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El gas pimienta lacrimógeno con el cual la Policía Nacional Bolivariana (PNB) atacó a diputados y manifestantes fue una de irregularidades que diferenció la protesta del martes 4 de abril en Caracas, no sólo porque se trata de un arma no letal poco frecuente en el control del orden público sino porque su uso no está regulado en la legislación venezolana.
Familiarizados con los efectos de las bombas lacrimógenas por las protestas de los últimos años, manifestantes venezolanos conocieron por primera vez en Los Cedros y avenida Libertador de Caracas los estragos del gas pimienta, cuyo compuesto activo es la capsaicina, el mismo activo del ají picante que produce intensa irritación.
El uso de sustancias tóxicas así como también el de armas de fuego están prohibidos en el control de manifestaciones pacíficas, establece la Constitución de Venezuela en su artículo 68. De esta forma, el gas pimienta que se utiliza en el control de las protestas es ilegal, sostiene el abogado penalista y criminólogo Luis Izquiel.
Sin embargo, el artículo 55 establece que el “uso de armas o sustancias tóxicas por parte del funcionario policial y de seguridad estará limitado por principios de necesidad, conveniencia, oportunidad y proporcionalidad, conforme a la ley”. Es aquí donde entra la regulación que propone el Manual del Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial (UPDFP) publicado por el Consejo General de Policía (Congepol), que regula las actuaciones públicas de los cuerpos de seguridad en Venezuela desde 2009.
Este manual estandariza la actuación a seguir por parte de los agentes policiales cuando se agoten las formas de controlar el orden público. Establece que sólo se hará uso de armas intermedias (entre ellas bombas lacrimógenas) cuando se haya intentado los niveles de: presencia, despliegue táctico, técnicas suaves y técnicas duras de control físico.
Pero las descargas de gas pimienta con aerosol a corta distancia de las víctimas durante la protesta del martes 4 de abril, registradas en videos y fotografías difundidas a través de las redes sociales, demuestran el uso indiscriminado de las mismas. Los funcionarios se saltaron los niveles, no siguieron las reglas del uso progresivo de la fuerza.
Gas pimienta no es para reprimir
Químicos tóxicos como las bombas lacrimógenas si están reglamentadas en Venezuela como “equipos para “incapacitar, inmovilizar y detener minimizando la probabilidad de daño permanente a las personas”. No así ocurre con el gas pimienta, que no está incluido entre las armas no letales o de letalidad reducida que contempla el manual del Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial (MUPDFP),
El gas pimienta tampoco está incluído en el equipamiento especializado para funcionarios policiales de las unidades de orden público, según el MUPDFP. De acuerdo a la Ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de la PNB cada agente del equipo antimotines deberá tener un chaleco antibalas, un casco protector, una máscara antigases, equipo antitrauma, un escudo protector y un bastón antimotín. El spray irritante no aparece en esta lista.
Tampoco en el correaje que debe llevar cada agente dispone de un espacio para colocar un spray de gas pimienta: porta esposas, linterna, silbato, lentes, guantes, bastón, radio, cargador doble y funda para pistola con triple seguro, según el MUPDFP.
El Estado es responsable de la dotación de esos equipos. Según el artículo 11 de la resolución conjunta del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y del Ministerio para la Defensa (18 de diciembre de 2009), “ningún cuerpo de policía podrá adquirir equipos de control de orden público sin la debida autorización y certificación de la Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia en Defensa.
No hay regulación sobre la distribución del gas pimienta en Venezuela. En Mercado Libre ofrecen aerosoles de gas tóxico entre Bs. 35 mil y Bs. 130 mil.
En la guerra
El uso de agentes químicos como el gas pimienta y las bombas lacrimógenas están prohibidos en la legislación internacional para la guerra, recuerda la directora de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel. Tanto el Protocolo de Ginebra (1925) como la Convención de Armas Químicas (1997) prohíben el uso de gas lacrimógeno y gas pimienta como “métodos de guerra” en conflictos bélicos.
Algunos países restringen el uso de gases tóxicos para mantener el orden público, afirma la experta en seguridad y defensa. “La Constitución de Venezuela también lo prohibe pero se siguen utilizado en las protestas”.
