, es de Perogrullo que el gobierno intenta ganar tiempo. Tiempo para seguir haciendo y deshaciendo en Venezuela, tiempo para que sus más conspicuos adalides pongan a buen resguardo su botín, quizás en sistemas financieros menos exigentes y más propensos a “hacerse los locos” con respecto al origen de los caudales que reciben, pero también tiempo para congelar cualquier nueva iniciativa que les cierre las pocas puertas que, por ahora, aún les quedan abiertas. Algunos dicen que esto ya no es posible, que incluso la presencia de nuevos actores fungiendo como mediadores y garantes, algunos de ellos elegidos por los mismos opositores, evitaría que ese primer objetivo se cumpla. Pero lo cierto es que ya Maduro lo logró. No más se anunció la primera reunión “exploratoria” entre el gobierno y algunos factores de la oposición en República Dominicana, todo el proceso de imposición de sanciones a altos funcionarios del gobierno que, por ejemplo, hubiesen claramente incurrido en graves violaciones a los DDHH, esta vez a cargo de Europa, quedó en suspenso. En la Eurocámara se han adelantado algunas gestiones en este sentido, pero no pasan de ser, por el momento, más que la expresión, contundente eso sí, de las intenciones de Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo. La amenaza caló profundamente en los oficialistas, que ya están comenzando a experimentar en carne propia, y a nivel personal, las consecuencias de las sanciones que ya les había impuesto EEUU. Las sanciones económicas personales (que no son contra Venezuela sino contra individuos en particular) les dieron donde les duele, y están claros en que otro golpe similar, venido ahora desde el otro lado del charco podría ser, para muchos de los agavillados en la destrucción sistemática de nuestra nación, absolutamente devastador. Que te sancione una sola nación, incluso una tan poderosa como los EEUU, es una cosa, nada deleznable, por cierto, pero que a esto se le sume el castigo similar de todo un continente es otra completamente diferente. Cuando se trata de ocultar capitales dilapidados, y de disponer de ellos a placer a costa de todo un pueblo, el mundo no es tan vasto como parece. La urgencia estaba entonces clara, y había que actuar en consecuencia. Sacar la bandera blanca, pedir “taima” disfrazada de diálogo, aunque se mantenga oculto el puñal en la espalda, fue la línea dispuesta por el poder en Venezuela. Y hasta ahora, al igual que antes, le ha funcionado.

En segundo lugar, existe otra razón que no puede pasar bajo la mesa. Ya en otros momentos habíamos advertido que el lenguaje de la ONU con respecto a lo que está pasando en Venezuela, particularmente materia de DDHH, ha cambiado. En los dos informes recientes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero especialmente en el último, ya no se hacen simples observaciones o recomendaciones plagadas de lenidad o de logomaquia diplomática. Por el contrario, el aserto, ratificado por Zeid Ra´ad Al Hussein en la apertura reciente de la 36º Sesión del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, ha sido directo y contundente: “En Venezuela podrían haberse cometido Crímenes de Lesa Humanidad”. Y más allá, se ha señalado sin cortapisas (así lo dice el último informe del ACNUDH del 30 de agosto de 2017) que: “Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales y esos hechos apuntan a la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. Estos abusos y violaciones van desde el asesinato y lesiones de manifestantes opositores a cargo de cuerpos de seguridad o militares, y hasta de grupos civiles armados cuya existencia ya se reconoce y acepta, hasta casos en los que, por primera vez en esas instancias, podrían haberse consumado desapariciones forzadas de personas. También se ha tomado debida nota de los millares de encarcelamientos arbitrarios (la misma ONU se ha pronunciado sobre esto en reiteradas oportunidades anteriores) y de las decenas de casos de torturas o de tratos crueles, inhumanos o degradantes contra los disidentes u opositores.

En otras palabras, en la ONU ya se considera que, en Venezuela, sobre todo en el contexto de las manifestaciones cívicas de 2017, existen claros indicios de que, aferrado a la idea de mantenerse en el poder “como sea”, Maduro y sus seguidores han cometido algunos de los crímenes más graves que se pueden cometer contra la humanidad.

Tanto impacto han tenido estas duras afirmaciones, que esta semana que pasó en la OEA comenzó un periodo especial e inédito de audiencias, coordinadas por el Ex Fiscal ante la Corte Penal Internacional Luis Moreno Ocampo y un importante panel de expertos, dirigidas a determinar si en efecto en nuestro país se habían cometido Crímenes de Lesa Humanidad, con miras a instar, si corresponde, ante los organismos competentes, específicamente ante la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional, las acciones correspondientes contra los eventuales responsables de tan graves crímenes.

Mis lectores, que seguramente saben que el gobierno venezolano, tanto con Chávez como con Maduro, ha hecho lo que le ha venido en gana con las condenas por violaciones a los DDHH dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quizás podrán replicar que poco les importa a Maduro o a sus adláteres lo que se diga de ellos en esas instancias internacionales, pero en este caso estarían equivocados. Y la razón es muy sencilla: En el Sistema Interamericano de Protección a los DDHH (Comisión Interamericana de DDHH y Corte Interamericana de DDHH) las responsabilidades que se establecen son las de los Estados (algo así como una responsabilidad colectiva, “de todos”, que al final termina siendo “de nadie”), pero en la Corte Penal Internacional con sede en La Haya las responsabilidades que se establecen por la eventual comisión de, por ejemplo, Crímenes de Lesa Humanidad, son personales, individuales y directas.

Sumémosle a esto que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (que es ley plenamente vigente en Venezuela además, desde el año 2002) ratifica el principio de la jurisdicción universal, que implica que los responsables de los Crímenes de Lesa Humanidad allí tipificados pueden ser perseguidos en todo el planeta, sin importar dónde los hayan cometido; que las acciones para perseguir dichos crímenes son imprescriptibles, lo que supone que no importa cuánto tipo pase, siempre podrá investigarse y enjuiciarse a los culpables de esos crímenes; que en dicho Estatuto se consagra el principio de “improcedencia del cargo oficial”, según el cual no importa si eres o has sido presidente, gobernador, magistrado, alcalde, ministro o diputado, no puedes escudarte en el cargo que tienes o hayas tenido para evadir tus responsabilidades personales; y que además en dicho cuerpo normativo se consagra el principio de la “obediencia reflexiva”, por encima de la “obediencia debida” u “obediencia ciega”, que evita que los culpables de estos crímenes (los militares por ejemplo) puedan excusarse alegando que estaban cumpliendo “órdenes superiores”.

Todo esto lo saben Maduro y sus compañeros: El cambio de actitud de los organismos internacionales que no controlan, basado en los evidentes excesos en que han incurrido, les ha empinado, y mucho, la cuesta, porque una cosa es controlar acá al Poder Judicial y a la Fiscalía a tu antojo y otra muy distinta es tener que vértelas con la justicia penal internacional.

Por todo esto, que no por bondad o arrepentimiento, es que, a no dudarlo, se ha desempolvado en Miraflores de nuevo al diálogo como herramienta para capear este nuevo temporal ¿Tendremos plena conciencia de lo que esto implica? ¿Estaremos a la altura de las circunstancias y sabremos aprovechar, de verdad, esta nueva oportunidad –que lo es- para cambiar definitivamente el rumbo del país? Amanecerá, y veremos…

@HimiobSantome